Sentencia T-378 de junio 23 de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-4.825.680

Magistrado Ponente:

Dr. Alberto Rojas Ríos

Acción de tutela presentada por Román Enrique Urrutia contra el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí.

Bogotá, D. C., veintitrés de junio de dos mil quince.

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas María Victoria Calle Correa, Myriam Ávila Roldán y el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 241, numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, el 16 de diciembre de 2014, el cual no fue impugnado, dentro del proceso de tutela de Román Enrique Urrutia contra el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí.

El proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Tres, mediante Auto proferido el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015).

I. Antecedentes

Román Enrique Urrutia presentó acción de tutela contra el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la familia y a las visitas de las personas privadas de la libertad, con fundamento en los siguientes:

1. Hechos.

1.1 Mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2014, el accionante elevó derecho de petición de información dirigido al director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, el cual fue recibido por las autoridades del centro penitenciario, según consta en el expediente, el 20 de octubre de 2014 (fl. 6).

En el escrito, el señor Urrutia junto con otro interno que compartía la misma situación que él, solicitaban al director de la cárcel que les permitieran a todos aquellos que tienen a sus parejas privadas de la libertad en esa misma cárcel, tener: “(…) cada mes cuatro (4) horas de visita, divididas de la siguiente forma una hora de conyugal y tres (3) horas para compartir con nuestra pareja en el patio de visitas (…) con el ánimo de fortalecer nuestros lazos familiares de afecto, cariño y comprensión” (fl. 7).

En su derecho de petición, el accionante justificaba su petición en los siguientes argumentos:

“2) A las internas he internos (sic) que tenemos nuestros esposos, esposas privadas de la libertad en este complejo penitenciario Jamundi valle (sic), solo se nos permite la visita conyugal cada mes una hora, tiempo que no es suficiente para una relación de pareja, donde tiene que dialogarse, situaciones personales tanto del interno como de la interna como de la familia. || 3) El tiempo de una hora para hablar y tener las relaciones íntimas con nuestras parejas. Se nos esta (sic) vulnerando el derecho a la igualdad ya que al resto de la población reclusa reciven (sic) visita cada quince (15) días y el tiempo de la visita por lo general son de cuatro (4) horas cada quince días donde pueden compartir con la familia o amistades, En (sic) nuestro caso de las y los internos que tenemos esposa, esposo en los pabellones de cojam valle (sic) solo senos (sic) permite la visita cada mes una hora” (fl. 7).

1.2 El 27 de octubre de 2014, el subdirector encargado del bloque II Cojam dio respuesta al derecho de petición presentado por el señor Urrutia, mediante escrito de referencia 242-2 COJAM-SUBD-28395, en el cual contestó de forma sucinta sin lugar a ninguna motivación adicional: “Con el ánimo de brindar respuesta a lo de la referencia, me permito (sic) informarle que ustedes gozan es de visita conyugal como se encuentra estipulado y no visita familiar, por ello se les concede una hora para esta” (fl. 8).

1.3 Mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2014, el señor Román Enrique Urrutia presentó acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales vulnerados y amenazados por el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, especialmente haciendo referencia a “(…) los derechos fundamentales a la visita a los internos he internas (sic) que por sircunstancias (sic) de la vida nos y se encuentran privadas de la libertad, en el Complejo penitenciario Jamundi (sic)” (fl. 1).

En la acción de tutela, el accionante reitera lo manifestado en el derecho de petición presentado ante la dirección del centro penitenciario de Jamundí, alegando que a los internos normalmente les llegan dos visitas en el mes: una visita conyugal en la que tienen tres horas para compartir con sus esposas o compañeras permanentes y una hora de intimidad, y una visita familiar en la que pueden compartir cuatro horas con sus familiares y amigos. En contraste, sostiene que “[e]n el caso concreto de las visitas conyugales de los y las personas que nos encontramos privados de la libertad ambos, tanto el hombre como la mujer nos encontramos purgando condena en el complejo penitenciario Jamundi valle (sic), solo nos permiten en el mes una hora de visita conyugal, nuestras esposas, o compañeras sentimentales, la guardia las traen a la carrera de la cárcel de mujeres que queda frente a la cárcel de hombres” (fls. 1 y 2).

Destaca en su escrito el señor Urrutia, que si bien reconoce que las personas que se encuentran, ambos en el caso de los esposos o compañeros sentimentales, purgando una pena por haber cometido un error, eso no debe ser motivo para desconocer que también son seres humanos y tienen derecho a gozar de una familia y de la intimidad que enmarca la misma, aunque siendo consciente de las circunstancias en las que se encuentran y las limitaciones que eso implica.

Igualmente, recuerda que el sistema penitenciario en Colombia se centra en la resocialización de los internos y en ese sentido, en la construcción de un entorno que los prepare para la vida en libertad, de ahí que los lazos familiares resultan ser tan importantes en ese proceso. Considera que las personas privadas de la libertad, no deben ser sometidas a situaciones que hagan más gravosa su pena y que en ese sentido, una hora de visita conyugal al mes, no es suficiente para estar con su pareja.

Como corolario de lo anterior, solicita el accionante que el juez constitucional por medio del proceso de tutela, ordene “(…) a las autoridades penitenciarias del complejo penitenciario (sic) Jamundi valle, concedernos a los internos y internas (sic) que somos parejas y que nos encontramos ambas privadas de la libertad cuatro horas de visitas en el mes una vez”.

2. Traslado y contestación de la demanda.

El 1º de diciembre de 2014, mediante Oficio SCSA 00530, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali Valle, le corrió traslado de la acción de tutela presentada por el señor Urrutia, a la oficina judicial de esa ciudad, con el fin de que fuera sometida a reparto entre los jueces competentes (fl. 9).

La acción de tutela fue admitida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, a través de Auto Interlocutorio 1080 fechado 3 de diciembre de 2014, y se corrió traslado de la demanda a la entidad accionada EPC – Cojam Jamundi; para que en un término de máximo 3 días contados a partir de la notificación de dicho auto, ejerciera su derecho de defensa e informara al despacho todo lo que considerara contundente en relación con la demanda de tutela (fls. 12 y 13).

De los documentos que comprenden el acervo probatorio del expediente de la acción de tutela, se puede concluir que el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, entidad accionada, no contestó la tutela, ni ejerció su derecho a la defensa dentro del término otorgado por el juzgado que conoció en primera instancia, ni tampoco aportó nuevos elementos relevantes para resolver el amparo solicitado por el señor Urrutia.

3. Sentencia objeto de revisión.

3.1. Sentencia de primera instancia —no se presentó impugnación—.

El 16 de diciembre de 2014 mediante Sentencia Nº 245, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali negó la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Román Enrique Urrutia “(…) por cuanto de una parte se considera que la respuesta brindada por la entidad accionada a su requerimiento y que fue allegada por el mismo accionante con la acción tutelar, informa de manera clara por qué no es posible acceder a lo solicitado por el actor tutelar y de otra parte el despacho no puede modificar el reglamento interno de cada centro de reclusión que es el regula (sic) el tiempo o duración de la visita conyugal”.

La anterior decisión, no fue impugnada por el accionante.

3.2. Pruebas documentales.

En el trámite de la acción de tutela se aportaron, entre otras, las siguientes pruebas relevantes:

• Derecho de petición original del 3 de octubre de 2014, presentado por los señores Román Enrique Urrutia y Reinaldo Montenegro Montenegro ante el director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí o quien hiciera sus veces, radicado el 20 de octubre del mismo año (fl. 5 y 6).

• Respuesta al derecho de petición, brindada por el subdirector (e) bloque II Cojam, el 27 de octubre de 2014. (Folio No. 8).

• Oficio SCSA 00530 emitido el 1 de diciembre de 2014 por el secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali Valle, dirigido a la oficina judicial de dicha ciudad, en la que le corren traslado de los escritos de tutela enviados por internos del Complejo Cojam (fl. 9).

• Acta individual de reparto del 1 de diciembre de 2014, en la que se indica que la acción de tutela instaurada por el señor Román Enrique Urrutia, le correspondió al Juzgado 8 Administrativo Oral de Cali (fl. 10).

• Copia del Auto Interlocutorio 1080 del 3 de diciembre de 2014, emitido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, en el que resolvió: 1) Avocar conocimiento, 2) Admitir la acción de tutela del señor Román Enrique Urrutia contra el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí y 3) Conceder al representante legal de la entidad accionada tres (3) días para ejercer su derecho de defensa (fl. 12).

3.3. Actuaciones surtidas por la Sala de Revisión.

3.3.1. Solicitud de pruebas mediante auto.

Mediante Auto del diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), el despacho del magistrado ponente, dados los hechos y pretensiones referidos, consideró necesario:

“Primero. DECRETAR como prueba que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la recepción de la presente providencia, el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, remita a este despacho:

— Copia completa del reglamento interno del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, vigente hasta esta fecha, indicando los cambios que ha sufrido desde su expedición en lo que respecta al régimen de visitas.

— Escrito en el que explique en detalle en qué consisten las visitas familiares, cuál es su régimen, que internos pueden recibir ese tipo de visitas, cuáles son sus horarios y condiciones, la diferencia entre las visitas familiares y las conyugales o cualquier otro tipo de visitas que pueden ser realizadas por miembros de una familia y más específicamente entre esposos o compañeros permanentes.

