Sentencia T-422 de septiembre 27 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

TUTELA POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

PRUEBA DEL NEXO CAUSAL

EXTRACTOS: «La protección judicial consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política tiene lugar en concreto cuando se establece que la acción u omisión de una autoridad pública, o de particulares en los eventos previstos por la ley, viola un derecho fundamental o lo amenaza.

Del texto constitucional resulta, como es apenas lógico, que entre la acción u omisión respecto de la cual se propone la tutela y el daño causado al derecho o el peligro que éste afronta exista un nexo de causalidad. En otros términos, la protección judicial no tiene cabida sino sobre el supuesto de que el motivo de la lesión actual o potencial del derecho invocado proviene precisamente del sujeto contra el cual ha sido incoada la demanda, bien por sus actos positivos, ya por la negligencia que le sea imputable.

Lo dicho adquiere especial relevancia cuando por esta vía se acude al juez para obtener amparo en relación con situaciones cuyo tratamiento constitucional, por afectar intereses colectivos, es normalmente el de las acciones populares, pero que caen de manera excepcional dentro del ámbito propio de la tutela cuando simultáneamente implican ataque o amenaza a derechos fundamentales de personas determinadas.

Así acontece con la salvaguarda judicial del ambiente, a la cual se refieren los fallos en revisión, pues bien se sabe que el instrumento constitucional idóneo para impetrarla es precisamente el de las acciones contempladas en el artículo 88 de la Constitución.

El artículo 6º, numeral 3º, del Decreto 2591 de 1991 estableció que la tutela no es procedente cuando se pretenda proteger los derechos colectivos en mención, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

Mediante una interpretación sistemática de la Constitución, la jurisprudencia de esta Corte ha venido sosteniendo que “si, además, una per-sona individualmente considerada puede probar que la misma causa (perturbación del medio ambiente) está afectando o amenazando de modo directo sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de acciones populares”. Y esto porque “el artículo 86 de la Constitución contempla expresamente la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales como las razones que hacen jurídicamente idónea la acción de tutela, siendo claro que la acción popular no necesariamente obra como medio de defensa judicial adecuado a la eficaz protección de los derechos del individuo, en especial cuando está de por medio la circunstancia de un perjuicio irremediable que podría prevenirse por la vía de la tutela, sin detrimento del uso colectivo de aquélla para los fines que le son propios, según lo dicho” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo Nº T-437 del 30 de junio de 1992).

Pero, claro está, la misma jurisprudencia ha sido rotunda en declarar que las acciones de tutela así instauradas únicamente pueden prosperar en el entendido de que hay “una prueba fehaciente sobre el daño soportado por el solicitante o respecto de la amenaza concreta por él afrontada en el campo de sus derechos fundamentales” y que “igualmente deberá acreditarse el nexo causal existente entre el motivo alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice padecer”.

En ese orden de ideas, no basta alegar que existe una determinada contaminación ambiental y ni siquiera probar que se sufre de una afección en cuya virtud se corra el peligro de perder la vida, si los dos elementos no están vinculados de manera tal que el uno provenga del otro necesariamente. La circunstancia de hallarse enfermo y a la vez desenvolverse en un ambiente viciado podría significar que la perturbación ambiental provoca el daño a la salud, pero ésta es una mera probabilidad que no puede llevar al juez a la entera certidumbre sobre esa relación, por cuanto también podría ser que el mal hubiese sido provocado por causas diferentes. Si se concediera la tutela sin probar el nexo causal —factor que, a juicio de la Corte, es definitivo para la prosperidad de la acción— el juez no estaría fundando su fallo en una convicción sino apenas en una sospecha.

Lo más grave es que la falta de seguridad del fallador podría conducir —en este como en cualquier proceso— a un error judicial, es decir, a la perpetración de una injusticia consistente en atribuir a determinado sujeto —aquél contra quien se instauró la tutela— la responsabilidad de la vulneración específica del derecho constitucional fundamental de alguien».

(Sentencia T-422 de septiembre 27 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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