Sentencia T-403 de septiembre 14 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA QUINTA DE REVISIÓN

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

EN LA SENTENCIA DE TUTELA

EXTRACTOS: «Ha sido reiterada la jurisprudencia en el sentido de que el objeto propio y específico de la acción de tutela radica en la garantía judicial concreta de los derechos fundamentales. Como lo expresa el artículo 86 de la Constitución, “la protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo”, lo cual indica que, en principio, impartida la orden judicial y ejecutada, la función de la tutela se agota.

Desde luego, el afectado goza normalmente de los medios judiciales ordinarios par obtener que se le indemnice por los daños causados con la acción o la omisión que motivó la intervención judicial.

No obstante, previendo que en algunos casos ello no pudiera ser posible, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 plasmó la posibilidad de que el juez de tutela, al concederla, ordenara simultáneamente la indemnización “in genere” del daño ocasionado por una acción ostensiblemente arbitraria cuando para obtenerla no existiere medio judicial adecuado y fuere indispensable para asegurar el goce efectivo del derecho.

Sobre el particular, al declarar exequible la norma, señaló esta Corte:

“...ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuida por el derecho, en aplicación de criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de la acción u omisión antijurídica...

Desde luego, no se trata de sustituir a la jurisdicción especializada ya que el juez de tutela tan solo tiene autorización para ordenar la condena en abstracto y su liquidación corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o al juez competente, lo cual en nada se opone a las previsiones constitucionales” (cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992).

Debe subrayarse, sin embargo, que, no es la indemnización el objetivo primordial de la tutela pues la razón de ésta reside en la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Conviene recordar que, como lo ha enseñado la jurisprudencia, “la indemnización sólo es posible decretarla si se concede la tutela, razón por la cual la prosperidad de la acción en esta materia —que, por ende, resulta ser accesoria— únicamente puede darse si prospera la pretensión principal, es decir, si el juez ha encontrado aquélla procedente y, además, ha concluido que las razones de hecho y de derecho por él evaluadas dan lugar a impartir una orden de inmediato cumplimiento en cuya virtud se realicen, en el caso específico, los postulados constitucionales” (cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-095 del 4 de marzo de 1994).

Pero no siempre que prospere una acción de tutela ha de seguirse necesariamente que en la misma providencia el juez ordene la indemnización en abstracto de los perjuicios causados. Existiendo varios medios ordinarios para alcanzar ese cometido, la norma legal mencionada es de interpretación estricta. En otros términos, la indemnización por la vía de la tutela es excepcional:

— Para que proceda es indispensable que el afectado no disponga de otro medio judicial. Esta exigencia no se refiere a la defensa del derecho fundamental invocado sino a la obtención del resarcimiento del perjuicio, como ya lo resaltó esta Corte en el fallo últimamente mencionado.

En consecuencia, si, consideradas las circunstancias del caso, el accionante tiene posibilidad de intentar la acción ordinaria enderezada a la indemnización de los daños que se le han causado, no es la tutela el medio judicial idóneo para ello, pese a haber prosperado.

— La violación del derecho tiene que haber sido manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. No es suficiente, entonces, con el hecho objetivo de que el derecho fundamental aparezca afectado o en peligro, sino que se requiere que el desconocimiento del derecho haya sido ostensible y que el sujeto activo haya actuado en abierta transgresión a los mandatos constitucionales, a su arbitrio, con evidente abuso de su poder.

— La indemnización debe ser necesaria en el caso concreto para asegurar el goce efectivo del derecho. Es eso lo que justifica que de modo excepcional pueda ser buscada y decretada dentro del procedimiento de tutela, toda vez que —se repite— el sentido principal de la institución es el de garantizar que serán respetadas las normas de la Carta en materia de derechos fundamentales. Entonces, hacer uso de la acción con el solo propósito de obtener el resarcimiento de perjuicios equivaldría a desfigurarla.

— Como ya lo hizo ver la Corte en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, la condena en abstracto no procede sino sobre el supuesto de que, en esa materia, han sido atendidas a cabalidad las reglas del debido proceso, pues tal garantía constitucional es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. “...el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el artículo 29 de la Constitución, de las cuales no ha sido ni podría haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso específico tales requerimientos se trans-greden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporación, para revocar la correspondiente decisión judicial”.

Por tanto, no son admisibles los fallos de tutela que contengan condenas en abstracto si aquel contra quien se instauró la acción no ha gozado del derecho de defensa, de la oportunidad de controvertir las pruebas allegadas en su contra y de la posibilidad de hacer valer las que lo favorezcan.

En tal sentido, conviene recordar lo expuesto por esta misma Sala en sentencia T-375 del 7 de septiembre de 1993:

“El debido proceso, que descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser desvirtuada por el Estado para que se haga posible una condena, es plenamente aplicable y exigible en los términos constitucionales cuando se trata de tramitar y resolver sobre acciones de tutela, mucho más si una de las consecuencias derivadas de la determinación de concederla es la de imponer a la entidad o (...) a un funcionario o empleado de la misma una condena económica. Ésta únicamente puede provenir de una prueba mínima acerca de que se ha causado un perjuicio y tiene que partir de la relación de causalidad existente entre el perjuicio y el acto u omisión en concreto. Para deducirlo se hace indispensable establecer, previo un debido proceso, que en efecto la persona o entidad contra la cual se profiere la condena es responsable”.

— La indemnización que se ordene en abstracto debe estar encaminada, como lo manda el precepto legal, a resarcir el daño emergente causado, entendido como “perjuicio o pérdida”, en los términos del artículo 1614 del Código Civil, es decir que no comprende el lucro cesante —ganancia o provecho que deja de reportarse, según la misma norma—, por lo cual en casos como el que se estudia, en el cual afirma la peticionaria que “no ha podido arrendar el inmueble”, no es aplicable el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

— A lo dicho debe agregarse que si el juez de tutela, fundado en la viabilidad de la condena “in genere” según los presupuestos legales en comento, accede a decretarla, debe establecer con precisión en qué consistió el perjuicio; cuál es la razón para que su resarcimiento se estime indispensable para el goce efectivo del derecho fundamental; cuál es el hecho o acto que dio lugar al perjuicio; cuál la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño causado y cuáles serán las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción de lo contencioso administrativo o el juez competente, según que se trate de condenas contra la administración o contra particulares, para efectuar la correspondiente liquidación».

(Sentencia T-403 de septiembre 14 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernán-dez Galindo).

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