— Escrito en el que el director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí aclare, si el horario de visitas establecido en la mañana de 7:00 a 11:00 a.m., y en la tarde de 12:00 a las 16:00 corresponden a lapsos en los que se adelanta cada una de las visitas, es decir 4 horas por persona privada de la libertad, o si por el contrario, se trata de un espacio que se divide en periodos más pequeños de visita, por ejemplo visitas de una hora por cada interno.

Todas las inquietudes antes planteadas, podrán ser resueltas por el director del complejo de Jamundí en un solo texto anexo a la copia del reglamento interno del Penal, con el objetivo principal de darle claridad a esta corporación sobre el régimen de visitas aplicables a los y las personas privadas de la libertad, en comparación con el aplicable a parejas en donde los dos esposos se encuentran privados de la libertad, como es el caso del accionante.

Segundo. ADVERTIR al destinatario que deberá entregar en forma eficaz e inmediata la información solicitada por esta corporación, so pena de quedar sometidos a las sanciones por desacato al cumplimiento de decisiones judiciales previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991”.

3.3.2. Pruebas y respuestas allegadas en Sede de Revisión.

a. Mediante escrito del 26 de mayo de 2015, con sello de gestión documental del 27 del mismo mes, el director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – Cojam, teniente coronel Carlos Alberto Monroy Guevara, dio respuesta al auto de pruebas decretado por el magistrado ponente, solicitando a la Corte Constitucional declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Román Enrique Urrutia.

En el documento de respuesta, el director del centro penitenciario hizo referencia a los artículos 37 y 38 del reglamento interno del Penal, en el que se encuentra regulado el régimen de visitas tanto familiar como conyugal. Así mismo, hizo referencia a las prácticas y usos que le han venido dando los internos a esta última modalidad de visita y finalmente, realizó algunas consideraciones sobre la necesidad de actualizar el reglamento interno de la cárcel de Jamundí, para ponerlo a tono con la Ley 1709 de 2014, como le ha sido recomendado por la oficina de asesoría jurídica.

b. Como anexo a la carta de respuesta enviada por el director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – Cojam, se envió el reglamento interno del centro (48 folios).

c. También como anexo, se envió copia de la comunicación enviada por la jefe de la oficina de asesoría jurídica, en la que se hacen observaciones sobre las necesidades de adecuar el reglamento del penal a la normatividad vigente y tener en cuenta que se presentó el 20 de mayo de 2014, por parte de esa oficina, un nuevo proyecto de reglamento general.

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de tutela de referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3º, y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento a lo dispuesto en el auto del veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015), expedido por la Sala de Selección número tres.

2. Problema jurídico y planteamiento del caso.

De acuerdo con los argumentos planteados en la acción de tutela bajo revisión, corresponde a esta Sala dar respuesta al siguiente problema jurídico: ¿Vulneró el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí los derechos fundamentales de un interno al que, teniendo a su esposa o compañera permanente también recluida en la sección femenina de la misma penitenciaría, les permite una hora de visita conyugal al mes pero les niega la posibilidad de gozar de la visita familiar que sí les brinda, bajo condiciones de normalidad, a los internos que no tienen a sus parejas también privadas de la libertad?

Con ese fin, la Sala inicialmente planteará las consideraciones generales que considera pertinentes para el análisis del caso concreto. En primer lugar se desarrollará el contenido del régimen de visitas en el ordenamiento jurídico colombiano. En segundo lugar, se realizará una consideración sobre el derecho a la visita familiar como medio de resocialización en el ordenamiento jurídico colombiano. Y en tercer lugar, se dedicará un acápite al estudio de la protección a la vida familiar en personas privadas de la libertad como herramienta de resocialización en el derecho internacional y derecho comparado. Por último, se estudiará el caso concreto.

3. El régimen de visitas en el ordenamiento jurídico colombiano.

El régimen de visitas de las personas privadas de la libertad se encuentra desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico en los siguientes instrumentos: i) La Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, la cual ha sido modificada recientemente por le Ley 1709 de 2014; ii) el Acuerdo 11 de 1995 “Por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios” y; iii) el reglamento interno desarrollado en cada uno de los centros penitenciarios y carcelarias, que en el caso concreto del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, fue expedido el 1º de abril de 2011 y corresponde a la Resolución 391 del 1º de marzo de ese mismo año.

En primer lugar, el Código Penitenciario y Carcelario contenido en la Ley 65 de 1993, desarrolla el régimen de visitas en su artículo 112 el cual fue modificado por la Ley 1709 de 2014 y el artículo 112A el cual fue adicionado por esa misma ley. De acuerdo con las dos normas específicas, se dispone que:

“ART. 112.—Régimen de visitas. <Modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014:> Las personas privadas de la libertad podrán recibir una visita cada siete (7) días calendario, sin perjuicio de lo que dispongan los beneficios judiciales y administrativos aplicables.

Para personas privadas de la libertad que estén recluidas en un establecimiento carcelario distinto al arraigo familiar, el Inpec podrá programar un día diferente al del inciso anterior para recibir las visitas.

El ingreso de los visitantes se realizará de conformidad con las exigencias de seguridad del respectivo establecimiento penitenciario, sin que ello implique la vulneración de sus derechos fundamentales. Las requisas y demás medidas de seguridad que se adopten deben darse dentro de un marco de respeto a la dignidad humana y a la integridad física.

Las requisas se realizarán en condiciones de higiene y seguridad. El personal de guardia estará debidamente capacitado para la correcta y razonable ejecución de registros y requisas. Para practicarlos se designará a una persona del mismo sexo del de aquella que es objeto de registro, se prohibirán las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas; únicamente se permite el uso de medios electrónicos para este fin.

El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su tarjeta profesional y si mediare aceptación del interno.

Los condenados podrán igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por ellos. Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas en el reglamento general, de acuerdo a lo previsto en el presente artículo.

Los visitantes que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento o que contravengan las normas del régimen interno serán expulsados del establecimiento y se les prohibirán nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la reglamentación expedida por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Los visitantes sorprendidos tratando de ingresar al establecimiento penitenciario cualquier artículo expresamente prohibido por los reglamentos tales como armas de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas, o sumas de dinero, no serán autorizados para realizar la visita respectiva y deberá ser prohibido su ingreso al establecimiento de reclusión por un periodo de hasta un (1) año, dependiendo de la gravedad de la conducta. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes.

En casos excepcionales, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) podrá autorizar visita a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la motivaron y la concederá por el tiempo estrictamente necesario para su cometido. Una vez realizada la visita, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informará de la misma al Ministro de Justicia y del Derecho, indicando las razones para su concesión.

La visita íntima será regulada por el reglamento general según principios de higiene y seguridad.

De toda visita realizada a un establecimiento penitenciario o carcelario, sea a los internos o a los funcionarios que allí laboran debe quedar registro escrito. El incumplimiento de este precepto constituirá falta disciplinaria grave”.

“ART. 112A.—Visita de niños, niñas y adolescentes. <Adicionado por el artículo 74 de la Ley 1709 de 2014:> Las personas privadas de la libertad podrán recibir visitas de niños, niñas o adolescentes que sean familiares de estas en el primer grado de consanguinidad o primero civil, por lo menos una vez al mes, sin que coincida con el mismo día en el que se autorizan las visitas íntimas. Durante los días de visita de niños, niñas o adolescentes se observarán mecanismos de seguridad especiales y diferenciados para garantizar el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

Los menores de 18 años deberán estar acompañados durante la visita de su tutor o tutora o, en todo caso, de un adulto responsable.

Los establecimientos de reclusión deberán contar con lugares especiales para recibir las visitas de niños, niñas y adolescentes, diferentes de las celdas y/o dormitorios, los cuales deben contar con vigilancia permanente” (negrilla fuera del texto original).

Del contenido de las normas del Código Penitenciario y Carcelario, se logra establecer, que si bien no se hace una distinción puntal entre las visitas familiares y las visitas conyugales o íntimas, sí se puede concluir que las visitas de familiares y amigos reciben un tratamiento diferente e independiente de las íntimas, estableciendo incluso en el artículo 112A que debe haber dos momentos distintos cuando visitan a una persona privada de la libertad sus familiares menores de edad y cuando se lleva a cabo la visita íntima.

Igualmente, de los dos artículos referenciados, se puede concluir la importancia que la Ley 65 de 1993 le da al derecho a la familia, materializada en la posibilidad de visitas que puede recibir con cierta periodicidad una persona que cumple una pena en un centro penitenciario y carcelario.

Finalmente, los artículos pertinentes de la Ley 65 de 1993, hace una remisión directa al reglamento general, el cual se encuentra consignado en el Acuerdo 11 de 1995, cuyos artículos pertinentes se citan a continuación:

“ART. 26.—Visitas. Los directores de los establecimientos determinarán, en el reglamento de régimen interno, los horarios en que los internos puedan recibir visitas, así como las modalidades y formas de comunicación, de conformidad con los siguientes parámetros:

1. Los días sábados se recibirán las visitas masculinas, y los domingos las femeninas.

2. Cada interno tendrá derecho a recibir dos grupos de visitas a la semana; un grupo el día sábado y un grupo el día domingo, sin perjuicio de las regulaciones sobre visitas programadas.

3. Cada interno podrá recibir un número de personas no superior a tres (3) en cada uno de esos días.

4. La visita se producirá en locutorios acondicionados para tal efecto. En los lugares donde no existan los mismos, y mientras se acondicionan, las visitas podrán recibirse en los pabellones. En ningún caso las visitas ingresarán a los lugares destinados al alojamiento de los internos, salvo los casos de visita íntima.

