Sentencia T-380 de agosto 31 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

A ENTIDADES QUE TAMBIÉN PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «El derecho a la educación previsto en el artículo 67 de la C.P., es de aquellos conocidos como derechos de prestación o asistenciales, los cuales implican una obligación de hacer por parte de las autoridades públicas.

Reconocido constitucionalmente el derecho de toda persona a educarse, el Estado adquiere el compromiso de desarrollar actividades regulares y continuas para satisfacer la necesidad pública de educación. Por ello, el constituyente definió la educación como servicio público, esto es, como un medio de gestión del interés colectivo.

La responsabilidad de la educación corresponde, según lo establece la Carta, no sólo a la familia y a la sociedad, sino adicionalmente, al Estado, entre cuyos fines esenciales —artículo 2º C.N.— están los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Por su función social, la actividad educativa no puede sustraerse a la supervisión y al cuidado de la autoridad pública, que está al servicio de la prevalencia del interés general. Así, el Estado debe ejercer la tutela de la educación para que ésta cumpla sus altos fines humanos y sociales.

La inspección y vigilancia del Estado sobre la educación tiene, con arreglo a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 67, como uno de sus principales objetivos, el de garantizar el adecuado cumplimiento del servicio público de educación.

La prestación del servicio de educación se convierte en una violación al derecho fundamental mencionado, sólo en aquellos casos en los cuales los educandos se encuentren en una situación tal que la finalidad propia del servicio quede por completo insatisfecha, esto es, cuando “el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura” (art. 67 C.P.) resulte ajeno a la actividad que se realice.

En aquellos casos en los cuales la deficiencia en la prestación del servicio no llega hasta el punto de anular la prestación misma y en los que las fallas pueden ser explicadas de manera razonable como una manifestación de la escasez de recursos propia de la situación económica específica del país, no es posible establecer la violación de un derecho fundamental. Pero en cambio, cuando no se da, o se hace en forma deficiente e irregular la prestación del servicio por un acto u omisión de la autoridad pública, a cuyo cargo está su prestación, deben adoptarse las medidas correspondientes en orden a hacer efectiva la protección del derecho, especialmente si del que se trata tiene carácter de fundamental, como lo es la educación.

Se busca a través de los servicios públicos satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua. Son además, el medio por el cual el Estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales. La razón de ser de los poderes constituidos es el servicio a la comunidad, la satisfacción de sus necesidades y la protección de los derechos individuales de sus miembros.

En este sentido los servicios públicos deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines esenciales del Estado, a la justicia social y a promover la igualdad en forma real y efectiva.

Habiéndose dado al Estado colombiano por parte del constituyente de 1991 un carácter social, se hace indispensable que éste acometa acciones positivas en favor de la comunidad. En este contexto, la prestación de los servicios públicos para asegurar en forma igualitaria y sin interrupción el cumplimiento de actividades encaminadas a la realización de derechos fundamentales de los individuos que hacen parte de la comunidad, es una de las actuaciones positivas a las que está obligado el Estado colombiano. El carácter solidario de los servicios públicos se suma a la necesidad de que estos sean prestados ininterrumpidamente: es decir, que los inconvenientes particulares no tengan como efecto la suspensión en la prestación del servicio.

Por su parte, el artículo 366 de la Carta establece que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.

El Estado social de derecho exige del legislador y del gobierno atención preferencial para la satisfacción de las demandas de la población enderezadas a hacer efectivo el derecho a la educación. Los planes de desarrollo y el presupuesto deben contemplar la permanente ampliación de las oportunidades reales para que un mayor número de personas puedan gozar y ejercer los derechos que la Constitución proclama.

Y es que el Gobierno Nacional no puede desconocer el mandato constitucional que le impone la obligación de atender de manera eficiente, pronta y cumplida la prestación de los servicios públicos, que son inherentes al Estado. En este sentido lo ha entendido el Jefe del Ejecutivo, al anunciar dentro de sus objetivos fundamentales una política social en la que se dé prioridad al gasto público social, donde la solución de las necesidades básicas insatisfechas es más que un proyecto, una realidad.

