Sentencia T-370 de septiembre 13 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

VÍAS PÚBLICAS

LIBERTAD DE TRÁNSITO

EXTRACTOS: «La característica subsidiaridad de la acción de tutela se origina en lo dispuesto por el numeral tercero del artículo 86 de la Constitución. Allí se lee:

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (se subraya).

Lo anterior significa que, en principio, la existencia de un medio judicial para evacuar la correspondiente reclamación, impide que el uso de la tu-tela sea pertinente. Por tal razón, en los renglones que siguen, la Sala se ocupará de saber si en este caso la legislación tiene prevista otra forma de poner los hechos en conocimiento del poder judicial.

En este orden de ideas, aparece el artículo 1005 del Código Civil, cuyo texto es:

“La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.

Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costa del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad”.

La lectura de la norma lleva al intérprete a la sencilla conclusión de que mediante la acción popular pueden defenderse los espacios de interés común, como las vías públicas.

Dicho entendimiento se refuerza por lo establecido en el inciso primero del artículo 6º del Decreto 2400 de 1989, que dice:

“La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil, podrá ser ejercitada por los usuarios para la defensa del espacio público y del medio ambiente”.

Resulta de interés anotar que en esta misma tutela, el juzgador de segunda instancia aceptó lo atrás afirmado, sin otorgarle mayor trascendencia. En el folio 245 dijo:

“Piensa el despacho que, si bien la acción de tutela se caracteriza por ser un mecanismo residual, pues no procede cuando la persona tiene otro medio de defensa judicial que le permita pedir el reconocimiento de su derecho constitucional fundamental, en el presente caso, aunque eventualmente podría incoarse una acción popular, tal opción no tiene ninguna necesidad de configurarse dado que la situación, tal como está planteada y conforme con la prueba que se ha llegado, no produce margen de duda en relación con que el Callejón Calanda es vía carreteable de uso público y acostumbrado durante muchos años por las gentes de la zona, debido a lo cual ellos no tienen la obligación de instaurar, ante la justicia civil, la acción popular para que allí se les reconozca un derecho que aquí se ha establecido que tienen y que se está declarando en esta providencia” (se subraya).

Ahora bien, para deteminar cuál es el procedimiento para tramitar la acción popular, cuando se trata de la defensa de bienes de naturaleza agraria, vale la pena recordar que el Decreto 2303 de 1989 creó y organizó la llamada jurisdicción agraria. En lo pertinente, su artículo 63, numeral 2º, dijo:

“Procedencia. (...). También se tramitarán en proceso verbal los siguientes asuntos, en cuanto tengan naturaleza agraria, sin consideración a su cuantía: (...).

2. Los relacionados con la defensa, mediante acción popular, de los bienes de uso público de que trata el art. 1005 del Código Civil, que estén ubicados en zonas rurales y no comprendidos en las previsiones de los arts. 118 y siguientes de este decreto”.

Se observa que “las previsiones de los arts. 118 y siguientes de este decreto”, se refieren a cuestiones extrañas a la temática de esta tutela pues se ocupan de la preservación del ambiente rural y los recursos naturales renovables.

Mientras se pone en funcionamiento la jurisdicción agraria, la norma aplicable es la contemplada en el artículo 49 del Decreto 2651 de 1991, según la cual las acciones populares deben tramitarse mediante el procedimiento abreviado. Dicho artículo señala:

“Acciones populares. Las acciones populares se tramitarán mediante el procedimiento abreviado, en dos instancias. (...)”.

Lo expuesto muestra que, por existir en nuestro derecho un procedimiento idóneo para la defensa del libre tránsito por las vías públicas —la acción popular—, la tutela no es, en principio, el medio pertinente para el logro de tal propósito.

4. El mecanismo transitorio

No obstante el resultado al que la Sala llega en el punto anterior, lo cierto es que el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución, a pesar de la presencia de otro medio de defensa judicial, brinda la posibilidad de la protección tutelar si se utiliza “como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Lo anterior se trae a colación porque en el folio 203 del expediente, de la declaración del señor Alcalde de Florida, se desprende que, ante el cerramiento del Callejón de Calanda, los peticionarios tendrían que transitar por otra vía que es, por insegura, muy peligrosa. Fueron sus palabras:

“(...) los corregimientos tienen dos vías de acceso: esa que ha sido una vía corta desde la central hacia las poblaciones, y más o menos segura (la Sala aclara que el deponente se refiere al Callejón de Calanda), y la otra vía que los obligaría a llegar casi hasta el ingenio Cauca por la vía al Ortigal que les triplicaría el tiempo de llegada a sus casas y que después de las cuatro de la tarde es prácticamente imposible entrar por allí por lo peligroso”.

Viniendo estas palabras del jefe de la administración local, que debe presumirse, enterado de las vicisitudes de la región donde gobierna, la Sala no puede desecharlas, toda vez que obligar a los actores a deambular por sitios peligrosos, evidentemente los expone a perjuicios en su vida e integridad. Por lo tanto, para prevenir estos eventuales daños irreparables, la Sala habrá de conceder a los peticionarios la tutela incoada, pero en la modalidad de mecanismo transitorio, con miras a que sea la justicia ordinaria la que, en últimas, defina la controversia respecto del Callejón de Calanda.

La tutela otorgada en los términos mencionados es procedente pese a que los interesados no la solicitaron así, aplicando armónicamente el principio protector contenido en el inciso cuarto del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, que dice:

“El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”.

Por lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el punto segundo de la parte resolutiva del fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira (Valle), de fecha veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), providencia que revocó la sentencia de primer grado dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Florida (Valle) el veintidós (22) de febrero del mismo año, y CONCEDER, como MECANISMO TRANSITORIO, vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción popular mencionada en la parte motiva, la tutela del derecho a la libre circulación por el Callejón de Calanda, de los señores Manuel Antonio Beltrán, Pablo Valencia, Anselmo Valencia, José Hernán Briches Caicedo, Luis Ovidio Rodríguez Valencia y Sediel Navas Rodríguez, la cual se hace extensiva a toda persona.

2. MODIFICAR el punto tercero de la parte resolutiva de la sentencia atrás señalada, para ORDENAR a la administración de la Comunidad organizada de María Luisa Guerrero de Posada e Ignacio Posada Correa “Ingenio María Luisa”, la suspensión de cualquier actividad que impida la libre circulación por el Callejón de Calanda, sin perjuicio de lo que disponga la autoridad judicial que conozca de la acción popular a que se refiere esta providencia, o de lo ordenado por los incisos segundo y tercero del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, es decir, que los peticionarios deben ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir de este fallo, so pena de que cesen los efectos del mismo».

(Sentencia T-370 de septiembre 13 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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