Sentencia T-361 de mayo 9 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

RECLAMO DE SALARIOS DURANTE PARO DE TRABAJADORES

ES IMPROCEDENTE POR VÍA DE TUTELA

EXTRACTOS: «El club social de Telecom se encuentra en cese de actividades desde el 6 de abril de 2000. Con anterioridad, ante la inspección de trabajo se establecieron las graves dificultades económicas de la empresa (bajos ingresos) y la existencia de una costosa convención colectiva. La empresa, hacia el 7 de abril de 2000, estaba en mora en el pago de 7 meses de salario. A la fecha los trabajadores no han recibido sus sueldos.

Estos hechos serían suficientes para conceder la tutela. Sin embargo, para esta corporación no puede pasar desapercibido que los mismos trabajadores han incidido en la situación descrita. En efecto, como consecuencia del cese de actividades (que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no calificó de ilegal, sino justificado por lo dispuesto en el art. 9º del D. 2351/65) y la toma de las instalaciones del club, la empresa no recibe recursos, sin los cuales no puede cancelar los sueldos y, además, se amenaza la existencia del trabajo mismo. La ley autoriza dicho cese. Permite a los trabajadores que generen un riesgo —desaparición del trabajo— y, además, obliga al empleador a cancelar los sueldos causados durante el cese. Empero, en el plano constitucional, no puede imputarse responsabilidad al empleador por el incumplimiento. Es decir, el derecho al pago de los salarios durante dicho cese es un derecho eminentemente legal y no es objeto de protección constitucional a través de la tutela, cuando conduce a la absoluta insuficiencia de recursos para cancelar. Lo anterior se deriva del hecho de que el deber de respeto por el trabajo y pago oportuno de salarios que radica en cabeza del patrono, le obliga a no impedir a los trabajadores que trabajen, que no adopte medidas discriminatorias contra los trabajadores (como pagos diferenciales por razón de sexo o por el régimen prestacional acogido o despidos como consecuencia de embarazos, etc.) y que no se abstenga injustificadamente en cancelar oportunamente los salarios. El carácter injustificado se predica bien de la negativa en cancelar, teniendo recursos o en obligar a los trabajadores que soporten los riesgos económicos que corresponden a la esfera empresarial.

Cosa distinta es que los trabajadores, en ejercicio de sus derechos constitucionales, conduzcan al patrono a una situación de incapacidad de pago. En este caso, los trabajadores asumen un riesgo y han de medir sus consecuencias. Si del cese se deriva el cierre definitivo de la empresa, la absoluta iliquidez o el agravamiento de una situación económica conocida por los trabajadores, estos están convirtiendo un riesgo que ordinariamente pertenece a la esfera empresarial en uno propio, perteneciente a la esfera del trabajador. Es decir, están actuando a propio riesgo.

Considerando que los trabajadores ocupan la empresa, resulta imposible, como lo precisó el ad quem en el proceso T-364550, establecer si la empresa ha incumplido sus obligaciones derivadas de la posición de garante de los derechos constitucionales de los trabajadores. Ante el cese, los trabajadores adquieren la obligación de demostrar que el garante estaba en posición de garantizar sus derechos. Si dicha prueba resulta imposible en sede de tutela, el asunto deberá resolverse ante la justicia ordinaria.

En suma, las diferentes esferas sociales, como la familia, la educación, la producción, el trabajo, la seguridad ciudadana, etc., colocan a ciertas personas dentro de tales esferas, como el padre de familia, el educador, el trabajador, el empleador, los integrantes de la fuerza pública, etc., en posición de garantes de los derechos de otras personas afectadas por dichas esferas sociales. El incumplimiento de los deberes de cuidado que se desprenden de tales posiciones de garante acarrea la responsabilidad por las consecuencias derivadas de la conducta omisiva. Empero, cuando el ejercicio legítimo de derechos constitucionales o legales por parte de los afectados coadyuvan a la omisión del garante o impiden a éste desplegar las medidas dirigidas a evitar las consecuencias del riesgo, no puede imputarse al garante su producción. En estas circunstancias no puede sostenerse que se presenta una violación de un derecho fundamental, pues no es la conducta omisiva del garante la causa de la afectación. Dicha coadyuvancia o impedimento supone que el afectado está actuando a propio riesgo.

Los derechos constitucionales, ha señalado esta corporación, no son absolutos. Ello implica ,que el ejercicio de los derechos constitucionales está sometido al principio limitante consistente en el deber de evitar que su goce no sea en perjuicio de otras personas. Así mismo, que los derechos constitucionales en colisión deben armonizarse y, finalmente, que el ejercicio de los derechos constitucionales obligan a la asunción de las consecuencias derivadas del disfrute del derecho. Anejo al ejercicio de un derecho está, pues, el deber de soportar los efectos del mismo sobre sus propios derechos (3) .

(3) Sentencias C-221 de 1994 y C-309 de 1997.

En el presente caso, no puede predicarse la existencia de una violación a los derechos fundamentales de los demandantes, puesto que ellos, por su propia conducta y en ejercicio de sus derechos —cese de actividades—, colocaron al demandado en situación de imposibilidad para cumplir con el deber de cancelar oportunamente sus salarios. Así, la afectación del mínimo vital de los demandantes es el resultado del ejercicio de sus propios derechos».

(Sentencia T-361 de mayo 9 de 2002. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett).

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