Sentencia T-460 de junio 13 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Octava de Revisión 

Sent. T-460, jun. 13/2002. Exp. T-566.801 

M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

Acción de tutela instaurada por Miguel Ángel Carrillo Antolínez contra la Corporación Universidad Libre.

La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

en el proceso de revisión de los fallos emitidos por el Juzgado 70 Penal Municipal y el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por Miguel Ángel Carrillo Antolínez contra la Corporación Universidad Libre.

I. Antecedentes

1. La demanda de tutela.

El actor manifiesta que la Corporación Universidad Libre vulneró sus derechos fundamentales a la educación, el libre desarrollo de la personalidad, e igualdad y “los principios fundamentales de respeto, dignidad solidaridad” al rechazar la renovación extemporánea de su matrícula para el tercer año de derecho, y al haberle impedido presentar dos exámenes finales, a pesar de haber asistido y aprobado las demás asignaturas y haber cancelado el valor de la matrícula.

Afirma que cursó tercer año de derecho en la institución demandada, quedando pendiente en mayo de 2001 la presentación de los exámenes de las asignaturas de derecho probatorio y penal especial, lo que no pudo hacer ante la negativa de la universidad para permitírselo por no haber sentado su matrícula en tiempo oportuno.

Considera que dicha omisión se debió a “problemas ajenos a su voluntad” y que a pesar de haber elevado reiteradas peticiones (1) para lograr una solución a la situación planteada, la entidad demandada se niega a sentar su matrícula y a permitir la presentación de los exámenes de las asignaturas referidas.

(1) Acompaña a la demanda copia de la petición y del recurso de apelación presentados ante el “Consejo de unidad académica” de dicha institución.

Manifiesta además que efectuó el pago de la totalidad de la matrícula para cursar tercer año, como consta en el memorando expedido por la sindicatura de la entidad demandada (2) , y que firmó “la matrícula del citado curso”.

(2) Acompaña copia de dicho memorando en el que se lee:

“Para cursar tercer (año, semestre) cancela así:

Saldo a favor $ 0 

Consignación $ 0 

Pagaré $ 0 

Recibo de pago 01979-1 $ 594.000 

Icetex convenio $ 1.386.000 

Total cargo a matrícula $ 1.980.000 

Firma y sello de sindicatura.

Solicita como medida provisional se le permita sentar matrícula del curso tercero de derecho y presentar los exámenes finales de las materias “probatorio y penal especial”.

2. Argumentos de la entidad accionada.

La Corporación Universidad Libre a través de su secretario académico se opuso a las pretensiones del actor basado en los argumentos que se sintetizan a continuación.

Recuerda que los estudiantes de la Universidad Libre se rigen por el reglamento estudiantil —Acuerdo 012 de noviembre 25 de 1998, modificado por el Acuerdo 09 de agosto 05 de 1999.

Afirma que el tutelante tanto para ingresar a primer año de derecho como para continuar sus estudios en segundo año, cumplió con los requisitos exigidos en el reglamento en mención (art. 21) (3) , con excepción de la renovación en el segundo año de la afiliación a una EPS.

(3) ART. 21.—Renovación de la matrícula. Al darle continuidad a sus estudios, en cada período académico el estudiante debe firmar la renovación de su matrícula y registro académico, pagar los derechos correspondientes y presentar constancia de afiliación a la entidad del régimen de seguridad social.

PAR. 1º—El estudiante que no renueve la matrícula en el plazo fijado, puede hacerlo extemporáneamente en la fecha que determine el calendario académico, previa comprobación del pago de los derechos de matrícula que establezca la universidad para estos casos.

PAR. 2º—El incumplimiento de algunos de los requisitos de renovación de la matrícula implica su inexistencia.

En lo que se refiere al tercer año el actor “no cumplió con la totalidad de los requisitos de renovación de la matrícula a saber: 1. Pago de los derechos pecuniarios correspondientes de conformidad al recibo de sindicatura 3264-2000 de fecha agosto de 2001. Pero no firmó la renovación de la matrícula ni el registro académico dentro de los términos perentorios que fijó la universidad”.

