Sentencia T-358 de julio 15 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-159858

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Accionante: Anicasio Antonio Torres Morales

Santafé de Bogotá, D.C., quince de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Se revisan los fallos proferidos por los juzgados noveno civil municipal y tercero civil del circuito de Cartagena en el expediente de la referencia.

EXTRACTOS:

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

Actuación temeraria

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, regula la hipótesis de la presentación por la misma persona de dos o más tutelas ante diferentes jueces o tribunales, en los siguientes términos:

“Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela se presente por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

“El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

En punto a la actuación temeraria que regula la norma transcrita, esta Corte, en sentencia T-327 de 1993, señaló que aquella “vulnera los principios de buena fe, la economía y la eficacia procesales, porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación judicial e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal”.

Le asistió razón a los juzgadores de instancia al negar la tutela interpuesta por cuanto el señor Anicasio Torres sin justificación razonable y objetiva alguna promovió ante distintos funcionarios judiciales dos acciones de tutela respecto a los mismos hechos y derechos, y con identidad activa y pasiva de partes. Además, al interponer ésta última no advirtió sobre la existencia de la primera y bajo juramento afirmó que no había presentado ninguna tutela por los mismos hechos. Sólo hasta el momento de la impugnación, el actor recuerda que en efecto sí había presentado otra.

Es claro en el expediente, que ambas tutelas tienen el mismo sustrato y se presentan con la misma pretensión, vale decir, la falta de contestación de la petición elevada a Mindefensa el 27 de septiembre de 1995, cuestión debatida y decidida en la primera tutela interpuesta ante el juzgado quinto laboral del circuito de Cartagena. No existe en los escritos que obran en el expediente petición nueva por diferentes conceptos, ni hechos nuevos que tornen diferentes las tutelas presentadas.

El juez que falla la primera tutela - quinto laboral del circuito de Cartagena, consideró que no se había vulnerado el derecho de petición y que la entidad accionada había dado respuesta a las peticiones del actor, explicándole cómo se llevaba a cabo el proceso de reconocimiento de una sustitución pensional. En ningún momento, se dijo en la sentencia que una vez presentados los papeles faltantes, era posible intentar otra tutela. Yerra el actor e intenta confundir al juez en su escrito de impugnación, alegando la existencia de circunstancias nuevas por el simple hecho de que consiguió los documentos necesarios para completar lo requerido por Mindefensa, si en el escrito de su segunda tutela insiste únicamente en que no se le ha contestado su petición de hace dos años, tal como lo sostuvo en la tutela inicialmente presentada.

Casos como el presente, el abuso de la acción de tutela en la modalidad de doble presentación por los mismos hechos y derechos, ocurren con relativa frecuencia, y se está no sólo en presencia de una actuación temeraria, al tenor del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, sino frente a una conducta totalmente injustificada por parte del ciudadano, con base en un concepto errado de lo que es la acción de tutela. A pesar de conocer la improcedencia de su solicitud, pues un juez ya había explicado, en su sentencia, por qué su demanda no era procedente, el señor Torres mueve nuevamente el aparato judicial, pues el juez tiene que desarrollar su propia actividad procesal, para dictar la sentencia correspondiente. Además, el demandado, está nuevamente obligado a concurrir al proceso, presentar pruebas, etc. Debe, en fin, explicar otra vez su conducta, calificada anteriormente por el juez, como legítima(1).

Consecuente con lo anterior, procederá esta sala de revisión a negar las pretensiones de las demandas, en razón a que en el presente caso se dan los supuestos de hecho esenciales a que se refiere la norma antes transcrita.

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE la decisión emitida por el juzgado tercero civil del circuito de Cartagena, el 10 de febrero de 1998. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3(sic). Dése cumplimiento al artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

(1) Cfr. sentencias T-355 y T-518 de 1996.

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