Sentencia T-420 de junio 17 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

MADRES SOLTERAS

DERECHO A CONTINUAR SUS ESTUDIOS

EXTRACTOS: «Se fundamenta la demanda de tutela presentada ante el Juez Promiscuo Municipal de Liborina, en los siguientes hechos:

L... realizó estudios de bachillerato en el Liceo Departamental Integrado San Francisco de Asís de Liborina (Antioquia), a partir del año de 1985 hasta el año de 1989. Debido a su estado de embarazo tuvo que suspender sus estudios para el año de 1990 y al solicitar para el año de 1991 su reintegro al liceo, no le fue aceptado por el rector Joaquín Lopera R. Igual proceder adoptó éste al insistir ella el 23 de marzo de 1992 para que fuera admitida.

Manifiesta que “no se le ha notificado ninguna sanción por haber violado de alguna manera el reglamento interno de la moral del establecimiento” lo cual estima arbitrario porque no existe norma de la Secretaría de Educación Departamental que niegue a las madres solteras el derecho a continuar sus estudios en establecimiento oficial.

En primer lugar ha de precisar la Sala que el Juzgado encuentra como derecho infringido en el caso sublite el artículo 27 de la Carta Política que garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Al respecto valga decir que la no permisión de continuar estudios en un establecimiento educativo, no atenta contra ninguna de las libertades anteriores que pueden definirse en términos generales “como una de las aspiraciones más elevadas de la humanidad y hace relación a las garantías de que debe rodear el Estado moderno al individuo con el fin de evitar el oscurantismo, el dogmatismo, las doctrinas oficiales impuestas por regímenes autoritarios, monocráticos, totalitarios o de terror; igualmente, en el mundo contemporáneo se erige como un freno sustancial al imperio de la tecnocracia y al dominio de la ciencia sobre la libertad. En ese sentido, también comprende la actividad de todos los centros públicos y privados organizados con fines científicos, culturales o académicos y de formación profesional para evitar iguales vicios y deformaciones (1)”.

En cambio el derecho que está en juego y que se viola es el de la educación, porque la separación de la estudiante del colegio la priva de los conocimientos que a través de ella se le brindan y que contribuye al perfeccionamiento de su ser. Del mismo modo se le desconoce tanto el derecho a la igualdad de la persona humana al colocarla en situación capitis deminutio por el hecho de encontrarse en estado de embarazo como el derecho a la autodeterminación al pretenderse coartar su libertad para desarrollar su propia personalidad.

Se explicó precedentemente que el derecho a la educación es un derecho fundamental; así mismo es evidente que la conducta negativa de facto, ilegal e inconstitucional del rector del liceo no podía obtener reparación distinta al del ejercicio de la acción de tutela.

Con base en las pruebas que fueron aportadas al expediente, se establece que el Rector del Liceo Departamental Integrado San Francisco de Asís, de Liborina, Antioquia, ha quebrantado el derecho fundamental de la educación, por cuanto impidió el ingreso de la estudiante al mencionado plantel educativo, aduciendo argumentos de orden moral y más exactamente, que no es permitido por el liceo recibir madres solteras, sin haber agotado con antelación los procedimientos legales.

(1) Sentencia Nº 15 de 28 de mayo de 1992. Sala de Revisión Nº 5 Proceso de tutela Nº 265. Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

En efecto, para que el rector pudiera impedir el reintegro de la estudiante, ha debido existir previamente a la solicitud de reintegro, una sanción disciplinaria aplicada de conformidad con los procedimientos señalados en el Decreto 1398 de 1973, la Circular Nº 42 y el reglamento interno del liceo, pues en estas normas se especifican además de las faltas que afectan la disciplina y la conducta, el trámite legal para aplicar las sanciones disciplinarias, cuando dichas normas hayan sido transgredidas por los estudiantes; por lo tanto se concluye que no existe violación que merezca sanción para limitar el derecho a la educación de la estudiante L..., porque nunca se le sancionó legalmente, nunca se le comprobó el hecho imputado, sólo se tomó una decisión personal de h echo infringiéndose la normatividad antes señalada y con ello el derecho a la educación a que tiene derecho.

Por último la Sala no puede aceptar que por el hecho de que la estudiante haya quedado en estado de embarazo, se deduzca o sirva de prueba para imputarle actos “inmorales” y “carnales” dentro de dicho plantel. Es esta una aseveración muy personal del rector huérfana de toda prueba.

c) Violación del derecho de la igualdad.

Considera así mismo esta Corporación que también se le ha vulnerado el derecho fundamental de la igualdad a la joven L..., ya que el rector al marginarla del derecho a la educación, le da un trato de inferioridad en relación con las otras estudiantes y la discrimina cuando afirma que es objetivo primordial de la moral del establecimiento cerrarle las puertas a las madres solteras.

d) Vulneración del derecho a la autodeterminación.

La Sala considera que el rector ha desobedecido también el mandato constitucional del derecho a la autonomía establecido en el artículo 16 como derecho fundamental, por cuanto coarta la libre decisión de la estudiante de escoger como nueva forma de vida su condición de madre, limitándole la facultad de autodeterminarse con forme a su propio arbitrio dentro de los límites permitidos. En este orden de ideas el rector no tiene ninguna potestad para impedirle a la estudiante que dirija soberanamente su vida, siempre que transite dentro de los lineamientos que le impone la ley y sin que traspase la barrera donde se inicia el derecho de los demás.

La nueva condición de vida de la estudiante no infringe ninguna disposición de derecho, como tampoco afecta el libre ejercicio de las potestades de los demás. Además, a favor de la maternidad se han consagrado disposiciones tuteladoras contenidas en la legislación sobre seguridad social en el orden mundial como también en las constituciones de los Estados.

En el nuestro, el artículo 53 superior erige como principio mínimo fundamental laboral la “protección esencial a la mujer, a la maternidad. . . “.

Por todo ello el rector de marras se inmiscuyó gravemente en la vida personal de la estudiante e inexplicablemente se convirtió en un implacable Savonarola criollo de la moralidad de ella, atentando contra su derecho a la autodeterminación».

(Sentencia T-420 de junio 17 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez).

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