Por ello es fundamental que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, adopten de manera prioritaria las medidas del caso para que en los proyectos de presupuesto para la vigencia fiscal de 1995, se incluyan partidas suficientes en orden a que los colegios e instituciones de educación públicos u oficiales puedan atender la cancelación de los servicios públicos a su cargo, con lo que se da plena efectividad y garantía a lo dispuesto en el artículo 366 constitucional.

Considera la Sala que el servicio público de energía se caracteriza por la continuidad en su prestación, razón por la cual no puede interrumpirse ese servicio cuando se suministre por una entidad oficial a otra del mismo carácter, y cuando además de ello su interrupción genera la afectación o vulneración de un derecho fundamental, considerado como tal por la Corte Constitucional, como lo es el de la educación.

No es concebible que entre entidades del Estado no pueda existir una colaboración inter-institucional, para los efectos de cumplir con el mandato según el cual el Estado debe mantener con carácter permanente “la regulación, el control y la vigilancia de estos servicios”. Por ello, tratándose de entidades estatales —la Elec-trificadora de Boyacá y el Colegio Nacionalizado Enrique Olaya Herrera—, no es factible la suspensión del servicio de educación, pues tanto éste como el que presta aquélla, son inherentes a la finalidad social del Estado, lo cual no las exime de su responsabilidad legal de cumplir con las obligaciones que de él se deriven.

Entre dos entidades del Estado, cuya misión es la prestación del servicio público —por un lado el de la educación y por el otro el de la energía eléctrica que se suministra al establecimiento educativo—, no puede interrumpirse sobre la base de que exista el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que le corresponde asumir a la otra entidad, afectándose gravemente la prestación del servicio público a la educación.

Por ello, considera la Sala que entre dos entidades oficiales, no puede invocar una —la Electrificadora de Boyacá— que la otra —Colegio Nacionalizado Enrique Olaya Herrera— es negligente en el pago del servicio público de energía para los efectos de paralizar la prestación eficiente del servicio público a la educación, y con mayor razón cuando se trata o está de por medio la labor docente en tratándose de adolescentes que tienen derecho a la protección y formación integral consagrada en forma diáfana en el artículo 45 de la Carta Política, sin limitación alguna.

No puede olvidarse que ese mismo precepto determina la obligación del Estado de garantizar la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a su cargo la educación y el progreso de la juventud, principios que quedan menoscabados si se permitiera la interrupción de las actividades docentes, so pretexto de invocarse el incumplimiento de obligaciones pecuniarias subsanables con el acuerdo a que puedan llegar las dos entidades oficiales.

Con fundamento en lo anterior, procede el amparo solicitado por los accionantes, en cuanto al restablecimiento del servicio de energía eléctrica al Colegio Nacionalizado Enrique Olaya Herrera, en aras de que no se afecte su derecho a la educación, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Además, estima oportuno la Sala de Revisión que con el propósito de lograr la protección y dignificación del ser humano, principio y fin del Estado social de derecho, al igual que para el logro de una solución definitiva al problema de la prestación deficiente del servicio público de educación a los accionantes y demás estudiantes del mencionado plantel educativo, se hace indispensable oficiar al Ministerio de Educación Nacional, para que adopte las medidas pertinentes en orden a incluir dentro del presupuesto para la vigencia fiscal de 1995, una partida adecuada y suficiente para el Colegio Nacionalizado Enrique Olaya Herrera, para la atención y pago del mencionado servicio público de energía eléctrica.

Debe advertir la Sala que lo aquí contemplado solamente es aplicable al caso que ocupa la atención de la Corte sin que pueda extenderse a otras situaciones que necesariamente deben ser materia de análisis en cada asunto en concreto. Finalmente, las determinaciones que aquí se adoptan no eximen del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de los servicios públicos que deben realizar las entidades estatales, sino más bien que constituye el reconocimiento del derecho fundamental a la educación en los términos indicados».

(Sentencia T-380 de agosto 31 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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