Sentencia T-393 de agosto 19 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

DERECHO A LA EDUCACIÓN

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD

EXTRACTOS: «La Corte Constitucional considera que la actitud de los establecimientos educativos demandados riñe abiertamente con claros principios y preceptos constitucionales y quebranta de manera grave los derechos fundamentales de las afectadas.

La Constitución Política, a la inversa de lo que pensaron las directivas de los colegios y los jueces que negaron la tutela, toma a la mujer embarazada como sujeto de especial protección (C.P., art. 43), pues su estado, respetable en sí mismo, lejos de constituir motivo de rechazo, reclama una actitud pública amable frente a la próxima presencia de una nueva vida, circunstancia que, además, hace de la futura madre persona de especial vulnerabilidad.

Por otra parte, la maternidad no debe ser estigmatizada. Si el embarazo se presenta de manera precoz, la niña que ha sostenido relaciones sexuales prematuras no tiene que ser señalada como transgresora del orden social y educativo, sino, más bien, comprendida en su circunstancia personal y encauzada y orientada por sus padres y maestros hacia el supremo acto de dar a luz y la responsabilidad que implica. En vez de ser excluida del proceso educativo, ha de ser acogida benévolamente por éste para redoblar los esfuerzos enderezados a su orientación y para evitar los daños que en su personalidad y en el rumbo de su vida —que sufre tan trascendental y precipitado cambio— puede provocar su situación. Una persecución por parte del establecimiento educativo, que sería el llamado a brindarle importante apoyo, puede acrecentar las razones de angustia, el sentimiento de frustración y aun provocar su actitud agresiva ante el inocente fruto de la concepción.

La Corte no entiende cómo, de una parte, pueda proclamarse la defensa de la vida —como corresponde a la aplicación del artículo 11 de la Carta Política— y proscribirse conductas como el aborto provocado, y de otra, sea posible condenar a la mujer por el solo hecho de su embarazo, cual si fuera algo intrínsecamente malo, que mereciera castigo o constituyera causa de vergüenza.

A nadie se oculta que las relaciones sexuales tempranas, especialmente en jovencitas que apenas arriban a la adolescencia, no son deseables en esas edades, pues afectan su regular evolución sicológica y el itinerario educativo, que resulta alterado, por lo cual se erigen en causa de justificada desazón para la familia y los educadores, pero no puede perderse de vista que a aquéllas se llega frecuentemente por la confluencia de factores diversos, casi siempre predecibles y previsibles, cuya presencia acusa por regla general fallas y equívocos en la formación familiar, en la instrucción y comunicación del centro docente y en los valores y principios que han debido inculcarse desde la más tierna infancia.

Sin embargo, ya consumado el hecho del embarazo, la respuesta colectiva no puede ser como en épocas afortunadamente superadas, la sanción social, el rechazo a la madre, su extrañamiento del seno de la familia, el desafecto, la censura, su exclusión del sistema educativo, ni la displicencia o agresión hacia el nuevo ser.

Halla la Corte, además, que el estado de embarazo crea ya un derecho inalienable, susceptible de protección y defensa: el de ser madre, que es sin duda uno de los fundamentales.

Añádase que la mujer, en las condiciones descritas, tiene derecho, también fundamental, al libre desarrollo de la personalidad, a su intimidad, a la educación y a recibir trato igual respecto de sus compañeras, en cuanto la discriminación por razón de la maternidad carece de toda justificación.

Es claro que ese conjunto de derechos merece la salvaguarda del Estado y que la tutela es mecanismo apto para su efectividad, si se tiene en cuenta que la postura insensible, incomprensiva e incomprensible de los centros educativos demandados se refleja en conductas que vulneraron sin ningún reato tales derechos.

4. El aparente conflicto entre derechos. La libertad de conciencia en el seno de la comunidad educativa.

Algunos de los establecimientos demandados esgrimieron a su favor el argumento, aceptado por los jueces, según el cual las decisiones que adoptaron respecto de las peticionarias, en razón de su estado de embarazo, obedecieron a la necesaria defensa de principios espirituales y morales propios del perfil educativo de tales planteles, aceptado por alumnas y padres de familia al suscribir los manuales de convivencia y profesados por las directivas.

En otros términos, se sostuvo que los derechos fundamentales invocados por las demandantes entraban en conflicto con la libertad de conciencia de las demás alumnas y con la filosofía que inspira la orientación educativa en los centros docentes.