5. En el reglamento de régimen interno se establecerá un horario de visitas por pabellones, de manera que en las horas de la mañana se evacuen las visitas de la mitad de la población reclusa, y en las horas de la tarde las de la otra mitad. La administración penitenciaria informará a los internos y a los visitantes, el horario de visita de cada pabellón. A la entrada del establecimiento se controlará el número de visitantes por interno.

(…)”.

“ART. 29.—Visitas íntimas. Previa solicitud del interno o interna al director del centro de reclusión se concederá a aquel una visita íntima al mes, siempre que se den los requisitos señalados en el artículo siguiente:

Los visitantes y los visitados se someterán a las condiciones de seguridad que establezca el establecimiento.

El reglamento de régimen interno determinará el horario de tales visitas. Cada establecimiento procurará habilitar un lugar especial para efectos de la visita íntima. Mientras se adecuan tales lugares, ellas se podrán realizar en las celdas o dormitorios de los internos.

Antes y después de practicarse la visita, tanto el interno como el visitante serán objeto de una requisa que se practicará de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 65 de 1993. De conformidad con el artículo 22 del presente reglamento, los visitantes no podrán ingresar elemento alguno a la visita”.

“ART. 30.—Requisitos para obtener el permiso de visita íntima.

1. Solicitud escrita del interno al director del establecimiento en el cual indique el nombre, número de cédula de ciudadanía y domicilio del cónyuge o compañero(a) permanente visitante.

2. Para personas sindicadas, autorización del juez o fiscal. En caso de que la visita íntima requiera de traslado de un interno a otro centro de reclusión donde se encuentre su cónyuge o compañero(a), se hará constar este permiso que concede la autoridad judicial. E1 director del establecimiento y el comandante de vigilancia dispondrán lo necesario para garantizar la seguridad en el traslado, siempre y cuando ello sea posible.

3. Para personas condenadas, autorización del director regional. En caso de que se requiera traslado de un interno a otro centro de reclusión, el director regional podrá conceder este permiso, previo estudio de las circunstancias. El director del establecimiento y el comandante de vigilancia dispondrán lo necesario para garantizar la seguridad en el traslado.

4. El director de cada establecimiento verificará el estado civil de casado(a) o la condición de compañero(a) permanente del visitante.

Cada establecimiento penitenciario y carcelario deberá establecer un registro con la información suministrada por el interno acerca de la identidad del visitante, a efectos de controlar que la visita se efectúe en todo caso por la persona autorizada” (negrilla fuera del texto).

Nuevamente, como en el caso del Código Penitenciario y Carcelario, el reglamento general no clasifica las visitas entre familiares e íntimas. Sin embargo, sí queda claro que esta última recibe un tratamiento normativo especial, como es predecible por las particularidades propias de la misma.

La Sala quisiera resaltar en este punto, tres elementos de las visitas íntimas que serán relevantes para la resolución del caso concreto: (i) que los internos tienen derecho a esta visita una vez por mes, aunque no se especifica la duración de la misma. (ii) que el reglamento general prevé el traslado del interno, sea este sindicado(a) o condenado(a), a otro centro de reclusión cuando su cónyuge o compañero(a) permanente esté también privado de la libertad, todo esto con el fin de llevar a cabo su visita íntima. (iii) que el director de cada establecimiento debe verificar el estado civil de casado(a) o la condición de compañero(a) permanente del visitante.

Considera la Sala oportuno destacar, que si bien se deja claro el procedimiento que se debe adelantar para que dos esposos o compañeros permanentes privados de la libertad puedan adelantar su visita íntima, se guarda silencio frente a la posibilidad de que, bajo esas mismas circunstancias, se pueda adelantar la visita familiar.

Finalmente, el reglamento de régimen interno del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, desarrolla en sus artículo 37 y 38, lo correspondiente al régimen de visitas de los internos, en los siguientes términos:

“ART. 37.—Parámetros para recibir visitas a internos(as) condenados(as) y sindicados(as). Los parámetros para recibir visitas en el complejo carcelario y penitenciario son los siguientes:

• Dentro de los primeros ocho (8) días de cada trimestre, el interno mediante escrito actualizará su registro de diez (10) visitantes máximo según formato establecido, de los cuales podrá recibir máximo tres (3) en cada jornada de visitas, relacionando el nombre y documento de identidad de las personas en el turno que le corresponda dentro del horario fijado.

• Los(as) internos(as) podrán recibir visitas cada quince (15) días, correspondiendo una quincena a visita familiar (con ingreso de niños menores) y la otra para visita íntima, en ningún caso se autoriza visita familiar e íntima en forma simultanea para el mismo interno(a). La visita de niños menores se realizará de igual manera, con un familiar adulto como acompañante. Los hijos menores del interno no tendrán restricción numérica para ingresar a la visita.

• Los sindicados tienen derecho a recibir visitas, autorizadas por fiscales y jueces competentes, de sus familiares y amigos, sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina establecidas en este complejo carcelario y penitenciario. El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán igualmente las reguladas por este Reglamento de régimen interno.

(…)

PAR. 2º—La visita íntima se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de Acuerdo 11 de 1995, en concordancia con el artículo 112 de la Ley 65 de 1993, una vez al mes, en las celdas acondicionadas para tal fin, con una duración de Una (1) hora, quedando sujeta al turno que le corresponda a cada pabellón.

En todo caso, el director del complejo carcelario y penitenciario procurará siempre el bienestar del interno.

PAR. 3.—La visita íntima entre internos, se efectuarán (sic) una vez al mes, el día viernes, en las celdas acondicionadas para tal fin, con una duración de una (1) hora, quedando sujeta al turno que le corresponda a cada pabellón.

En todo caso, el director del complejo carcelario y penitenciario procurará siempre el bienestar de los(as) internos(as)”.

“ART. 38.—Lugar, turno y horario para recibir visitas generales. Las visitas se producirán en las áreas acondicionadas para tal efecto. El horario de visitas será a partir de las 07:00 horas hasta las 11:00 horas en la mañana y en las horas de la tarde a partir de las 12:00 horas hasta las 16:00 horas, de acuerdo al cronograma que para tal efecto expida la dirección de complejo carcelario y penitenciario. En ningún caso, los visitantes ingresarán a las celdas ni a las áreas restringidas” (negrilla fuera del texto original).

En el desarrollo sobre las visitas llevado a cabo por el reglamento de régimen interno del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, la Sala identifica algunos elementos que resultan relevantes para la resolución del caso concreto: (i) en primer lugar, este reglamento hace una clara distinción entre la visita familiar y la visita íntima, si bien no denomina a esta visita conyugal, incluso estableciendo los parámetros de coexistencia de las dos —alternándose cada una de estas modalidades cada quince (15) días—. (ii) En segundo lugar, se deja claro que no puede existir simultaneidad entre los dos tipos de visita. (iii) Que la periodicidad de la visita íntima es de una vez al mes y su duración de una hora. (iv) Y finalmente, establece la posibilidad de que se pueda realizar visita íntima entre internos, los cuales no establece que necesariamente tengan que ser cónyuges o compañeros permanentes, con las mismas condiciones que la visita íntima regular, pero con la salvedad que debe ser los días viernes, es decir ni sábado ni domingo que son los días establecidos por el artículo 26 del reglamento general como días de visita.

En cuanto a los horarios, de acuerdo con el reglamento del centro carcelario, las visitas se realizan en dos turnos por la mañana y por la tarde, en un periodo que en ambos casos comprende cuatro horas.

4. El derecho a la visita familiar como medio de resocialización en el ordenamiento jurídico colombiano.

Las personas privadas de la libertad por cumplir condenas penales, se encuentran en una especial sujeción al Estado, que implica un mayor grado de protección de sus derechos en el marco del ejercicio de su deber de garantía, como ha sido establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

“Entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, libre desarrollo de la personalidad, educación, entre otros). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) la circunstancia especial de que ciertos derechos, que en condiciones normales no son considerados como derechos fundamentales, puedan tenerse como tales. (v) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos”(1).

En el mismo sentido se han pronunciado los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos —Comisión Interamericana y Corte Interamericana—, reiterando el papel especial de garante que cumple el Estado frente a las personas privadas de la libertad, como consecuencia de la particular relación de sujeción de estos a las decisiones de las autoridades pública. Han manifestado dichos organismos que:

“48. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que, ‘de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre’(2). Tal es el caso de las personas privadas de libertad, las cuales mientras dure el periodo de su detención o prisión están sujetas al control efectivo del Estado. || 49. En efecto, el principal elemento que define la privación de libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde este se encuentra recluido(3). Es decir, las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. Este particular contexto de subordinación del recluso frente al Estado —que constituye una relación jurídica de derecho público— se encuadra dentro de la categoría ius administrativista conocida como relación de sujeción especial, en virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a una persona, se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad; y el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que debe observar. || 50. Esta posición de garante en la que se coloca el Estado es el fundamento de todas aquellas medidas, que de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, aquel debe adoptar con el fin de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad”(4).

