Sentencia T-444 de abril 14 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

Sentencia T-444 de 2000 

Ref.: Exp.: T-258.806

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Acción de tutela instaurada por Isabel Agudelo de Rodríguez contra la Contraloría General de la República.

Santa de Bogotá, D.C., a 14 de abril de 2000.

EXTRACTOS: «Así las cosas, la renuencia a someterse a los dictámenes judiciales desconoce la organización política estatal, llegando a configurar una conducta antijurídica; en efecto, de conformidad con nuestro ordenamiento penal, la sustracción al cumplimiento de la obligación impuesta en resolución judicial, constituye el delito de fraude a resolución judicial que atenta en forma grave contra la administración de justicia (C.P., art. 184).

Por lo tanto, no consulta con el nuevo orden jurídico implantado por la Constitución de 1991 que la aludida omisión, cuando ésta provenga de las autoridades estatales, se estructure como una carga procesal adicional para los ciudadanos (5) , obligándolos a iniciar nuevos procesos para garantizar los derechos no sólo reconocidos sino protegidos por la respectiva autoridad judicial en el fallo incumplido.

(...).

(5) Ver la Sentencia T-478 de 1996 y T-779 de 1998.

Por lo demás, en el evento específico de que la negativa a dar cumplimiento a una decisión judicial sea propiciada por un representante de la administración, consecuencialmente se atenta contra el principio esencial de colaboración armónica estatal (8) , dispuesto en el artículo 113 superior, cuando establece que los diferentes órganos del Estado, aun cuando tengan funciones separadas, deben colaborar armónicamente para la consecución de sus fines.

(...).

(8) Ver la Sentencia T-532 de 1994.

Así, de conformidad con la abundante jurisprudencia de la Corte, se ha señalado que la tutela procede para garantizar la ejecución de las sentencias judiciales siempre y cuando lo ordenado se concrete en una obligación de hacer (10) , por cuanto su idoneidad prevalece frente a los mecanismos ordinarios para la protección de los derechos fundamentales involucrados. No ocurre lo mismo con las obligaciones de dar pues, para su cumplimiento, el ordenamiento jurídico ha establecido el proceso ejecutivo, el cual ofrece mayores garantías en la medida en que su cuenta con posibilidad de asegurar el pago debido mediante el decreto de medidas cautelares».

(10) Consultar las sentencias T-329 de 1994, T-403 de 1996, T-084 de 1998, T-779 de 1998 y T-211 de 1999.

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