Uno de los tribunales, al resolver acerca de las tutelas incoadas, llegó al extremo de expresar que “el hecho de someter a la comunidad estudiantil acostumbrada a una determinada formación moral y sorpresivamente variar las reglas de juego, admitiendo compañeras en embarazo o casadas, cuando ellas apenas se acomodan a un proceso de formación, constituye necesariamente un acto de violencia moral, no contra el colegio en su parte administrativa, como si al (sic) resto de la comunidad estudiantil” (subraya la Corte).

El juez de primera instancia en el mismo proceso adujo que la pretensión de la menor, dirigida a regresar nuevamente al centro educativo para proseguir sus estudios, no era procedente, pues “las adolescentes están en etapa de formación, no contando con la suficiente madurez porque son niñas en transición, no jóvenes-adultas, siendo merecedoras de que se les eduque con el ejemplo y ante todo para que acaten íntegramente el reglamento del colegio y los postulados religiosos y filosóficos de la comunidad Bethlemita, quienes inculcan su propio código ético”.

Completó su argumento el fallador aseverando que “si bien es cierto la maternidad es un don natural concedido por Dios a las mujeres, no siendo obstáculo para que la madre se supere intelectualmente, existen centros educativos como el colegio Bethlemitas que por su carácter religioso y filosófico no la admiten por ser contraria a sus bases y principios”.

En algunos de los casos bajo examen, las directivas de los establecimientos educativos alegaron que una orden judicial en virtud de la cual se les obligara a reincorporar a las “alumnas en estado de gravidez, violaría las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, por cuanto, tratándose de entes privados, éstos eran libres para seleccionar al alumnado de acuerdo con ciertos principios religiosos, específicamente, los de la moral cristiana.

En uno de los procesos, por declaración de una de las demandantes y de la propia rectora del claustro, se ha establecido que ella condicionó la permanencia de la madre en calidad de alumna a que “no llevaría el niño al colegio para evitar críticas de las compañeras” (fl. 21), punto que fue objeto de forzado compromiso entre las partes.

Puede verse en el trasfondo de lo acontecido la idea errónea de que ser madre constituye motivo de vergüenza o de afrenta a la comunidad educativa, u ofensa a los principios morales, lo que esta Corte no puede aceptar como razón justificativa para la expulsión de una estudiante, así concurra con la comisión de faltas disciplinarias susceptibles de ser controladas y sancionadas por medios proporcionados a las mismas.

Considera la Corte que, si se aceptaran los argumentos arriba expuestos para negar la protección constitucional solicitada, el conflicto planteado resultaría a la postre insoluble, ya que, frente a la libertad de conciencia de las compañeras de estudio, podrían esgrimir las afectadas un desconocimiento de su propia libertad de conciencia y del principio pluralista que inspira la Constitución Política de 1991.

Una vez más se insiste en que el juez constitucional debe propender la convivencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta y en que, en el plano de la libertad que aquí se invoca, aquélla sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa unas ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de compelirlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su conciencia (C.P., art. 18).

Es justamente ese postulado el que —sin perjuicio de la orientación básica que un centro docente haya querido fijar, en ejercicio de la misma libertad, para impartir formación a quienes sean sus alumnos— le impide traspasar el límite de sus atribuciones, desplazándose del campo de la persuasión racional al de la imposición.

El colegio privado tiene derecho, según la Carta, a ofrecer unos definidos rasgos en la formación que inculque a sus estudiantes, tanto en el aspecto intelectual y físico como en el espiritual y moral, derecho correlativo al garantizado en favor de los padres, quienes son libres para escoger el tipo de educación adecuado para sus hijos menores (C.P., art. 68).

Pero no puede olvidarse que las relaciones entre el establecimiento educativo, la familia y el propio estudiante, aunque pueden gobernarse por los manuales de convivencia que generan recíprocamente obligaciones y derechos, tiene por límite necesario los derechos fundamentales de los educandos, entre ellos la libertad de conciencia, cuyo núcleo esencial no puede ser desconocido ni aun con su teórico consentimiento.

En efecto, la tarea educativa debe desarrollarse sobre el supuesto de que su objetivo es la persona, titular de un ámbito propio de libertad, que debe respetarse. Los educadores tienen el derecho y el deber de formar a los alumnos, como lo manda la Constitución Política, transmitiéndoles principios, valores y reglas de vida que garanticen una estructura personal apta para cumplir después un papel en el seno de la sociedad y para asumir en ella las responsabilidades y deberes que les incumban.

