Sentencia T-390 de abril 17 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA CUARTA DE REVISIÓN

Sent. T-390/2001, abr. 17/2001. Exp. T-399387.

M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

Acción de tutela de Mónica Liliana Alfonso Soto contra la Entidad Promotora de Salud, Saludcoop.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

dentro del trámite de revisión de la tutela instaurada por Mónica Liliana Alfonso Soto contra la Entidad Promotora de Salud, Saludcoop.

I. Antecedentes

A. Reseña fáctica.

El 20 de agosto de 1999 Mónica Liliana Alfonso Soto, en su calidad de trabajadora dependiente, se afilió a la Entidad Promotora de Salud, Saludcoop, seccional Sogamoso.

El 7 de junio de 2000 la actora dio a luz a Laura Sofía Daza Alfonso y en esa fecha el médico tratante le expidió la incapacidad Nº 366380 por el término de 84 días. Con base en esa incapacidad solicitó a Saludcoop el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad.

El 23 de junio de 2000 Saludcoop remitió una comunicación al empleador Carlos Torres Navarrete informándole que Laura Sofía Daza Alfonso no tenía derecho al reconocimiento de la incapacidad por maternidad pues el empleador no había cotizado durante el año anterior a la fecha de la solicitud y no había realizado oportunamente los pagos, al menos cuatro de los seis meses anteriores.

B. La tutela instaurada

El 5 de octubre de 2000 Laura Sofía Daza Alfonso interpuso una acción de tutela ante el Juez Promiscuo de Familia de Sogamoso y en ella solicitó la protección de los derechos a la vida y a la salud tanto suyos como de su pequeña hija. Argumentó que la mora en la realización de los pagos no le es atribuible a ella sino a Saludcoop por recibir los pagos en una sola entidad bancaria y por no haber informado oportunamente a los usuarios que los pagos no debían realizarse en el Banco Cooperativo sino en Megabanco. Con base en esos argumentos solicitó que se ordene a Saludcoop que en el término de 48 horas realice el pago correspondiente a la licencia de maternidad que se ha negado a reconocer.

El 6 de octubre de 2000 el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso admitió la acción de tutela, solicitó un informe a la entidad accionada y ordenó la declaración de la actora.

El 10 de octubre de 2000 se practicó la declaración de la demandante y en ella, aparte de la negativa al reconocimiento de la licencia de maternidad, informó que el servicio que prestaba Saludcoop era muy malo porque durante el embarazo no le autorizaron unos exámenes ordenados por el médico, tampoco le autorizaron un estudio de patología de la placenta y en varias oportunidades no la atendieron porque a pesar de haber realizado los pagos éstos no aparecían en el sistema.

En esa misma fecha el director seccional de Saludcoop remitió copia del oficio enviado al empleador en el que se indicaba que no había lugar al reconocimiento de la licencia de maternidad por no haber cotizado durante el año anterior a la incapacidad y por haberse realizado los pagos de manera extemporánea. Al día siguiente, en la declaración a que fue sometido, manifestó que la acción de tutela debería dirigirse contra el empleador por no haber consignado los aportes de manera oportuna.

II. Sentencia judicial objeto de revisión

El Juzgado 3º Promiscuo de Familia de Sogamoso, mediante fallo del 19 de octubre de 2000, negó la tutela con base en los siguientes argumentos:

— El artículo 1º del Decreto 1804 de 1999 condiciona el pago de la licencia de maternidad a la cotización del empleador durante el año anterior a la fecha de la solicitud y a que el pago de las cotizaciones se haya hecho de manera oportuna por lo menos en cuatro de los seis meses anteriores a la causación del derecho. Además dispone que el valor de las licencias estará a cargo del empleador cuando no proceda el reembolso por la EPS o cuando haya incurrido en mora en el pago de las cotizaciones durante el período que dure la licencia.

— El artículo 3º del Decreto 047 de 2000 condiciona el pago de las prestaciones económicas derivadas de la licencia de maternidad a la cotización ininterrumpida durante el período de gestación e impone al empleador el deber de pagar la licencia cuando se cotice un período inferior o se incumplan las condiciones previstas para el pago de prestaciones económicas con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud.

— De acuerdo con ello, como las cotizaciones correspondientes a los seis meses anteriores a la causación de la prestación económica se realizaron de manera extemporánea, su reconocimiento y pago no está a cargo de la EPS sino del empleador y por ello no procede la tutela invocada.

III. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

A. Problema jurídico.

El problema jurídico que debe resolver la Corte es el siguiente: ¿Se violan los derechos fundamentales de la madre gestante cuando una EPS niega el pago de la licencia de maternidad porque el empleador ha pagado extemporáneamente las cotizaciones mensuales?

