Sentencia T-438 de octubre 12 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS

PLAZO QUE TIENE LA ADMINISTRACIÓN

EXTRACTOS: «Fue probado y declarado por dos organismos judiciales, que los actores sufrieron un daño —la muerte de sus parientes cercanos—, imputado a una falla en el servicio a cargo de la administración —la función de policía consistente en garantizar la seguridad ciudadana— y que ello obliga a la Nación a indemnizarles, pues se les ocasionó un daño injustificado y no es posible volver las cosas al estado en que se encontraban antes de que se presentara la falla en el servicio. Este es el contenido de las sentencias del Consejo de Estado, debidamente ejecutoriadas, que los entes públicos condenados al pago de la indemnización correspondiente, no han ejecutado.

Habiendo quedado establecido en el aparte anterior de esta providencia, que los actores sí son titulares del derecho a la ejecución de las sentencias, como parte de su derecho al debido proceso, el problema a resolver ahora es, si tal derecho fue violado por la administración, a través de la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad competente para hacer efectivo, en estos casos, el mandato de los artículos 95 y 201, numeral 1º de la Constitución.

Opinan los ciudadanos Merlano Alvarez y Patrón Chadid en sus demandas, que no corresponde a un orden justo, que el Estado, por una omisión de sus autoridades, les haya causado el daño injustificado que sufrieron en 1980, que se hayan necesitado doce años para que se ordenara pagar la indemnización correspondiente a ese daño injusto, período durante el cual varios de los que debían ser compensados murieron esperando que se les aplicara justicia sin dilaciones injustificadas, y que, más de un año después de ejecutoriadas las sentencias que ordenan el pago indemnizatorio, éste no se haya hecho efectivo.

Sin embargo, del estudio de los expedientes se puede deducir que el orden justo reclamado por los actores no es el mismo —o, al menos, no implica el mismo concepto y desarrollo normativo de lo justo—, que aquél que el constituyente y el legislador han consagrado en el ordenamiento jurídico vigente.

Ya que no se probó, o siquiera se adujo, que hubieran existido demoras injustificadas en el trámite de la indemnización ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero sí se acusa de tales demoras al ente encargado del pago, en esta revisión sólo se hará referencia al período posterior a la ejecutoria de las sentencias expedidas por el Consejo de Estado.

El orden justo, cuya vigencia plantea la Constitución como uno de los fines esenciales del Estado colombiano, es el que corresponde a la vigencia del ordenamiento constitucional de 1991, desarrollado por el ordenamiento legal que no le sea contrario, por los actos administrativos que reglamentan la aplicación de los dos órdenes normativos anteriores y por las providencias judiciales que dicen cuál es el derecho aplicable a los casos particulares.

Que ese orden justo coincida o no con los personales conceptos sobre lo justo que tenga éste o aquél ciudadano, es una mera eventualidad. Pero, según el mandato constituyente, la aplicación del ordenamiento jurídico vigente —ese y no otro orden justo—, permite garantizar a cada quien los derechos que en él le corresponden y, entre ellos, el de hacerles posible a todos, la participación en la conformación, aplicación y control del ejercicio del poder público (art. 40 de la Constitución), a través del cual pueden intentar que el contenido de las normas vigentes, se acerque más a las particulares concepciones de lo que sería más justo que lo actualmente consagrado.

Según los actores, la subsecretaria jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debió cancelarles la indemnización a la que indudablemente son acreedores, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, acorde con lo estipulado en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

Pero, el artículo 176 del dicho Código, no ordena a la entidad demandada lo que los actores quieren. Dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la comunicación de la sentencia, la subsecretaría jurídica sólo estaba obligada a expedir una resolución, “en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento”. Y la subsecretaría jurídica no expidió resoluciones particulares, porque ya tenía establecido un procedimiento a seguir para dar cumplimiento a todas y cada una de las sentencias en que se condene a la Nación al pago de indemnizaciones a los particulares: es ese procedimiento, hoy consagrado con algunas modificaciones en el Decreto 768 de 1993, el que se viene aplicando y en el que habrá de buscarse si se vulneró el derecho al debido proceso de los peticionarios.