Obviamente, la gestión del plantel resulta adecuada a sus finalidades cuando los criterios formativos que lo inspiran le han permitido entregar a la alumna los elementos básicos indispensables a la configuración de su personalidad y su carácter.

En el campo académico y en el disciplinario, como esta Sala lo ha dicho, esa tarea implica la posibilidad de exigir cotidianamente el cumplimiento de los deberes estudiantiles y aun la imposición de razonables sanciones.

En el terreno de la moral y la religión, suministrados los factores que el colegio acoge, según la filosofía en que se inspira, la función educativa no puede llegar hasta la exigencia forzosa ni hasta la constricción del educando para que asuma en su totalidad las convicciones inculcadas, ni para que adopte la decisión fundamental en cuanto a la opción de sus creencias, pues ello corresponde al área inalienable de su libertad.

Por lo tanto, no puede afirmarse que el pensamiento de uno de los estudiantes o su comportamiento moral o religioso legitimen conductas de la institución orientadas hacia el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales, particularmente en el espacio reservado a su libertad de conciencia. Mientras se trate apenas de la profesión de sus ideas o de prácticas acordes con el libre ejercicio de aquélla, y en tanto con su conducta no cause daño a la comunidad estudiantil, la conciencia individual debe estar exenta de imposiciones externas.

Al respecto, cabe aclarar que uno de los fines de la educación, de conformidad con los valores que la Constitución Política pretende realizar, es el de formar personas que puedan convivir pacíficamente con otras que piensen y actúen de manera diferente. En otras palabras, se considera el pluralismo como precioso valor y base esencial de la democracia moderna. El pluralismo (art. 1º), más que “contaminar” a la persona que profesa una determinada ideología o creencia, la enriquece como ser social. Además, la educación, como expresión de la libertad, debe ir dirigida a que los pupilos conozcan y puedan enfrentar la realidad, pues no se trata de crear cortinas que veden el contacto con ésta, ni de alejar al individuo de lo real.

Al respecto, se reitera:

“El reto del educador en la sociedad moderna no está en transmitir los fundamentos de un modelo específico de vida, cualquiera sea el soporte ideológico y ético que lo sostenga, éste es apenas uno de los componentes esenciales de su compromiso principal, el cual se sintetiza en la obligación que tiene de preparar a sus alumnos para que éstos se desarrollen autónomamente, aceptando la diferencia y la diversidad de ideas, y por ende la convivencia con otros paradigmas, sin desechar por ello sus propios principios” (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-377 de agosto 24 de 1995. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).

Además, no debe olvidarse que, aunque en los casos bajo estudio se trata de entes privados —que en cuanto tales tienen un régimen especial, puesto que pueden ellos establecer normas de comportamiento conforme a unas determinadas pautas religiosas o morales, lo que no sucede con los planteles educativos de carácter público, en tanto que Colombia es un Estado laico—, aquéllos prestan el servicio público de educación, que “tiene una función social”, según lo establece el artículo 67 de la Constitución. Y, por otra parte, es necesario reafirmar que, a pesar de que se reconoce el derecho a la autonomía escolar, una de cuyas manifestaciones es la facultad de darse sus propios reglamentos y la de pactar manuales de convivencia, aquél encuentra sus límites —se repite— en los derechos fundamentales de los alumnos.

Por eso, la Corte no admite que puedan esgrimirse razones morales, relativas a la previa opción de una alumna por la maternidad para alegar que, con su comportamiento, afecta la libertad de conciencia de sus compañeras, la cual no resulta lesionada sino cuando se traspasan los límites señalados por el artículo 18 de la Constitución.

Carece, entonces, de legitimidad la decisión unilateral del centro educativo en cuya virtud se frustre o interrumpa el curso normal del ciclo académico de las alumnas embarazadas, si el único argumento que la sustenta reside precisamente en el hecho de la maternidad.

Con base en tales criterios, que emanan del sentido mismo, libertario y pluralista de la Constitución Política, no pueden ser aplicables a los casos concretos cláusulas de los manuales de convivencia que ignoren el núcleo esencial de los derechos fundamentales aludidos en esta providencia.

Se reitera lo siguiente:

“Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política.

