Sentencia T-397 de agosto 20 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR

INAPLICACIÓN POR SER INCONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «2.6. Observa la Sala que en las normas aplicables al personal civil del Ministerio de Defensa contenidas en el Decreto 1214 de 1990, no se reconocen por igual a la cónyuge y a la compañera permanente del pensionado el derecho a la asistencia médica, con lo cual la Corte advierte una discriminación con respecto a ésta que la Constitución repudia, conforme a los artículos 13 y 42 de la Constitución, pues acorde con la protección constitucional que se otorga a la familia, sin importar su origen, para efectos de la prestación de la asistencia médica que en la aludida norma se regula, la situación jurídica que se predica de la cónyuge, igualmente es aplicable a la compañera permanente.

2.7. Según el artículo 4º, la Constitución es norma de normas y por consiguiente el fundamento jurídico de validez de todas las normas que integran el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, todas las normas infraconstitucionales tienen como referente necesario a aquélla y deben adecuarse a sus mandatos; es decir, que toda la producción jurídica normativa emanada de los órganos del Estado que tienen poder de regulación, en cuanto constituidos y subordinados a la Constitución, no puede estar en contradicción o contraposición o resultar incompatible con ésta. Si ello eventualmente ocurriera, el control constitucional a manera de dispositivo de seguridad entra en funcionamiento para restablecer el imperio y la supremacía de la Constitución (arts. 4º, 237-2, 238 y 241).

Puede ocurrir que una norma expedida bajo la vigencia de la Constitución de 1886, ajustada a sus mandatos, aunque propiamente no contenga expresamente una preceptiva contraria a las normas de la actual Constitución, al ser leída, e interpretada literalmente, muestre una contradicción con expresos y claros mandatos de ésta, específicamente, con los que reconocen o establecen derechos, principios y valores superiores. Ello es lo que acontece con la norma del artículo 113 del Decreto 1214 de 1990.

Ante esta situación al juez que le corresponde velar por la supremacía y la integralidad de la Constitución, no le queda otro camino que asegurar la preservación de dichos derechos, principios y valores, y hacer una interpretación de la norma conforme a la Constitución. En efecto, si es posible inaplicar una norma jurídica por ser manifiestamente contraria a la Constitución, con mayor razón, en aras de asegurar la preservación del derecho, es procedente que el juez constitucional pueda hacer una interpretación conforme con la Constitución, sin necesidad de inaplicar la norma, dado que no se presenta la situación de incompatibilidad de dos disposiciones que no puedan ser aplicadas y subsistir al mismo tiempo. De esta manera, se produce una especie de actualización de la norma frente a la nueva Constitución, o dicho de otro modo, una especie de incorporación de los mandatos constitucionales a dicha norma.

Lo anterior ha sido la solución que la Corte ha dado cuando ha dictado sentencias modulativas o condicionadas, en el sentido de escoger entre muchas interpretaciones de una norma la que se adecua o acomoda a los preceptos de la Constitución.

En las condiciones anotadas, no cabe duda de que la disposición del artículo 113 del Decreto 1214 de 1990, leída en armonía con las disposiciones constitucionales que se incorporan a su preceptiva (Const., arts. 13 y 42), permite entender al intérprete que cuando ésta se refiere a los derechos de la cónyuge a la asistencia médica, igualmente tales derechos se predican de la compañera permanente.

Para la Sala resulta evidente, como ya se dijo, que la negativa de la administración a conceder a la compañera permanente del pensionado la asistencia médica requerida implica una violación manifiesta y flagrante del principio de igualdad.

2.8. Para efectos de determinar si procede o no la tutela solicitada, es preciso resolver el siguiente interrogante:

A pesar de haberse establecido que la negativa del Ministerio de Defensa - división de prestaciones sociales, a conceder la asistencia médica a la compañera permanente del peticionario, viola de manera manifiesta el derecho fundamental a la igualdad, ¿es viable obtener su protección efectiva, a través de la tutela cuando, en principio, existe un mecanismo alternativo de defensa judicial —la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho— y no se ha acreditado la existencia de un perjuicio irremediable?

2.9. Es indudable que en el presente caso se produjo un acto administrativo que negó el derecho a la asistencia médica de dicha compañera. En tal virtud, en principio, dicho acto es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El restablecimiento del derecho, luego del trámite de un proceso ordinario, dilatado en el tiempo, consistiría en que después de varios años se le ordenaría a la administración suministrar a la compañera permanente la referida asistencia médica; pero mientras se tramita el proceso, indudablemente se toleraría por el juez de tutela una violación permanente del derecho constitucional a la igualdad, como también del derecho a la seguridad social que tiene el carácter de irrenunciable (C.P., art. 48).

No sería admisible sostener que el restablecimiento del derecho, en el tiempo que media entre la expedición del acto administrativo y la fecha del fallo que reconozca el derecho a la asistencia médica, puede consistir en el pago de una indemnización, porque ello equivaldría a considerar que la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, que son inherentes a la persona humana, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, puedan ser objeto de trueque por una indemnización, que jamás puede equipararse a su goce efectivo, el cual constituye la finalidad legítima que reconoce y garantiza la Constitución.