B. Solución.

La Constitución Política de 1991 suministró especial protección a la mujer embarazada y a los niños. Por ello el artículo 43 establece que aquélla “durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado” y el artículo 44 destaca como derechos fundamentales de los niños, entre otros, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social.

En cuanto a la especial protección de la mujer embarazada, la Corte ha manifestado que “la licencia de maternidad tiene por objeto brindarle a la madre el descanso necesario para reponerse del parto y prodigarle al recién nacido las atenciones que requiere. El descanso se acompaña del pago del salario de la mujer gestante, a fin de que ella pueda dedicarse a la atención de la criatura. Por lo tanto, el pago del dinero correspondiente al auxilio de maternidad es de vital importancia tanto para el desarrollo del niño como para la recuperación de la madre” (1) . En ese contexto, la acción de tutela procede para ordenar el pago de la licencia de maternidad cuando se amenaza el mínimo vital de la madre y del niño pues se trata de un derecho fundamental de orden prevalente.

(1) Sentencia T-568 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Pero si bien la licencia de maternidad tiene la naturaleza de un derecho fundamental susceptible de protección por el juez constitucional, también lo es que esa protección está supeditada al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha establecido para su viabilidad. Esto es así por cuanto del Estado constitucional, como Estado de justicia, no se sigue que la defensa de los derechos fundamentales se ha de lograr desconociendo el efecto vinculante de la ley. Por ello la Corte ha sostenido que el carácter de derecho fundamental de la licencia de maternidad “no significa que el juez constitucional debe conceder la tutela de todos los casos de negativa de una EPS al pago de una licencia de maternidad que comprometa el mínimo vital de una mujer gestante, pues es indispensable analizar si la afiliada cumple los requisitos que exige la ley para adquirir el derecho a la prestación económica” (2) .

(2) Sentencia T-705 de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Si ello es así, en el caso presente es claro que Mónica Liliana Alfonso Soto y su hija Laura Sofía Daza Alfonso tienen derecho al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad pero para que esta prestación resulte exigible a Saludcoop se requiere cumplir los requisitos que ha establecido la ley y que remiten a la cotización durante el período de gestación y al pago oportuno de cuatro de las últimas seis cotizaciones mensuales. Y como está demostrado que el empleador de la demandante incurrió en mora en el pago de tales cotizaciones, la conclusión que se impone es que la entidad promotora de salud no está obligada a pagar esa prestación.

En este punto debe indicarse que las circunstancias que refiere la demandante y con base en las cuales imputa a Saludcoop la mora en el pago de las liquidaciones se muestran desproporcionadas pues el hecho de que las consignaciones correspondientes deban realizarse en una entidad bancaria y no en otra no justifica que el empleador haya tardado varios meses en cumplir con la obligación de pagar las cotizaciones correspondientes.

Pero, como lo precisó el juzgado de conocimiento, una cosa es que Saludcoop no esté obligada al pago de la licencia de maternidad de la actora y otra completamente diferente que ésta pierda su derecho. Esto último no tiene por qué ocurrir pues, si bien la mora en el pago de las cotizaciones exonera a la entidad prestadora de salud, esto no ocurre en relación con el empleador, cuya obligación resulta indiscutible de conformidad con lo previsto en el artículo 3º, numeral 2º, del Decreto 047 de 2000.

En este orden de ideas, si bien la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, tal prestación, por mora en el pago de las cotizaciones, no le resulta exigible a Saludcoop sino al empleador y ante ello es claro que no procede la tutela instaurada. Por este motivo se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la actora refiere que durante el embarazo Saludcoop no le autorizó unos exámenes ordenados por el médico ni un estudio de patología de la placenta y que en varias oportunidades no la atendieron porque a pesar de haber realizado los pagos éstos no aparecían en el sistema, de esas circunstancias se informará al Ministerio de Salud para que se adelanten las investigaciones a que pueda haber lugar.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso el 19 de octubre de 2000 dentro de la acción de tutela interpuesta por Mónica Liliana Alfonso Soto contra la entidad prestadora de salud Saludcoop.

2. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

3. DÉSE cuenta al Ministerio de Salud de las irregularidades referidas por la actora y en las que al parecer incurrió Saludcoop para que, si hay lugar a ello, se adelanten las investigaciones correspondientes.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

Magistrados: Jaime Córdoba Triviño, Presidente de la Sala—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

La suscrita Secretaria General de la Corte Constitucional

HACE CONSTAR QUE:

El honorable magistrado Dr. Rodrigo Escobar Gil, no firma la presente providencia por encontrarse en permiso, debidamente autorizado por la Sala Plena de esta corporación.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

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