Sentencia T-398 de abril 6 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

OBLIGAClÓN DE ASlSTIR A PARlENTES ENFERMOS

EXONERACIÓN DEL DEBER DE CONVIVENCIA CON UN ENFERMO MENTAL

EXTRACTOS: «5. Interesa a la Corte determinar si, en virtud del principio de la solidaridad social, se puede imponer a una mujer que conviva con su marido, una persona que, desde hace más de 20 años, sufre de esquizofrenia paranoide.

Las consideraciones de la psiquiatría moderna sobre el tratamiento a las personas afectadas por enfermedades mentales.

6. En un pasado no muy lejano se consideraba que las personas afectadas con enfermedades mentales debían ser internadas en forma permanente, de tal manera que fueran apartadas de su medio social y que no representaran ningún peligro para los demás miembros de la comunidad. Sin embargo, esta concepción ya ha sido revaluada. Para ello han jugado un papel importante, entre otras cosas, los avances farmacológicos, un nuevo entendimiento acerca del enfermo mental, la constatación de los efectos negativos que tiene sobre el paciente un internamiento prolongado y la reivindicación de los derechos fundamentales de estos enfermos. Igualmente, ha repercutido en esta reconsideración el éxito atribuido a los tratamientos que se han fundamentado en la desinstitucionalización, tal como ocurrió en el caso de Trieste - Italia, entre los años de 1971 y 1978, en donde se adelantó un plan de salida paulatina de los pacientes del hospital psiquiátrico, para integrarlos en procesos de tratamiento realizados dentro de las mismas comunidades circunvecinas, hasta que finalmente se clausuró en forma definitiva el mencionado hospital.

La psiquiatría moderna descarta, por regla general, el internamiento permanente de las personas afectadas con enfermedades mentales. En este punto coinciden todos los expertos y los escritos consultados. Actualmente, para la mayoría de los casos la hospitalización es concebida simplemente como una medida transitoria, para las situaciones de agravamiento de la enfermedad, que tiene por fin estabilizar al paciente para poderlo retornar al medio ambiente del que proviene. Este regreso puede estar mediado a través de etapas intermedias de reintegración a la comunidad, tal como ocurre con las fórmulas del hospital día o el hospital noche.

La idea que subyace a esta nueva concepción del tratamiento es la de que las personas aquejadas por estas enfermedades deben ser tratadas, en lo posible, dentro de su propio entorno social, a partir de un trabajo mancomunado de los médicos y la comunidad de la que proviene el paciente. Así, la persona aquejada por estas enfermedades no es expulsada de su medio, para ser confiada a grupos de especialistas extraños a su vida cotidiana, sino que permanece en su entorno social. La enfermedad mental, en cierta medida, es también un producto social y, si se desea eliminarla o por lo menos atenuarla, debe ser tratada allí donde se manifiesta. De esta manera, a través del tratamiento, el paciente y la comunidad que lo rodea van estableciendo pautas de relación favorables a la recuperación del enfermo. Así mismo, el paciente puede asumir roles creativos dentro de la comunidad, que le permitan desarrollarse como persona, en vez de ir perdiendo capa día más su relación con el entorno y su autoestima, como sucede como consecuencia de la hospitalización permanente.

7. Dentro del entorno social del paciente, la familia es, sin duda alguna, el núcleo que más influencia puede ejercer sobre él, ya que constituye el centro donde se presenta más viva e intensamente la relación emocional interpersonal. Durante mucho tiempo se trató de explicar el origen de la esquizofrenia destacando las características específicas de las familias de donde provenían los pacientes. Y si bien ningún rasgo o elemento familiar ha podido ser identificado como la causa de la aparición de la esquizofrenia, sí se ha concluido que algunas variables relacionadas con el comportamiento familiar están asociadas de manera clara con el surgimiento de la esquizofrenia en uno de los miembros del núcleo familiar.