Afirma que tanto el jefe de la oficina de registro y control de notas de la universidad como la secretaria de la coordinación académica le hicieron repetidos requerimientos verbales para que formalizara su matrícula, que solamente solicitó sentar cuando todos los términos establecidos por la universidad se encontraban vencidos.

Como quiera que el accionante no cumplió el reglamento estudiantil, el comité de unidad académica le negó la posibilidad de efectuar de manera extemporánea dicha diligencia cuando éste se lo solicitó.

Concluye su exposición señalando que el actor al no haber cumplido el reglamento estudiantil no adquirió la calidad de estudiante de la Universidad Libre y por lo tanto no cursó el tercer año de derecho en dicha institución.

3. Sentencias objeto de revisión.

3.1. Decisión de primera instancia.

El juzgado 70 penal municipal, luego de decretar y recibir diferentes testimonios solicitados por la entidad demandada (4) , negó la protección invocada mediante sentencia del 22 de octubre de 2001.

(4) En providencia del 17 de octubre de 2001, el juzgado ordenó citar a Diana Rocío Velázquez Méndez, Luz Dary Hernández Guayambuco y al doctor Iván Jiménez Vargas, con el fin de oírlos en declaración.

Recuerda que según reiterada jurisprudencia de esta corporación, la educación tiene la doble naturaleza de derecho deber y que los educandos al momento de su ingreso a una universidad se obligan a cumplir con las exigencias académicas y administrativas impuestas por el reglamento interno de la misma. Así mismo afirma que dicha jurisprudencia ha señalado que el establecimiento de fechas para el cumplimiento de requisitos administrativos como pagos, presentación de exámenes, formalización de matrículas “corresponde a la organización interna del centro educativo” y que sólo en caso de que el deber que se imponga al estudiante constituya una carga desproporcionada o irrazonable que le impida injustificadamente el pleno ejercicio de su derecho a la educación puede el juez constitucional tutelar los derechos de los estudiantes.

En el presente caso el juzgado constata el incumplimiento por parte del actor de su obligación de sentar matrícula en el término establecido en “los artículos 11, 18, 19, 20 y 21 del reglamento estudiantil”, sin que mediara ninguna justificación para su conducta. Afirma igualmente que el término establecido para el efecto “no era desproporcionado ni mucho menos irrazonable” y que además a pesar de los reiterados requerimientos que se le hicieron “éste se mostró apático a su registro y tardó más de 10 meses en realizarlo, es decir, espero hasta la terminación del pénsum para su presentación sin que se justificara dicha aptitud (sic)”.

Por lo tanto concluye que la universidad accionada simplemente dio aplicación al reglamento estudiantil, sin que con ello haya podido vulnerar el derecho a la educación del accionante.

3.2. Impugnación.

El actor impugnó la decisión del a quo con los argumentos que se resumen enseguida.

Afirma que la juez setenta penal municipal fue inducida en error al habérsele ocultado por parte de la entidad accionada el formato de matrícula académica que él diligenció y firmó debidamente antes de las vacaciones del mes de diciembre, en la secretaría de derecho, sede el Bosque Popular. Señala así mismo que la señora Ana Rocío Velázquez Méndez y la representante del curso Luz Dary Hernández Guayambuco, mintieron al afirmar que le habían hecho diferentes requerimientos verbales para que renovara su matrícula.

Anota que es injusto e ilógico que se afirme por el doctor Acuña Gallego, director de registro y control de la universidad tutelada, que él jamás adquirió la calidad de estudiante, ya que él estuvo presente en todas las clases de las asignaturas de tercer año; fue tenido en cuenta por los profesores para el control de asistencia; presentó todos los trabajos, y evaluaciones pertinentes; asistió a seminarios y conferencias; refrendó el carné y lo utilizó entre otros lugares en la biblioteca; participó en actividades universitarias y por sobre todo canceló la matrícula, todo lo que demuestra que fue un estudiante activo de la institución tutelada.

