•Sentencia T-418 de junio 9 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

PROPIEDAD HORIZONTAL

MEDIDAS CONTRA COPROPIETARIOS MOROSOS

EXTRACTOS: «La prohibición de ingreso y salida de bienes muebles a las casas cuyos habitantes se encuentren en mora en los pagos de las cuotas de administración, fue adoptada, en el caso específico que se revisa, por la asamblea general de copropietarios de manera general y previa al hecho que denuncia la actora(12), esto es que está dirigida y es aplicable a todos aquellos que se encuentren en esa situación. Lo anterior se puede verificar en el acta Nº 006 del 7 de febrero de 1998, cuya copia, como se dijo antes, reposa en el expediente.

(12) En efecto esta medida fue adoptada por la asamblea general de copropietarios en la sesión celebrada el 7 de febrero de 1998, correspondiente al Acta Nº 6, ver folios 135 y 136 del expediente.

En anteriores oportunidades, esta corporación ha protegido derechos fundamentales de personas que recurrieron a la tutela para salvaguardarlos de violaciones o amenazas originadas precisamente en decisiones o medidas adoptadas por los consejos de administración o por las asambleas de copropietarios de conjuntos residenciales sometidos al régimen de propiedad horizontal, y lo ha hecho porque efectivamente ha comprobado que tales medidas afectan o impiden la realización plena de las garantías constitucionales.

Así por ejemplo, en los casos en los que ha comprobado que la suspensión del servicio de distribución de correspondencia y de citófono, efectivamente puede “...derivar en la transgresión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y demás formas de comunicación privada, o del derecho a la vida, de expresión y al debido proceso”(13), ha ordenado que tales medidas se suspendan, advirtiendo que los beneficiados con la decisión no pueden por eso reivindicar el derecho a no pagar las cuotas de administración, ni las adeudadas ni las futuras.

(13) Corte Constitucional, sentencia T-630 de 1997, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

En el caso que se analiza, la medida cuestionada implica la prohibición de ingreso y salida de bienes muebles a las casas cuyos propietarios y/o habitantes se encuentren en mora en el pago de las cuotas de administración, disposición que la Sala encuentra desproporcionada y violatoria del derecho fundamental al debido proceso de los habitantes del conjunto residencial, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, pues la impone una instancia que no tiene competencia para hacerlo, dado que se trata de una función propia de las autoridades de policía; por ese motivo, la Sala confirmará el fallo del a-quo y le ordenará a la asamblea general de copropietarios inaplicar esa disposición del reglamento que rige el conjunto residencial.

Ahora bien, en el caso específico que ocupa a la Sala, según lo expresa clara y reiteradamente la actora, el refrigerador al cual se le impidió el ingreso había sido adquirido con destino a la tienda que ella instaló en su casa, violando los reglamentos del conjunto y no obstante los requerimientos de la administración, es decir, de un bien que iba a fortalecer un establecimiento de comercio que opera irregularmente y que afecta los intereses y la tranquilidad de los demás habitantes del conjunto, luego no es procedente que el juez de tutela ordene que se permita su ingreso, dado que ello implicaría afectar el bienestar de la comunidad y respaldar una posición que como la de la accionante, desconoce el mandato del artículo 95 de la Constitución Política, que señala como uno de los deberes de la persona, el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios».

(Sentencia T-418 de junio 9 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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