Derivado de ese deber reforzado del Estado por la sujeción de los reclusos, las acciones públicas deben encaminarse a una verdadera resocialización de aquellas personas que han sido condenadas a pena privativa de la libertad, bajo una concepción humanista del sistema jurídico y del ordenamiento penal, que se fundamenta en la dignidad humana(5), reconocida como inherente a toda persona con independencia de sus condiciones personales o situación jurídica, y que sirve de sustento de una de las llamadas funciones de la pena, lo cual implica que las autoridades del Estado y en particular, las autoridades penitenciarias, estén en la obligación de desplegar una serie de conductas necesarias e idóneas para garantizar el mayor nivel de resocialización posible de los reclusos(6).

Precisamente en relación con las funciones de la pena, en Colombia, el sistema penal contempla que esta son: “prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado”. Expresando particularmente que: “La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”(7).

En el informe final de la comisión asesora de política criminal de junio de 2012 se estableció que “el momento de ejecución de las penas privativas de la libertad debe estar orientado por un criterio de maximización de la resocialización de la persona condenada, o al menos de evitar que esta tenga un impacto desocializador. (…) El régimen penitenciario debe entonces ser compatible con la plena dignidad humana de las personas privadas de la libertad y debe garantizar las condiciones materiales que hagan posible su resocialización”(8).

A pesar de ello, desde 1998 se declaró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario por problemas estructurales entre los que se destacan el hacinamiento y las precarias condiciones de existencia(9).

Sin embargo, y en concordancia con los principios antes mencionados del sistema penal colombiano y los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha desarrollado algunas reglas específicas, clasificando en tres tipos los derechos amparados a las personas en centros penitenciarios:

“(i) aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los derechos políticos como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de estos: los derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es importante tener en cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”(10).

Hasta el momento, la jurisprudencia constitucional había desarrollado en el marco de las medidas de resocialización acciones relacionadas con actividades de los reclusos como el trabajo, el deporte y la educación al interior de centros penitenciarios(11). Respecto del régimen de visitas, la jurisprudencia de esta corporación ha hecho un desarrollo importante de criterios sobre la protección del derecho a la visita conyugal, calificándola como un derecho fundamental por conexidad por su relación directa con los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a los derechos sexuales y reproductivos(12).

Sin embargo, en el caso objeto de discusión en esta oportunidad, el problema jurídico a resolver va más allá de la garantía de un derecho en el marco de la detención y apunta al fortalecimiento del vínculo familiar como mecanismo de resocialización, a la vez que protege el derecho a la intimidad y vida familiar durante la detención misma. Al respecto ha establecido la jurisprudencia de esta corporación que:

“Existe para la Corte una especial relación entre las condiciones necesarias para mantener el contacto con la familia y los derechos a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a tener y conservar una familia de que son titulares las personas privadas de la libertad. Situación que cobra una especial dimensión una vez revisadas las características del sistema progresivo penitenciario, la función resocializadora de la pena, y los deberes de prestación que surgen para el Estado en el caso de las relaciones de especial sujeción”(13).

Lo cual fue reiterado por la Sentencia T-274 de 2008 en los siguientes términos:

“(…) [E]sta corporación ha entendido que las visitas a las personas que se encuentran privadas de su libertad, particularmente, las visitas íntimas o conyugales, constituyen un importante instrumento para garantizar la función resocializadora de la pena y la finalidad del tratamiento penitenciario(14). Así, en criterio de la Corte, el Estado ‘[D]ebe propender por la presencia de la familia en el proceso de resocialización del interno, la cual se relaciona con otros derechos fundamentales del recluso, dentro de los que se cuenta la posibilidad de mantener comunicación oral y escrita con las personas que se encuentran fuera del penal, así como conservar una vida sexual activa, lo que a la postre permitiría una reincorporación que genere un menor traumatismo al exconvicto’(15)”.

En la Sentencia T-265 de 2011 se resalta nuevamente la importancia del derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad, lo que implica que el Estado debe atender a justificaciones razonables y proporcionales para limitar su ejercicio. Sostiene esta corporación en la citada decisión, la cual se transcribe in extenso por su relevancia:

La Corte Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que la privación de la libertad implica la suspensión de algunos derechos, pero no la restricción de los demás(16). Por lo anterior, toda limitación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad debe ser proporcional a la finalidad de la medida privativa de la misma(17).

El derecho a la unidad familiar es parte de las garantías que son limitadas cuando una persona es privada de la libertad, pues por la misma restricción a tal derecho se reduce la posibilidad del interno de compartir con su núcleo familiar(18). Sin embargo, esta limitación debe evitar los sufrimientos innecesarios y los daños irreparables a los internos y a sus familias(19), pues no solamente excede las finalidades de la pena, sino que también impide la posterior reintegración a la sociedad de la persona privada de la libertad.

Un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana exige que las penas estén orientadas a la resocialización de los condenados(20), lo cual implica deberes positivos en cabeza del Estado tendientes a facilitar que el interno no pierda el contacto con la sociedad y con su familia.

Del mismo modo, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, hacen constantes referencias a la necesidad de contacto de la persona privada de la libertad con su familia: la regla 37 señala que ‘Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas’, la regla 60 establece que ‘cada establecimiento penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia’, mientras que la regla 79 consagra categóricamente: ‘Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando estas sean convenientes para ambas partes’.

En este sentido, el contacto con la familia es fundamental para la adecuada resocialización de los internos(21). Por este motivo, el sistema penitenciario y carcelario propende por la presencia de la familia en el proceso de resocialización del interno, permitiendo al recluso mantener comunicación oral y escrita con las personas que se encuentran fuera del penal, así como conservar una vida sexual activa, de forma tal que, al momento de recobrar la libertad, la reincorporación se dé en condiciones favorables para el mejor desarrollo de los fines de la familia y los derechos de cada uno de sus integrantes(22).

En consecuencia, toda limitación de la unidad familiar del interno debe ser proporcional y razonable(23) y estar acorde con los lineamientos del tratamiento penitenciario que tiendan a la reintegración de la persona privada de la libertad”(24).

En el mismo sentido, se pronunció el Tribunal Constitucional colombiano, al analizar la vulneración del derecho fundamental a la unidad de familia, el cual alegaban los accionantes se presentaba como consecuencia de la orden de traslado y la negativa de hacerlo, en el caso de personas que se encontraban privadas de la libertad en centros carcelarios ubicados a una distancia considerables de sus familias. Sostuvo la Corte en esa oportunidad:

“En orden a fortalecer las relaciones familiares y facilitar la integración del interno a su familia y a la sociedad también se encuentran dentro del Código Penitenciario y Carcelario las siguientes disposiciones: el artículo 151 sobre atención social; el artículo 153 acerca de la permanencia de los menores de dieciocho años en establecimientos de reclusión; el artículo 157 que se refiere al Voluntariado social; y el artículo 159 que establece el servicio pospenitenciario.

De lo anterior se colige, que la garantía de la unión familiar es un derecho de trascendental importancia para la resocialización del interno, y para su realización efectiva se erigen una serie de disposiciones legales en orden a proteger este importante derecho. Sin embargo, todas estas medidas encaminadas al afianzamiento de las relaciones familiares deben atender al acatamiento por parte del interno de las normas disciplinarias y de seguridad establecidas para el efecto.

(…)

En la Sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 2009, sobre la restricción del derecho a la unidad familiar se expuso que ‘la jurisprudencia constitucional señala que dentro de las restricciones legítimas de los derechos fundamentales que deben soportar los reclusos, se encuentra la de la unidad familiar, como consecuencia misma del aislamiento penitenciario’ y agregó ‘Sin embargo, a pesar de encontrarse limitada esta garantía, la misma no se suspende, y, por tanto, las restricciones deben ser acordes con los fines de la pena, especialmente con su carácter resocializador. En estos términos, la Corte ha ponderado el derecho de las autoridades carcelarias con el derecho de los reclusos de mantener sus vínculos familiares, por cuanto considera que la familia juega un papel preponderante en la reincorporación social del delincuente’(25) (subraya fuera de texto).

En definitiva, el derecho a la unidad familiar se encuentra limitado en su ejercicio pero no suspendido para las personas privadas de la libertad, y por regla general, la ley en consonancia con los postulados constitucionales protege y adopta una serie de medidas para que en efecto, el derecho a la unidad familiar sea real”(26).

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las visitas familiares de los reclusos constituyen un elemento esencial del derecho a la protección familiar, tanto de las personas que se encuentran privadas de la libertad, como de sus parientes(27). Al respecto ha sostenido que, “en razón de las circunstancias excepcionales que presenta el encarcelamiento, el Estado tiene la obligación de tomar medidas conducentes a garantizar efectivamente el derecho de mantener y desarrollar las relaciones familiares. Por lo tanto, la necesidad de cualquier medida que restrinja este derecho debe ajustarse a los requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento”(28).

En conclusión, considera la Sala en esta oportunidad, que la garantía de la visita familiar constituye en sí misma un derecho de los reclusos en conexidad con el derecho fundamental a la familia y a la intimidad. Adicionalmente, puede verse como un mecanismo de resocialización que debe ser procurado por el Estado como parte del desarrollo de los principios que infunden su política criminal y su sistema penal.

La garantía del derecho a la visita familiar es una herramienta para el fortalecimiento de su vínculo que tiene efectos no solo en la resocialización, sino también en la disciplina dentro de los centros penitenciarios.

5. La protección a la vida familiar en personas privadas de la libertad como herramienta de resocialización en el derecho internacional y derecho comparado.

