Sentencia T-454 de agosto 31 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

PROPIEDAD HORIZONTAL

SUSPENSIÓN DE SERVICIOS A DEUDORES MOROSOS

EXTRACTOS: «La peticionaria estima que la asamblea general de copropietarios del edificio donde habita, transgrede su derecho a la intimidad cuando exige que la entrega de artículos solicitados a domicilio se realice en la portería. Así mismo, considera que se viola el debido proceso cuando se sanciona el incumplimiento del pago de cuotas de administración con la suspensión del servicio de gas.

(...).

Controversias que surgen de la propiedad horizontal y la acción de tutela.

3. En reiterados pronunciamientos esta corporación ha señalado que la acción de tutela no procede, por cuanto el mecanismo judicial idóneo es el proceso verbal sumario a que alude el parágrafo primero del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, en aquellas controversias entre copropietarios relativos a temas como: a) la modificación de los bienes de uso común, las alteraciones en su uso, la organización en general del edificio(1). b) la definición acerca de la legalidad de la norma aprobada en tal sentido por la asamblea de copropietarios(2). c) los conflictos económicos que se derivan de la aplicación del reglamento de propiedad horizontal, tales como el pago de una determinada cuota de administración(3).

(1) Ver las sentencias T-233 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-070 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(2) Sentencia T-228 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(3) Sentencias T-228 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-630 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Por el contrario, la acción de tutela procede como un medio eficiente y eficaz para la protección inmediata de derechos fundamentales que resultan vulnerados con las decisiones de aquellas personas y, además se constituye en la vía procesal prevalente, en las siguientes ocasiones: a) cuando prima facie existe una vulneración de derechos fundamentales o una limitación arbitraria de estos derechos. b) cuando el proceso verbal sumario “no resulta idóneo y efectivo para lograr el amparo inmediato de derechos fundamentales conculcados o amenazados en razón de actos expedidos por dicha junta o asamblea”(4). c) cuando las decisiones de la administración o asamblea impiden las satisfacción mínima de las condiciones de existencia vital que los individuos no pueden asegurarse por sí mismos. Esto quiere decir que la acción de tutela es procedente cuando “ese espacio donde el hombre requiere de los demás para proteger necesidades vitales, no puede ser anulado por el grupo social”(5).

(4) Sentencia T-333 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(5) Sentencia T-670 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

4. Pues bien, en el caso sub iudice existen dos situaciones que se reprochan, a saber: la suspensión del servicio de gas y la limitación de la entrega de “domicilios” en cada apartamento. La primera situación envuelve aspectos fundamentales, como quiera que puede relacionarse con una limitación arbitraria de condiciones mínimas que ofrecen los servicios públicos, lo cual podría originar transgresión de derechos fundamentales. Por lo tanto, la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para solucionar el presente asunto. Sin embargo, no sucede lo mismo con el segundo aspecto, puesto que se refiere a una decisión directamente relacionada con la administración del edificio y no afecta prima facie derechos constitucionales fundamentales, lo cual es susceptible de discusión en la vía ordinaria.

Derecho a la intimidad en la propiedad horizontal.

5. No obstante lo anterior esta Sala demostrará que la disposición reglamentaria, según la cual “los domicilios sólo podrán llegar hasta la recepción en donde deberán ser recogidos por quien lo solicitó”, no limita arbitrariamente la esencia del derecho a la intimidad familiar, como lo afirma la accionante.

En efecto, la Sala considera que el derecho a la intimidad debe ser especialmente respetado en las relaciones de vecindad. Sin embargo, tal y como la jurisprudencia constitucional lo ha señalado éste “consiste en el dominio exclusivo y reservado que la persona tiene de su fuero interno, compatible sólo con aquellos que la autonomía de su voluntad designe, y en algunos casos con quienes naturalmente, están ligados a ella por vínculos de familia, pero en una medida no absoluta, sino razonable”(6).

Por consiguiente, el derecho a la intimidad personal y familiar comprende un ámbito impenetrable, por ende protegido contra toda injerencia, pero también una zona en donde la naturaleza de la vida en comunidad lo restringe o lo limita.

(6) Sentencia T-620 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

De otra parte, también resulta claro que el régimen de propiedad horizontal lleva implícito una serie de obligaciones y restricciones a derechos derivados de la misma, lo cual incluye ciertas limitaciones al derecho a la intimidad. Sin embargo, ello no significa que le esté autorizado a este tipo de propiedad la intromisión al espacio intangible de la vida privada y familiar, pero sí que pueden fijar reglas mínimas de comportamiento que buscan regular la convivencia pacífica entre los vecinos. Vemos, pues cómo el derecho a la intimidad en la propiedad horizontal se manifiesta en la prohibición de establecer injerencias arbitrarias en el espacio reservado a cada propietario que le hace impracticable su derecho.

