Sentencia T-459 de septiembre 2 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-155.628

Magistrado Ponente:

Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Peticionaría: Mercedes Giraldo Gómez

Procedencia:

Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda

(...).

3. Los servidores públicos, en ejercicio de sus actividades, deben evitar los ruidos que alteren la tranquilidad y la salud de los habitantes del territorio.

Las diferentes autoridades públicas están llamadas a respetar la dignidad humana y cumplir los fines esenciales del Estado como son el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (arts. 1º y 2º Constitución (Const.)); por ello mal podría la administración pública realizar sus labores obstruyendo o desconociendo los derechos de los particulares.

El servidor público no solo está obligado a observar el reglamento o las normas que determinan sus funciones, sino que además debe detectar las irregularidades que en desarrollo de su actividad causen daño a los asociados. Sencillamente, es deber del servidor público, a través del servicio a la comunidad, procurar las mejores condiciones de vida a todas las personas que se encuentran dentro del territorio colombiano (Const., arts. 365 y 366).

Sobre lo anterior esta corporación ha señalado:

“...los servidores públicos, según las voces del artículo 123 de la Carta, “están al servicio del Estado y de la comunidad”, lo cual es corroborado para todas las ramas y dependencias del poder público, por el artículo 113 ibídem, a cuyo tenor “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Específicamente en cuanto a la función administrativa, declara el artículo 209 de la Constitución que ella “está al servicio de los intereses generales”, razón por la cual “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”(Cfr. C. Const. Sala Quinta de Revisión. Sent. T-100 mar. 4/93. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

“... El Estado está al servicio de la persona humana y no lo contrario. Por tanto, los servidores públicos no deben olvidar que entre los fines esenciales del Estado están los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Cfr. C. Const. Sent. T-098, mar. 7/94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Ahora bien, uno de los derechos que deben ser garantizados por el Estado, y que ha ido cobrando importancia dentro de la doctrina constitucional, es el derecho a la tranquilidad, inherente a la persona humana, que le permite al individuo desarrollar una vida digna y sosegada. El derecho a la tranquilidad, lo ha dicho esta Sala, asume el carácter de fundamental por su estrecha relación con la dignidad humana que, necesariamente, conlleva a la paz individual la cual es necesaria para vivir adecuadamente.

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