SENTENCIA T-364 DE MAYO 10 DE 2007

 

Sentencia T-364 de mayo 10 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

Sentencia T-364 de 2007 

Ref.: expediente T-1506638

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Acción de tutela interpuesta por Ramón Gil Llanos Ojeda contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, con citación oficiosa del Fondo de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia —Foncolpuertos— y al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla.

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil siete.

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jaime Araújo Rentería, Jaime Córdoba Triviño y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

que pone fin al trámite de revisión de la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 31 de octubre de 2006, dentro de la acción de tutela seguida por el señor Ramón Gil Llanos Ojeda contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto con citación oficiosa del Fondo de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia —Foncolpuertos— y del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla.

I. Los antecedentes.

Funda la parte actora, el petitum de su escrito tutelar en los hechos que a continuación se sintetizan:

1. Los hechos.

1.1 Señala el accionante que en octubre de 1994 presentó demanda ordinaria laboral, de la cual conoció el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, reclamando el pago de la pensión de jubilación proporcional a que tiene derecho luego de haber laborado en la empresa Puertos de Colombia Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, por tiempo superior a quince años, con base en lo acordado en la convención colectiva de trabajo. Con su libelo demandatorio acompañó entre otras las siguientes pruebas: certificados de tiempo de servicio, copia del registro civil de nacimiento, copia de su cédula de ciudadanía, constancia de pertenecer al sindicato, certificación de pago por injusto despido, prueba de depósito de la convención colectiva para los años 1983 y 1984 y el contenido de las mismas.

1.2. Notificada la demanda y luego de agotarse el trámite correspondiente, en audiencia de 4 de junio de 1994, el juez de la instancia accedió a las pretensiones de la demanda, providencia esta, que no fue apelada por renuencia de la entidad demandada.

1.3. No obstante no haberse recurrido el fallo, por el juzgado de conocimiento se omitió inmediatamente disponer la consulta ante el superior. Indica el accionante que, con fundamento en el mencionado fallo, inició el proceso ejecutivo laboral para el pago de los valores reconocidos mediante sentencia judicial, acción esta que se le notificó a la entidad demandada y al agente del Ministerio Público.

1.4. Señala el actor que, impartido el trámite del juicio de ejecución laboral, se obtuvo el pago previsto en la sentencia de primer grado mediante Resolución 137 de 27 de mayo de 1998. No obstante y al advertirse que no se había cumplido con el grado de consulta, el Ministerio de la Protección Social grupo interno de trabajo gestión pasivo social de la empresa Puertos de Colombia, promovió incidente de nulidad, el cual, fue desatado por auto de 7 de julio de 2000, disponiéndose declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, además de ordenar su remisión ante el superior jerárquico a fin de que se surtiese el mencionado grado de consulta.

1.5. Ahora bien, señala el señor LLanos Ojeda que, de conformidad con el acuerdo 1738 de 19 de febrero de 2003 emanado del Consejo Superior de la Judicatura, se envió el expediente contentivo de la actuación que se acusa, a la Dirección de Administración Judicial, para ser trasladado a un órgano judicial de descongestión, correspondiéndole la sustanciación del asunto a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, quien por auto de 23 de octubre de 2003 avocó el conocimiento del caso.

1.6. El 28 de enero de 2004, se dio inicio a la audiencia de fallo y, según consta en el informe secretarial, las partes se encontraban debidamente notificadas, pero no concurrieron a la diligencia.

1.7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, revocó la sentencia dictada en el trámite de la primera instancia, argumentando que para la época de los hechos resultaba necesaria la refrendación que por ley corresponde al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social – división de registro sindical, por así disponerlo el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo y, por tanto, la copia de la convención colectiva de trabajo aportada carecía de valor probatorio por no cumplir la solemnidad establecida en la ley vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos.

1.8. La sentencia del tribunal, fue proferida mediante sentencia de 28 de enero de 2004. El 3 de agosto de 2005, se le comunica al señor Llanos Ojeda la Resolución 560 de 3 de agosto también del mismo año, por la cual se le da aplicación a la sentencia del tribunal.