En las últimas décadas se ha intensificado la investigación acerca del papel que puede desempeñar el medio familiar en la rehabilitación del paciente esquizofrénico. A partir de esas indagaciones se ha construido el “índice de emoción expresada”, dirigido a evaluar la actitud de los familiares con respecto al paciente. La medición se concentra en 5 elementos: los comentarios críticos, la hostilidad, el exceso de involucramiento efectivo, el afecto o calidez y los comentarios positivos acerca del paciente. Pues bien, algunas investigaciones en las que se ha intentado practicar estas pruebas con los parientes de los pacientes han llegado a demostrar que cuando los tres primeros elementos arrojan un resultado muy alto —es decir, cuando se presenta lo que se ha denominado “un alto grado de expresión emocional”—- es predecible que el enfermo que ha sido dado de alta del hospital tendrá una recaída en un término no muy lejano. Así mismo, las investigaciones han mostrado que un adecuado tratamiento farmacológico, junto con la reducción del contacto con los familiares que demuestren un alto índice de expresión emocional, contribuyen a prevenir que el paciente recaiga en sus síntomas. De la misma manera, se ha demostrado que una atmósfera familiar positiva — caracterizada por resultados bajos en los tres primeros elementos citados y por resultados altos en los últimos dos— puede constituir una buena defensa contra las recaídas del paciente.

Los investigadores llaman la atención acerca de algunos problemas que presenta el índice de expresión emocional. Así, por ejemplo, se manifiesta que éste no puede ser aplicado en forma universal, sino que debe ser objeto de diferenciaciones de acuerdo con las características culturales de los distintos grupos poblacionales. De otra parte, se critica que hasta ahora la investigación haya sido excesivamente unidireccional, acerca de la influencia negativa que ejercen las actitudes familiares sobre el enfermo, sin tener en cuenta que los familiares son influenciados a su vez por las reacciones y el comportamiento de su pariente enfermo. También se señala que los resultados no son tan evidentes como algunos plantean y se debate acerca de su utilidad para efectuar pronósticos sobre los pacientes.

Con todo, lo cierto es que estas investigaciones han reafirmado la importancia de incluir dentro de los procesos de rehabilitación y prevención de la esquizofrenia a las familias de los pacientes. Así, por ejemplo, se ha señalado que el tratamiento del paciente esquizofrénico debe estar acompañado por intervenciones psicosociales y educativas, dirigidas a reforzar las habilidades de la familia para el manejo de la enfermedad de su pariente. De la misma manera, se indica que la actitud de los familiares con respecto al paciente es muy importante para su proceso de rehabilitación, y que esa actitud puede modificarse, en una dirección positiva, a partir de un trabajo educativo (1) .

(1) Sobre el punto de la influencia de la familia en el tratamiento del paciente esquizofrénico ver: Biagini Alarcón, Marcela (1994): Estructura y dinámica familiar y su relación con el paciente esquizofrénico: antecedentes y tendencias actuales, en: Salud mental, Vol. 17, Nº 4, págs. 12-17 y Pustilnik, Salomón (1990): “Expresividad motiva y esquizofrenia. Influencia de la familia en el curso de la enfermedad”, en: Salud mental, Vol. 13, Nº 3, págs. 45-49.

La obligación de la familia de velar y atender a sus parientes afectados por la esquizofrenia.

8. La actora solicita que se ordene a Cajanal que continúe asumiendo los gastos de internamiento hospitalario de su esposo y que, por lo tanto, se la libere de la obligación de recibirlo nuevamente en su hogar. Afirma que la vida común con su esposo representa un peligro tanto para su vida e integridad personal como para la de su mismo marido.

Por su parte, Cajanal afirma que cuenta con un diagnóstico médico favorable para dar de alta al esposo de la actora. Y, en efecto, tanto los médicos tratantes de la Clínica de Nuestra Señora de la Paz como el peritazgo realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses afirman que la agresividad del paciente Alarcón está controlada y que, por lo tanto, es posible intentar su reintegración a la sociedad, a través de fórmulas como las del hospital-día. Así mismo, coinciden en que el señor Alarcón debe continuar recibiendo el tratamiento psiquiátrico, pero que ya no es necesario que se mantenga su hospitalización continua en la clínica.

Distinta es la posición planteada por Funsabiam, en cuyo concepto se considera que el señor Alarcón requiere aún del tratamiento intrahospitalario, razón por la cual rechaza la propuesta de tratarlo con la fórmula de clínica-día.