El derecho a la intimidad, la vida familiar y la integridad personal encuentran una relación especial que hace de su protección un objeto ineludible en el marco de la situación de las personas privadas de la libertad. Los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos consagran el derecho a la vida privada y la vida familiar. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se consagran estos derechos en los artículos 17 y 23.2, en la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en los artículos 8º y 12 y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en sus artículos 11 y 17.

A continuación se expondrán diversas normas que desarrollan estos principios a través de recomendaciones e instrumentos internacionales, seguidos del desarrollo jurisprudencial en las cortes regionales de derechos humanos, finalmente, se expondrá su ejecución en el derecho comparado.

5.1. Reglas derivadas de instrumentos no vinculantes.

Hay instrumentos internacionales que pese a carecer de obligatoriedad jurídica, como sí la tienen los tratados ratificados por Colombia o fallos de cortes internacionales en donde se declara la responsabilidad del país, fungen como criterios hermenéuticas para el desarrollo de estándares y mecanismos de protección de los derechos humanos. Este tipo de instrumentos tienen un valor que no se determina en función de la obligatoriedad de los Estados sobre su cumplimiento, sino por su potencialidad para expandir los campos de protección de los derechos, y establecer mínimos que eventualmente llegarán a generar un efecto vinculante.

En tal sentido, si bien no es una obligación para el Estado aplicar todas las recomendaciones o instrumentos de esta categoría, por su propia naturaleza técnica y concertada entre actores del derecho internacional, aporta perspectivas que pueden enriquecer el deber de protección del Estado tanto como operador judicial, como creador de normas y ejecutor de política pública.

A continuación se presentan algunos instrumentos de este tipo mediante los cuales se han establecido reglas para el tratamiento de personas privadas de la libertad que ilustran parte de la práctica internacional al respecto:

5.1.1. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos

Las Naciones Unidas han establecido desde 1955 una serie de principios, reglas y observaciones sobre las condiciones de reclusión y las medidas para regular las condiciones de las personas privadas de la libertad y el propósito de resocialización que debe buscar la pena. Dentro de ellas se destacan los deberes de proveer ayuda para las relaciones sociales y ayuda postpenitenciaria, en los siguientes términos:

“79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando estas sean convenientes para ambas partes.

80. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social”(29).

Debe resaltarse que en este contexto no solo se hace referencia a la protección de la persona privada de la libertad, sino que se incluye como uno de sus principales intereses, el favorecimiento de una estructura familiar y su capacidad de contribuir a la readaptación social.

5.1.2. Reglas de Bangkok.

En 2011 con miras a la protección e igual trato de la mujer, la Organización de Naciones Unidas creó las Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), que en similar sentido al marco general establecido en 1955 establecen normas específicas sobre el contacto con el mundo exterior, enfatizando en la necesidad e importancia del contacto con familiares, con acceso equivalente al de los hombres a las visitas, alentando las visitas con sus hijos. Algunas de las reglas más específicas son las siguientes:

“Regla 26

Se alentará y facilitará por todos los medios razonables el contacto de las reclusas con sus familiares, incluidos sus hijos, y los tutores y representantes legales de sus hijos. Cuando sea posible, se adoptarán medidas para reducir los problemas de las mujeres que se hallen recluidas en instituciones lejanas de su hogar.

Regla 27

En caso de que se permitan las visitas conyugales, las reclusas tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos de sexo masculino.

Regla 28

Las visitas en que se lleve a niños se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos. De ser posible, se deberán alentar las visitas que permitan una permanencia prolongada con ellos”(30).

5.1.3. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las reglas penitenciarias europeas.

En el contexto regional Europeo, en 2006 el Consejo de Ministros emitió una recomendación que contenía principios básicos sobre las reglas de las prisiones en dicho continente, entre los cuales se puede destacar que la detención debe orientarse a la reintegración en la sociedad libre de las personas privadas de la libertad, y el régimen aplicable a las personas que han sido condenadas y que debe estar diseñado para permitirles llegar a una vida responsable y libre de acciones delictivas(31). Respecto de las visitas en particular, se estableció que deben permitir a los reclusos mantener y desarrollar relaciones familiares en la manera más normal posible(32).

Puede evidenciarse el motivo común de esos tres instrumentos internacionales con respecto a dos puntos en particular: (1) el interés por la búsqueda de la resocialización de las personas cumpliendo penas privativas de la libertad; y (2) la protección y fomento de los vínculos familiares como herramienta de reinserción en la sociedad, con miras al momento en el que los internos recuperen la libertad. Sin embargo, el alcance de estos principios no se agota en las recomendaciones de organismos supranacionales. A continuación se evidenciará el desarrollo de estos principios en los casos concretos, a través de la jurisprudencia regional en materia de derechos humanos.

Adicionalmente se puede evidenciar la práctica jurídica internacional respecto del especial deber de respeto y protección de las personas privadas de la libertad en materia de derechos humanos a través del desarrollo de criterios por parte de cortes internacionales.

5.2. Jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.

Con base en los deberes de protección y garantía de los Estados respecto de los derechos contenidos en las convenciones de derechos humanos, las cortes han hecho un desarrollo jurisprudencial importante en materia de condiciones carcelarias tanto en Europa como en Latinoamérica, que han tenido como consecuencia la modificación tanto de normas que regulan las condiciones de centros penitenciarios, como las condiciones de los accionantes ante dichas instancias.

5.2.1. Corte Europea de Derechos Humanos.

La línea jurisprudencial que ha desarrollado la Corte Europea de Derechos Humanos ha apuntado hacia la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, particularmente de aquellas medidas que tienden a la reintegración una vez se recupere la libertad.

Este sistema de protección de los derechos humanos ha conocido múltiples casos sobre la situación de las personas privadas de la libertad cumpliendo penas de prisión perpetua y condenas a muerte. En el marco de dichos escenarios, se encuentran decisiones del tribunal que propenden por la humanización de la manera como se cumplen las penas y el énfasis que se ha puesto en la resocialización como uno de los fines últimos del sistema penal.

En el caso Trosin vs. Ucrania el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo de manera unánime que es parte esencial del derecho a la vida familiar del recluso el mantener contacto con su familia cercana, aclarando que las medidas para la protección deben ser determinadas caso por caso(33).

Ello ha sido coherente con el apoyo a medidas de resocialización como permisos de libertad temporal para personas que estén terminando de cumplir su condena. En el caso Mastromatteo vs. Italia en el que una persona fue asesinada por alguien que estaba en ese permiso temporal y se generó un gran debate sobre la utilidad de dichas medidas como mecanismos de resocialización, la Corte Europea optó por una respuesta desde la dogmática penal que buscaba la protección de la sociedad y la resocialización del individuo, expresando que:

“Una de las funciones esenciales de una condena penal es proteger a la sociedad, por ejemplo al prevenir al criminal de reincidir y causar mayor daño. Al mismo tiempo la Corte reconoce el objetivo legítimo de una política de reintegración social progresiva de personas condenadas a pena de prisión. Desde esa perspectiva reconoce el mérito de las medidas —como la libertad temporal— que permiten la reintegración social de prisioneros aun cuando han sido procesados por crímenes violentos”(34).

En múltiples casos relacionados con las condiciones de detención de personas condenadas a cadena perpetua y pena de muerte ese tribunal consideró que hubo violaciones al derecho a la vida familiar debido a las restricciones en frecuencia, duración y acompañamiento institucional en las visitas de familiares que limitaba la posibilidad de contacto cercano con los familiares(35). Las eventuales limitaciones a los derechos de visita debían corresponder a medidas consagradas en la ley con un objetivo legítimo en una sociedad democrática(36).

El aporte del sistema europeo de derechos humanos puede evidenciarse en los múltiples casos resueltos sobre las condiciones de reclusos cumpliendo cadenas perpetuas o condenados a la pena de muerte. Sin embargo, el avance en la política criminal, a través de la búsqueda de la reintegración y el interés superior de la población, para protegerla de nuevos hechos delictivos se han incorporado como elementos rectores de la protección de las personas privadas de la libertad.

El deber de resocialización se ha convertido no solo en un mecanismo para lograr el bienestar de quien busca recuperar su libertad tras cumplir una condena penal, sino para proteger a la sociedad de la reincidencia en el delito. A través del fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios se busca la normalización de las relaciones interpersonales, que preparen para la recuperación de la libertad.

5.2.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El desarrollo de la jurisprudencia en el sistema interamericano de derechos humanos ha tenido un perfil radicalmente distinto del europeo, principalmente por la escasez de medidas como la pena de muerte o la prisión perpetua en los casos ante la Corte Interamericana.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de detención se ha concentrado en el desarrollo de criterios para identificar la detención arbitraria, y la protección de las condiciones de reclusión en centros carcelarios. La práctica jurisprudencial del organismo se ha concentrado en alertar a los Estados sobre las violaciones a los derechos humanos que se generan como consecuencia de la precariedad de los sistemas penitenciarios, reflejada en las difíciles condiciones de las personas que cumplen sus condenas en diversos países de la región.

En cuanto a la visita familiar, la jurisprudencia de la Corte IDH se ha enfocado en enlistarla como una de las garantías para el trato digno de las personas cumpliendo condenas penales. En múltiples casos el tribunal regional ha hecho hincapié en aquellos tratos que se consideran crueles, inhumanos y degradantes, dentro de los que se incluyen aspectos relacionados con las condiciones físicas de detención como el aislamiento, la ausencia de luz o ventilación y otros aspectos en cuanto al contacto con el exterior como el régimen de visitas y la comunicación.