1.9. Para concluir, expone el actor que se le vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto, las decisiones adoptadas por la entidad acusada no fueron por él conocidas ya que nunca se le comunicaron y en consecuencia no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y de defensa, además que desconocen la orientación jurisprudencial que sobre el tema de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal ha tenido en varias oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

10. Por último aduce el demandante que, se le está violando su derecho fundamental al mínimo vital, y a una vida digna en conexidad con su derecho a la salud, en tanto que, la sentencia que acusa revocó las resoluciones por virtud de las cuales se le reconocieron su derecho de pensión, lo que le produjo que en su condición de persona de la tercera edad y desprovista de otra fuente de ingresos le hayan suspendido los pagos mensuales de salario.

2. Las pretensiones.

Por el actor, se presentó acción de tutela esgrimiendo la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y su correlativo a la defensa, al igual que su derecho a una vida digna. Así mismo y como corolario de la anterior declaración solicita que se disponga la protección de las mencionadas garantías constitucionales y se deje sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Pasto-Sala Laboral de 28 de enero de 2004, así como la Resolución 560 de 3 de agosto de 2006 emanada del Ministerio de Protección Social grupo interno de trabajo gestión pasivo social Puertos de Colombia, y por tanto se deje en firme la sentencia de primera instancia.

3. Intervención de la autoridad judicial accionada.

La autoridad judicial demandada, así como las otras entidades vinculadas a la actuación no intervinieron en el trámite de la acción de tutela, para descorrer el traslado de la demanda oponiéndose o allanándose a las pretensiones incoadas.

II. Decisión judicial que se revisa

1. Primera Instancia.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 31 de octubre de 2006 denegó la solicitud de amparo impetrada.

Consideró esa corporación que, sencillamente la acción de tutela debe desestimarse, por cuanto no es dable mediante ella invalidar los efectos de las providencias judiciales. Para sustentar su dicho, acude a la reiterada jurisprudencia que da cuenta de la improcedencia de ese mecanismo constitucional de defensa de los derechos, cuando se impetra contra sentencias judiciales.

2. Las pruebas relevantes arrimadas en la instancia.

Se tuvieron como tales las siguientes:

• Copia de la demanda ordinaria laboral presentada por el aquí accionante contra la empresa Puertos de Colombia (fls. 2-6).

• Copia con las constancias de tiempo de servicio del actor (fls. 10-14).

• Copia de la convención colectiva de trabajo de 2 de noviembre de 1983 (fls. 21-217).

• Copia de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla en audiencia de juzgamiento de 4 de junio de 1996 en la que se le reconocen al actor los conceptos reclamados en la demanda ordinaria (fls. 219-224).

• Copia de la demanda ejecutiva y el mandamiento de pago ordenando la cancelación de los valores ordenados en la sentencia emitida en el proceso ordinario laboral (fls. 225-229).

• Copia de la Resolución 2137 de 1998, por la cual se ordena la cancelación de un mandamiento de pago contra la empresa Puertos de Colombia (fls. 232–236).

• Copia del escrito contentivo del incidente de nulidad promovido ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla (fls. 238-241).

• Copia del auto de 7 de julio de 2000 proferido por ese mismo juzgado que decretó la nulidad de lo actuado, a partir del momento de la sentencia dictada en el proceso ejecutivo laboral (fls. 247-250).

• Copia de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Pasto de 28 de enero de 2004, en la que revoca la decisión del Juzgado de Barranquilla (fls. 271-281).

• Copia de la Resolución 560 de 3 de agosto de 2006, por la cual se le da aplicación a la sentencia del Tribunal de Pasto (fls. 293-297).

III. Fundamentos y consideraciones

1. La competencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas en precedencia.

2. El asunto bajo revisión.

En el caso sub examine, el señor Ramón Llanos Ojeda presentó recurso de amparo esgrimiendo la vulneración de su garantía fundamental al debido proceso y su correlativo a la defensa, al igual que su derecho a una vida digna. En consecuencia, solicita que se disponga la protección de las mencionadas garantías constitucionales y se deje sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Pasto Sala Laboral de 28 de enero de 2004, así como la Resolución 560 de 3 de agosto de 2006 emanada del Ministerio de Protección Social grupo interno de trabajo gestión pasivo social Puertos de Colombia.

3. Problemas jurídicos.

Los problemas jurídicos a resolver en la presente sentencia se sintetizan en las siguientes preguntas:

(i) ¿Se están violando los derechos fundamentales al debido proceso y a una vida digna del accionante, por una autoridad judicial cuando sus pronunciamientos son el resultado de la aplicación de la ley sustancial?

