Sentencia T-408 de agosto 11 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Ref: Exp. T-156083

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Santafé de Bogotá, D.C., agosto once de mil novecientos noventa y ocho.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado.

(...).

Fundamentos

1. El actor solicita que le sean devueltas unas “fotografías muy comprometedoras” que, según la acción de tutela, posee la demandada y, adicionalmente, que le resarza los perjuicios que le ha generado por hacer circular, contra su voluntad, dichas fotografías.

El fallador de tutela denegó la protección constitucional con el argumento de que el actor tenía a su disposición el proceso penal, por medio del cual no sólo conseguiría la devolución de las fotografías sino, también, el pago de la indemnización por los daños irrogados.

Solicitud de indemnización

2. La Corte ha reiterado en múltiples oportunidades, que la acción de tutela no es, en principio, el mecanismo idóneo para solicitar una eventual indemnización. En efecto, sólo en circunstancias muy excepcionales en las que (1) la violación del derecho fundamental resulte manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, (2) el afectado no disponga de otro medio judicial, y (3) siempre que ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho fundamental vulnerado, el juez constitucional puede ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado(1).

En el presente caso, no está demostrado que la señora B le haya producido al actor un perjuicio iusfundamental que merezca ser resarcido mediante la correspondiente indemnización. Pero incluso si se encontrara demostrada la premisa fáctica que acá se hecha de menos, el actor tendría otros mecanismos alternativos, como el proceso civil o la acción civil dentro de un proceso penal, para lograr el resarcimiento del daño producido.

Por consiguiente, cualquiera sea el resultado de la acción de tutela que se estudia, resulta abiertamente improcedente la solicitud de indemnización formulada por el señor J.

Procedencia de la acción de tutela

3. En el presente caso, la acción de tutela ha sido interpuesta contra una persona particular frente a la cual, prima facie, el actor se encuentra en condiciones de igualdad jurídica y fáctica. Conforme a lo anterior, en el caso sub lite, la relación existente entre actor y demandada no parece encuadrarse dentro de ninguna de las causales que autorizan la procedencia de la acción de tutela contra particulares, señaladas en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, la procedencia del amparo constitucional se impone en caso de detectarse una circunstancia que colocara al actor en situación de subordinación o de indefensión frente a la demandada, lo que debe ser verificado en cada caso concreto (C.P., art. 86, in fine; D. 2591/91, art. 42-4 y 9º).

Según la jurisprudencia de esta corporación, la subordinación es una situación que hace referencia a la existencia de una relación jurídica de dependencia, tal como la que se produce, por ejemplo, entre trabajador y empleador, en virtud del contrato de trabajo. Conforme a lo anterior, es fácil deducir que el actor no se encuentra ligado a la señora B. por ninguna clase de vínculo jurídico que determine que aquél se encuentre en situación de subordinación frente a ésta. De otra parte, la Corte tiene establecido que una situación puede ser calificada como de indefensión cuando una persona carece de medios de defensa frente a actos o conductas de otra que violan sus derechos fundamentales o, bien, cuando los medios de defensa de que dispone son claramente idóneos para evitar o restablecer en forma rápida y efectiva la vulneración de sus derechos fundamentales. A diferencia de la subordinación, la indefensión puede responder a factores de orden fáctico o jurídico que deben ser establecidos según las particularidades de cada caso específico. Resta, entonces, estudiar, si, en el presente caso, existe algún tipo de situación que coloque al actor en situación de indefensión frente a la demandada.

En virtud de lo anterior, tal y como lo ha sostenido la Corte(2), una persona se encuentra en situación de indefensión frente a otra, en los eventos en los cuales esta última posee y hace circular documentos en los que se reproduzcan imágenes íntimas de la primera, en contra de su voluntad, que pueden producir una lesión irremediable de sus derechos fundamentales. En efecto, el proceso reivindicatorio civil, el cual podría constituir un juicio ordinario, abreviado o verbal sumario, según la cuantía del asunto (C.P.C., arts. 396 y 397), es un medio de defensa apropiado para que el actor recupere la tenencia de las fotos que reclama. Sin embargo, la Sala estima que la duración promedio del juicio civil de reivindicación no se compadece con la urgencia y magnitud del daño iusfundamental que se produce en razón de la circulación y difusión de fotografías que reúnan las condiciones antes indicadas.

En el presente caso se trata de fotografías en las que se pone en evidencia una circunstancia íntima del actor que éste no quiere que salga a la luz pública por temor a perder su intimidad y el ámbito de libertad que esta le garantiza. De otra parte, la circulación de este tipo de documentos puede afectar sensiblemente el derecho a la propia imagen de su titular. Adicionalmente, la difusión de imágenes íntimas que reproducen escenas que pueden merecer algún reproche o juicio negativo por parte de la comunidad, en contra de la voluntad de su titular y sin justificación constitucional o legal alguna, afecta de manera irreversible los derechos fundamentales mencionados. En consecuencia, si los hechos se presentaran como fueron relatados en la acción de tutela, la misma resultaría procedente por tratarse de un típico caso de indefensión.