Afirma finalmente “no estoy de acuerdo con lo manifestado de que me mostré apático, ya que si me demoré fue por que (sic) se me extravía el recibo de pago, esto no lo incluí en la tutela porque desafortunadamente no puse el denuncio pertinente. En abril de 2001 solucione (sic) este percance con sindicatura, no después de diez meses como se pronunciaron”.

3.3. Decisión de segunda instancia.

El Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 3 de diciembre de 2001, confirmó la decisión del a quo, al tiempo que hizo algunas precisiones en relación con el escrito de impugnación.

Recalca que el reglamento estudiantil de la Corporación Universidad Libre es claro en su contenido, al consagrar en el artículo 21 que es únicamente a través de la renovación de la matrícula que un estudiante le puede dar continuidad a sus estudios y que el incumplimiento de alguno de los requisitos de renovación de la misma genera su inexistencia.

Afirma que de acuerdo con el material probatorio recaudado “no existe duda que el estudiante al desear entrar a la Universidad Libre hubo de enterarse de la reglamentación educativa, para, una vez verificada su situación manifestar su aceptación de su tácito deseo, procediendo a consignar primeramente el recibo de pago, obviamente una vez cumplido con el lleno de los requisitos para ser admitido como aspirante a iniciar estudios de derecho, lo cual no existe duda conocía como quiera que para poder ingresar a cursar el primero y segundo año de la carrera en mención, debió hacerlo si se tiene en cuenta que sí se matriculó en la forma anunciada, entonces con ello no puede aseverar que desconozca el trámite a seguir en el tercer año de derecho cuando se trataba de hacer lo mismo que para cuando fue a ingresar al segundo año”.

Con relación a la afirmación hecha por el actor en el sentido de haber firmado la hoja con el encabezado matrícula académica, afirma que “no es veraz lo que asegura que haya suscrito la hoja de matrícula, primero porque contradice lo antes expresado por el mismo, y segundo porque si hubiese firmado la matrícula de ello existiría constancia, tanto en la secretaría académica como en la oficina de registro y control de la universidad, lo cual no es cierto, como quiera que en ellas no existe el más mínimo asomo de querer perjudicarlo, sino que sus aseveraciones son objetivas y además concordantes con las demás declaraciones vertidas por los demás testigos, e inclusive por la misma representante de los estudiantes de su curso”.

“Amén de ello, porque si lo que afirma respecto de que sí inscribió las materias que vería en el tercer año de derecho fuera veraz, debería poseer copia de aquel registro, porque en efecto, al alumno se le hace entrega de una copia como constancia de la notificación de su registro, frente a lo cual el despacho no encuentra respaldo probatorio, esto es copia de dicho registro, por tal razón de acuerdo con la prueba documental y testimonial acopiada en primera instancia, se puso en evidencia la mendacidad de sus alegaciones en este sentido, por carecer de veracidad probatoria”.

Así las cosas el juzgado confirmó el fallo de primera instancia.

4. Pruebas que obran en el expediente.

4.1. El accionante aportó los siguientes documentos:

4.1.1. Copia del memorando de matrícula expedido por la sindicatura de la Corporación Universidad Libre (fl. 7, exp.).

4.1.2. Copia del balance de cuenta del crédito que tiene el señor Carrillo con el Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, regional Bogotá (fl. 8, exp.).

4.1.3. Fotocopia de la petición elevada por el accionante el 8 de junio de 2001 ante la entidad accionada (fl. 9, exp.).

4.1.4. Fotocopia del escrito de apelación presentado por el accionante ante el consejo unidad académica de la Universidad Libre (fl. 11, exp.).