6. Así pues, surge un interrogante ¿cómo se determina la arbitrariedad de la medida adoptada por la asamblea de un edificio? Esta corporación, en reiterada jurisprudencia(7), ha señalado que para averiguar si la medida que restringe derechos fundamentales es arbitraria o no podrá utilizarse los test de razonabilidad y proporcionalidad. Así, la Sala considera que la medida adoptada por la asamblea de copropietarios es razonable, como quiera que el objetivo perseguido por la medida, esto es, la seguridad de los bienes privados y de uso común, cuenta con respaldo constitucional (art. 58). De igual forma, la medida está directamente relacionada con el fin propuesto, puesto que dada la amplitud de las zonas comunes del edificio Torres de Cataluña y la prohibición de ingreso de personas extrañas a él, sí disminuye el grado de inseguridad del edificio. Así mismo, se considera que la medida adoptada en el reglamento interno es proporcional, puesto que es adecuada, necesaria y no sacrifica en gran magnitud el derecho a la intimidad de los copropietarios.

(7) Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias T-554 de 1993, T-015 de 1994, T-260 de 1994 y T-288 de 1995.

En síntesis, y para el caso objeto de estudio, la Sala encuentra que la prohibición de que los “domicilios” se entreguen en cada apartamento no constituye una injerencia arbitraria que anule la intimidad familiar, puesto que la limitación al ejercicio del derecho se justifican plenamente a fin de que la administración de la propiedad horizontal pueda garantizar la seguridad de la misma.

Facultades de las asambleas de copropietarios y suspensión de servicios públicos.

7. Entra pues, la Sala a estudiar si la suspensión del servicio de gas por incumplimiento en el pago de cuotas de administración es una medida admitida constitucionalmente y por ende no transgrede derechos fundamentales.

Las juntas administradoras de la propiedad horizontal tienen las potestades necesarias e indispensables para mantener la convivencia entre copropietarios y la custodia de los bienes comunes. Por su parte, los copropietarios están obligados a contribuir a las expensas para la administración, conservación y reparación de los bienes comunes (L. 182/48, art. 5º), por lo cual el pago de esas cuotas es un deber perentorio. Empero, ¿la administración puede cobrar directamente el monto en mora? Para resolver ese interrogante la Sala reitera su jurisprudencia en el sentido de que la propiedad horizontal está facultada “para adelantar los mecanismos tendientes a lograr el pago de cuotas de administración retrasadas, pero que encuentran un límite en la aplicación directa de la Constitución”(8), pues la propia Carta señala como principio el de la efectividad de los derechos individuales.

(8) Sentencia T-630 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

8. Conforme a lo anterior, las asambleas de copropietarios pueden adelantar las medidas estrictamente necesarias para efectuar los cobros correspondientes, lo que incluye requerimientos pre-procesales de la obligación económica, claro está todo de acuerdo con la legislación vigente Por consiguiente, la suspensión de los servicios que presta la copropiedad es perfectamente válida si aquélla no impide el ejercicio de las condiciones y necesidades mínimas de existencia del residente en mora, puesto que “las juntas administradoras no pueden contrariar el principio de la dignidad humana, el cual es una condición para el ejercicio de la libertad y la seguridad, ni están facultadas para impedir la satisfacción mínima de las condiciones de existencia vital para los habitantes”(9).

(9) Sentencia T-630 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Lo anterior se confirma cuando se analiza la facultad de suspensión de los servicios públicos, en caso de incumplimiento en el pago, de que goza toda entidad prestadora (L. 142/94, art. 140). Así pues, cuando se contraviene las condiciones inicialmente pactadas en los contratos de servicios públicos, las empresas están facultadas para no continuar con la prestación del servicio. Idéntica circunstancia se presenta en el caso de suspensión de servicios de administración de la propiedad horizontal, pues la inobservancia del deber de contribuir con las expensas de administración permite que ella interrumpa la prestación de los servicios acordados.

La situación difiere si la administración suspende servicios que presta una empresa ajena a su relación, por ejemplo los servicios públicos, pues no sólo abusa de sus facultades de cobro y contraviene arbitrariamente el principio de continuidad de los servicios públicos sino que desconoce una necesidad vital de las personas.

9. En este contexto, y para el caso concreto objeto de estudio, la administración del edificio Torres de Cataluña presta el servicio de gas propano, pues es la encargada de mantener la continuidad de la prestación y paga previamente el servicio, que una vez consumido por cada apartamento, realiza el cobro respectivo en una factura global que tarifa los servicios que allí se prestan. Por lo tanto, la suspensión del gas propano al interior del inmueble en cita, no contraviene derechos constitucionales fundamentales sino que es una manifestación de la facultad de cobrar directamente los servicios prestados. En consecuencia, la acción de tutela tampoco prospera».

(Sentencia T-454 de agosto 31 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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