En efecto el aludido poder reglamentario que implementa el legislador tiene su soporte en la Constitución Política, la cual caracteriza la educación como un servicio público (art. 67), cuya prestación puede estar no sólo a cargo del Estado sino de los particulares, y la somete “al régimen jurídico que fije la ley” (art. 365). De esta circunstancia particular resulta que las decisiones reglamentarias de alcance general adoptadas por la administración de un organismo educativo privado, tienen, en principio, un poder vinculante similar al de los reglamentos administrativos expedidos por una entidad pública, en cuanto están destinados a regular la vida estudiantil en lo relativo a los derechos y prerrogativas derivados de su condición de usuarios o beneficiarios de la educación, e igualmente en lo atinente a las responsabilidades que dicha condición les impone. De la relación armónica entre derechos y deberes de los educandos y educadores y la responsabilidad que se puede exigir a unos y a otros, se logra el objetivo final cual es la convivencia creativa en el medio educativo”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-386 del 31 de agosto de 1994. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).

Pero:

“Obviamente, el texto del manual de convivencia no puede establecer reglas ni compromisos contrarios a la Constitución Política, ni imponer al alumno obligaciones desproporcionadas o contrarias a la razón, ni a la dignidad esencial de la persona humana.

De la misma manera, los educadores que tengan a su cargo exigir cotidianamente al alumnado el cumplimiento de los requisitos plasmados en el manual, deben obrar de modo razonable y adecuado a las finalidades formativas de la regla exigida, sin ofender la dignidad de las personas confiadas a su orientación. El insulto, la humillación, el escarnio o el castigo brutal son métodos reprobados por la Constitución Política en cuanto lesivos de la integridad de los estudiantes y contrarios al objeto de la función educativa. La persuasión, la sanción razonable y mesurada, la crítica constructiva, el estímulo y el ejemplo son formas idóneas de alcanzar el respeto a la disciplina y la imposición del orden que la comunidad estudiantil requiere”. (Cfr. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-366 del 6 de agosto de 1997).

Así, en uno de los casos objeto de examen, el colegio impone, como parte del manual de convivencia, al cual adhieren padres y alumnas, la pérdida del derecho a ser alumna por “adquirir ciertos compromisos serios, tales como matrimonio o maternidad”. Agrega que “el colegio valora la maternidad como una de las realizaciones de la mujer dentro del matrimonio, pero considera falta grave el que una de sus alumnos lo asuma estando en el colegio. No se admiten alumnas casadas ni en estado de gravidez”.

El conflicto de estas reglas con la Constitución es ostensible.

En torno a la maternidad, ya se ha dicho que es digna de protección, en los términos de los artículos 11 y 43 de la Carta Política, por lo cual no puede ser señalada como falta disciplinaria que en sí misma amerite sanción, ni circunstancia que haya de ocultarse o esconderse.

Y en cuanto concierne al matrimonio proviene, según el artículo 42 ibídem, de la libre y responsable opción de un hombre y una mujer y se erige en una de las formas de constitución de la familia, que, por tanto, no puede ser obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación de cada uno de los miembros de la pareja.

La Corte debe repetir lo que ya había sostenido desde 1992 respecto de normas legales que implicaban discriminación entre las personas por razón del celibato:

“Toda persona, en ejercicio de su libertad, debe poder optar sin coacciones y de manera ajena a estímulos establecidos por el legislador, entre contraer matrimonio o permanecer en la soltería.

Para la Corte Constitucional no cabe duda de que en esta materia el precepto impugnado sí discrimina, pues consagra un privilegio de la mujer soltera sobre la casada y de la unión de hecho sobre el matrimonio; más aún, se le reconocen los beneficios a condición de nunca haberlo contraído.

Esto representa una flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta e implica el desconocimiento del 16 ibídem que garantiza a todo individuo el libre desarrollo de su personalidad.

Existe, entonces, una abierta oposición entre la disposición demandada y el estatuto fundamental, razón que llevará a esta Corte a declarar que son inexequibles las expresiones mediante las cuales se establece la injustificada discriminación”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-588 del 12 de noviembre de 1992).

Desde luego, si se trata de reales y probados conflictos entre derechos, lo cual habrá de verse en cada proceso, juega un papel trascendental la actividad del juez, quien debe sopesar y ponderar unos y otros con el fin de hacer prevalecer aquel que, en la respectiva circunstancia, resulte más cercano a la dignidad de la persona o se encuentre más acorde con la idea de justicia y equidad, o con el interés colectivo.