4.1.5. Con la impugnación el accionante allegó fotocopia del formulario de matrícula académica (fl. 39, exp.).

4.2. El juez de primera instancia practicó las siguientes pruebas:

4.2.1. Testimonio rendido por Diana Rocío Velázquez Méndez, secretaria de la facultad de derecho sede del Bosque (fls. 20 y 21, exp.), quien manifestó:

a) Que a los estudiantes de la Universidad Libre no se les lleva registro en la sede el Bosque, por lo tanto se gestiona y archiva el registro o cardes en la sede de la Candelaria;

b) Que sólo se le lleva control o lista de asistencia de los estudiantes que se matriculan;

c) Afirma que el accionante no estuvo matriculado porque no entregó el recibo de pago a la secretaría de los derechos del año que iba a cursar, y

d) Que no sabe con certeza cuál es la fecha o término en el que se debe diligenciar la renovación de la matrícula una vez pagados los derechos de la misma.

4.2.2. Testimonio de la señorita Luz Dary Hernández Guayambuco, representante de los estudiantes de la Corporación Universidad Libre sede el Bosque (fls. 22 y 23, exp.), quien afirmó lo siguiente:

a) Conoce al señor Carrillo Antolínez desde hace tres años y que cursó con ella hasta tercer año de derecho;

b) El accionante quiso formalizar su matrícula después de haber cursado el año académico. Dicho año de derecho lo cursó, afirma porque iba a clase, entregaba trabajos y presentaba parciales, “a pesar de que no aparecía en listas oficiales”;

c) Los profesores de la facultad al advertir que el estudiante Carrillo no aparecía en listas, en más de una oportunidad le indicaron que debía solucionar su problema de matrícula;

d) La secretaría de la sede del Bosque publica en los salones la lista de quienes se deben acercar a sus oficinas para sentar matrícula, y

e) La deponente informó, cuantas veces se lo indicaron, verbalmente a sus compañeros que renovaran su matrícula, “incluso ellos mismos saben quienes son los que faltan”.

4.2.3. Testimonio rendido por el señor Iván Jiménez Vargas, jefe de la oficina de registro y control de la Universidad Libre y catedrático de la asignatura de derecho procesal (fls. 24 al 27, exp.), quien afirmó:

a) Que al accionante no se le permitió la renovación de la matrícula para tercer año de derecho debido a que no presentó en el término perentorio fijado por la corporación el memorando expedido por sindicatura, donde constaba que había cancelado sus derechos de matrícula;

b) Que el deponente, siendo profesor de una materia en el período académico 2000-2001 de derecho, al ver que el señor Carrillo asistía a sus clases sin aparecer en listas oficiales, le solicitó en más de una oportunidad que solucionara sus problemas de matrícula, a lo que siempre le contestó que tenía problemas con sindicatura, y

c) Que el señor Carrillo Antolínez asistía de manera muy regular a su asignatura, era falto de atención, no rendía y lo único que hacía era asistir a clase para charlar con sus amigos.

4.3. En sede de revisión el magistrado sustanciador decretó la siguiente prueba:

4.3.1. Certificación del Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior, Icetex, sobre el estado de cuenta del actor en relación con el crédito suscrito en la modalidad de matrícula financiada obtenido en el marco de convenio entre la Corporación Universidad Libre y el Icetex. A dicha certificación se anexó copia del convenio de matrícula financiada suscrito entre el Icetex y la Universidad Libre y su reglamento. En ella se explica que el crédito a través del programa de matrícula financiada no es un crédito Icetex sino que es concedido por la Universidad Libre al estudiante en el marco del convenio con el Icetex, entidad que se encarga simplemente del recaudo de las sumas a pagar por el estudiante, las que posteriormente transfiere a la universidad.

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Esta Sala, es competente para revisar las anteriores providencias, proferidas dentro del proceso de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto de fecha 19 de marzo de 2002, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de esta corporación.

2. La materia sujeta a examen.

Corresponde a la Sala de Revisión establecer, si como lo afirma el actor, le fueron violados sus derechos fundamentales a la igualdad (C.P., art. 13), al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) y a la educación (C.P., art. 67), así como su dignidad (C.P., art. 1º) (5) , por la negativa de la entidad demandada de aceptar de manera extemporánea la formalización de la matrícula de tercer año, a pesar de haber cancelado el valor de la misma y de haber cursado y presentado exámenes de las diferentes materias del pénsum, con excepción de las asignaturas de derecho probatorio y penal especial.