4. Durante el proceso no se demostró que la demandada hubiera hecho públicas las fotos que originaron la presente acción. De otra parte, quedó probado que la señora B. entregó las mencionadas fotos a la Fiscalía General de la Nación para que formaran parte de una indagación que esta entidad adelanta por la presunta comisión de conductas que pueden ser calificadas como abuso o corrupción de menores. En tales circunstancias, por sustracción de materia, la acción de tutela se torna completamente improcedente, pues dado que la demandada no tiene las precitadas fotografías no está en condiciones de hacerlas circular y, en consecuencia, mal puede afirmarse que el actor tiene frente a ella una relación de indefensión.

5. Ahora bien, ciertamente las fotos no le han sido devueltas a su titular. En este sentido, no puede desconocer la Sala que —como fue mencionado en el fundamento jurídico anterior—, el riesgo de que se pongan a circular podría amenazar sus derechos fundamentales. En efecto, a este respecto la Corte ha indicado que cuando una imagen es apropiada, difundida, expuesta, reproducida o comercializada en contra de la voluntad de la persona representada, existiendo autorización de ésta, la imagen es reproducida, difundida o comercializada en detrimento de su identidad, se produce una violación del derecho fundamental a la propia imagen, cuya defensa puede ser ejercida por vía de la acción de tutela. Sobre este particular, la Corte ha expresado:

“De otra parte, cabe destacar que la imagen o representación externa del sujeto tiene su asiento necesario en la persona de la cual emana y, por tanto, su injusta apropiación, publicación, exposición, reproducción y comercialización, afecta lo que en estricto rigor constituye un derecho o bien personalísimo. Una consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad, impiden que las características externas que conforman su fisonomía o impronta y que lo identifican más que cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación por terceros. De ahí que con las limitaciones legítimas deducibles de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás intereses públicos superiores, se estime que toda persona tiene derecho a su propia imagen y que, sin su consentimiento, ésta no puede ser injustamente apropiada, publicada, expuesta, reproducida o comercializada por otro.”(3)

Conforme a lo anterior, esta corporación tiene establecido que el derecho fundamental a la propia imagen se encuentra implícito en las disposiciones del artículo 14 de la Constitución Política, el cual, al reconocer el derecho de todas las personas a la personalidad jurídica se constituye en una “cláusula general de protección de todos los atributos y derechos que emanan directamente de la persona y sin los cuáles ésta no podría jurídicamente estructurarse.”(4) Así mismo, la Corte considera que los aspectos dinámicos del derecho a la imagen, es decir, aquellas acciones de la persona dirigidas a disponer del mismo, constituyen una forma de autodeterminación del sujeto y, por ende, se enmarcan dentro del ámbito de protección que depara el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16)(5) Adicionalmente, si la imagen reproduce actos o sucesos propios de la intimidad de una persona, su difusión, en contra de su voluntad vulnera, en principio, el derecho fundamental a la intimidad (C.P. art. 15).

Dado que las fotografías se encuentran actualmente en poder de la fiscalía, la Sala debe examinar si ello apareja violación a los derechos fundamentales cuya tutela se solicita.

A juicio de esta Sala la Fiscalía General de la Nación no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales del actor al retener las fotografías que originaron la presente acción. En efecto, dicha entidad no está autorizada para difundir, publicar o hacer circular fotografías que contengan imágenes íntimas de sujetos cuya conducta se investiga, ni puede exponer, reproducir o comercializar dichas imágenes en contra de la voluntad de la persona representada. En estos términos, mal puede afirmarse que la tenencia de las mencionadas fotos por parte de tal entidad —cuando las mismas le han sido entregadas por quien suministra una eventual noticia criminal con la que pueden estar relacionadas—, afecte los derechos fundamentales del actor.

Por el contrario, la protección de los derechos fundamentales garantizados a través del derecho penal, permite que la fiscalía retenga documentos o fotografías en contra de la voluntad de sus titulares, cuando las mismas formen parte de una investigación penal respecto de la cual tengan una cierta relación de conexidad. En efecto, los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la propia imagen no llegan hasta el extremo de impedir que unas fotografías en las que se reproducen imágenes íntimas de una persona no puedan ser aportadas y conservadas por la fiscalía en contra de la voluntad de su titular, cuando ellas pueden servir de elemento para la eventual definición de responsabilidad penal por la comisión de hechos punibles que están siendo investigados.

Por supuesto, todo lo anterior es independiente del valor probatorio que puedan tener tales fotos y supone, necesariamente, el cumplimiento de las normas legales sobre reserva del sumario que asegura al demandado que sus imágenes no serán objeto de difusión o circulación pública. Adicionalmente, dado que se trata de imágenes íntimas del actor respecto de las cuales ninguna otra persona parece detentar un título legítimo de propiedad, de ser devueltas sólo pueden serlo a su titular, vale decir, al señor J. Por último, no sobra advertir que el actor dispone de otros medios de defensa para evitar los posibles riesgos que pueden generar el hecho de que no tenga en su poder las imágenes que dieron origen a la presente acción. En efecto, para elIo puede hacer uso de los mecanismos jurídicos que le permiten participar en el proceso penal y, adicionalmente, apelar a las acciones civiles para reclamar la indemnización a la que cree tener derecho.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión.

RESUELVE:

1. Confirmar, pero exclusivamente por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de diciembre 29 de 1997, proferida por el juzgado 7º penal municipal de Cartagena de Indias, D.T.C.

2. Líbrese, por secretaría general de la corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(1) Artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 y SC-543/92 y SC-054/93.

(2) ST 090/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(3) ST 090/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(4) ST-090/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(5) ST-090/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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