En los casos Tibi vs. Ecuador,(37) Fermín Ramírez vs. Guatemala,(38) Cantoral Benavides vs. Perú,(39) Loayza Tamayo vs. Perú,(40) Lori Berenson vs. Perú,(41) Raxcacó Reyes vs. Guatemala la Corte ha mantenido su postura frente a las condiciones de detención, expresando que:

“[L]a incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, [...] las restricciones al régimen de visitas [...], constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana” (negrilla fuera del texto original).

Aun cuando la jurisprudencia interamericana no ha tenido ocasión de tratar temas de fondo sobre la estructura de los sistemas penales en la región, ha reconocido la importancia del derecho a la familia como el “elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”(42), en contextos diversos en que se ha dado fractura de la estructura familiar que impide un desarrollo de los hijos junto a sus padres(43).

5.3. La visita familiar en el derecho comparado.

En diversos países se ha desarrollado el fortalecimiento de vínculos familiares buscando la resocialización a través de visitas familiares extendidas y hasta la posibilidad de visitas de fin de semana a sus respectivos hogares por parte de las personas privadas de la libertad.

5.3.1. Alemania.

En Alemania se ha destacado la relación entre las conexiones familiares y comunitarias fuertes en procesos exitosos de reintegración, dentro de las medidas se destaca la posibilidad de visitas extendidas a sus hogares o el inicio de búsqueda de empleo cuando está por cumplirse la condena. El valor de estas medidas ha sido reconocido incluso a través de decisiones de la Corte Constitucional alemana como mecanismos de resocialización y reintegración(44).

En el mismo sentido, en 2006 dicho tribunal declaró inconstitucional la detención preventiva por considerar que:

“La detención preventiva solo es justificable si la legislatura, en el diseño de ella, tenga debidamente en cuenta el carácter especial de la invasión que constituye y asegura que se eviten nuevas cargas más allá de la privación de la libertad "externa". Ello debe ser tenido en cuenta bajo una ejecución de la pena orientada a la libertad que hace que el carácter meramente preventivo de la medida plano para el detenido de manera preventiva y para el público general. La privación de la libertad debe estar diseñada de tal manera que el prospecto de recuperar la libertad determine visiblemente la práctica del confinamiento.

(…)

El precepto de la resocialización, que está basado en la imagen de la Ley Fundamental (Constitución Alemana) de una persona capaz de auto determinarse, aplica igualmente para la ejecución de la una sentencia de prisión y la ejecución de una detención preventiva”(45).

En la ley sobre prisiones se ha concedido el derecho a los reclusos de recibir visitas al menos una vez al mes por un tiempo mínimo de 4 horas, promoviendo que sean incluso más horas si tienen un efecto en la reintegración(46).

El Código Penal Alemán de 1977 establece como objetivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad que “al cumplir su sentencia de prisión el recluso podrá en el futuro llegar a una vida en responsabilidad social sin cometer ofensas criminales (objetivo del tratamiento). La ejecución de la pena de prisión también servirá para proteger el público en general de mayores ofensas criminales”(47). En cuanto al régimen carcelario se establece que:

“1. La vida en los centros penitenciarios debe aproximarse de la mayor manera posible a las condiciones generales de vida.

2. (…)

3. El encarcelamiento deberá estar diseñado para ayudar al recluso a reintegrarse a la vida en libertad”(48).

Se garantiza el derecho a las visitas estableciendo que:

“[D]eben ser permitidas si promueven el tratamiento o integración del recluso, o si sirven para el manejo de asuntos personales, legales o comerciales que no pueden ser manejados por el recluso por escrito, resuelto por un tercero, o aplazado hasta el momento de la liberación del recluso”(49).

5.3.2. Canadá: Private Family Visiting. 

En el ordenamiento jurídico canadiense mediante directiva del Comisionado del Servicio Correccional de Canadá se ha regulado la visita privada familiar con el propósito de desarrollar y mantener los lazos con su comunidad y su familia, para lograr los objetivos del plan de corrección y facilitar la adecuada reintegración que contribuya a la protección de la sociedad. Están diseñadas para darse cada 120 días por términos de hasta 72 horas(50).

5.3.3. Dinamarca y Suecia.

En estos dos países, existe un derecho a visita de 1 o 2 horas cada dos semanas con el fin de lograr la resocialización y tener una interacción en la comunidad en la mayor medida posible. Hay evidencia de la práctica de estos dos países desde 1972 sobre visitas conyugales y permisos para visitas de los reclusos, incluso por parte de familiares que estuviesen bajo medidas de libertad condicional. Adicionalmente, el régimen permite que se concedan a los internos permisos de 8 horas para ir a su hogar a visitar a su familia y regresar(51).

5.3.4. Estados Unidos.

En los Estados Unidos inicialmente se concedía el derecho a la visita conyugal a los reclusos en seis Estados como motivación para la buena conducta. Recientemente, se ha cambiado el propósito de este beneficio, e incluso su denominación a visitas familiares extendidas, que tienen como objeto principal contribuir a la resocialización a través de la preservación de la unidad familiar. Aun cuando no hay una regulación legal de las visitas, estos beneficios han sido desarrollados por vía de directivas del Departamento de Corrección.

En el Estado de Washington se ha creado una política para la regulación de la visita familiar extendida en determinados reclusos con el objeto de “(…) apoyar la construcción de relaciones importantes para la resocialización de los agresores y proveer un incentivo para aquellos cumpliendo condenas largas para que tengan buenas decisiones de comportamiento, en consecuencia reduciendo las infracciones violentas. El departamento reconoce el impacto positivo del contacto entre agresores y sus familias para la resocialización”.

La visita familiar extendida está definida como una visita prolongada en un área segura designada, separada de la población de reclusos. Los principales requisitos de acceso para estas visitas son:

1. Cumplimiento de requisitos, especialmente disciplinarios y el no estar sujeto a requerimientos de reclusión en alta seguridad.

2. Los hijos menores de edad deben participar acompañados de un adulto miembro de su familia autorizado o del Departamento del Niño.

3. El cónyuge del recluso, el guardián legal de su hijo o los padres deben participar.

Se ha permitido también la participación de otros miembros del grupo familiar como hermanos, abuelos y nietos. Se ha expresado que este tipo de visitas es un programa diferente al de las visitas conyugales pues busca promover el acompañamiento de padres a sus hijos.

En el marco de los requisitos de los visitantes se encuentra la prohibición de víctimas del recluso, personas bajo supervisión criminal como en libertad condicional, ni reclusos de otros centros penitenciarios hasta un año después de cumplida su condena. Adicionalmente se prohíbe que dos reclusos participen en la misma visita o que se combinen entre hermanos, padres o hijos. Estas visitas se pueden presentar cada 90 días.

5.4. Estudios científicos sobre el impacto de las relaciones familiares en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

A pesar de la evidencia en los esquemas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, y las regulaciones penales sobre la importancia de medidas como la visita familiar en el cumplimiento de los objetivos del sistema penal, no solo la ciencia jurídica se ha ocupado del estudio del impacto del contacto familiar como herramienta para la resocialización de las personas privadas de la libertad. Estudios científicos enmarcados en otras disciplinas sobre la reforma en prisión, han encontrado que las personas privadas de la libertad que aprenden como reparar y mantener sus relaciones familiares tienen índices bajos de reincidencia y menos problemas disciplinarios en los centros donde se encuentran recluidos(52). Incluso, se ha demostrado que los reclusos con vínculos familiares fuertes son menos propensos a aceptar normas y patrones de conducta que intentan imponer criminales más crueles en las cárceles.

La psicología ha planteado la posibilidad de realizar acompañamiento profesional a los reclusos en temas de protección de la familia, que han arrojado resultados muy favorables. Algunos de ellos han indicado que:

“Las mejoras encontradas en los campos de funcionamiento individual, familiar y parental sugieren que el impacto de la educación en relaciones (interpersonales) en las cárceles se extiende más allá de las relaciones de pareja y contribuye a una mejor calidad de vida en general sobre los reclusos y sus familias”(53).

Desde la sociología se ha estudiado también en el proceso de transición entre la prisión y la comunidad un grupo de factores que condicionan la efectividad del proceso de transición, que han llevado a la implementación de programas como educación parental, terapia de pareja y acompañamiento psicológico. En ese contexto se ha determinado que los lazos familiares fuertes durante el periodo de detención llevan a mejores resultados en la etapa de regreso a la vida en comunidad al readquirir la libertad y deben ser fomentadas las acciones encaminadas a la unión del grupo familiar(54).

La educación para mejorar y fortalecer el contacto familiar es una herramienta para lograr la rehabilitación y el cambio en esquemas disfuncionales(55). Incluso se han hecho programas de educación familiar en el marco de las cárceles para preparar a los reclusos y sus familias para procesos de reintegración que estadísticamente han resultado exitosos(56).

Múltiples estudios realizados en el siglo XX demostraron una correlación entre la separación con ocasión de la detención en un centro penitenciario con los resultados en las relaciones maritales, que inhiben la participación de las personas detenidas en las dinámicas familiares e incluso generan afectación en la capacidad de interactuar con otros miembros de su familia. Al respecto se ha sugerido especial atención al efecto de la separación marital en el desarrollo de las habilidades y relaciones entre padres e hijos como consecuencia de la separación(57).