9. En distintas sentencias esta corporación ha recalcado el derecho de las personas afectadas con enfermedades mentales de no permanecer internados de manera indefinida. Así lo señaló en el caso de tres personas inimputables que habían estado internados durante 22, 26 y 30 años, por obra de medidas de seguridad, y a las cuales no se les había levantado esa medida, a pesar de sus continuas solicitudes y de que los experticios médicos señalaban que ya no representaban un peligro para los demás, si bien continuaban sufriendo trastornos mentales. Para fundamentar su respuesta negativa los jueces afirmaban, bien que los enfermos estaban recuperados sólo parcialmente, o que la ausencia de apoyo familiar hacía temer por su integridad personal luego de ser liberados. En aquella ocasión, la Corte expresó que los motivos esgrimidos por los jueces “carecen de justificación para mantener privados de libertad a las indicadas personas sujetas a las medidas de seguridad. Tratándose de convictos incurables, exigir su completa rehabilitación carece de razonabilidad, debiéndose en justicia supeditar la libertad a la no comprobación de la no peligrosidad aunada a la adquisición de un adecuado grado de adaptabilidad social. La ausencia de apoyo familiar, por sí misma, no es criterio suficiente para mantener indefinidamente privado de la libertad al convicto, enfermo incurable, que reúne las dos condiciones anteriores, y de ser cierta esa circunstancia el campo de soluciones en un Estado social no puede limitarse de manera tan inhumana...”.

Igualmente, la Corte consideró que una situación como la que describían los demandantes vulneraba las normas constitucionales que prohíben las penas o medidas de seguridad imprescriptibles y la pena de prisión perpetua. Con ello se quebrantaban simultáneamente los derechos de los actores a la libertad y a la dignidad. Por lo tanto, se concluyó que las medidas de seguridad impuestas a los tres inimputables se habían transformado con el paso del tiempo en penas o medidas degradantes y crueles y que era necesario ordenar su cesación. Y en vista de las condiciones de debilidad manifiesta en que se encontraban los actores se ordenó que el gobierno elaborara para ellos un programa de atención y protección integrales (2) .

(2) Ver la sentencia T-401 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

10. Posteriormente, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las normas del Código Penal que consagraban que las medidas de seguridad impuestas a los inimputables tendrían una duración mínima de dos años y una duración máxima indefinida. En aquella oportunidad, esta corporación estimó que el carácter indeterminado del tiempo máximo de duración de las medidas de seguridad vulneraba el artículo 34 de la Constitución, que prohíbe las penas perpetuas, y que la fijación de topes mínimos de duración para las mismas medidas era inconstitucional porque no respondía a su objetivo, cual es de la recuperación de la capacidad psíquica del inimputable (3) .

(3) Ver la sentencia C-176 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

11. En el año de 1999, la Corte conoció sobre un caso similar al que ahora ocupa a esta Sala de Revisión (4) . Se trataba de dos expedientes acumulados, en los cuales las actoras solicitaban que se ordenara al Instituto de los Seguros Sociales que no diera de alta a sus respectivos hijos, también enfermos de esquizofrenia paranoide crónica. En los dos casos, los médicos tratantes habían prescrito que los niveles de agresividad de los dos pacientes —que también contaban con una historia médica de repetidas hospitalizaciones—, habían disminuido y que, por lo tanto, ya no era necesario que permanecieran internos, pues podían recibir un tratamiento ambulatorio. Las dos actoras instauraron la tutela afirmando que la permanencia de los hijos enfermos en sus residencias amenazaba distintos derechos fundamentales de ellas mismas, de sus hijos enfermos y de los demás miembros de la familia.