(ii) ¿Es la convención colectiva de trabajo un acto solemne, que requiere también de ciertas formalidades para demostrar su existencia en juicio?

(iii) Constituye el grado jurisdiccional de consulta un trámite de obligatoria observancia procesal en los eventos en que el fallo de primera instancia resulta adverso a la Nación o a las pretensiones del trabajador?

Habida cuenta de lo anterior, para resolver los problemas jurídicos planteados la Sala expondrá: (i) la doctrina constitucional establecida por esta corporación frente a la vía de hecho; (ii) la solemnidad como requisito de validez de ciertos actos o contratos. El caso de las convenciones colectivas de trabajo; (iii) el grado jurisdiccional de consulta y su procedencia en los procesos laborales. Reiteración de jurisprudencia y, (iv) el problema de la inmediatez como presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela. (v) Por último se referirá la Corte al caso concreto.

4. Doctrina constitucional sobre la vía de hecho judicial.

En Sentencia T-381 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería), esta Sala hizo una exposición sobre la doctrina constitucional de la vía de hecho judicial. En esta providencia la Sala Primera de Revisión expresó:

“La Corte en reiteradas ocasiones ha sostenido que la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales, a menos que se configure una vía de hecho, esto es que el funcionario judicial haya incurrido en algún defecto relevante en su actuación (1) . Esta circunstancia determina la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales, razón por la cual se han señalado una serie de límites estrictos que deben ser atendidos cuando se pretenda invocar la protección por el juez constitucional (2) .

(…).

Por ende, la admisión de la tutela en estos casos juega un papel armonizador de las relaciones político sociales inherentes al Estado Constitucional y democrático, dado que, aunque se establezca como principio la improcedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, para privilegiar principios y derechos superiores tales como la autonomía, imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa juzgada, la vigencia de un orden justo, la seguridad jurídica y la prevalencia y protección real del derecho sustancial (C.P., art. 228), de todas formas tal principio admite excepciones que, en vez de desdibujar los postulados antes enunciados, tienden a su consagración, en la medida en que permiten atacar errores protuberantes de los jueces, con lo cual, además, se salvaguardan derechos fundamentales como son el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y la tutela judicial efectiva dentro del marco del Estado social de derecho (3) .

Con tales propósitos, la Corte tiene identificados cuatro defectos que pueden conducir al juez a incurrir en una vía de hecho, por los cuales se admite la interposición de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Ellos son:

1) Defecto sustantivo si la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable.

2) Defecto fáctico si resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

3) Defecto orgánico si el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo.

4) Defecto procedimental si el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (4) . Así entonces, para que el juez de tutela pueda conferir el amparo constitucional contra una sentencia judicial, debe fundar su decisión en uno, al menos, de los cuatro defectos señalados.

(…)

Una exigencia adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela contra una decisión judicial, consiste en la ocurrencia de una lesión o amenaza de lesión de un derecho fundamental por parte del acto de la jurisdicción enjuiciado. Este requisito está consagrado en el artículo 86 de la Constitución como principio general de procedencia de la acción de tutela. Es del caso resaltar esta condición, en tanto “puede suceder que en un proceso se produzca una vía de hecho como consecuencia de una alteración mayúscula del orden jurídico que, no obstante, no amenaza o lesiona derecho fundamental alguno. En estas circunstancias, pese a la alteración del orden jurídico, la tutela no puede proceder. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar que la vía de hecho se configura si y solo si se produce una operación material o un acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho constitucional fundamental” (5) .

En suma, el carácter excepcional de la acción de tutela por actos arbitrarios de los jueces, impone la sujeción de este mecanismo de protección a la observancia de una serie de límites rígidos: de una parte, los establecidos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto-Ley 2591 de 1991, que incluyen la vulneración o amenaza de un derecho fundamental de las personas afectadas con la decisión judicial (6) y, de otro lado, la verificación de alguno de los defectos de carácter sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental a que se hizo referencia. El respeto de los límites fijados pretende garantizar la autonomía e independencia de los jueces para proferir sus fallos, como presupuesto propio del Estado de derecho”.

