Sentencia de tutela T-405 de agosto 23 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

DIPUTADOS

NO SON INVIOLABLES EN SUS OPINIONES

EXTRACTOS: «El control político, adscrito constitucionalmente a los congresistas, para que sea efectivo, debe ir acompañado de la inviolabilidad de las opiniones expresadas en ejercicio de las funciones de los parlamentarios, así lo estableció la Constitución (C.P., art. 185). Tal inviolabilidad no está consagrada en la Carta ni para el control político que ejercen los ciudadanos, ni tampoco para los diputados. Es más:

El control político escapa a las atribuciones de los diputados en razón de que Colombia es una República unitaria (C.P., art. 1º).

Siendo este control político propio de los congresistas, se colige que es contrario a la Constitución extenderlo a los diputados y, consecuencialmente, tampoco se puede incluir dentro de la inviolabilidad de opiniones expresadas en ejercicio de sus funciones a los diputados porque dicha inclusión viola los artículos 1º, 40, 114, 135 (nums. 8º, 9º) de la C.P. Por lo tanto, la disposición del Código de Régimen Departamental (D. 1222/86), artículo 59, en la parte que establece: “Los diputados no serán responsables por las opiniones que emitan en el curso de los debates...”, es contraria a la Carta y por lo mismo inaplicable (C.P., art. 4º). No puede una norma inferior consagrar una garantía institucional que los constituyentes sólo establecieron para los congresistas.

Además, las asambleas son y han sido entidades administrativas, esto implica que el control que ejercen es administrativo, ello se colige del inicial artículo 300 de la C.P., y del artículo 2º del Acto Legislativo Nº 1 de 1996. Los diputados no pueden invocar una inviolabilidad de sus opiniones porque no gozan de ella. Si durante un debate desarrollado en la asamblea, los diputados tienen expresiones fuera de tono, éstas son controladas mediante procedimientos reglamentarios, o correccionales (artículo 52 reglamento interno de la Asamblea de Antioquia)».

(Sentencia de tutela T-405 de agosto 23 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

_______________________________