Sentencia T-455 de septiembre 1º de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-161773

Magistrado Ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Peticionario:

Fernando Téllez Lombana

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre primero de mil novecientos noventa ocho.

I. Antecedentes.

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, revisa el proceso de tutela instaurado por Fernando Téllez Lombana, en contra de los jueces: 13 Penal del circuito y 7º y 9º de orden público, 5º de ejecución de penas y medidas de seguridad y 2º de instrucción criminal de Santafé de Bogotá; la secretaría de fiscalías regionales y las fiscalías 11 y 100 delegadas, de la unidad segunda de vida, de esta ciudad, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

1. Los hechos.

1.1. El día 25 de enero de 1986 Fernando Téllez Lombana, quien ostenta los títulos académicos de abogado e historiador, fue asaltado por delincuentes armados en la calle 109 con avenida 19 de esta ciudad, que lo despojaron de su vehículo y de sus documentos personales, entre ellos, su cédula de ciudadanía distinguida con el número 79.405.691 expedida en Bogotá.

1.2. La correspondiente denuncia penal fue presentada, con fecha 22 de marzo de 1986, ante la unidad operativa de la policía judicial, Chicó.

1.3. El día 27 de diciembre de 1993, cuando el demandante se disponía a abordar un vuelo internacional, fue informado por un funcionario del DAS destacado en el aeropuerto que no podía salir del país, porque su nombre aparecía relacionado en el sistema de dicha entidad, como requerido por la Fiscalía 100 delegada de la unidad segunda de vida.

1.4. En la misma fecha acudió el afectado a la fiscalía mencionada, y luego de ser escuchado en versión libre dentro de un proceso por homicidio, se le expidió certificación, en la cual se da fe de que su nombre e identificación habían sido utilizados por persona distinta vinculada a dicho proceso. Cumplida esta diligencia pudo viajar al exterior.

1.5. A su regreso al país se enteró que persona sindicada de la comisión de múltiples hechos delictuosos, venía utilizando su identificación y era requerida por diferentes despachos judiciales.

Para remediar esta situación envió memoriales, acompañados de pruebas documentales, a las autoridades que adelantaban procesos en contra de quien utilizaba su nombre con fines ilícitos, acreditando su identidad y demostrando ser persona completamente diferente a la encartada en dichos procesos.

1.6. En el mes de mayo de 1995, con ocasión de otro viaje al exterior, pudo establecer que quien utilizaba su nombre y documento de identificación se hallaba vinculado al proceso número 4131 adelantado por la Fiscalía 100 de Santafé de Bogotá. Este proceso correspondía al iniciado por el Juzgado 2º de Instrucción Criminal bajo el número 4819 y radicado bajo el mismo número en los juzgados 7º y 9º de orden público.

En el citado proceso el sindicado dijo llamarse Fernando Téllez Lombana, ser hijo de Julio Téllez y Blanca Lombana, soltero, con 34 años de edad, haber cursado estudios hasta 3º de primaria, y tener como oficio la fabricación de instrumentos musicales.

Al ser interrogado sobre la razón por la cual utilizaba como documento de identificación la cédula de ciudadanía del demandante manifestó que nunca había obtenido esta clase de documento, pero que utilizaba ese número en atención de que cuando pretendió conseguir un salvoconducto para portar una pistola marca Walter, un sargento de apellido Moreno, que le adelantó la tramitación, le entregó el salvoconducto con el número de cédula antes mencionado.

1.7. El resultado de los procesos adelantados contra el sindicado que utilizó el nombre del demandante, con fines ilícitos, fue el siguiente:

— La Fiscalía 11, antes 100, seccional de la unidad de vida decretó en su favor preclusión de la investigación por homicidio en la persona de Lucas Ortiz.

— La justicia regional, a través de un juzgado regional de esta ciudad, lo condenó mediante sentencia anticipada a la pena principal de 92 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, hurto agravado y uso de documento público falso.