(4) Ver la sentencia T-209 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

En esa oportunidad, la Corte denegó la tutela impetrada por las actoras. Para fundamentar su decisión expresó que, además de las obligaciones propias del mismo paciente, la responsabilidad sobre la prevención de las enfermedades y sobre las labores dirigidas a la recuperación y mejoría de los enfermos recae en la familia y el Estado. Ello, como consecuencia del principio constitucional de la solidaridad social. En consecuencia, la familia no puede eludir su deber de prestar solidaridad a los parientes enfermos, si bien, aclara, esa obligación no es absoluta ni desconsiderada, puesto que “[la] asistencia que se predica de la familia respecto de sus miembros enfermos, debe ser establecida de cara a la naturaleza de la enfermedad que se enfrenta y teniendo en cuenta los recursos económicos y logísticos de que se disponga. De este modo, ya sea que se trate de un paciente hospitalizado o de alguien que puede permanecer en su hogar, han de buscarse los medios adecuados para que, junto con la terapia médica convencional, los familiares puedan contribuir al proceso de alivio”.

En relación con los casos concretos, la Corte anotó que los médicos habían dictaminado que las crisis de agresividad de los enfermos habían disminuido y que la enfermedad se había estabilizado, razón por la cual era aconsejable iniciar un tratamiento ambulatorio. Y si bien el estado de los pacientes en ese momento no significaba que no iban a sufrir recaídas —como en efecto ya las habían padecido en el pasado—, ello no significaba que no se debían probar nuevas alternativas de tratamiento, en las que la familia desempeñara un papel preponderante. Así, pues, la familia debía prestar su activa colaboración para el éxito del tratamiento ambulatorio, “brindando apoyo y colaboración para la asistencia a consultas y terapias, el mantenimiento de una adecuada presentación personal, la supervisión en el desplazamiento y el cumplimiento de normas, la toma de medicación, el estímulo afectivo y emocional para la recuperación del paciente, reuniones familiares de acuerdo con lo programado con el equipo terapéutico y demás actividades que contribuyan eficazmente a la estabilidad y bienestar de los enfermos dentro del comprensible estado de sus dolencias”. Lo anterior, aclaró la Corte, no significaba que se relevara al Instituto de los Seguros Sociales de sus obligaciones, puesto que él debería “continuar prestando la atención debida que demande el enfermo, en el control de su mal y en su proceso de reinserción al núcleo familiar; y la que pueda solicitar la familia, para afrontar y comprender debidamente el retorno de una persona a su cotidianidad, evitando traumatismos y fomentando un ambiente de sana y cariñosa convivencia”.

Para terminar, la Corte manifestó:

“Por último, y a manera de síntesis: la existencia de una patología mental crónica, no puede encontrar como respuesta el desinterés y desafecto de las personas cercanas al paciente; tampoco puede solucionarse —y así lo aconseja la medicina moderna—, a través del innecesario e indefinido confinamiento del enfermo en las instalaciones de un centro médico. Los temores y reticencias frente a situaciones que sobrepasan los límites de nuestro entendimiento y de nuestra experiencia vital —de los cuales los males mentales son un típico ejemplo—, no pueden evadirse argumentando desconcierto o incomodidad. La propia naturaleza humana, el cariño, y los lazos nacidos de la convivencia familiar, que se expresan de múltiples y concretas maneras en el ordenamiento jurídico —v.g. solidaridad, vida digna, salud—, exigen que nos sobrepongamos a nuestras perplejidades y participemos activamente propiciando el bienestar de otros”.

12. Esta Sala reafirma lo postulado en las sentencias comentadas. En principio, las personas aquejadas por enfermedades mentales tienen el derecho de no permanecer internadas de manera definitiva. Igualmente, la familia tiene la obligación de asistir a sus parientes enfermos, en ejercicio del principio constitucional de la solidaridad social.

Las afirmaciones contenidas en el párrafo precedente podrían conducir a la conclusión de que la tutela solicitada por la actora debe ser negada. Sin embargo, esta Sala considera que es necesario hacer una serie de diferenciaciones, las cuales permiten observar la situación desde otro prisma.

13. La actora contrajo matrimonio con el señor Francisco Alarcón en julio de 1969. Esto significa que ha estado casada con él por un período de 30 años. Durante todos estos años, la señora Parada ha estado al lado del señor Alarcón, a pesar de los problemas que su enfermedad ha generado. De acuerdo con la declaración rendida por la demandante, el señor Alarcón ha estado en la cárcel en varias ocasiones, ha herido en forma grave a distintas personas —piénsese en el episodio sucedido en Cajanal y en la herida que le causo a un vecino con una peinilla—, ha golpeado de manera recurrente tanto a la actora como a sus hijos, ha creado zozobra en su familia y en la de su hijo mayor, ha sembrado el temor en los vecinos, etc. La mayoría de esas afirmaciones son corroboradas mediante distintas declaraciones contenidas en el expediente.