La Sala considera que los procesos bajo estudio, con las salvedades que se harán sobre uno de ellos, son esencialmente idénticos a algunos que ha revisado la Corte Constitucional, y en los cuales se ha reconocido el carácter prevalente del derecho a la educación. Es este criterio el que se tiene como doctrina constitucional vigente y, en tal virtud, esta Sala le dará aplicación, en la medida en que la situación fáctica es prácticamente la misma.

Se reitera lo dicho en las siguientes sentencias:

“...ni la maternidad, ni la conformación de familias de hecho, pueden constituir faltas disciplinarias o impedimentos para tener acceso a la educación; son decisiones que corresponden al fuero interno de las personas, mucho más si ellas son mayores de edad, adoptadas en ejercicio de su autonomía y como parte del proceso del libre desarrollo de su personalidad. A las instituciones de educación les corresponde orientar, informar y preparar para que esas decisiones se adopten en el momento más propicio y conveniente, lo que no quiere decir que cualquier acción que desconozca o no corresponda a esa orientación pueda ser cuestionada y calificada de inmoral” (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-377 del 24 de agosto de 1995. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).

“... es claro que el plantel educativo acusado ha vulnerado el derecho a la igualdad (...) al no permitirle continuar sus estudios con el método presencial que hasta el momento había venido desarrollando, por el hecho de haber quedado en estado de gravidez.

Tal actuación por parte del plantel acusado es contraria al respeto a la dignidad humana, principio fundamental que informa nuestro régimen constitucional (sic) igualdad de la actora y vulnera los principios que establece la Constitución Nacional, cuando establece que todas las personas deben tener un trato igualitario por parte de las autoridades, al igual que de los particulares que se encuentran prestando un servicio público, como en este caso, el de la educación” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-590 del 5 de noviembre de 1996).

“La Corte es consciente del contenido del concepto de libertad de enseñanza que implica la adopción de una ética por parte del respectivo colegio y en consecuencia el deber jurídico de los estudiantes de acatarlo, pero esa concepción ética NO es absoluta tiene que ser compatible con los fines de la educación (C.P., art. 67) que implica respecto a los derechos humanos, por lo tanto deben cohabitar los diversos derechos que están en juego respetándose el núcleo esencial de cada uno de ellos. La calificación del núcleo esencial implica que cada derecho cumpla su función; en conclusión, el colegio tiene derecho a una ética pero la alumna tiene derecho a educarse y al libre desarrollo de la personalidad con relación a la maternidad. En tal sentido se debe interpretar el derecho fundamental a la educación frente a los reglamentos estudiantiles” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-211 del 12 de mayo de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).

En suma, la libertad de enseñanza, en concordancia con la libertad religiosa, no se restringe a la posibilidad de dictar ciertas materias o de expresar convicciones religiosas en la cátedra, sino que se extiende también a la facultad de implantar reglamentos educativos y de acordar manuales de convivencia en los cuales se acojan ciertos parámetros de conducta que tiendan a hacer efectivas esas convicciones, y que en tal sentido señalen la doctrina moral o las creencias que dicha institución de carácter privado quiera defender, inculcar e implantar dentro de su comunidad educativa, sin llegar, como se ha dicho, a la imposición ni a la exigencia forzosa de las mismas.

La Constitución no desconoce esa libertad, y por el contrario, la consagra y protege expresamente en sus artículos 19, 20 y 27. No obstante lo anterior, como se ha señalado, debe ejercerse sin perjuicio de otros valores y derechos también protegidos por la Carta, como son la dignidad humana y los derechos a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la igualdad.

5. La responsabilidad del estudiante en materia disciplinaria. La educación como derecho y deber.

No obstante las afirmaciones que anteceden, en cuanto se refiere a uno de los procesos (expediente T-127074), las circunstancias fácticas presentan una variación que conducirá a la Corte a conceder la tutela bajo ciertos condicionamientos.

En dicho proceso, si bien ha sido acreditado que la maternidad y el embarazo de dos estudiantes incidieron en su expulsión, se encuentra probada también la transgresión continua por parte de las accionantes, de las normas de convivencia del plantel, a pesar de las repetidas advertencias y llamados de atención provenientes del profesorado.