De tal manera que se puede establecer un patrón común en los resultados científicos derivados de estudios realizados con población privada de la libertad, que refuerzan la importancia de la estructura familiar como mecanismo de resocialización y que prepara al interno para el regreso a la vida en comunidad.

6. Análisis del caso concreto.

El señor Román Enrique Urrutia elevó derecho de petición el 20 de octubre de 2014 ante el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, en el cual solicitaba que les permitiera tener a todos aquellos que tienen a sus parejas privadas de la libertad en el mismo centro, una visita de cuatro (4) horas una vez por mes, divididas de la siguiente forma: una hora de conyugal y tres (3) horas para compartir con su pareja en el patio de visitas, con el ánimo de fortalecer sus lazos familiares de afecto, cariño y comprensión.

El 27 de octubre de 2014, el subdirector encargado del Bloque II Cojam dio respuesta al derecho de petición presentado por el señor Urrutia, de forma sucinta en los siguientes términos: “Con el ánimo de brindar respuesta a lo de la referencia, me permito (sic) informarle que ustedes gozan es de visita conyugal como se encuentra estipulado y no visita familiar, por ello se les concede una hora para esta”.

Mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2014, el señor Román Enrique Urrutia presentó acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales vulnerados y amenazados por el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, alegando que los internos normalmente les llegan dos visitas en el mes: una visita conyugal en la que tienen tres horas para compartir con sus esposas o compañeras permanentes y una hora de intimidad, y una visita familiar en la que pueden compartir cuatro horas con sus familiares y amigos. En contraste, sostiene que “[e]n el caso concreto de las visitas conyugales de los y las personas que nos encontramos privados de la libertad ambos, tanto el hombre como la mujer nos encontramos purgando condena en el complejo penitenciario Jamundi valle (sic), solo nos permiten en el mes una hora de visita conyugal, nuestras esposas, o compañeras sentimentales, la guardia las traen a la carrera de la cárcel de mujeres que queda frente a la cárcel de hombres”.

Por lo anterior, el accionante solicita, que en aras de garantizar su derecho a la igualdad y a la protección de la familia, que el juez constitucional ordene “(…) a las autoridades penitenciarias del complejo penitenciario (sic) Jamundi valle, concedernos a los internos y internas (sic) que somos parejas y que nos encontramos ambas privadas de la libertad cuatro horas de visitas en el mes una vez”, que comprendan un espacio para visita conyugal (una hora) y otro para visita familiar.

A la luz de los hechos planteados, le corresponderá a la Sala entrar a establecer en sede de revisión si el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, vulneró los derechos fundamentales de un interno al que, teniendo a su esposa o compañera permanente también recluida en la sección femenina de la misma penitenciaría, les permite una hora de visita conyugal al mes pero les niega la posibilidad de gozar de la visita familiar, que si le brinda, en circunstancias normales, a los internos que no tienen a sus parejas también privadas de la libertad.

Para dar respuesta al problema jurídico planteado por el accionante, es necesario distinguir entre las visitas familiares y las visitas íntimas o conyugales. Las diferencias entre las dos se encuentran expuestas, como se identificó en el acápite correspondiente de las consideraciones (ver numeral 3º), en el reglamento del régimen interno del complejo carcelario y penitenciario accionado. De acuerdo con la disposición pertinente del artículo 37 de dicho reglamento: “Los(as) internos(as) podrán recibir visitas cada quince (15) días, correspondiendo una quincena a visita familiar (con ingreso de niños menores) y la otra para visita íntima, en ningún caso se autoriza visita familiar e íntima en forma simultanea para el mismo interno(a) (…)”.

De lo anterior se desprenden tres conclusiones necesarias para dar respuesta al caso concreto: (i) que efectivamente en el centro penitenciario accionado existen dos modalidades de visitas, la familiar y la íntima. (ii) que los internos pueden gozar de las dos, una cada quince días y (iii) que en ningún caso se pueden presentar los dos tipos de visita de forma simultánea.

Ahora bien, en cuento a la normatividad que regula la situación de esposos o compañeros permanentes, que se encuentran los dos privados de la libertad, ni el código penitenciario y carcelario (L. 65/93), ni el reglamento general (Ac. 11/95), ni el reglamento de régimen interno de EPC-Cojam – Jamundí, establecen una regulación especial para el goce del derecho a las visitas familiares en el marco de esas condiciones particulares (los dos esposos o compañeros privados de la libertad).

Por el contrario, el reglamento general desarrollado a través del Acuerdo 11 de 1995, sí contempla en su artículo 30 el ejercicio del derecho a las visitas íntimas, cuando se trata de un interno que tenga a su cónyuge o compañero permanente privado de la libertad en otro centro de reclusión. Al respecto establece la norma citada: “En caso de que la visita íntima requiera de traslado de un interno a otro centro de reclusión donde se encuentre su cónyuge o compañero(a), se hará constar este permiso que concede la autoridad judicial” o el director regional, según se trate de una persona condenada o sindicada.

Encuentra la Sala que la interpretación realizada por las autoridades del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, considerando que en el escenario en que ambos esposos se encuentren privados de la libertad, solo tienen derecho a la visita íntima y no a la visita familiar, vulnera el derecho a la igualdad de los internos que tienen a su esposa o compañera permanente en otro centro de reclusión, o incluso, como en el caso del accionante, en la sección femenina del mismo centro. No aprecia la Sala ninguna justificación que lleve al tratamiento desigual de internos en las mismas circunstancias del tutelante, lo que permite concluir que se trata de una medida desproporcional y en ese sentido contraria al principio de igualdad.

En segundo lugar, y teniendo como fundamento el análisis realizado en las consideraciones de esta sentencia, es preciso establecer que la garantía de la visita familiar constituye, como ha sido reconocido que lo es la visita íntima, un derecho de las personas privadas de la libertad que actúa en directa conexidad con la protección de la familia y a la intimidad.

Finalmente, encuentra la Sala que el permitir a dos internos ejercer su derecho a la visita familiar entre ellos, así como con sus familiares y amigos que gozan de plena libertad, contribuye a la resocialización de ellos, a la disciplina al interior de los Centros penitenciarios, y a la posibilidad de evitar una vez se reintegren a la cotidianidad del mundo exterior vuelvan a delinquir. Como ha sido reconocido por la jurisprudencia de esta corporación:

“Para la Corte, la importancia que reviste la presencia activa de la familia durante el periodo en que se prolonga la privación de la libertad de las personas condenadas es indudable. Sobradas razones de índole jurídica (la familia es el núcleo básico de la sociedad), psíquica (importancia anímica de la vigencia de los lazos de solidaridad) y afectiva (satisfacción de necesidades sexuales y afectivas esenciales) así lo indican. La veracidad de esta premisa se refuerza con el argumento normativo que se desprende del sistema progresivo penitenciario, que cuenta entre sus presupuestos el de la presencia activa de la familia en el proceso de resocialización del interno (L. 65/93, art. 143)”.

Con base en lo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que al negarle la posibilidad a un interno(a) de gozar su derecho a la visita familiar, bajo el argumento de que su esposo(a) o compañero(a) permanente se encuentra también privado de la libertad, desconoce sus derechos a la igualdad, a la protección a la familia y a la intimidad.

Siendo conscientes que como lo ha manifestado en su jurisprudencia la Corte Constitucional, el derecho a la unidad familiar de los internos no se encuentra suspendido aunque sí limitado(58), para ejercer su derecho a la visita familiar se deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones:

1. La visita familiar entre internos, solo se permite entre cónyuges o compañeros permanentes, o personas en primer grado de consanguinidad o afinidad, calidad que, de conformidad con lo establecido por el numeral 4º del artículo 30 del Acuerdo 11 de 1995, debe ser verificada por el director del establecimiento. Se entiende que el accionante cumple con este requisito, toda vez que tanto en el derecho de petición como en la acción de tutela se refiere a su esposa y ese hecho no fue desmentido por las autoridades del penal teniendo la oportunidad para haberlo hecho.

2. La visita familiar deberá ser solicitada de forma expresa ante el director de complejo carcelario por los dos cónyuges o compañeros permanentes.

3. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de régimen interno del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, en el inciso tercero de su artículo 37, en ningún caso se autoriza visita familiar e íntima en forma simultanea para el mismo interno(a); así mismo lo dispone el artículo 112A del Código Penitenciario y Carcelario.

4. El director del complejo carcelario y penitenciario procurará siempre el bienestar del interno, lo que implica poner todos los medios a su alcance para que los internos que sean cónyuges o compañeros pertinentes puedan gozar de su derecho a la visita familiar. Esto sin perjuicio de las restricciones que se puedan presentar y que han sido consideradas en la Ley 65 de 1993, el Acuerdo 11 de 1995 y el reglamento de régimen interno del establecimiento accionado (v. gr. razones de seguridad).

5. Las condiciones de lugar, turno y horario de la visita familiar entre internos que sean cónyuges o compañeros permanentes, serán las correspondientes a las visitas generales reguladas en el artículo 38 del reglamento de régimen interno del complejo carcelario y penitenciario accionado.

Las subreglas establecidas por la Corte en esta oportunidad, implican que la Sala no podrá acceder a la solicitud del accionante de reconocerle cuatro (4) horas de visita una vez al mes, divididas en una hora de visita conyugal y tres (3) horas de visita familiar en patio. Lo anterior, en virtud de la tercera disposición que hace referencia a la prohibición de que la visita familiar y la íntima se lleven a cabo de forma simultánea.