— El Juzgado 33 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, hoy extinguido, cuyos procesos reposan en el Juzgado 13 Penal del Circuito, lo condenó a la pena principal de 18 meses de prisión por el delito de suplantación de la persona del demandante, y le concedió la condena de ejecución condicional.

1.8. En el año de 1997 el demandante fue víctima de un hurto simple en el cual perdió nuevamente sus documentos de identidad. En tal virtud, obtuvo un duplicado de la cédula de ciudadanía y al intentar la consecución del certificado de policía o de carencia de antecedentes penales en el DAS, se encontró con que a su nombre y con su número de cédula aparecían registradas las condenas penales antes mencionadas, a pesar de que había obtenido de las autoridades judiciales competentes y entregado en las dependencias del DAS y la policía las constancias en las cuales se indicaba ser ajeno por completo a los procesos y a las decisiones adoptadas en relación con quien ha usado su nombre, con fines ilícitos”.

1.9. En síntesis, el demandante, sin haber recibido condena penal por delito alguno, aparece en los registros del DAS, de la Policía Nacional, en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con el nombre de Fernando Téllez Lombana y el número de cédula 79.405.691, como la persona que resultó condenada en los procesos antes referenciados.

(...).

III. Consideraciones de la Sala.

1. El problema jurídico planteado.

Se contrae a establecer si en razón de la suplantación de la identidad del demandante por otra persona que ha cometido actos delictuosos, se le han violado o amenazado los derechos fundamentales, cuya tutela invoca, y en caso afirmativo, si pese a las medidas adoptadas por diferentes autoridades judiciales es necesaria la intervención del juez constitucional de la tutela para restablecer plenamente el goce de los referidos derechos.

2. La solución al problema planteado.

2.1. La Sala comparte plenamente los razonamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que en la situación bajo examen no se violó al actor el derecho al debido proceso, porque él no figuró en los mencionados procesos como sujeto o parte procesal, ni las decisiones que en ellos adoptaron lo cobijaron de manera directa y expresa. En otros términos, las condenas no le fueron impuestas al demandante; cosa diferente son las consecuencias derivadas de la circunstancia de la confusión que pueda presentarse entre él y quien realmente resultó afectado por aquellas. En tal virtud, los únicos derechos fundamentales que podrían resultar conculcados por una especie de refracción, por las consecuencias prácticas y las limitaciones o afectaciones que se han derivado de las referidas condenas, serían los relativos a la identidad, a la honra, al buen nombre y, consecuentemente, al habeas data.

2.2. En relación con los derechos a la identidad, a la honra y al buen nombre la Corte se ha pronunciado de la siguiente manera:

— Sobre el derecho a la identidad, en la sentencia T-090/96(1) dijo:

“La consideración conjunta de los artículos 14 y 16 de la C.P., obligan a concluir que la personalidad a que aluden ambos es una personalidad diferenciada —desde luego, sin perjuicio de que el derecho en sí mismo sea abstracto y universal—, en el sentido de que ella no es ajena a las características físicas, sociales y a los demás elementos relevantes que son distintivos y propios de un individuo y que objetivamente son susceptibles de ser reconocidos y apreciados en su medio. Las dos disposiciones, una en sentido estructural y la otra en sentido funcional y dinámico, amparan el derecho a la propia identidad y la consiguiente facultad de obrar contra su injusto falseamiento. Igualmente, el interés en la verdad biográfica, puede en ciertos eventos preservarse a través del ejercicio del derecho de rectificación de informaciones falsas, inexactas o imparciales (C.P., art. 20), lo que demuestra que la autenticidad personal (lo mismo que la necesidad social de conocer a la persona tal cual es) corresponde a una pretensión que tiene relevancia constitucional y que ésta es indisociable de la particular concepción del sujeto que alienta toda la Constitución”.

(...).

“3. Del derecho al buen nombre.