(5) El actor invoca la supuesta vulneración de los “principios fundamentales de respeto, dignidad y solidaridad”.

Al respecto los jueces de instancia se pronunciaron en contra de las pretensiones del actor y señalaron que éste no cumplió con el deber establecido en el artículo 21 del reglamento estudiantil de firmar oportunamente la renovación de su matrícula, y el registro académico, por lo que la institución demandada simplemente dio aplicación a dicho reglamento en el que se señala claramente que el incumplimiento de alguno de los requisitos de renovación de la matrícula implica su inexistencia.

Por consiguiente, en el presente caso, la Sala debe determinar si asiste o no razón a los jueces de instancia sobre la ausencia de violación de los derechos invocados por el actor con base en la aplicación del reglamento estudiantil, ante el incumplimiento por el actor de sus deberes en materia de renovación de matrícula.

3. Consideraciones preliminares.

Previamente a este análisis la Sala considera necesario recordar brevemente la jurisprudencia de esta corporación relativa a (i) la autonomía universitaria en materia de fijación de fechas límite para el cumplimiento de obligaciones administrativas por los estudiantes, y (ii) la doble naturaleza del derecho a la educación y las consecuencias por el incumplimiento de los deberes en materia de renovación de matrícula, que como se verá a continuación debe reiterarse frente al caso objeto de revisión.

3.1. La autonomía universitaria en materia de fijación de fechas límite para el cumplimiento de obligaciones administrativas por los estudiantes.

Esta corporación se ha pronunciado en múltiples ocasiones (6) acerca del reconocimiento que el constituyente de 1991 hizo a las instituciones de educación superior de una autonomía universitaria, como atributo esencial y garantía institucional para la prestación del servicio público de educación, como quedó establecido en el artículo 69 de la Carta Política.

(6) Ver entre otras las sentencias T-310 y T-500 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-974 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-525 y T-587 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

La referida autonomía universitaria presenta como contenido esencial “la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior” (7) .

(7) Sentencia T-310 de 1999, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Su incidencia en el ámbito universitario se ha traducido en dos aspectos principales: uno de ellos relacionado con la concepción ideológica de la universidad y otro atinente a la posibilidad de otorgarse sus directivas y de definir la organización interna propia de índole administrativa, académica y presupuestal, como reflejo de su singularidad (8) .

(8) Ver la Sentencia T-310 de 1999, antes citada.

No obstante lo anterior debe tenerse en cuenta que la autonomía universitaria no es absoluta, la Constitución y la ley pueden imponer válidamente restricciones en defensa del interés general y de derechos de terceros. En este sentido ha dicho esta corporación que “la autonomía universitaria no es soberanía educativa, pues si bien otorga un margen amplio de discrecionalidad a la institución superior, le impide la arbitrariedad” (9) .

(9) Ibídem, Sentencia T-310 de 1999.

Así ha de recordarse que: a) la enseñanza está sometida a la inspección y vigilancia del Presidente de la República (C.P., arts. 67, 150-8 y 189-21); b) la prestación del servicio público de la educación exige el cumplimiento estricto de la ley (C.P., art. 150-23). Por ende, la autonomía universitaria no excluye la acción legislativa, como quiera que ésta “no significa que haya despojado al legislador del ejercicio de regulación que le corresponde” (10) ; c) el respeto por los derechos fundamentales también limita la autonomía universitaria, de ahí que, la acción de tutela resulte procedente como medio de defensa contra los actos de las autoridades universitarias, pertenezcan éstas a centros educativos oficiales o particulares, ante una eventual vulneración o amenaza del derecho a la educación y de otros derechos constitucionales fundamentales que puedan resultar afectados (11) .

(10) Sentencia C-188 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.

(11) Ver la Sentencia T-974 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Ahora bien, es claro que la facultad de las universidades de expedir libremente sus propios estatutos para otorgarse el régimen interno que regule el proceso educativo en lo necesario, desde el punto de vista organizacional y funcional, así como para fijar una regulación clara y precisa de las obligaciones surgidas entre educadores y educandos constituye consecuencia natural de la mencionada autonomía administrativa universitaria.

