Sentencia T-449 de mayo 10 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA CIVIL

PUEDEN SER SUSTENTADO ANTE EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO O ANTE EL SUPERIOR

EXTRACTOS:«El actor reclama la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, como consecuencia de haber declarado desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de marzo de 2003 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, no obstante este fue presentado y sustentado ante el juez de conocimiento dentro de la oportunidad legal prevista.

Por su parte, el tribunal accionado, sostiene que como el recurrente no sustentó el recurso de alzada ante dicha corporación, se desconoció lo dispuesto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, generándose en consecuencia la deserción del recurso. De suerte que, lejos de tratarse de una actuación ilegal, la decisión acusada encuentra su fundamento en el ordenamiento procesal.

De conformidad con lo expuesto, la Corte encuentra que existen dos posiciones en relación con el asunto objeto de litigio. En primer lugar, la del actor que sostiene que al sustentarse el recurso de apelación ante el juez de conocimiento dentro de la oportunidad legal prevista, este deberá ser admitido y, la del tribunal accionado, quien considera que la sustentación del recurso deberá realizarse solamente ante el juez que debe resolverlo, so pena de declararse desierto el mismo.

En este orden de ideas, se pregunta esta corporación: ¿En qué forma debe llevarse a cabo la sustentación del recurso de apelación, a partir de la reforma introducida por la Ley 794 de 2003? Ello con el propósito de examinar, en el caso sub examine, la razonabilidad de la interpretación dada por el tribunal accionado al declarar desierto dicho recurso.

Al respecto, el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el parágrafo 1º del artículo 36 de la Ley, 794 de 2003, dice que:

“El apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o tribunal deba resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia.

Frente al particular, esta corporación acude a la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, quien en un asunto similar al que ahora se plantea estableció el alcance del artículo en cuestión, a partir de la modificación efectuada por la Ley 794 de 2003, considerando que la sustentación del recurso de apelación puede presentarse ante el juez de conocimiento del proceso ante el tribunal que debe resolverlo. En efecto, se señaló en esa oportunidad (11) :

“(...) Al respecto, bien se conoce que la reciente reforma procesal civil dio en revivir el requisito de sustentar el recurso de apelación. Y puntualizó ciertamente que ha de sustentarse “ante el juez o tribunal que deba resolverlo”, a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360 in fine.

No conviene que el asunto sea analizado de modo aislado, porque lo que en definitiva arrojará luces sobre el particular será aquel que conectado aparezca con los principios que informan el recurso de apelación. Es forzoso memorar, por ejemplo, que aun sigue operando el artículo 357 del mismo código, y, por lo tanto, la “apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”. Vale decir, que cuando de desatar la alzada se trate, el ad quem debe averiguar normalmente lo que perjudicado tiene al apelante, porque se supone, “o se entiende” para emplear la propia expresión de la ley, que sobre eso versa la apelación. Así ha sido siempre. Por donde se viene el pensamiento que al exigirse la sustentación con carácter obligatorio, so pena de deserción del recurso, lo que con ello se busca es facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador, quien así conocerá más de cerca el inconformismo del apelante. En otras palabras, que el apelante llegue al ad quem con más expresividad. Como es fácil descubrirlo, allí lo determinante es que no se eche a perder esa posibilidad adicional de que el fallador se entere de modo expreso de lo que tácitamente está obligado a averiguar.

Así las cosas, la inteligencia de la reforma en el punto no es la de que fatalmente deba sustentarse el recurso ante el superior. La norma habló, sí, de que se sustentará “ante el juez o tribunal” que deba resolver la apelación, pero no puede echarse al olvido que enseguida añadió que “a más tardar” dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360. Enlazada una cosa con otra, no puede haber alcance diverso al de que la norma anduvo ocupándose fue de la oportunidad última para expresar la inconformidad; de no, quedaría sin sentido tal añadido, por supuesto que si en el trámite de la apelación no hay más de una oportunidad para alegar, ¿a qué agregar la expresión “a más tardar”?. Por lo demás, nada justificaría semejante sacrificio al derecho de defensa, si es que de la sustentación que se haga, como aquí aconteció, al momento mismo de interponerlo, se enterará necesariamente el superior. Ninguna diferencia sustancial, pues, hay entre alegar allá y hacerlo acá. El enteramiento del superior, que es lo prevalente, será en todo caso igual. Con el agregado, desde luego, de que si la segunda instancia debe surtirse en sede diferente a la del juez que dictó la decisión apelada, ya tal posibilidad de sustentar ante este, amén de armoniosa con el principio aludido, resulta por demás provechosa al principio de economía”.

