Sentencia T-040 de febrero 6 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE TUTELA

SANCIÓN POR DESACATO

EXTRACTOS: «El artículo 52 del Decreto 2591/91 establece:

“ART. 52.—La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo”.

Ha dicho la Corte Constitucional que el ar-tículo 52 transcrito, siguiendo la orientación de otros estatutos procesales, establece claramente la competencia del juez que ha conocido la acción de tutela en primera instancia para hacer cumplir la sentencia; queda, pues, dotado de una serie de poderes, incluso la conservación de su competencia, para adoptar el repertorio de medidas que dichas normas contienen para el cabal cumplimiento del fallo de tutela. Las medidas son drásticas contra quien incurre en desacato, porque si no fuere así se afectarían la validez sociológica y jurídica de la orden de tutela.

Tal incidente queda procesalmente orientado por las normas del procedimiento civil (arts. 135 y ss del CPC). Si ello es así la sanción que se imponga por desacato es susceptible de recursos: el de consulta por permitirlo el Decreto 2591/91 y aún el de la apelación, aunque éste último no se cite en el artículo 52 del Decreto 2591/91, pero, es posible apelar, porque en el procedimiento civil las providencias que definen incidente son apelables (art. 351 del CPC). Lo que NO cabe es que la Corte Constitucional esté facultada para revisar o intervenir en el procedimiento incidental de desacato, puesto que la revisión sólo cobija a las sentencias de tutela, no a los autos que se profieran dentro de un expediente de tutela».

(Sentencia T-040 de febrero 6 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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