Los reglamentos se instituyen, en ese orden de ideas, con el objeto de establecer pautas obligatorias de la estructura interna de los centros educativos, acorde con su misión y fines, así como regulatorias de las relaciones entre las partes del proceso educativo, para facilitar los logros del desarrollo de la formación académica de los educandos, en particular, y del proceso educativo, en general, lo cual redunda en la vigencia del derecho a la educación de todos los estudiantes (12) .

(12) Ibídem, Sentencia T-974 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

La Corte, bajo esa orientación, ha entendido tales reglamentos internos universitarios como “(…) regulaciones sublegales, sometidas, desde luego, a la voluntad constitucional y a la de la ley, encargadas de puntualizar las reglas de funcionamiento de las instituciones de educación superior, su organización administrativa (niveles de dirección, de asesoría, operativo, etc.), requisitos para la admisión del alumnado, selección de personal docente, clasificación de los servidores públicos, etc. (…)” (13) .

(13) Sentencia T-515 de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

En relación con la posibilidad de regular aspectos relacionados con el manejo administrativo y presupuestal de la institución y en particular la posibilidad de fijar plazos perentorios para la renovación de las matrículas, esta corporación se pronunció ya en un caso que involucraba a la entidad demandada en el presente proceso en el que concluyó que no se vulnera derecho alguno cuando el reglamento interno señala que la renovación de la matrícula deberá realizarse dentro de los plazos que determine el calendario académico y establece la inexistencia de la misma en caso de incumplimiento.

En esa ocasión dijo la Corte lo siguiente:

“(...) como consecuencia de la autonomía universitaria, los centros de educación superior tienen la posibilidad de regular normativamente aspectos relacionados con el manejo administrativo y presupuestal de la institución. Por consiguiente, es válido que el artículo 24 del Acuerdo 15 de 1997 o reglamento estudiantil de la Corporación Universidad Libre, disponga que la renovación de la matrícula deberá realizarse dentro de los plazos que determine el calendario académico, y que, “el incumplimiento de alguno de los requisitos de renovación de la matrícula implica su inexistencia”.

Lo anterior demuestra que la institución educativa superior puede fijar fechas límites para pagos y matrículas de sus alumnos, cuyo cumplimiento es imperativo para los estudiantes. No obstante, lo anterior no significa que la universidad sea absolutamente discrecional para autorizar las matrículas extemporáneas, como quiera que el carácter de deber (14) del derecho a la educación impone la obligación de pagar oportunamente el costo de la matrícula, pues la determinación de las fechas no corresponde a la autonomía individual del estudiante, sino a una decisión de organización interna de la universidad.

(14) Ver entre muchas otras, las sentencias T-02 de 1992, T-515 de 1995, T-569 de 1994, T-259 de 1998.

5. Sin embargo, también es importante advertir que lo anterior no significa que “la universidad puede decidir arbitrariamente cuándo autoriza matrículas extraordinarias y cuándo las niega, pues el derecho a la igualdad de los estudiantes vincula a la universidad, como a todos los particulares y a las autoridades públicas (C.P., arts. 4º y 13)... Por lo tanto, la institución educativa superior, en ejercicio de su autonomía, puede aprobar matrículas extraordinarias, si esa decisión se encuentra justificada objetivamente” (15) .

(15) Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

6. De todas maneras, la explicación de la Universidad Libre, según la cual la aplicación rígida del reglamento se debe a la necesidad de erradicar una costumbre que afectó el manejo presupuestal y financiero de la institución; es razonable y evita que se sacrifique injusta y arbitrariamente el derecho a la educación eficiente y oportuna de la comunidad educativa. Al respecto, la sentencia que se reitera (16) , dijo:

