Sentencia T-401 de agosto 23 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

CUANTÍAS

PROCESOS CONTENCIOSOS LABORALES

EXTRACTOS: «La competencia, entendida como la facultad que tiene un juez para ejercer en un determinado negocio la jurisdicción que corresponde al poder estatal, es fijada siempre por la ley, tomando en cuenta para ello varios factores, entre ellos el factor objetivo que mira exclusivamente a dos criterios, a saber: al objeto o materia del negocio judicial (competencia por materia) o al valor de las pretensiones (competencia por valor).

En relación con los procesos de restablecimiento del derecho de carácter laboral, el ar-tículo 131 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el 132 del mismo código, acogiendo los dos criterios de fijación de competencia antes mencionados, prescribe que de los procesos de restablecimiento de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de quinientos mil pesos ($ 500.000), conocerán en única instancia los tribunales administrativos. El inciso segundo del literal b de este mismo artículo, que prescribía que, sin embargo de lo anterior, de los procesos de destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que implicaran retiro del servicio, cuando la asignación mensual correspondiente al cargo no excediera de ochenta mil ($ 80.000), conocerían en única instancia los tribunales administrativos sin consideración a la cuantía de la pretensión, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-345/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), por considerar que dicho precepto era discriminatorio y violatorio del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política.

El literal 6º del artículo 132 del mismo estatuto, correlativamente, dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos de restablecimiento del derecho de carácter laboral de que trata el artículo 131 arriba comentado, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos ($ 500.000). Y el tercer inciso de esta norma, que establecía que, no obstante, si el proceso era de aquellos en los que se controvertían actos que conllevaran destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que implicaran retiro del servicio, conocerían de él los tribunales administrativos en única instancia, cuando la asignación mensual correspondiente al cargo excediera de ochenta mil pesos ($ 80.000), fue declarado inexequible en esta última parte (la subrayada), en la misma sentencia arriba referenciada y por idénticas consideraciones, esto es, por considerar que la norma era discriminatoria en cuanto concedía la segunda instancia sólo a quienes tenían un salario superior al tope señalado.

No obstante, la anterior declaratoria de inexe-quibilidad no equivale a la eliminación del factor cuantía como determinante de la competencia en los procesos de restablecimiento del derecho de carácter laboral. Así lo aclaró esta corporación en sentencia C-351/94 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara), en donde se expresó:

“Previamente al análisis de los cargos, la Corte debe señalar que la acción que dio lugar a la sentencia C-345/93 no cuestionaba la existencia de los procesos de única instancia, ni la cuantía como factor de determinación de la competencia, sino más bien, controvertía que la asignación básica mensual correspondiente al cargo pudiera constituirse en base para su determinación”.

Y en la misma sentencia, refiriéndose, entre otros, a los artículos 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo, dijo la Corte:

“Puesto que la determinación de la cuantía en las normas sub exámine se hace a partir de un referente objetivo, a saber, la cuantía de la pretensión, el cual nada tiene que ver con la escala de salarios o los distintos niveles de ingresos o cualquier otro elemento que pudiere introducir discriminación, no encuentra la Corte que desconozca los valores de igualdad y equidad que proclama la Carta”.

La anterior jurisprudencia fue reiterada en la sentencia T-077/96 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

Así las cosas, actualmente la competencia para conocer de las acciones de restablecimiento del derecho de carácter laboral contra actos que impliquen retiro del servicio, se determina por la cuantía de la pretensión, sin consideración a la asignación mensual que venía devengando el accionante y de conformidad con las normas contenidas en los literales a y b del numeral sexto (6º) del artículo 131 de Código Contencioso Administrativo.

Al respecto resulta pertinente también la jurisprudencia del Consejo de Estado en donde se expresaron los siguientes conceptos:

“...teniendo en cuenta que por regla general quien demanda un acto que implica retiro del servicio reclama además del reintegro, el pago de sueldos y prestaciones dejados de devengar, es claro que los literales a y b del numeral sexto de los mencionados artículos no se ajustan del todo al presupuesto enunciado, dado lo cual es pertinente acudir al artículo 20 numeral 1º de C. de P.C. como lo prevé el artículo 267 del CCA. Aplicando tal norma y los artículos 131 y 132 en la parte pertinente no declarada inexequible, se tiene que la cuantía como factor de determinación de la competencia funcional en los procesos de restablecimiento del derecho de carácter laboral en que se discuta la legalidad de actos que impliquen retiro del servicio se calcula “por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella” (art. 20, inc. 1º del C. de P.C.). Atendiendo lo anotado, los factores a tener en cuenta son: a) Fecha de retiro del servicio; b) Último salario o sueldo a la fecha del retiro; c) Fecha de presentación de la demanda, y d) Tiempo transcurrido entre el retiro y la presentación de la demanda, sin que éste exceda el término de caducidad de la acción”. (Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de octubre 28 de 1993, Exp. 8583. M.P. Clara Forero de Castro)».

(Sentencia T-401 de agosto 23 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

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