Pues bien, a pesar de lo anterior, la señora Parada ha continuado asistiendo a su marido, si bien ahora solicita que no se le exija que conviva nuevamente con él. Es decir, por más de 25 años la actora cohabitó con el señor Alarcón, a pesar de las conductas y actitudes a que lo impulsaba su enfermedad, sobre las cuales se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que crearon un clima de terror en el hogar de la familia Alarcón Parada. Pero a partir de 1997, la actora se ha negado a retirar a su marido del hospital porque después de tantos años de probar con los tratamientos ambulatorios ha llegado a la conclusión de que ella no cuenta con la capacidad y las condiciones necesarias para manejar a su marido cuando se encuentra en la casa. Así, señala, que cuando su esposo está en el hogar se niega a tomar los fármacos y a acudir a las citas médicas, y que, además, ingiere licor y café, bebidas que no son permitidas para los enfermos de esquizofrenia. Con todo, es importante recalcar que la señora Parada no ha abandonado a su marido, pues como lo señala ella, y lo confirman los médicos de la Clínica La Paz y el concepto de Funsabiam, acude a visitarlo constantemente y lo ayuda en todo lo relacionado con sus utensilios de aseo y con su ropa, y le lleva comida, cigarrillos, etc.

14. Los médicos de la Clínica la Paz y el perito del Instituto de Medicina Legal plantean que el señor Alarcón ya no muestra tendencia a la agresividad y que, por lo tanto, puede ser dado de alta para proceder a su reinserción a la sociedad. Sin embargo, la esposa del paciente se niega a retirar a su marido de la institución en la que se encuentra y a convivir nuevamente con él. La pregunta que debe entonces formularse es si se puede obligar a la actora a que conduzca a su marido al hogar y a que se haga cargo de él.

Esta Sala considera que en el caso de la señora Parada sería desproporcionado hacerle esa exigencia. Como bien se expresó en la sentencia T-209 de 1999, el deber de solidaridad que está a cargo de la familia tiene límites y esos límites ya han sido superados en el caso bajo examen. De acuerdo con el acervo probatorio existente, la vida en común con el señor Alarcón ha sido tormentosa para la actora. Durante más de 25 años la señora Parada ha atendido a su marido, a pesar de las consecuencias que ello aparejaba para su vida y la de sus hijos. Ella ya ha puesto una alta cuota de sacrificio, en cumplimiento de su deber de solidaridad social. Exigir más de su parte, luego de todos estos años de entrega, equivale realmente a vulnerarle sus derechos a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, y a obligarla que se someta a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pero, además, lo que se observa es que la actora no se rehúsa a cumplir con su marido, sino que lo que solicita es que no se le exija convivir con él, luego de tantos años de sufrimiento. Es decir, la señora Parada sí está dispuesta a ejercer su deber de cuidado para con su esposo, pero desde una perspectiva que no le signifique un sacrificio y una amenaza exagerados. Pruebas de la buena disposición de ella en este sentido existen dentro del expediente, por cuanto los médicos tratantes en la Clínica La Paz y la trabajadora social y el concepto de Funsabiam declaran que la demandante visita de manera asidua a su esposo y le colabora en las distintas cosas que necesita. Así, pues, en este caso concreto lo que la actora solicita no es que sea eximida de su deber de solidaridad, sino que no se le exija que siga inmolándose por su marido.

15. contra lo expuesto se podría argüir que los médicos de la Clínica La Paz y el Instituto de Medicina Legal han expresado que el señor Alarcón ya no representa peligro, por cuanto su agresividad está controlada. Otra es la posición que expone el director de Funsabiam, quien además aclara que la relación del señor Alarcón con su familia ha estado y está marcada por la agresividad. Pero, incluso sin atender el concepto de Funsabiam, lo cierto es que la actora ha escuchado desde hace muchos años que su esposo ya está recuperado y que puede volver al hogar, lo que, evidentemente, no ha impedido las continuas recaídas y crisis de agresividad del señor Alarcón. La experiencia le ha mostrado a la demandante que su esposo no cumple con la prescripciones médicas durante su permanencia en la residencia familiar, y que ella no está en condiciones para lograr que él atienda los dictados médicos. En esas condiciones, es predecible que las crisis reaparecerán.