Es necesario concluir que, en principio, la acción de tutela es improcedente contra decisiones judiciales y que solo procede por vía excepcional cuando se configuren causales protuberantes de violación de la Constitución y de derechos fundamentales. Así las cosas, la intangibilidad de las sentencias judiciales aún ejecutoriadas, no podrán convertirse en óbice para que, al amparo de postulados como el de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, se desconozcan por los jueces al interior del proceso, como autoridades públicas que son, los derechos fundamentales del individuo.

5. La solemnidad como requisito de validez de ciertos actos o contratos. El caso de las convenciones colectivas de trabajo.

De acuerdo con la manera en que se perfecciona el negocio jurídico, se distinguen los contratos reales, consensuales y solemnes. En este orden, son reales aquellos que para su perfeccionamiento requieren de la entrega de la cosa; consensual, si con el solo consentimiento se reputa perfecto y solemne cuando para que se perfeccione debe estar asistido de las formalidades que la ley exija (7) .

En el caso de la convención colectiva de trabajo, estamos ante un acto de naturaleza solemne por así disponerlo el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo que dispone: “La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el departamento nacional de trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos, la convención no produce ningún efecto” (resaltado fuera de texto).

Se trata este evento de solemnidades constitutivas, sin cuya concurrencia, la convención no produce ningún efecto o, lo que es lo mismo, no nace a la vida jurídica.

Pero, sabido también se tiene que no son aquellos requisitos importantes para la formación o estructuración de la convención en sí misma. También, mayúscula importancia adquiere en este asunto el aspecto probatorio relativo a la debida demostración de la existencia de la convención colectiva de trabajo.

Así, ha manifestado sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

“Resulta así que la convención colectiva de trabajo es acto solemne y, en estas circunstancias, la prueba de su existencia se confunde con la demostración de que se cumplieron cabalmente las solemnidades exigidas por la ley para que fuera acto jurídico válido.

No puede pues acreditarse en juicio la existencia de una convención colectiva como fuente de derechos para quien la invoca en su favor sino aduciendo su texto auténtico y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral o, cuando menos para esto último, mediante certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse depositado dentro del plazo hábil la convención.

Si tal prueba no se allega al proceso de manera completa, no puede el sentenciador dar por demostrado en juicio que hay una convención colectiva de trabajo ni, menos aún, reconocer derechos derivados de ella en beneficio de cualquiera de los contendientes (…).

Se trata pues, de un acto solemne, para cuya demostración en juicio es necesario aportar a este la prueba de haberse cumplido las formalidades integrantes de la formalidad (…) (8) ”.

Vemos así que, la convención colectiva de trabajo, no es únicamente un acto solemne para cuya estructuración se requiere de la concurrencia de algunas formalidades que no vienen a ser simplemente de validez, sino también de la esencia, pues si ellas no concurren la convención no produce ningún efecto. Además, tal y como la abundante jurisprudencia nacional lo ha repetido, su acreditación procesal exige idénticamente el cumplimiento de esas mismas formalidades y que, como se dijo, se encuentran incorporadas en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

6. El grado jurisdiccional de consulta y su procedencia en los procesos laborales. Reiteración de jurisprudencia.

La fuente de esta figura de estirpe procesal, deviene, sin dudarlo, de la misma Constitución Nacional y en particular de alguno de los postulados que gobiernan la materia procesal, como lo es en este caso el principio de la doble instancia. Así, el artículo 31 constitucional señala: “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el superior sea apelante único”.

La consulta es un grado jurisdiccional en virtud del cual el superior jerárquico del juez que ha proferido una sentencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que esta adolezca, con el fin de lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida (9) .

De todos modos, la consulta está llamada a cumplir una idéntica finalidad que la que brota del recurso de apelación, de ahí que, como lo sostiene un amplio sector de la doctrina procesalista, si la parte en cuyo favor se estableció la consulta recurre en apelación, no es necesaria la misma, pues por sustracción de materia quedaría sobrando.

En Sentencia C-055 de 1993, esta corporación señaló que la consulta es un mecanismo ope legis, es decir, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por esta el recurso de apelación. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica de que se trate. Igualmente, la consulta es obligatoria cuando en la sentencia de primera instancia sea condenada una entidad pública (10) .