La Corte comparte íntegramente los argumentos expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se acogió entre los dos entendimientos posibles de la norma, el que más se ajusta a la Carta Política, esto es, aquel según el cual, el recurso de apelación puede ser sustentado ante el juez del conocimiento o ante el tribunal que debe resolverlo.

Para esta Sala de Revisión, es pertinente recordar que el tribunal constitucional y los jueces ordinarios tienen la obligación de interpretar las normas de manera que todos los contenidos incursos en ellas produzcan efectos jurídicos. Dicha finalidad se alcanza mediante la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, a través de la cual se pretende otorgar un contenido armónico a todas las disposiciones que componen un sistema jurídico integral. Este es el propósito previsto en el inciso 1º del artículo 30 del Código Civil, el cual al señalar las reglas de interpretación de las leyes, establece que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

En efecto, si en el asunto que ocupa la atención de la Sala, se hace una interpretación de conformidad con los principios que orientan el recurso de apelación, se debe concluir que al establecerse la sustentación obligatoria del recurso, so pena de la deserción del mismo, se busca facilitar la tarea del juzgador, al saber más de cerca el inconformismo del apelante.

Por ello, cuando la norma en cuestión consagra que “el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo... ”, es porque precisamente permite acudir ante cualquiera de ellos. Dicha interpretación se deriva del alcance de los principios de conservación del derecho y de favorabilidad.

Bajo esta perspectiva, si una norma admite diversas interpretaciones, es deber del intérprete preferir aquella que más garantice el ejercicio efectivo de los derechos; en aras de preservar al máximo las disposiciones emanadas del legislador. Ahora bien, en tratándose de normas procesales y de orden público dicha interpretación debe privilegiar el acceso a la administración de justicia y los presupuestos que orientan el debido proceso. Pero, en caso contrario, es decir, cuando la interpretación dada por el juez ordinario se aparta de los citados principios y derechos constitucionales, tal decisión se introduce en el terreno de la irrazonabilidad tornando procedente el amparo tutelar. Refuerza lo anterior, lo sostenido por la Sala Plena en la Sentencia SU-1185 de 2001, en donde esta corporación consideró que los jueces ordinarios en su labor de interpretación están obligados a sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales. Al respecto dijo esta Corte:

“Así, es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta política. La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta regla superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política.

En conclusión, para esta Sala de Revisión, la posibilidad que tiene el apelante de sustentar el recurso de apelación ora ante el juez de conocimiento u ora ante el tribunal que deba resolverlo, a partir de la interpretación del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, es la que más se ajusta al debido proceso. Por lo mismo, al fallar el tribunal accionado, en un sentido totalmente contrario al expuesto incurre en una interpretación ostensiblemente irrazonable, desproporcionada y lesiva de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, razón por la cual se configura una vía de hecho.

Recuérdese que los jueces ordinarios al interpretar el ordenamiento procesal se encuentran sujetos a los principios, valores y derechos constitucionales, tal y como lo reconoce el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:

“ART. 4º—Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes”.

En virtud de lo anterior, encuentra la Corte que la acción de tutela está llamada a prosperar, toda vez que en el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira, se incurrió en una vía de hecho por interpretación irrazonable y desproporcionada del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 36 de la Ley 794 de 2003. La interpretación dada por el tribunal accionado desconoce el derecho al debido proceso del señor Ángel María Sierra Mejía.

Por las razones expuestas, la Sala habrá de CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el veinte 20 de octubre de 2003 en la que se dispuso CONCEDER la tutela invocada por el señor Ángel María Sierra Mejía y, en consecuencia, REVOCAR el fallo proferido en segunda instancia por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el dos (2) de diciembre de 2003.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido por la Sala de Casación Civil d la Corte Suprema de Justicia el veinte (20) de octubre de 2003 en la que se dispuso CONCEDER la tutela invocada por el señor Ángel María Sierra Mejía y, en consecuencia, REVOCAR el fallo proferido en segunda instancia por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el dos (2) de diciembre de 2003.

2. DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el día 16 de julio de 2003 para que proceda a resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia del 31 de marzo de 2003 dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dentro del proceso ordinario agrario de pertenencia : por prescripción extraordinaria instaurado por los señores Luis Humberto Sierra Mejía y Diego León Sierra Mejía contra Ángel María Sierra Mejía.

3. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase».

(Sentencia T-449 de 10 de mayo de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil).

(11) Consultar la sentencia del 7 de octubre de 2003. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente 110010203000200330631.

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