De otra parte, se podría argumentar que si la señora Parada no desea convivir con su marido, lo que debe hacer es iniciar los trámites legales para divorciarse de él. No comparte la Sala esta opinión. La actora ha decidido mantener el vínculo matrimonial con el señor Alarcón, a pesar de todo lo sucedido. Diversos motivos la pueden inducir a ello: por una parte, una concepción del matrimonio que podría denominarse tradicional, de acuerdo con la cual las personas deben aceptar el destino que les ha sido deparado —posición que representó el padre de la actora cuando ella le manifestó que no quería volver con su marido luego de que él hubiera sido puesto en libertad de la Penitenciaría de El Barne, y que la misma demandante asumió al indicar dentro de su testimonio que la enfermedad de su marido le había sido enviada por Dios y que a ella le correspondía colaborarle en lo que fuera necesario; de otro lado, la seguridad económica que le brindan tanto la pensión de su marido como la posibilidad de habitar en la esa que fuera de los padres de éste; y, finalmente, y muy relacionado con el primero, la habituación a cierta forma de vida. Muy probablemente, en la decisión de la actora tienen algún lugar los distintos motivos expuestos, y quizás otros más. Lo importante es que todos ellos son legítimos y que, desde el punto de vista de los intereses del paciente y de la sociedad, resulta favorable la decisión de la demandante, en cuanto manifiesta su intención de continuar velando por él.

16. De lo expuesto se deduce que Cajanal no puede obligar a la esposa del señor Alarcón a llevarlo a su casa y que, por lo tanto, Cajanal deberá seguir respondiendo por sus gastos de hospitalización. Como se señaló, durante demasiados años, la actora ha aportado un importante sacrificio para el cuidado de su esposo, y constreñirla para que reciba nuevamente a su marido equivaldría a exigirle un comportamiento heroico y de autonegación. Considera la Sala que, en este punto, la demandante ya cumplió con su parte y que tiene que ser liberada de ese deber. Ahora es la sociedad la que debe asumir esa responsabilidad. Y si bien en estos casos generalmente se piensa en acudir a las entidades estatales, lo cierto es que dado que el paciente estaba afiliado a la Caja Nacional de Previsión EPS, es esta entidad la que debe hacerse cargo de la obligación. En las condiciones actuales del país, con tan pocos recursos para tantas demandas, solamente cabe acudir a las instituciones estatales que prestan el servicio de asistencia pública cuando las personas no cuentan con la posibilidad de exigirle a otras instituciones que se hagan cargo de sus responsabilidades.

17. Finalmente, queda una pregunta por dilucidar: ¿cuál será el destino del señor Alarcón? Como ya se señaló, la Corte ha manifestado que las personas con enfermedades mentales tienen el derecho de no permanecer de manera indefinida en los hospitales psiquiátricos. Así ocurre con el señor Alarcón, máxime si se tiene en cuenta que sobre él no pesa ninguna medida de seguridad.

Todos los conceptos recibidos coinciden en señalar que el señor Alarcón requiere continuar con el tratamiento psiquiátrico. Igualmente, los médicos de la Clínica de la Paz y el Instituto de Medicina Legal convienen en que el señor Alarcón puede pasar a recibir ese tratamiento de acuerdo con la fórmula clínica-día. Sobre este punto discrepa el concepto de Funsabiam, en el cual se considera que el esposo de la actora no está preparado aún para ello.

