Sentencia T-442 de agosto 25 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-163852

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz.

Actora: Jeimy Patricia Alvarado

Santafé de Bogotá, D.C., agosto veinticinco de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

c) Del derecho a la educación

En reiteradas oportunidades se ha pronunciado la Corte Constitucional respecto del derecho a la educación, como uno de los pilares fundamentales en la formación de las nuevas generaciones en el país y por lo tanto digno de la protección especialísima por parte del Estado debido a su importancia social. Al respecto en sentencia T-524 de 1992 M.P. Dr. Ciro Angarita Barón dijo esta corporación lo siguiente: “La creación y sostenimiento de escuelas puede entenderse como la realización del propósito deliberado de no dejar al azar la formación de las generaciones futuras y de utilizar instrumentos adecuados para perpetuar, fortalecer y promover aquellas condiciones y valores que la sociedad más estima o, llegado el caso, y por la voluntad soberana del pueblo, transformarlos para que se adecuen a las nuevas exigencias sociales”.

En este orden de ideas también es importante reiterar que esta Corte ha estimado que el derecho a la educación goza de dos dimensiones una civil y otra académica, sobre el particular la sentencia T-612 de 1992 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero expresó:

“2.1. Dimensión académica.

En primer lugar el derecho a la educación hace relación a la aspiración intelectual del hombre, inspirada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), la cual a su vez una manifestación de la dignidad del hombre (C.P., art. 1º).

Los artículos 26, 27, 67, 68, 69 y 70 de la Carta, contemplan básicamente el derecho a la educación, sin dejar de lado, demás disposiciones que junto con las anteriores conforman la llamada “Constitución cultural”(1).

El hombre a través de su vida no es más que un receptor abierto de información, desde la forma como se aprende a caminar, pasando por las primeras letras, hasta llegar a la reflexión pura como elemento esencial del desarrollo de la humanidad. Es pues el conocimiento, el descubrimiento de la propia existencia, la conciencia de ser único, que evidentemente forjan la realización personal del individuo y a través de ésta, el desarrollo de la sociedad.

2.2. Dimensión civil.

Al momento de matricularse una persona en un centro educativo celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil.

Un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”.

Como corolario de lo anterior, esta Sala recuerda que el derecho a la educación ha sido investido por el propio ordenamiento superior (art. 67), de una función social así por ejemplo en la sentencia T-02 de 1992 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero se dijo:

“De la tesis de la función social de la educación. Surge entonces la educación como derecho-deber, que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto de los derechos fundamentales, ellos, escribe Macía Manso, tienen además la particularidad que no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal de otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”.

Ahora bien, a juicio de la Sala, esa función social del derecho a la educación, implica a todos los participantes del proceso educativo a cumplir ciertas obligaciones y gozar de ciertos derechos, establecidos en el reglamento educativo o manual de convivencia, los cuales ha dicho permanentemente la ya larga jurisprudencia de la Corte sobre el particular, que son las normas reguladoras que garantizan una mejor armonía entre los sujetos del proceso pedagógico y entre las distintas relaciones que se producen en la comunidad educativa.

Para la Corte es importante reiterar que desde el punto de vista del ordenamiento superior, la convivencia dentro de una determinada comunidad implica para quienes la integran, el disfrute de una serie de derechos, acompañado al mismo tiempo, de la obligación de cumplir con ciertos deberes. Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 95-1 de la Carta Política, según el cual, es deber de las personas y de los ciudadanos “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”; por lo tanto, la comunidad educativa, es decir aquella que se encuentra integrada por estudiantes, maestros y directivos de los colegios públicos y privados no están exentas del principio general anotado más arriba, toda vez que sus integrantes son titulares de derechos.

En este orden de ideas, la Sala procede a examinar el caso en cuestión.

Caso concreto

Del análisis del acervo probatorio del expediente se desprende que el fondo del asunto se contrae a la exclusión de la menor Yeimy Patricia Alvarado del claustro académico “Zoraida Cadavid”, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca, para el año lectivo de 1998, como consecuencia, a su vez, de la reprobación del logro de biología en el año inmediatamente anterior (1997), lo que conllevó a la pérdida de la beca que le otorgara la institución académica demandada, lo cual se constituye, según el reglamento académico de dicho plantel, en uno de los requisitos sine qua non, para la permanencia de la educanda en el referido colegio. Al respecto obra en el expediente, el acto procesal de ampliación de declaración rendida ante el juez de tutela de primera instancia, surtida por la rectora del colegio, en el cual se lee: “preguntada: Sírvanos (sic) informar a este juzgado, si la menor Yeimy Patricia Alvarado se encontraba becada en la institución... contestó: Sí, la menor se encontraba becada en el colegio, ... allí no puede estudiar nadie que no esté becado; el colegio es una obra social la beca la da la Fundación del Instituto Zoraida Cadavid de Sierra... para el estudio y preparación de niñas pobres y necesitadas” (fl. 138).

A juicio de esta Sala la actitud tomada por el centro educativo en el sentido de no admitir a la alumna Yeimy Patricia Alvarado, no vulneró su derecho a la educación, pues como lo ha sostenido reiteradamente esta corporación, este derecho fundamental implica derechos y prerrogativas que a su vez generan obligaciones, los cuales se materializan, desde el momento de suscribir el contrato civil respectivo, el cual incorpora a su vez el respectivo manual de convivencia, que contiene un conjunto de normas reguladoras por excelencia de las distintas relaciones que configura al interior de la comunidad educativa. Al respecto dijo la Corte en sentencia T-366 de 1997 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo: “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentra expresamente consignado en el manual de convivencia que él y sus acudientes, de una parte, y las directivas del respectivo colegio, por la otra firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como puede forzarlo a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones en que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor”.