La efectividad de las condenas contra la Nación, que es la pretensión perseguida por los actores de las tutelas que se revisan, está regulada por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el cual señala que tales condenas sólo “serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”. Existiendo ese plazo, no cumplido aún, y estando prevista por la ley una vía judicial específica para la protección del derecho presuntamente conculcado, así como la oportunidad para ejercitarlo, es claro para la Corte que no procede la tutela del derecho al debido proceso en el caso de los ciudadanos Merlano Alvarez y Patrón Chadid. Así, la Corte Constitucional confirmará la sentencia de instancia en los procesos que se revisan, aunque por motivos distintos a los aducidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Empero, no puede terminar acá la revisión de los procesos T-15871 y T-15872, porque si bien la ley consagró el plazo de dieciocho (18) meses para que la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelante la actuación administrativa tendiente a hacer efectivas las condenas contra la Nación, antes de tener que atender perentoriamente un mandamiento de pago ejecutivo, frente al cual no serán procedentes las razones hasta ahora esgrimidas para retrasar el pago, la decisión de tomarse todo el plazo para adelantar la actuación administrativa, no es discrecional de la subsecretaría, como lo reclama en el informe presentado a la Corte, la actual titular de ese cargo. Veamos:

El plazo de dieciocho (18) meses consagrado en el artículo 177 del Código Contencioso, tiene su razón de ser en: 1) Asegurar que la Nación haga un buen pago de las obligaciones a su cargo —evitando fraudes al tesoro público y a los beneficiarios de las indemnizaciones—, a lo cual se atendió con la reglamentación del Decreto 768 de 1993. 2) Permitir que se cumpla con las normas legales relativas a la inclusión, en los presupuestos de los entes públicos, de partidas suficientes para el pago de las sentencias condenatorias en firme —véanse los incisos segundo y tercero del dicho artículo 177—.

Salvo esas restricciones que obligatoriamente han de ser atendidas por los funcionarios competentes para pagar las indemnizaciones, estos han de ser conscientes de que, a partir de la ejecutoria de las sentencias, sobre las cantidades líquidas reconocidas en ellas, se han de reconocer a los beneficiarios de las indemnizaciones, “intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término” (art. 177, repetidamente citado). Ello implica que los intereses, comerciales o moratorios, que se generen y haya que pagar a los beneficiarios, por dolo o culpa de los funcionarios, ocasionan un daño patrimonial a la Nación, que no está autorizada a asumir discrecionalmente la subsecretaría jurídica, ni el Ministerio al cual pertenece.

Según el informe de la subsecretaría jurídica sobre el estado actual de las actuaciones administrativas correspondientes a los procesos que se revisan, transcurridos doce (12) meses, de un término máximo de dieciocho (18), se puede afirmar que:

1. Existe disponibilidad presupuestal para cancelar las solicitudes radicadas bajo los números 066-89 y 574-92, durante la vigencia fiscal de mil novecientos noventa y tres (1993).

2. En la actuación correspondiente a la solicitud 066-89, sólo el 17 de agosto del presente año se envió comunicación a la Secretaría del Consejo de Estado, “pidiendo información acerca del estado del incidente de liquidación en concreto de los perjuicios materiales” correspondientes a cinco (5) de los beneficiarios —distintos a los actores—.

Esta actuación, corresponde al segundo de los diez (10) pasos que deben cumplirse en la subsecretaría jurídica, antes de proceder al pago de las indemnizaciones.

3. En la actuación correspondiente a la solicitud 574-92, está proyectada una comunicación, solicitando al Consejo de Estado copia de la misma sentencia que se le adjuntó a la solicitud de pago y que, en cumplimiento del artículo 177 del Código Contencioso, les remitió la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales, desde el 22 de abril del presente año.

Las inconsistencias del informe de la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hacen sospechar que se está vulnerando el artículo 84 de la Constitución, que establece: “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”. Ello obliga a la Corte a remitir copia de esta providencia a la procuraduría delegada para asuntos presupuestales, a fin de que investigue y, si es del caso, proceda de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que dice: “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto”.

En razón de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. Confirmar las sentencias del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fechadas el tres (3) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), en los que se deniega la tutela del derecho al debido proceso a los ciudadanos Antonio Carlos Merlano Alvarez, Norma Isabel, Julio Manuel y Manuel Julián Patrón Chadid, aunque por las razones distintas que quedaron expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Ordenar que a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se remita copia de la presente providencia, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales, a fin de que se investigue si en el trámite de las solicitudes de pago radicadas bajo los números 066-89 y 574-92 en la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ha vulnerado el mandato del artículo 84 de la Constitución».

(Sentencia T-438 de octubre 12 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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