La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado jurisdiccional que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado (11) . Al mismo tiempo ha precisado “que aún cuando la consulta tiene un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de defensa, este no es de carácter necesario e inescindible, por lo cual su ausencia no acarrea indefectiblemente la vulneración de tales derechos, como tampoco vulnera la Carta el señalamiento de diversos requisitos de procedibilidad y las distintas finalidades con las cuales haya sido instituida la consulta, siempre y cuando respondan a supuestos de hecho disímiles y puedan ser justificados objetivamente” (Sent. C-090/02).

El procedimiento civil, de vieja data ha consagrado expresamente el grado de la consulta. En efecto, el canon 386 del Código de Procedimieto Civil que disciplina la materia advierte:

Procedencia del trámite. Las sentencias de primera instancia adversas a la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean apeladas por sus representantes o apoderados (…)”.

En la materia laboral, la consulta se encuentra regulada en el artículo 69 (12) del Código Procesal del Trabajo en los siguientes términos:

“ART. 69.—Procedencia de la consulta. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”.

“Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal del trabajo (hoy tribunal superior del distrito judicial, Sala Laboral) si no fueren apeladas.

“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio”.

Como está regulada la consulta en materia laboral, se erige como un instituto procesal independiente de los recursos propiamente dichos, tanto que puede llegar a afirmarse que representa algo más que un factor de competencia, ya que propende por la realización de objetivos superiores como el interés general de la Nación, la consecución de un orden justo y la prevalencia del derecho sustancial. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional al afirmar que “si la consulta la ubica el legislador dentro de la jurisdicción y no dentro de la competencia, quiere decir eso que la integra como elemento esencial de la administración de justicia, de la potestad de juzgar, con los elementos propios de la jurisdicción uno de los cuales es la notio, es decir la flexibilidad necesaria para ordenar y dirigir la actuación, “ordenatio judicii”. Dentro de la actual Constitución Política, ello significa la búsqueda de un orden justo y la prevalencia de lo sustancial sobre lo simplemente procesal. Se puede afirmar también que al quedar ubicada la consulta en materia laboral dentro de la jurisdicción, eso implica un verdadero amparo para determinadas entidades de derecho público y para el trabajador a quien la decisión de un juez de primera instancia le desconoce la totalidad de la “causa petendi”...” (13) .

Esta corporación, en Sentencia T-389 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto, para referirse a los efectos de la institución que se comenta en el derecho laboral indicó:

“Se desprende de lo anterior, que el grado jurisdiccional de consulta desarrolla el principio constitucional consagrado en el artículo 53, según el cual deben protegerse los derechos mínimos, ciertos, indiscutibles e irrenunciables de los trabajadores. De la misma manera es una protección al más débil de la relación jurídico-laboral, toda vez que este grado jurisdiccional procede cuando las sentencias de primera instancia “fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador”, siempre y cuando dicha providencia no haya sido apelada.

Finalmente, la consulta en materia laboral es una institución procesal independiente de los recursos propiamente dichos, tanto que puede llegar a afirmarse que representa algo más que un factor de competencia, ya que propende por la realización de objetivos superiores como son la consecución de un orden justo y la prevalencia del derecho sustancial”.

Siendo Foncolpuertos, para los efectos que aquí interesan una entidad, respecto de la cual, las decisiones judiciales que les resulten adversas deben consultarse, ha de recordarse que el Decreto 36 de 1992 (14) , en su artículo 16 establecía de manera concreta, en beneficio de Foncolpuertos el cumplimiento del grado de jurisdicción denominado consulta, al señalar que: “El Fondo de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia, en liquidación, dada la naturaleza de sus funciones y la proveniencia de sus recursos gozará de los mismos privilegios, extensiones y gravámenes que se le reconocen a la Nación” (negrilla fuera de texto).