No obstante lo anterior, con el fin de garantizar los derechos del accionante, la Sala le permitirá gozar, como lo hacen los demás internos, la posibilidad de recibir visitas de su cónyuge o compañero permanente también privado de la libertad, cada quince (15) días, correspondiendo una quincena a visita familiar y la otra a la visita íntima.

Con base en los argumentos antes planteados, la Sala de Revisión encuentra que la decisión del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí de negar el goce del derecho a la visita familiar, a internos que siendo cónyuges o compañeros permanentes se encuentran ambos privados de la libertad, bajo el argumento de que ellos solo tienen derecho a la visita íntima, constituye una vulneración a la igualdad, al derecho a la protección de la familia y a la intimidad del señor Román Enrique Urrutia.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a revocar la decisión adoptada el 3 de diciembre de 2014 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, en la cual se resolvió negar la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Román Enrique Urrutia. En su lugar concederá el amparo de sus derechos a la igualdad, a la protección a la familia y a la intimidad.

Como consecuencia de lo anterior, ordenará al establecimiento accionado, que permita al señor Urrutia, gozar de su derecho a la visita familiar con su esposa o compañera permanente, quien también se encuentra recluida en el mismo complejo penitenciario, siguiendo los lineamientos establecidos en la parte motiva de esta Sentencia.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión adoptada el 3 de diciembre de 2014 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, en la cual se resolvió NEGAR la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Román Enrique Urrutia. En su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos a la igualdad, a la protección a la familia y a la intimidad.

2. ORDENAR al director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, teniente coronel Carlos Alberto Monroy Guevara, o quien haga sus veces, que garantice y propicie al señor Román Enrique Urrutia, la realización de su derecho a la visita familiar con su esposa o compañera permanente, quien también se encuentra recluida en el mismo complejo penitenciario, siguiendo los lineamientos establecidos en la parte motiva de esta sentencia.

3. PREVENIR a las autoridades del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – EPC-Cojam – Jamundí, sobre la imposibilidad de limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los reclusos, imponiendo criterios sospechosos de discriminación como el aplicado en este caso.

4. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Alberto Rojas RíosMyriam Ávila Roldán, (E) con aclaración de voto—María Victoria Calle Correa.

Martha Victoria Sáchica Méndez, secretaria general.

(1) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1190 de 2003.

(2) Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C Nº 218, párr. 98; Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140, párr. 111; Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C Nº 205, párr. 243.

(3) ONU, Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/10/21, adoptado el 16 de febrero de 2009, Cap. III: Consideraciones temáticas, párr. 46.

(4) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31 diciembre 2011. Párr. 48 a 50. En el mismo sentido se pronunció recientemente la Corte IDH en el caso Díaz Peña vs. Venezuela, sentencia de 26 de junio de 2012: “Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia”.

(5) A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado esa humanización del sistema penal, en particular haciendo referencia a las personas privadas de la libertad como el Principio, universalmente reconocido, del trato humano, a la luz del cual las personas privadas de la libertad tienen derecho a un trato humano mientras se encuentren bajo custodia del Estado.

(6) Sentencia T-1190 de 2003.

(7) Código Penal. Ley 599 de 2000. Artículos 4º y 5º.

(8) Comisión Asesora de Política Criminal. Informe final: Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Junio de 2012. Párr. 27. Pág. 22.

(9) Sentencia T-153 de 1998.

(10) Sentencia T-815 de 2013.

(11) Ver Sentencia T-266 de 2013.

(12) Sentencia T-474 de 2012.

(13) Sentencia T-1190 de 2003. Este punto fue reiterado por la Sentencia T-894 de 2007 y T-274 de 2008, en los siguientes términos: “

(14) Al respecto, se pueden consultar las sentencias: T-566 de 2007, T-537 de 2007, T-599 de 2006, T-1204 de 2003, T-605 de 1997, T-277 de 1994, T-222 de 1993.

(15) Sentencia T-894 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas.

(16) T-966 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-851 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-566 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-479 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-461 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(17) Sentencia T-966 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-851 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(18) Cfr. Sentencia T-1096 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(19) Sentencia T-566 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(20) Sentencias de la Corte Constitucional: C-144 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-839 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-806 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1303 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Treviño.

(21) Sentencia T-566 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-894 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(22) Sentencia T- 537 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En similar sentido, T-599 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(23) Sentencia T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

(24) Sentencia T-566 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(25) Sentencia T-844 de 2009.

(26) Sentencia T-374 de 2011.

(27) Ver CIDH, Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31 diciembre 2011. Párr. 576.

(28) CIDH, Informe 67/06, Caso 12.476, Fondo, Oscar Elías Biscet y otros, Cuba, 21 de octubre de 2006, párr. 237; CIDH, Informe 38/96, Caso 10.506, Fondo, X y Y, Argentina, 15 de octubre de 1996, párr. 97 y 98. Referenciadas en: CIDH, Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31 diciembre 2011. Párrs. 576 y ss.

(29) Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

(30) Asamblea General de Naciones Unidas. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). A/RES/65/229.

(31) Consejo de Ministros de Europa. Recomendación Rec (2006)2 sobre Reglas de Prisiones Europeas. Adoptado por el Comité de Ministros el 11 de enero de 2006. Principios 6 y 10.2.

(32) Ibid. Principio 24.4.

(33) TEDH. Trosin vs. Ucrania. App. 39758/05. 23 de febrero de 2012.

(34) TEDH. Mastromatteo vs. Italia. Sala Plena. App. 37703/97, 2002.

(35) TEDH. Poltoratskiy vs. Ucrania. Sección Cuarta. App. 38812/97. Ucrania. 29 de abril de 2003.

(36) TEDH. Kuznetsov vs. Ucrania. Sección Cuarta. App. 39042/97. 29 de abril de 2003.

(37) Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C Nº 114. Párr. 150.

(38) Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C Nº 126. Párr. 118.

(39) Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C Nº 69. Párr. 89.

(40) Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C Nº 33. Párr. 58.

(41) Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C Nº 119. Párr. 102. Ver también Corte IDH. Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C Nº 123. Párr. 96.

(42) Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C Nº 248.Para. 225.

(43) Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211. Para. 116.
Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17 para. 66.

(44) Véase Frieder Dünkel, “German Prison Law and Human Rights”; Frieder Dünkel and Dieter Rossner, “Germany,” in Imprisonment Today and Tomorrow (2001), edited by Dirk van Zyl Smit and Frieder Dünkel, 288-350. 59 Dirk van Zyl Smit and Sonja Snacken, Principles of European Prison Law and Policy, 78.

(45) Corte Constitucional de Alemania. Sentencia de 4 de mayo de 2011. 2 BvR 2365/09.

(46) Congreso de la República Federal de Alemania. Ley concerniente a la ejecución de penas de prisión. Medidas de rehabilitación y prevención que involucran privación de la libertad. Marzo de 1976.

(47) Código Penal Alemán, 16 de marzo de 1976. (Gaceta de la Ley Federal. Parte I p. 581, 2088) Art. 2º.

(48) Ibíd. Art. 3º.

(49) Ibíd. 24.

(50) Comisionado del Servicio Correccional de Canadá. Directiva 559 de 13 de junio de 2012.

(51) David A. Ward, Inmate Rights and Prison Reform in Sweden and Denmark, 63 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. 240 (1972).
Ver también Penal and Penitenciary Foundation. Prison policy, prison regime and Prisoner’s rights in Denmark.
John Pratt. Scandinavian Exceptionalism in an era of penal excess. BRIT. J. CRIMINOL. (2008) 48, 119 – 137.

(52) Berg, N.T., & Huebner, B.N. Reentry and the ties that biend: An examination of social ties, employment and recidivism. Justice Quarterly, (2011) 28 (2), 382-410.
Houser, J. Grossman, J. & Macdonald, D. Impact of family reunion program on institutional discipline. Journal of Offender Counseling Services Rehabilitation, 8 (27-36). (1984).
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Luab, J.H., & Sampson, R.J. Turning points in the life course: Why change matters in the study of crime. Criminology, 31 (3), 301-325. (1993).
Visher, C.A., & Travis, J. Transitions from prison to community: Understanding individual pathways. Annual Review of Sociology, 29 (1), 89-113. (2003).

(53) Kate Taylor Harcourt, Francesca Adler-Baeder. Documenting Program Outcomes of Relationship Education with Incarcerated Adults. Journal of Human Sciences and Extensions. Vol. 3. Nº 1, 2015. P. 110-124.

(54) Hristy A. Visher and Jeremy Travis. Transitions from Prisons to Community: Understanding individual pathways. Annual Review of Sociology. 2003. 29:89- 113.

(55) Daniel J. Bayse, Scott M. Allgood, Paul H. Van Wyk. Family Life Education: An Effective Tool for Prisoner Rehabilitation. Family Relations. Vol. 40, No. 3. (Jul., 1991).

(56) Joshua C. Cochran. The ties that bind or the ties that break: Examining the relationship between visitation and prisoner misconduct. Journal of Criminal Justice. 40 (2012)433-440.

(57) Michael Massoglia, Brianna Remster, Ryan D. King. Stigma or separation? Understanding the Incarceration-Divorce relationship. Social Forces. Vol. 90. No. 1, Sept. 2011. pp. 133-155.

(58) Ver Sentencia T-374 de 2011.