Sentencia T-400 de agosto 22 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

REFORMATIO IN PEJUS

EN EL PROCESO DE TUTELA

EXTRACTOS: «La función del juez en los procesos de tutela, si bien resulta amplia en cuanto puede amparar derechos distintos de los invocados y le es posible apartarse de las solicitudes contenidas en la demanda para adaptar su resolución a la normatividad aplicable y para hacerla proporcional a los hechos probados, tiene por objeto específico la efectividad de los derechos fundamentales en un caso concreto cuyos contornos fácticos se perfilan, así sea en forma sumaria, a lo largo del trámite.

Es decir, el juez examina un conjunto de circunstancias cuya información y pruebas recibe y evalúa durante el proceso, por lo cual, culminado éste y proferida la sentencia, el funcionario o corporación que haya resuelto pierde competencia para continuar adoptando resoluciones al respecto, a no ser las referentes al desacato (D. 2591/91, art. 52).

En tal sentido, son improcedentes las solicitudes posteriores al fallo de tutela, elevadas ante el mismo juez, mediante las cuales se pretenda obtener la modificación de aquél o decisiones judiciales sobre asuntos no tratados en el proceso, pues ello no se aviene al trámite expedito que consagra el Decreto 2591 de 1991, en desarrollo del artículo 86 de la Carta. Éste dispone que, si se concede la protección, se imparta una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Adoptada tal determinación o la contraria —la negación de la tutela—, el procedimiento preferente y sumario ha culminado, sin perjuicio de la impugnación ante el superior jerárquico del fallador, como lo establecen la Constitución y el señalado decreto.

Ahora bien, el fallo de primera instancia puede ser impugnado por cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siendo evidente que el superior adquiere competencia para confirmar, revocar, aclarar, adicionar o modificar lo dispuesto por el inferior, y que le es posible, inclusive en el caso de la confirmación de lo resuelto, adoptar su providencia con base en consideraciones y motivos diferentes y hasta contrarios a los expuestos en primera instancia.

Tiene claro la Corte que el juez de segundo grado goza de una gran amplitud para decidir sobre el contenido de la impugnación, como lo establece el artículo 32 del aludido decreto. Le es posible, por ello, de oficio o a petición de parte, solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y, desde el punto de vista material, con miras a la mejor protección de los derechos fundamentales violados o en peligro, puede ir más allá en la adopción de medidas o en la impartición de órdenes relativas al mismo. Tanto es así que goza de competencia para conceder una tutela que había sido negada, o a la inversa.

Pero no es menos cierto que, cuando se trata de medidas adicionadas a la tutela concedida, que pueden resultar gravosas para la persona o entidad contra quien se ha fallado, como cuando se trata de la indemnización en abstracto (D. 2591/91, art. 25) o, excepcionalmente, del pago de sumas de dinero, obra el principio consagrado en el artículo 31 de la Constitución, según el cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, que no tiene su aplicación únicamente en materia penal sino en todas las ramas del derecho, como lo expresó esta Corte en sentencias C-055 del 15 de febrero de 1993 y T-233 del 25 de mayo de 1995.

En la primera de tales providencias se señaló:

“La norma constitucional habla de “la pena impuesta”, lo cual podría llevar al equivocado concepto de que la garantía sólo cubre el ámbito propio del derecho penal, pero esta idea resulta desvirtuada si se observa que el precepto superior considerado en su integridad hace referencia a “toda sentencia”, sin distinguir entre los diversos tipos de proceso. De tal modo que la prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija a toda clase de decisiones judiciales —salvo las excepciones que contemple la ley— e impide que el juez de segundo grado extienda su poder de decisión a aquellos aspectos de la sentencia apelada que no han sido materia de alzada por la otra o las otras partes dentro del proceso y que, de entrar a modificarse, darían lugar a unas consecuencias jurídicas más graves para el apelante de las que ya de por sí ocasiona la sentencia objeto del recurso”.

El segundo fallo en cita expresó:

“Inherente al derecho de apelar la sentencia condenatoria, también hace parte del debido proceso el de que no se aumente o se agrave la pena en segunda instancia cuando el condenado es el único en apelar, dentro del respectivo proceso (C.P., art. 31).

...La prohibición de reformar la condena en perjuicio del apelante único no solamente es aplicable en materia penal, ni tampoco está limitada a las sentencias judiciales, sino que, por el contrario, cobija otras ramas del derecho y se hace exigible en las actuaciones administrativas y particularmente en las disciplinarias, las cuales —se repite— son de clara estirpe sancionatoria”.

No se trata aquí de una pena en el sentido estricto del término pero sí de una condena y si ha ocurrido que, habiéndose otorgado la tutela, en primera instancia aquella se había denegado sin mediar impugnación del solicitante, lo que indica que quedó satisfecho con la protección concedida, no puede el juez de segunda instancia —que adquiere competencia sólo a partir de la impugnación y ésta ha sido presentada únicamente por el condenado— hacer más gravosa su situación ordenando indemnizaciones o pagos nuevos.

Cambia el expuesto criterio cuando es ese precisamente el punto objeto de discusión, bien porque en primera instancia se haya impartido la condena, ya porque ambas partes hayan impugnado, o porque, habiéndose ella negado, quien la solicitó insista en su pedimento. En tales casos, goza el juez de segunda instancia de plenos poderes para fallar sobre el asunto(*).

No sobra aclarar que, en sede de revisión ante la Corte Constitucional, las aludidas advertencias no tienen cabida, en cuanto su competencia no procede de recurso alguno de las partes sino de la propia Constitución, siendo por ello plena».

(Sentencia T-400 de agosto 22 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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