Tuvo además la Corte, la oportunidad de decir en relación con las consultas que deben surtirse en los procesos laborales que traten de reclamaciones en contra de Foncolpuertos:

“En sentir de esta Corte, la vigencia del principio de protección de los recursos presupuestales de la Nación; la defensa del bien colectivo que se concreta en el deber de conferirles una mayor protección dada su grave afectación por la corrupción; el deber de propender por la estricta observancia de la moralidad administrativa; y, la obligación de velar por la intangibilidad de los recursos públicos, cobran una inusitada importancia en el caso que se examina, pues los tribunales y jueces no pueden hacer abstracción de la realidad, ni a ellos resultarles indiferentes casos de escandalosa corrupción administrativa como la que hizo carrera en las reclamaciones laborales en contra de Colpuertos y de Foncolpuertos, pues, por decir lo menos, no se compadece con el imperativo ético de dar vigencia a un orden justo que, a causa de sus interpretaciones, los intereses de la colectividad, paradójicamente, terminen sin protección; máxime cuando, en casos como el presente, hay evidencia plena de la urgencia con que, los más altos intereses nacionales, exigen de la actuación decidida de las autoridades” (15) .

En este orden de ideas, no cabe duda que la consulta es un trámite obligatorio en los casos en que la ley lo exige y que, tratándose del contencioso laboral, dicho grado jurisdiccional deberá inexorablemente surtirse en los eventos de que trata el canon 69 del Código de Procedimiento Laboral.

7. El problema de la inmediatez como presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela.

Será necesario en este acápite de la providencia, hacer mención a este presupuesto, por cuanto la oportunidad, que para el efecto traduce presteza y diligencia en la reclamación de los derechos fundamentales, habrá de ser útil para que, al aterrizar en el caso específico del sujeto que funge como actor, determinar si se cumple o no con el mencionado presupuesto.

Pues bien, al estudiar lo referente a la procedencia o improcedencia de la acción de tutela, paso previo a la definición sobre la concesión o negación del amparo, encuentra la Corte que la acción constitucional debe cumplir con el requisito de la inmediatez.

En efecto, aunque la acción de tutela no tiene término de caducidad (16) , debe tenerse en cuenta que la inmediatez con que aquella se ejercita es un factor determinante en el juicio de procedencia, pues “Si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública” (17) .

La jurisprudencia de esta corporación ha establecido que el juicio de razonabilidad del plazo con que se ejercita la acción de tutela depende de las circunstancias concretas de cada caso. En este orden de ideas, la Corte ha dicho (18) :

“La Corte Constitucional en otras oportunidades ha fijado la regla según la cual la tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable (19) . La razonabilidad del término no se ha establecido a priori, sino que serán las circunstancias del caso concreto las que la determinen. Sin embargo, se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la razonabilidad del término: 1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados (20) , entre otros. (...) (21) ”.

En fin, con la exigencia señalada se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se utilice como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de quien reclama la violación de sus derechos fundamentales, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. Así las cosas, esta condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata y actual de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley (22) .

8. Del caso concreto.

8.1. En el caso que ahora ocupa la atención de esta corporación, el señor Ramón Llanos Ojeda esgrime la vulneración de su garantía fundamental al debido proceso y su correlativo a la defensa, al igual que su derecho a una vida digna, para lo cual solicita se deje sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Pasto-Sala Laboral de 28 de enero de 2004, así como la Resolución 560 de 3 de agosto de 2006 emanada del Ministerio de Protección Social grupo interno de trabajo gestión pasivo social Puertos de Colombia.

Expone puntualmente el accionante como fundamento de la réplica contra la sentencia cuestionada por este carril procesal: “La obligación de acreditar la convención colectiva con la refrendación manifestada por el tribunal accionado para que los actos que realice el sindicato constituido produzcan efectos probatorios frente a la misma entidad o terceros, como resultado del proceso de conciliación con el patrono, no es una ritualidad de orden público, prevista como regla imperativa a favor de la protección de los intereses del patrono y en contra de los trabajadores sindicalizados de buena fe.

En este orden de ideas, es innegable que la acreditación de la refrendación es una simple forma prevista en una norma dispositiva o supletiva sobre la cual las autoridades judiciales pueden determinar su aplicabilidad o no a un caso concreto. No se trata en materia probatoria, de una exigencia imperativa cuya ausencia en relación con los actos que realizaron las partes y plasmaron dentro de la convención no produzca categóricamente el valor probatorio y de esta forma servir de fundamento para hacer valer los derechos legítimos reclamados frente a la entidad o a terceros”.

