Sentencia T-425 de octubre 6 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

SERVICIOS EDUCATIVOS

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO

EXTRACTOS: «Una cosa es encauzar el núcleo esencial de un derecho y otra desconocerlo. En el caso sub examine hay, pues, una sanción y es evidentemente de tipo académico. Pero la motiva un hecho pecuniario, de suerte que no hay proporcionalidad causa-efecto. Una causa económica ha generado una calificación académica, lo cual desconoce la esencia de la educación. Toda respuesta docente es formativa y con base en las capacidades académicas del estudiante. Por tanto, la calificación de uno (1) no responde a la realidad de una evaluación, y se finje el proceso académico mediante una sanción, que no tiene fundamento pedagógico.

La hoja de vida del estudiante va a figurar ante los terceros como una prueba de su falta de aptitud, o de su indisciplina. En otras palabras, no corresponde lo que se afirma en el expediente académico del alumno con la realidad docente; luego, desde cierto punto, implica la afirmación falsa de un hecho académico inexistente. Es cierto que se trata de una sanción prevista en los reglamentos, pero que no por ello permite desconocer el núcleo esencial de un derecho-deber fundamental, como lo es la educación.

Para el caso concreto es insostenible la postura de que se trata del justo pago por la prestación de un servicio. En otras palabras, de algo inherente al derecho al trabajo por parte de los miembros que laboran en la docencia universitaria. Es viable suponer que el estudiante ha tenido la sana intención de cancelar su deuda: para ello ha firmado un pagaré, viable ejecutivamente para la efectividad de la deuda, que él no desconoce. Lo proporcionado es el libramiento ejecutivo, y no la sanción académica, la cual debe obedecer a motivos de carácter pedagógico, es decir, formativos de la inteligencia y la voluntad humanas, y no derivados de la situación económica.

Teniendo en cuenta que el derecho a la educación, como derecho constitucional fundamental, es incondicional, y que la entidad universitaria está condicionando la prestación de su servicio esencial al pago de una suma de dinero, cuando hay meca-nismos idóneos para satisfacer esta deuda —como es el pagaré que firmó el alumno, el cual puede ser cobrado por la vía ejecutiva—, es obvio que el contenido esencial del derecho a la educación se está desconociendo, lo cual condena a la violación del derecho mismo.

Por otra parte, como se ha dicho, se revela que el estudiante no está rehusando el justo pago de lo que debe, porque la intención de pagar se evidencia con la firma de un pagaré, en el cual consta su voluntad de satisfacer el cumplimiento de su obligación.

La Sala considera que, aunque en el estatuto de la entidad universitaria se estipula que en el evento de no pago se sancione —en la forma en que se hizo— al estudiante, tal disposición se tiene por no válida, por cuanto desconoce el contenido esencial del derecho a la educación.

Además, hay una afirmación falsa, ya que sin haber examinado al alumno, se le coloca la calificación académica mínima, cuando toda calificación debe ser el resultado justo de una evaluación. Como ésta no se ejecutó, la calificación no tiene principio académico de razón suficiente y no corresponde a la realidad.

Esta Sala aclara, sin embargo, que lo anterior no significa que las entidades universitarias no tengan el derecho a la justa retribución económica, por la prestación de sus servicios, ni que el servicio educativo se tenga como una ejecución que no deba reportar beneficios pecuniarios para sus ejecutores.

Es por lo anterior que la Sala considera que en casos de negativa al justo pago, la entidad universitaria no está obligada a autorizar la matrícula al estudiante deudor en el siguiente período lectivo. Es apenas razonable que las entidades privadas que prestan el servicio público de la educación tengan un legítimo interés en obtener un beneficio por el trabajo ejecutado. Uno de los fines del trabajo es el mantenimiento y superación de las condiciones de vida del trabajador, sea cual fuere su oficio, manual o intelectual. Esta Sala considera que toda entidad universitaria tiene derecho a percibir ingresos proporcionados al servicio educativo que presta, y que no hay razón suficiente para que, pudiendo los beneficiarios de dicho servicio retribuir económicamente a la universidad, se le niegue la satisfacción de una pretensión justa. Pero la universidad no está autorizada a imponer una sanción de carácter eminentemente académico por una causa de carácter pecuniario, para cuya solución existen vías adecuadas señaladas por la ley.

La autonomía universitaria no consiste en la autorregulación absoluta de los centros de enseñanza superior, hasta el punto de desconocer el contenido esencial del derecho fundamental a la educación, ya que dicha autonomía se entiende que debe estar encausada siempre en aras del objetivo para el cual la consagró el constituyente, esto es la educación, concebida por él como un servicio público que tiene una función social (art. 67); siendo ello así, jamás puede el medio ir contra el fin. El sentido de la autonomía universitaria no es otro que brindar a las universidades la discrecionalidad necesaria para desarrollar el contenido académico de acuerdo con las múltiples capacidades creativas de aquéllas, con el límite que encuentra dicha autonomía en el orden público, el interés general y el bien común. La autonomía es, pues, connatural a la institución universitaria, desde su inicio en Bolonia, en las postrimerías del siglo XI; pero siempre debe estar regida por criterios de racionalidad, que impiden que la universidad se desligue del orden social justo. Por el contrario, con la autonomía que se le reconoce, debe desplegar su iniciativa como un aporte a la sociedad, mediante su triple misión de docencia, investigación y extensión. De ahí que puede afirmarse que la autonomía universitaria conlleva la facultad de iniciativa singular encaminada al fortalecimiento de la educación y el aporte al conocimiento científico de los educadores.

Como se observa, no puede aducirse el principio de autonomía universitaria para instaurar un régimen jurídico paralelo a la legalidad vigente en el Estado. Se trata de facilitar un manejo administrativo y docente autónomo a nivel de la educación superior, sin ceñirse a dogmas científicos impuestos por el Estado, con el fin de promover la libre investigación, y con ello también el libre desarrollo de la personalidad teniendo como finalidades el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, todo ello enmarcado dentro de los objetivos que señala la Constitución Política: formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (art. 67)».

(Sentencia T-425 de octubre 6 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

________________________________