¿Cómo sería posible en el presente caso, se pregunta la Sala, conciliar el mandato constitucional que reconoce la tutela como un medio subsidiario de protección de los derechos fundamentales a falta de otros mecanismos de defensa judicial, con la necesidad de asegurar la vigencia de un derecho fundamental —la igualdad—, violado manifiestamente por la administración?

Estima la Sala que bien podría considerarse, según las reflexiones expuestas, que el medio alternativo de defensa judicial —la acción contenciosa administrativa— resulta inidóneo o ineficaz y en tal sentido considerarse como inexistente, siendo procedente, por consiguiente, la tutela impetrada como mecanismo definitivo.

Sin embargo, la Sala considera que es necesario preservar, hasta donde sea posible, la competencia que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para decidir las controversias que se originen en razón de la negativa al reconocimiento de los derechos prestacionales en materia de seguridad social, cuando sea preciso controlar la legalidad de actos administrativos, dado que dichos derechos no tienen el carácter de fundamentales, sin perjuicio del mecanismo de la tutela transitoria, pues dicha jurisdicción constitucional y legalmente es el juez natural para resolver ese tipo de controversias.

En tal virtud, optará por conceder la tutela, en el caso concreto, pero por las siguientes razones:

— Como se ha dicho, según el artículo 4º de la Constitución en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica, se deben aplicar las normas constitucionales. Dicha incompatibilidad debe ser manifiesta, como lo expresó la Corte en la sentencia T-614/92)(3).

(3) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

— Si es posible inaplicar una norma jurídica cuando en forma manifiesta viola la Constitución, no existe ningún obstáculo para que el juez constitucional de la tutela cuando tenga la necesidad de proteger un derecho fundamental inaplique por inconstitucional el acto administrativo particular que es la causa directa e inmediata y permanente de su violación, porque en últimas el referido acto no viene a ser sino una manifestación o concreción de la norma general que puede ser inaplicada cuando manifiestamente viole la Constitución, o cuando dicho acto resulta ser manifiestamente inconstitucional por tener como fundamento una norma que debe ser interpretada en consonancia con la Constitución.

— La objeción que podría hacerse a la adopción de esta solución, en cuanto a la necesidad de mantener la presunción de legalidad del acto administrativo, que sólo puede ser destruida mediante la declaración de su nulidad por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se desvanece por las siguientes razones:

El principio de la presunción de legalidad de los actos administrativos, no puede oponerse al interés superior de garantizar la vigencia el goce efectivo de un derecho constitucional fundamental, cuando resulta violado en forma manifiesta, flagrante. Por lo tanto, el juez constitucional de la tutela erigido por la Constitución en el protector de los derechos constitucionales fundamentales, que indudablemente representan un valor constitucional superior, bien puede en situaciones extremas en que aprecie su violación flagrante, inaplicar directamente el acto administrativo concreto que lo vulnere.

Si la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede suspender provisionalmente el acto manifiestamente ilegal o inconstitucional y naturalmente decretar su nulidad, la misma facultad, por la vía de la inaplicación por inconstitucional, la debe tener el juez constitucional de la tutela, cuando se den las siguientes condiciones:

Que el acto viole manifiestamente, es decir, en forma ostensible y flagrante un derecho constitucional fundamental;

Que dicha violación sea permanente y que por lo tanto sea necesaria la inaplicación del acto administrativo particular y concreto para asegurar la vigencia e inmediata efectividad del derecho fundamental;

Que razonablemente se aprecie, que la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho, no constituye un medio eficaz para poner fin en breve término a dicha violación y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental.

2.10. En conclusión, para la Sala es procedente la inaplicación en el caso concreto del acto administrativo que negó a la compañera permanente del demandante su derecho a la asistencia médica, porque viola en forma permanente y manifiesta su derecho a la igualdad, el cual es preciso proteger de manera inmediata, y porque según las consideraciones precedentes, el posible restablecimiento del derecho que se derivaría de la utilización de la acción contencioso administrativa no contribuiría en forma adecuada e inmediata a asegurar su goce y vigencia efectivos. Al hacer dicha inaplicación, la Corte aplica preferencialmente la norma del artículo 113 del Decreto 1214 de 1990, bajo la lectura que corresponde conforme con la Constitución, según las reflexiones hechas en esta providencia, y como es natural las disposiciones de los artículos 13 y 42 de la Constitución en cuanto garantizan el derecho de igualdad a la compañera permanente.

Por las razones anotadas, se revocará la sentencia proferida por la Sub-sección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se concederá la tutela impetrada, en las condiciones que se precisarán en parte resolutiva.

IV. Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de abril 3 de 1997, proferida por la Sub-sección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negó la tutela solicitada por el señor Juan Pulido Vega.

2. INAPLICAR el acto administrativo contenido en la comunicación de mayo 10 de 1996 del Ministerio de Defensa Nacional - División de Prestaciones Sociales, que negó a la compañera permanente del peticionario el derecho a la asistencia médica.

3. CONCEDER al peticionario la tutela del derecho a la igualdad. En consecuencia se dispone ORDENAR al Ministerio de Defensa - División de Prestaciones Sociales que proceda a suministrar a la compañera permanente del pensionado Juan Pulido Vega, siempre que se acredite esta condición, la asistencia médica que prevé el artículo 113 del Decreto 1214 de 1990.

4. ORDENAR que por Secretaría se hagan las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

(Sentencia T-397 de agosto 20 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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