8.2. Con relación al primer motivo de reclamo, vale la pena anotar que el análisis que hace el tribunal accionado, luego de desatar la sentencia materia de consulta, en nada se adecua a uno de los defectos que por vía de excepción constituyen causas generadoras de vías de hecho. En el caso particular censurado por ejemplo, resulta claro que la convención colectiva de trabajo arrimada para acreditar el derecho pretendido con fundamento en dicha convención y que fuere celebrada el 2 de noviembre de 1983 —obrante a folios 21-217— no se aviene a las exigencias del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, como que se encontraba desprovista de la refrendación correspondiente, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —división de registro sindical—.

Pero además, no es esta solamente una exigencia que opera por ministerio de la ley, sino que ha sido también la interpretación que sistemáticamente ha venido haciendo la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación laboral (23) , y de la cual se apoyó el órgano judicial acusado (24) .

8.3. En lo relativo a la petición de ordenar que se mantenga vigente y ejecutoriada la sentencia de 4 de junio de 1996, considera la Corte que ello constituye una afirmación impropia que no consulta los dictados del derecho. En efecto, para que una decisión judicial se encuentre en firme se requiere:

• Que haya sido decisión proferida en procesos de única instancia;

• Que contra la decisión no proceda recurso alguno y;

• Que procediendo algún medio de impugnación, este ya haya sido resuelto.

En el caso de las sentencias que por disposición legal deban ser consultadas ante el superior, únicamente se encontrará ejecutoriada o en firme aquella en el momento en que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

En este sentido, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito del Distrito Judicial de Barranquilla de 4 de junio de 1996, no estaba en firme; de tal suerte que la iniciación del incidente de nulidad no merece ningún tipo de reparo, como que, cuando se profirió dicha providencia, se encontraba vigente el Decreto 36 de 1992, el cual, en su artículo 16 establecía de manera concreta, en beneficio de Foncolpuertos el cumplimiento del grado de jurisdicción denominado consulta, al señalar que dicha entidad “… Dada la naturaleza de sus funciones y la proveniencia de sus recursos gozará de los mismos privilegios, extensiones y gravámenes que se le reconocen a la Nación” (negrilla fuera de texto).

Recordemos, también, que la Ley 1ª de 1991, en el marco de la liquidación de Colpuertos, expresamente señaló que la Nación sería la directa responsable del pasivo laboral de la entidad liquidada (art. 35).

En efecto, el citado artículo, en lo pertinente, dispuso:

—“ART. 35.—Asunción de pasivos de Puertos de Colombia; aportes de Puertos de Colombia a las sociedades portuarias regionales.

La Nación asumirá el pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza, de las demás prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de Puertos de Colombia, así como su deuda interna y externa”.

Por tanto, tal como está acreditado en los autos, como la sentencia cuya firmeza se reclama no fue recurrida en apelación por quien representaba los intereses de esa entidad, debió consultarse ante el tribunal superior para que pudiera cobrar ejecutoria.

Incluso, ni el argumento de la demora con que se surtió la consulta, podría aplacar dicho razonamiento ya que, no existe en la legislación procedimental civil y tampoco en la laboral, disposición alguna que exija un término para que esta se surta.

Habida cuenta de lo dicho, no podría hablarse de un derecho adquirido (25) a favor del accionante, pues aún no se le había consolidado legítimamente su derecho, es decir, la sentencia que fue primariamente resuelta a su favor, seguida de la sentencia de ejecución no constituían per se una situación jurídica individual y concreta debida y definitivamente resuelta.

8.4. Por último, en el caso que ahora ocupa la atención de esta corporación, no se halla satisfecho el presupuesto de la inmediatez como requisito de procedibilidad del recurso de amparo. Obsérvese que, la sentencia judicial que se cuestiona por esta ruta constitucional fue dictada el 28 de enero de 2004 y solo hasta el 20 de octubre de 2006 se radicó la acción de tutela ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (fl. 315), esto es, transcurrió mucho más de dos años desde el momento que se generó la presunta vía de hecho judicial y la fecha de presentación de la acción de tutela.

Ahora bien, muy a pesar de que se duele el actor de no haber sido notificado del trámite surtido en el Tribunal Superior de Pasto, es esa una manifestación que no se compadece con las condiciones fácticas revisadas, por así hallarse suficientemente probado en el expediente.