La defensa del derecho a la dignidad, por otra parte, involucra varios aspectos de la reputación de las personas que determinan necesariamente una estrecha vinculación y conexidad con el derecho al “buen nombre” consagrado en el artículo 15 de la Carta Política. Doctrinariamente el “derecho al buen nombre” se define, como la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria de la acciones protagonizadas por él”.

“En el mismo sentido, se ha considerado que “el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad”(5).

“Al analizar este derecho en el caso concreto, deben evaluarse entonces las situaciones particulares de quien lo alega, para determinar, dado su carácter subjetivo, si existe o no una violación que perturbe la imagen de la persona, con el fin de determinar si puede ser objeto entonces de protección legal”.

“Son atentados al derecho al buen nombre entonces, todas aquellas informaciones que contrarias a la verdad, distorsionen el prestigio social que tiene una persona, sin justificación alguna. Al respecto esta Corte ha señalado que “se atenta contra este derecho, cuando sin justamente ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público —bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas— informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionen el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen(6)”.

2.3. Es evidente que con la utilización del nombre y número de cédula del demandante, por quien resultó involucrado y condenado en los procesos penales en cuestión, el profesional demandante fue lesionado y aún sigue afectado en sus derechos fundamentales antes especificados, no obstante la actividad desplegada por las autoridades judiciales competentes para corregir la situación anómala derivada de las condenas impuestas a Fernando Téllez Lombana o Carlos Julio Pineda.

2.4. No ha sido posible hasta la fecha conocer con certeza el nombre del condenado en tales procesos, pues si bien ha sido perfectamente identificado para efectos de la declaración de responsabilidad y la imposición y aplicación de las penas, no ha podido serlo para establecer si es en verdad un homónimo del demandante o simplemente se ha apropiado del nombre de éste para el desarrollo de actividades al margen de la ley.

Sea lo que fuere, es lo ameritado que la suplantación de la persona y de la identidad del actor por dicho sujeto, ha generado además de la situación de angustia sobreviniente al hipotético evento de sufrir en un momento dado las vejaciones que pudiere aparejar el que se le confunda con personas eventualmente perseguidas por la justicia, el grave e inminente riesgo de una potencial captura, más aún si no se puede asegurar con certeza la resocialización o rehabilitación definitiva del procesado, circunstancia que podría determinar la comisión de nuevos ilícitos y nuevas condenas penales, con lo cual se continuarían registrando anotaciones en el prontuario criminal que hoy llevan y comparten las autoridades administrativas y policivas, DAS y Policía Nacional (Dijin, Sijin), amén de los registros que llevan el Inpec y el CTI de la Fiscalía.

A lo anterior, se suma el peligro latente de que pudiera acrecer aún más la hoja criminal, con sucesivas reseñas y peticiones de antecedentes, en desmedro de la honra y buen nombre del abogado e historiador, todo ello a pesar de la actividad desarrollada por los funcionarios judiciales citados, los cuales no han logrado diseñar un mecanismo eficaz para que los entes administrativos encargados de la prevención y represión del delito protocolicen en sus registros respectivos la distinción ya establecida por las autoridades judiciales, pero que hasta donde se aprecia y en cada oportunidad ha sido necesario renovar o refrendar.

2.5. Según el artículo 248 superior sólo las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva, tienen la calidad de antecedentes penales. Esta norma se erige en una garantía efectiva para la preservación del buen nombre y la honra de las personas, y complementa el reconocimiento constitucional del derecho al debido proceso, en la medida en que la observancia de éste es condición para registrar antecedentes penales en cabeza de las personas.

Los registros de antecedentes criminales, aparte de las afectaciones al buen nombre y a la honra de las personas, pueden generar igualmente consecuencias adversas cuando se trata de valorar en un proceso penal la buena conducta anterior, o dosificar la pena, pues es indudable el efecto negativo que para la persona tiene el que se le considere reincidente en la comisión de delitos. En tal virtud, si el registro de antecedentes constituye problema grave y trascendental para quien realmente lo merece, con mayor razón ha de ocasionar perjuicios o lesionar a quien habiendo sido víctima del uso de su nombre por persona distinta, con fines ilícitos, debe cargar injusta e ilegítima con las consecuencias de tal registro.