Ahora bien, estima la Sala que las condiciones de ingreso y egreso de la alumna, le fueron dadas a conocer a ésta y a su acudiente desde el momento de la suscripción del contrato educativo, el cual expresa: “desde el día de la matrícula, el alumno y el padre de familia y/o acudiente firman un documento en el cual se otorga una beca por parte de la institución por el año lectivo correspondiente en el cual se comprometen al estricto cumplimiento de las normas establecidas, el PEI y el manual de convivencia se consideran incorporados a ese documento, una sola falta contra las mencionadas normas académicas y disciplinarias conlleva a la cancelación de la beca otorgada” (fl. 91).

Por otro lado, la Sala no pierde de vista que la consagración de la pérdida de un logro académico como causal de exclusión del centro educativo, por conllevar esto la pérdida de la beca otorgada, se había establecido previamente e incorporado en el reglamento educativo el cual, a su vez se había dado a conocer con suficiente temporalidad a los educandos, en el documento contractual se expresa que: “la niña que no alcance la totalidad de los logros y/o la excelencia de logros actitudinales después de la semana de recuperación y refuerzo perderá la beca” (fl. 93).

Considera esta corporación que en lo concerniente a la reprobación de la materia de biología, el plantel educativo siguió todos los parámetros establecidos en la legislación para tal situación, en consecuencia la Sala observa que el plantel dio cabal cumplimiento a lo estipulado por los artículos 52 y siguientes del Decreto 1860 de 1994, tal cual como aparece en folio 31 del expediente, en el cual se lee lo siguiente, producto del comité de promoción y evaluación del claustro académico “la alumna Yeimy Alvarado del grado 603 no alcanzó la totalidad de los logros propuestos durante el período de refuerzo y recuperación programada en la semana del 10 al 14 de noviembre de 1997; por lo tanto la alumna debía cumplir con las actividades especiales de refuerzo y recuperación establecida en el Decreto 1860 de 1994 por el MEN. Programada para la semana del 18 al 21 de noviembre del presente año. Sin embargo en las actividades especiales de refuerzo y recuperación, la alumna no presentó trabajos y en la evaluación no alcanzó los logros de biología, por lo tanto se le retira la beca”, esta circunstancia fáctica fue a su vez consentida por la menor, tal como aparece en el folio 34 en el cual se lee lo siguiente: “Yo Yeimy Alvarado estudiante del Instituto Zoraida Cadavid de Sierra, reconozco que he perdido la evaluación del período de recuperación que se llevó a cabo entre los días 18 al 24 de noviembre de 1997. Acepto además que recibí asesoría constante por parte del profesor y demás estamentos de la institución y por lo tanto considero justo este resultado ya que refleja el esfuerzo y mi actitud frente a la materia durante el año lectivo de 1997.

Como se observa de la prueba documental antes citada, es por causa de la conducta de la menor que el plantel educativo decidiera no aceptarla para cursar el respectivo año lectivo de 1998, y de esa forma no supo aprovechar la oportunidad que una institución privada sin ánimo de lucro, y con vocación filantrópica, le otorgaba para cultivar su inteligencia, a través del proceso educativo. No obstante lo anterior, entrar la Sala a otorgar la tutela como lo hizo el juez de segunda instancia, sería contrariar uno de los objetivos básicos del proceso cognoscitivo, el cual es inculcar a los receptores de éste, el valor de la responsabilidad de los actos personales; por lo tanto, exigir a los alumnos una respuesta académica, no conlleva en ningún momento la vulneración del derecho a la educación, al contrario, a juicio de la Sala, es una forma de hacer conciencia sobre el valor del esfuerzo personal como garantía del éxito o fracaso que se tenga frente a cualquier actividad en la vida. Por eso, esta Sala reitera lo expuesto a lo largo de su jurisprudencia en el sentido de considerar que quien se matrícula en un centro educativo, con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra.

Y es que de no ser así, estima la Corte, se estará frente a un derecho absoluto, en este caso la educación, que estarla por encima de cualquier límite para su beneficio, concepción esta que ha sido rechazada por la jurisprudencia constitucional. Al respecto ha dicho la Sala Plena de esta corporación lo siguiente: “los derechos constitucionales no son absolutos, al deber del Estado de impartir educación, correlativamente se acompaña en el plano individual derechos públicos subjetivos, que no pueden ser absolutos... en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión” (Sent. C-555/94 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

En este mismo orden de ideas la sentencia T-402 de 1992 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo expresó “la Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo, salvo que existen elementos razonables —incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante— que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada”. Finalmente en cuanto toca con la evaluación sobre el desarrollo académico esta Corte ha sostenido “la Sala de revisión de la Corte Constitucional comparte las consideraciones del juzgado en cuanto a que recibir una nota acorde con el desempeño del estudiante y por esa razón reprobar el año no es una conducta que vulnere el derecho fundamental a la educación” (Sent. T-092/94 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).

Por las anteriores consideraciones la Sala Octava de revisión de tutelas de esta Corte, revocará la sentencia de segunda instancia y en su lugar, confirmará la decisión del a-quo, que denegó la tutela.

Queda al criterio de las directivas del Colegio Zorayda Cadavid, la consideración de disminuir, dentro de sus posibilidades educativas, los perjuicios que puedan derivarse para la menor de esta decisión, y colaborar con ella para que tenga otras alternativas en el ejercicio de su derecho a la educación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Funza, Cundinamarca, de fecha marzo 27 de 1998, y en su lugar confirmar la providencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Madrid, Cundinamarca, que denegó la presente tutela.

2. Por secretaría líbrense las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

(1) Cfr. sentencia T-02 de mayo 8 de 1992, proferida por la Sala IV de Revisión de la Corte Constitucional, págs. 25 a 26.

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