Nótese que, dicha agencia judicial luego de proferido el fallo, ordenó su remisión para los fines pertinentes al Tribunal Superior de Barranquilla (fls. 282 y 283). Cumplido lo anterior, mediante informe secretarial visto a folio 285, se señaló por el despacho del magistrado inicialmente ponente fecha para llevar a cabo la notificación en estrado de la sentencia de 28 de enero de 2004, diligencia que se celebró efectivamente el día fijado, que fue el 4 de agosto de 2004. En esa audiencia se consignó: “…acto seguido, el señor magistrado ponente declaró abierta la diligencia. Sin la presencia de las partes, se procedió a la notificación, quedando notificada en estrados la diligencia aludida”.

8.5. Por consiguiente, al no advertirse violación de derecho fundamental alguno, se confirmará en todas sus partes la sentencia de octubre 31 de 2006, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de octubre 31 de 2006, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

2. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) En la Sentencia T-539-02, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte señaló que “la vía de hecho se consolida en aquellos casos en los cuales el juez se desapodera de la función que constitucional, legal y reglamentariamente le corresponde, para asumir mediante una decisión judicial, una conducta arbitraria en forma superlativa”.

(2) Así por ejemplo, en la Sentencia T-008-98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo: “3. La Corte Constitucional ha entendido que la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales, salvo que se trate de una vía de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales y siempre que se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad de la citada acción. En este sentido, la tutela solo habrá de proceder contra una vía de hecho judicial si no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o, si este existe, a condición de que el amparo constitucional resulte necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable de carácter ius fundamental”.

(3) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-231-94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-132-02, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.

(4) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-231-94, T-008-98 y T-1017-99, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-132-02, M.P. Álvaro Tafur Gálvis; T-405-02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras decisiones.

(5) Ibídem.

(6) Corte Constitucional. Sentencia SU-132-02, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.

(7) Al respecto, el artículo 1500 del Código Civil dispone: “El contrato es real cuando, para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento”.

(8) Sentencia Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia (Sent. mayo 20/76).

(9) Ver sentencia C-153 de 1995.

(10) La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el grado jurisdiccional de consulta previsto para el trabajador desfavorecido totalmente con la sentencia de primera instancia, se distingue de la consulta prevista en sentencias adversas a la Nación, departamentos y municipios, en tres aspectos: “a) La consulta en beneficio de los trabajadores presupone decisión totalmente desfavorable, mientras la consulta a favor de las entidades de derecho público puede provenir de decisión parcialmente desfavorable; b) La consulta prevista a favor del trabajador es supletoria del recurso de apelación y se concede condicionada, si no fuere apelada la sentencia, mientras que la consulta a favor de las entidades de derecho público es forzosa, obligada e incondicionada, y c) La consulta establecida en beneficio del trabajador totalmente desfavorecido por el primer fallo, tutela derechos irrenunciables y de orden público; mientras que la instituida para entidades de derecho público, que reciben sentencia adversa de primer grado, tutela el interés público”.

(11) Al respecto, consultar las sentencias C-449 de 1996 y C-583 de 1997.

(12) En la Sentencia C-090 de 2002 esta corporación estudió la exequibilidad del artículo 69 del Código Procesal Laboral.

(13) Sentencia T-473 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(14) Se expidió este decreto, en el mes de enero de 1992, “Por el cual se crea el Fondo de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia, en liquidación, se determina su estructura, organización y funcionamiento”.

(15) SU-962 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.

(16) Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(17) Corte Constitucional. Sentencia T-797 de 2002. Jurisprudencia reiterada, entre otras, en las sentencias T-762 y T-812 de 2003 y T-601 y T-633 de 2004.

(18) Sentencia T-684 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(19) En Sentencia T-1229 de 2000 se recoge esta línea de jurisprudencia. En igual sentido T-173 de 2002.

(20) Sentencia T-173 de 2002.

(21) Ver sentencias T-558 de 2002, T-575 de 2002, T-9797 de 2002, entre otras.

(22) Sentencia Corte Constitucional T-570 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas.

(23) De dicha interpretación, dan cuenta entre otras, las siguientes sentencias: (CSJ, Casación Laboral Julio 23 de 1987); (CSJ, Casación Laboral, Mayo 20/76); (CSJ, Casación Laboral Jul. 6/68) (CSJ, Casación Laboral, Mayo 16/2001).

(24) Es más, el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Limitación de la eficacia del testimonio. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato”.

(25) “ART. 58.—Modificado Acto Legislativo 1 de 1999

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

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