Ciertamente, para que se pueda aplicar el tratamiento clínica-día es necesario que el paciente cuente con personas ajenas al equipo de tratamiento hospitalario que estén dispuestas a colaborarle para recibirlo en su hogar, acompañarlo a la clínica, darle las medicinas necesarias, hacerse cargo de su arreglo y cuidado personal, etc. En el caso del señor Alarcón es claro que él no cuenta con esas personas: de acuerdo con las pruebas recopiladas, sus hermanos no se ocupan de él, sus hijos no quieren comprometerse con su cuidado, y su esposa, la actora, expone que no está dispuesta a seguir asumiendo ese papel. En esta sentencia ya se ha concluido que sería desproporcionado y vulneraría los derechos fundamentales de la esposa del señor Alarcón exigirle que recibiera nuevamente a su marido. Pero, además, es importante señalar que, tal como lo afirman las investigaciones acerca del “índice de emoción expresada” y el concepto de Funsabiam, no tiene sentido obligar a la familia a hacerse cargo del señor Alarcón, puesto que los patrones de relación que se han creado no son favorables a su reinserción social. En efecto, todo indica que la familia no cuenta con los elementos y la actitud necesarios para a sumir un papel positivo y constructivo en el proceso de recuperación del paciente. Siendo ello así, es presumible que forzar la colaboración de la familia en el proceso clínica-día termine por desencadenar nuevas crisis de agresión, un resultado indeseado.

Las condiciones descritas permiten concluir que antes de pensar en llevar a cabo el tratamiento clínica-día es necesario procurar reconstruir para el señor Alarcón un medio social que le sea favorable. Esto implica realizar una intervención psicosocial y educativa, fundamentalmente con la familia del paciente, con el objeto de sensibilizarla e instruirla acerca del trato y manejo de las personas aquejadas por el mal de la esquizofrenia. Esta labor no fue realizada en la Clínica de La Paz —que no incluye el trabajo social dentro de su proceso de tratamiento siquiátrico— y esa falencia bien podría explicar las grandes dificultades que han experimentado la señora Parada y sus hijos en la convivencia con su esposo y padre, lo que, además, muy probablemente ha tenido una gran influencia en sus continuas recaídas.

Cabe aclarar, sin embargo, que el resultado de esta tarea de trabajo social es incierto, y que no se puede esperar que ella conduzca indefectiblemente a la aceptación del paciente por parte de su familia. En el caso de que la mencionada intervención psicosocial y educativa no ofrezca los resultados deseados, Cajanal podría intentar otras fórmulas que le permitan modificar el tratamiento que recibe el esposo de la actora, en la modalidad que consideren pertinente los médicos, siempre y cuando se garantice que el señor Alarcón continuará recibiendo el tratamiento psiquiátrico que requiere. Con todo, esta Sala es consciente de que no se puede descartar que el señor Alarcón continúe hospitalizado, dado su alejamiento de la realidad y su incapacidad de autosostenerse y autocuidarse, condiciones éstas que le dificultan su reintegro a la sociedad sin contar con el apoyo de su familia. Sin embargo, esa decisión deberá ser tomada por las instancias pertinentes, dentro del marco constitucional y legal existente.

18. Para terminar, esta Sala considera importante señalar que la decisión tomada en este proceso está en estrecha relación con las circunstancias que se describieron dentro del mismo. Pero, dada la complejidad de los hechos que conforman el presente caso y la incertidumbre que acompaña los procesos de recuperación de las personas aquejadas por la enfermedad de la esquizofrenia, es posible que, con el paso del tiempo, estas circunstancias sufran importantes modificaciones. Ello podría hacer posible que se requiriera nuevamente la intervención de la justicia —e incluso la de la justicia constitucional—, la cual tendría que fallar de acuerdo con los hechos que configuran la nueva situación, pero, claro está, teniendo siempre en cuenta que en ningún caso se puede exigir conductas supererogatorias a la esposa del señor Alarcón.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia dictada, el 20 de agosto de 1999, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se denegó la tutela solicitada por la señora Ana María Parada de Alarcón. En su lugar; se CONCEDE el amparo impetrado.

2. ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión —Cajanal EPS— que continúe prestando los servicios de atención intrahospitalaria que requiera el paciente Francisco Tobías Alarcón Malagón y que garantice la continuación del trabajo de intervención psicosocial y educativa con su familia.

3. Líbrense por secretaría las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(Sentencia T-398 de abril 6 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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