Sentencia T-396 de agosto 4 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES

ES INAPLICABLE LA MODALIDAD PREVISTA EN EL ACUERDO 106 DE 1996

EXTRACTOS: «El artículo 1º del Acuerdo 106 de 1996, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, en lo pertinente, establece:

“Los actuales funcionarios y empleados de carrera forman parte por derecho propio del registro de elegibles para proveer cargos de carrera de similar categoría y especialidad a aquel en que se encuentren nombrados”.

Congruente con la anterior disposición, el artículo 2º del referido acuerdo dice:

“En consecuencia, el funcionario o empleado que se encuentre en la situación antes descrita podrá ser incluido por la Sala Administrativa correspondiente en la lista de candidatos que se formule para la provisión de una vacante determinada. A tal efecto deberá presentar solicitud por escrito indicando las sedes territoriales a las que se aspira, ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cuando se trate de funcionarios o de empleados de corporación nacional y ante la Sala Administrativa del correspondiente consejo seccional cuando se trate de empleados de tribunal o de juzgado”.

(...).

De lo que se trata es de determinar si, conforme a lo preceptuado por el Acuerdo 106 de 1996, la demandante tenia derecho a formar parte de la lista de candidatos para escoger al juez segundo civil municipal de Chinchiná.

Es un hecho que no se discute que la demandante es funcionaria de carrera administrativa y venía desempeñando el cargo de juez primero civil municipal de Anserma. Es decir, que luego de haber superado el respectivo concurso fue designada en dicho cargo; por lo tanto, habiéndose cumplido y agotado, en relación con la actora, las etapas del proceso de selección para el ingreso de funcionarios a los cargos de carrera judicial, en los términos de los artículos 160, 162, 164 y 165 de la ley estatutaria de la administración de justicia, no es procedente lógica ni jurídicamente considerar, sin haberlo regulado así la referida ley, que la demandante por el hecho de ser funcionaria de carrera hace parte de la lista de elegibles. Es cierto que su nombre formó parte de la lista de elegibles y que la provisión del cargo por ella ocupado, se produjo de la respectiva lista de candidatos que oportunamente se envió a la autoridad nominadora, pero producido el nombramiento y su confirmación (L. 270/96, arts. 133, 166 y 167), indudablemente dejó de pertenecer a la lista de elegibles.

Las normas del Acuerdo 106 de 1996 introducen una excepción a la normatividad contenida en la ley estatutaria de la administración de justicia sobre la materia, pues regulan una situación especial, como es la relativa a la permanencia en la lista de elegibles de personas que ya han sido designadas en un cargo de carrera, cuestión que es materia propia de la ley estatutaria y no del Consejo Superior de la Judicatura que, aunque tiene facultades para “administrar la carrera judicial” y expedir actos reglamentarios en esta materia, sólo puede ejercer estas atribuciones de conformidad con la Constitución y la ley (arts. 256 C.P., 157, 160, 162, par, 164, par primero, 165, 174, y normas concordantes de la L. 270/96). No es admisible, por lo tanto, que se pueda expedir un acto reglamentario no para desarrollar, ejecutar o hacer aplicables los mandatos de dicha ley estatutaria, sino para regular materias sobre las cuales ella misma no se ha ocupado.

Es la ley estatutaria la que ha determinado en que condiciones se puede acceder, bajo el sistema de carrera administrativa a un cargo como funcionario de la carrera judicial, y en ella no se regula una situación como la prevista en el referido acuerdo.

En realidad, lo que regula el Acuerdo 106 de 1996 es una especie de traslado horizontal, diferente a la modalidad de traslado reglamentada en el artículo 134 de la ley estatutaria que dice:

“TRASLADO. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslado entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Procede en los siguientes eventos:

1, Cuando lo decida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por razones de seguridad, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el funcionario y que medie su consentimiento expreso.

En este caso, tendrá el carácter de obligatorio para los nominadores, de conformidad con el reglamento que al efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

2. Los traslados recíprocos entre funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales sólo procederán, previa autorización de la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura, por razones de fuerza mayor que ésta encontrare plenamente justificadas.

Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas”.

Por lo demás, el artículo 132-1 de la referida ley señala que la provisión de empleos vacantes definitivamente, se hace en propiedad luego superadas todas las etapas del proceso de selección, si el cargo es de carrera, o mediante el mecanismo del traslado, en las condiciones previstas en la norma transcrita.

En síntesis, conforme a las consideraciones precedentes, no puede predicarse que la demandante formara parte de la lista de elegibles para el cargo mencionado, ni mucho menos que le fuera aplicable la previsión legal relativa al traslado de funcionarios y empleados en la rama judicial. Por lo tanto, no tenía derecho a ser incluida como candidata en la mencionada lista, para proveer el cargo de juez segundo civil municipal de Chinchiná, y en tales condiciones no es procedente la tutela para proteger un presunto derecho a la igualdad, pues no le ha sido desconocido.

Acorde con lo expuesto, se inaplicará para el caso concreto el Acuerdo 106 de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura, por ser manifiestamente inconstitucional».

(Sentencia T-396 de agosto 4 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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