La reincidencia en las faltas disciplinarias, en especial las conductas irrespetuosas hacia sus profesores y compañeras, produjeron la exclusión del colegio, sanción que de todas maneras resultó ser desproporcionada en cuanto privó a las quejosas de su educación, y además en la determinación correspondiente se tuvieron en cuenta, junto a la indisciplina, el estado de embarazo de una de las alumnas y la condición de madre soltera de la otra.

La Sala revocará la decisión de instancia y concederá la tutela para salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados, pero no puede pasar por alto el tema de las faltas disciplinarias y del irrespeto en que han incurrido las estudiantes, por lo cual se condicionará la protección a que se comprometan formalmente con la entidad educativa a observar estrictamente los reglamentos y normas internas de ella, so pena de que, por causa de nueva reincidencia, quede el plantel, ahora sí, facultado para adoptar decisiones drásticas.

(...).

6. Discriminación por estado de embarazo, aceptada por una actitud paternalista de los jueces de tutela.

En algunos de los procesos que ahora se revisan, los centros docentes ofrecieron a las demandantes “condiciones especiales”, con el fin de que pudieran culminar sus estudios de secundaria en el plantel educativo. Así, pues, se les propuso un programa de tutorías a cargo de profesores del mismo plantel, y la asistencia a clases sólo durante los días sábados. En uno de los casos, debido al cambio de reglamento del colegio, en virtud del cual no se aceptarían mujeres casadas o con hijos, se hizo la oferta a la peticionaria de pasarse a la jornada nocturna.

En el primero de los procesos en estudio se adujo, como justificación de dicha medida, el hecho de que la mujer en estado de embarazo requería de un especial cuidado, y que, después del parto, debía brindar atención y cariño a su bebé, lo cual era obstaculizado por su permanencia en el colegio.

Tal medida fue acogida por el juez de tutela por considerar válida la justificación aducida por el instituto, pues aquél consideró que era “lo mejor” para la futura madre y para el niño por nacer.

En el segundo caso, el juez de instancia acogió la medida de remitir a la alumna a la jornada nocturna —aunque en ese momento no se impartían clases del grado 11, el cual aspiraba a cursar la actora—, pues para el fallador los deberes de crianza a cargo de la madre, estaban por encima del derecho a la educación de ésta.

En los eventos aludidos, se presenta una discriminación contra las actoras por parte de los centros educativos demandados, avalada por una actitud paternalista de los jueces de tutela, y por una intromisión judicial en asuntos propios de la vida privada de las interesadas, que son objeto de su personal autonomía (C.P., arts. 15 y 16). Los colegios desconocieron el derecho de las alumnas a estudiar en las mismos condiciones que sus compañeras, y los jueces decidieron qué era lo mejor para las demandantes, sin consideración alguna sobre lo que ellas habían decidido y lo que constituía su pretensión dentro del proceso, desconociendo de esta forma la libertad de las demandantes para decidir al respecto.

Debe aclararse que quienes podían resolver acerca de si las propuestas formuladas por los centros educativos convenían o no a sus derechos e intereses eran tan sólo las directamente afectadas, y no el juez de tutela a través de su fallo.

En este orden de ideas, serán revocadas las sentencias que acogieron las propuestas en mención, por vulnerar la autonomía personal e invadir la órbita de la intimidad familiar.

Algunos juzgados afirmaron que no se vulneraba el derecho a la educación par la no renovación de la matrícula para el año lectivo siguiente, por cuanto las peticionarias podían escoger otros centros educativos para finalizar sus estudios secundarios.

Esta Corte estima que tal afirmación carece de sustento constitucional, puesto que el hecho de interrumpir el proceso educativo que ya se había iniciado trae generalmente consecuencias negativas para el educando. No es lo mismo para el alumno seguir sus estudios en el plantel al cual se encuentra matriculado, que someterse a una variación en los métodos de enseñanza, en la exigencia académica, y compartir sus experiencias con otros compañeros de clase. Debe imperar en este tipo de eventos el principio de la continuidad del servicio público educativo.

Finalmente, no puede la Corte dejar sin corregir la afirmación de uno de los jueces de tutela, según la cual la edad de dieciocho años quita a la peticionaria automáticamente su derecho a seguir educándose, en cuanto la Constitución establece al respecto un tope de quince años (C.P., art. 67).

Se confunde así el carácter obligatorio de la educación entre los cinco y los quince años de edad con el derecho a la educación, del que es titular toda persona aunque haya traspasado el indicado límite».

(Sentencia T-393 de agosto 19 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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