Sentencia T-443 de octubre 3 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

TEMERIDAD EN LA INTERPOSICIÓN DE LA TUTELA

CONDENA EN COSTAS

EXTRACTOS: «El constituyente creó la tutela para proteger al oprimido, al violentado, al amenazado. En el presente caso las afectadas son un buen número de alumnas de un colegio de provincia, y el personero de Ataco, olvidando sus deberes y su compromiso con la región, presenta tutela, sin tener justificación para ello, NO a nombre de las niñas o jóvenes seducidas por Bocanegra sino a nombre de éste.

4. Esta actitud inconcebible del personero es un ultraje para quienes, en toda la República, han depositado en la acción de tutela la esperanza de que sea el real mecanismo para defender los derechos fundamentales.

Este abuso de Alexander Tovar González, personero de Ataco, merece ser investigado por la Procuraduría. Además, empleándose una pena que excepcionalmente se usa, se condenará en costas a Tovar por prestarse como perso-nero para que Bocanegra no sea responsable ante la sociedad y ante la mujer que embarazó, por su falta de seriedad en el planteamiento de la acción, y, proviniendo esto de un agente del Ministerio Público hace más fácil deducir su temeridad.

5. Temeridad y costas.

El artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 habla en dos partes de “costas”. En el primer inciso se refiere al fallo que concede la tutela, cuando la violación que motivó ha sido clara e indiscutiblemente arbitraria; en este evento se ordena EN ABSTRACTO “el pago de las costas del proceso”.

En el último inciso se contempla la situación diametralmente opuesta: cuando la tutela es rechazada o denegada, en este caso el juez “condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimarse fundadamente que incurrió en temeridad(1). Es decir, que si no hay temeridad no hay costas, esta circunstancia obliga a profundizar en este tema procesal.

5.1. Hay que decir que, tratándose de la tutela, la condenación en costas no obedece a un carácter disuasivo porque el constituyente consagró la tutela como una acción pública, es de su esencia la gratuidad, está íntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la justicia, luego un señalamiento de costas no puede verse como algo que desestima la presentación de esta acción.

Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administración de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente. La Corte Suprema de Justicia, al declarar inexe-quible el inciso 2º de la regla 2ª del ordinal 199 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 que modificó el Código de Procedimiento Civil, dijo:

“Las que deben impedirse son las actuaciones dolosas o temerarias que por constituir un verdadero abuso del derecho lesionan los intereses legítimos de la otra parte y le causan perjuicios indem-nizables y entraban, contrariando el bien común, la recta y pronta administración de justicia...”(2).

5.2. Esas actuaciones signadas por la temeridad en la acción, nos remiten a los albores de la culpa aquiliana, siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón alguna instauraba una acción o temerariamente se oponía a ella, ocasionándose un daño injusto que debía ser reparado.

En Colombia, la teoría de la culpa aquiliana fue adoptada desde antes de la Constitución de 1886 (Código Judicial de la Nación) en 1872, reformado en 1873, editado en 1874 y adoptado por el artículo 1º de la Ley 57 de 1887; se consagró en el artículo 575 de la Ley 105 de 1931 que habló de temeridad maliciosa. Se decía que quien procedía con temeridad era el “improbus litigator” de que hablaba Justiniano (“contendiente deshonesto”, “pleitista de mala fe”, quien promueve un juicio sin derecho y con mala intención)(3). El elemento de temeridad consistía, según la doctrina, en la conciencia plena de la injusticia o en el reconocimiento de su propia falta de razón.

En 1951 (D. 243, art. 2º) se dejó de lado la culpa aquiliana, criterio subjetivo, y fue reemplazado por el criterio objetivo del litigante vencido en juicio como sujeto que paga costas.

Este criterio objetivo permanece en el actual Código de Procedimiento Civil (art. 392 y ss.), sin embargo, paralelamente a las costas y dentro del esquema de la responsabilidad patrimonial de las partes, el mismo Código, artículo 72, establece:

“Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe, causa a la otra o a terceros intervi-nientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida...”.

5.3. El artículo 73 castiga la temeridad con multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales, el artículo 74 establece los casos de temeridad o mala fe, uno de ellos es “cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal”, y la Corte Suprema(4) señala que si el juez encuentra temeridad o mala fe “puede fulminar contra el litigante temerario o doloso o contra su apoderado, la sanción mencionada” y establece como OBLIGACIÓN del juzgador pronunciar la condena de los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil cuando el caso concreto da lugar a ello.

5.4. Tratándose de la tutela, la parte final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas y la temeridad, sino que identifica ésta con aquellas, así debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretación es coherente con el carácter público, informal, gratuito de la tutela.

Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción. Y quien tasa las “costas” es el juez de tutela porque el inciso final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1995 se refiere a él (algo muy distinto ocurre en la situación consagrada en el primer inciso del mismo artículo en el cual lo principal son los perjuicios).

Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidación de estas costas y hubiera sido más apropiado emplear la expresión multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las “costas” responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo.

Dentro de la trascendencia que se le da al término TEMERIDAD, como elemento calificador y al mismo tiempo como único elemento cuantificable, se deduce que tal condena sólo opera en casos excepcionales, cuando, como en el evento de esta tutela, es ostensible el abuso cometido por el personero Tovar instaurando una tutela de manera injustificada, desprote-giendo a quien ha debido proteger y defendiendo posiciones injustas y contrarias a la Constitución como ya se ha explicado, lo cual conlleva, además, una desvalorización de la tutela, lo cual es imperdonable.

Se considera que Alexander Tovar con su extralimitación responde directamente y no es el municipio quien debe ser condenado, puesto que la responsabilidad se predica en este caso de la persona natural que hace ejercicio indebido de sus funciones. Por otro aspecto, si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas “costas” son más multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretación es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela ins-taurada porque lo desgasta en todo sentido, luego será la administración de justicia quien recibirá el monto de las “costas” que el juez competente señalará, dentro de los parámetros del artículo 73 del Código de Procedimiento Civil: 10 a 20 salarios mínimos mensuales, quantum que fijará el juez de tutela porque la Corte es juez de revisión.

6. Igualmente es necesario que el Defensor del Pueblo conozca el uso indebido que se le ha dado a la delegación para presentar tutela y compruebe si se cumplió o no el artículo 7º de su Resolución 001 de 1992 que obliga a los per-soneros municipales a informar “en un plazo no mayor de diez días al Defensor del Pueblo las acciones de tutela que hayan interpuesto, los fallos proferidos y las impugnaciones realizadas”.

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Confirmar la decisión que denegó la tutela de la referencia, ADICIONADA en los siguientes aspectos:

a) Se condena en “costas” a Alexander Tovar González, por haber incurrido en temeridad al instaurar la presente tutela, liquidación que hará el juzgado de tutela de primera instancia teniendo como único factor para valorar la TEMERIDAD, la ponderación entre los límites que establece el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil (diez a veinte salarios mínimos mensuales). Cifra que una vez tasa-da y cuando haya quedado en firme se con-signará a nombre del Consejo Seccional de la Judicatura en Ibagué en la oficina y cuenta respectiva.

b) Se ordena remitir copia de esta sentencia al Consejo Seccional de la Judicatura en Ibagué en relación con las costas indicadas en el literal anterior.

c) Se remitirá copia de esta providencia al Procurador regional, con jurisdicción en Ataco, para lo que estime pertinente.

2. Comuníquese lo resuelto en esta providencia al Juzgado Único Penal municipal de Ataco para las notificaciones y efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

3. Envíese copia de este fallo al Defensor del Pueblo para lo que estime pertinente».

(Sentencia T-443 de octubre 3 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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