2.6. Le asiste sobrada razón al demandante, cuando se queja de la permanente afectación de su hoja de identidad o antecedentes en el DAS y en la policía, con la inserción o la posibilidad de incorporación a ella de antecedentes de un sujeto, distinto a él, que ha sido objeto de sentencias condenatorias.

3. En conclusión, habrá de concederse la tutela impetrada para asegurar el efectivo goce de los derechos fundamentales a la identidad, a la honra y al buen nombre que han sido lesionados y que potencialmente se pueden seguir afectando, en razón de que no existe un mecanismo judicial alternativo para remediar la situación, que dio origen a la petición de amparo, dado que la acción de revisión no le es, como acertadamente lo dijo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Además, como el meollo del asunto se contrae a ofrecer la seguridad de que al accionante no se le continúe confundiendo con la otra persona, que usa su nombre e identidad y en aras de que la medida que se adopte sea definitiva y permanente, se tutela igualmente como garantía efectiva de los referidos derechos el del habeas data, entendiendo éste como el derecho que en el caso concreto le asiste al demandante para rectificar la información errada o confusa que sobre él existe en los bancos de datos oficiales que llevan los registros de antecedentes de las personas.

Por lo anterior, se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia que a continuación de la sentencia dictada por el Juzgado 33 Penal del Circuito, que reposa en el Juzgado 13 de la misma denominación de esta ciudad, y en la sentencia emitida por la justicia regional, que se encuentra en el proceso radicado bajo el número 200 del Juzgado 5º de ejecución de penas y medidas de seguridad, se hagan sendas anotaciones en las cuales conste lo decidido en la presente sentencia. De este modo, se busca que cuando se consulten o se expidan copias de las aludidas sentencias condenatorias, se encuentre la anotación pertinente acerca de que el abogado e historiador Fernando Téllez Lombana es persona ajena y distinta al individuo que fue sujeto procesal en los referidos procesos.

Como complemento a la decisión mencionada se ordenará oficiar al DAS, Dijin, Sijin de la Policía Nacional, con el fin de que se separen los folios de registro del accionante y de la persona condenada, de tal manera que en el futuro no se vuelva a presentar la situación de confusión que dio origen a la tutela.

IV. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar las sentencias dictadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá de fechas 3 de marzo de 1998 y 4 de diciembre de 1997, respectivamente, en virtud de las cuales se denegó la tutela impetrada.

2. Conceder a Fernando Téllez Lombana la tutela de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, la cual se hará efectiva, como se indica en los ordinales siguientes, en el término de cuarenta y ocho (48) horas.

3. Ordenar, en los términos del numeral 3 de esta providencia, a los juzgados 13 penal del circuito de esta ciudad y 5º de ejecución de penas y medidas de seguridad que a continuación de las sentencias condenatorias proferidas contra quien usó el nombre e identificación de Fernando Téllez Lombana, se haga constar que el condenado es persona distinta del abogado e historiador Fernando Téllez Lombana, portador de la cédula de ciudadanía 79.405.691 de Bogotá, peticionario de la tutela que se concede.

4. Ordenar que se oficie a la división de reseña e identificación del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y a la Policía Nacional - Dijin, Sijin, con el fin de que elaboren o abran sendos folios o registros independientes, cada uno con la correspondiente cartilla decadactilar, al abogado e historiador Fernando Téllez Lombana, quien se identifica con la cédula 79.405.691 de Bogotá, y a N.N. alias Carlos Pineda Peña o Fernando Téllez Lombana, indocumentado, incluyendo en relación con este último las condenas proferidas por el Juzgado 33 Penal del Circuito y por la justicia regional de Santafé de Bogotá, de que da cuenta la parte motiva de esta sentencia.

5. Líbrense por la secretaría general de esta corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

(1) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(5) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-063 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) Cfr. Ibídem.

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