(16) ibídem, Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“la búsqueda de la estabilidad financiera de la universidad y la necesidad de tener certeza del número de cupos disponibles para nuevos alumnos, constituyen fines constitucionalmente legítimos, como quiera que la institución educativa se encuentra obligada no sólo a propender por la prestación eficiente del servicio (C.P., art. 365), sino a aumentar la calidad de la educación (C.P., art. 68 y lit. c) del art. 6º de la L. 30/92), y dentro de sus posibilidades, a ofrecer el servicio a quienes se encuentren interesados en educarse (C.P., art. 68). Pues bien, la medida adoptada por la universidad es útil para el logro de los fines que se han señalado, como quiera que la calidad y la eficiencia en la educación, en buena medida se obtiene con el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas contraídas con los docentes, con el mantenimiento logístico de las instalaciones y con la prestación del servicio a toda la población educativa, cuya capacidad pueda cumplir el centro universitario, entre otras razones. Por lo tanto, la medida destinada a organizar los pagos, es razonable y útil para el logro de los fines que se persiguen. Y, finalmente, el establecimiento de fechas perentorias para el pago no sacrifica arbitrariamente ni desproporcionadamente valores y derechos constitucionales”.

En consecuencia, esta Sala considera que no existe vulneración de ningún derecho fundamental que autorice la protección a través de la presente acción de tutela” (17) .

(17) Sentencia T-500 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Es decir que como acaba de señalarse en relación con el mandato del reglamento estudiantil que fue aplicado en el presente proceso por la entidad demandada existe ya un pronunciamiento de esta corporación, que hace énfasis en la autonomía de la institución para fijar fechas límites para pagos y matrículas de sus alumnos, cuyo cumplimiento es imperativo para los estudiantes.

3.2. La doble proyección del derecho a la educación y las consecuencias por el incumplimiento de los deberes en materia de renovación de matrícula.

Como lo recuerda acertadamente el juez de primera instancia, el derecho a la educación tiene una doble proyección a la que se ha referido esta corporación en múltiples ocasiones (18) . Así la Corte ha señalado que:

(18) Ver entre otras las sentencias T-02 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-341 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-642 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

“(…) en virtud de la función social que reviste la educación se configura como derecho-deber y genera obligaciones recíprocas entre los actores del proceso educativo (19) .

(19) Ver la Sentencia T-527 de 1995, entre otras.

Tales obligaciones implican para la institución educativa el deber de “…ofrecer una enseñanza superior con calidad, en la forma públicamente ofrecida en sus programas, dentro de la finalidad de la institución universitaria y en las condiciones necesarias para que se desarrolle bajo presupuestos de libertad de enseñanzas, de aprendizaje, de investigación científica o tecnológica y de cátedra” (20) .

(20) Sentencia T-672 de 1998, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

Desde la perspectiva del estudiante “se convierte en un derecho a recibir la educación en esas condiciones, siempre y cuando observe un leal cumplimiento de las normas sobre comportamiento, rendimiento personal y académico, previa y claramente establecidas en el reglamento interno de la institución universitaria” (21) . Así mismo, el educando se compromete a cumplir con unos requerimientos de tipo administrativo para su ingreso y permanencia en el respectivo plantel educativo.

(21) Ídem.

De esta manera, las obligaciones correlativas constituyen condiciones indispensables para el goce efectivo del derecho a la educación. En efecto, si bien la realización satisfactoria de ese derecho representa un cometido estatal con atención preferencial, el logro de la misma se sujeta, de un lado, a ciertas limitantes de orden material y técnico (22) que estarían determinadas por las restricciones que normalmente surgen en la prestación del servicio, en términos de operación y cobertura; de otro lado, a requerimientos que, como los ya mencionados, exigen a los educandos un determinado rendimiento académico, sin olvidar el sometimiento que deben prestar al régimen interno administrativo y disciplinario adoptado por la correspondiente comunidad educativa, con el propósito de ordenar el funcionamiento del centro docente.

(22) Ver las sentencias T-186 de 1993 y 373 de 1996.

De ahí que, el incumplimiento en el que incurra el estudiante respecto de sus deberes, podrá sancionarse por las autoridades competentes del plantel educativo, con el fin de corregir la falta, en forma razonable y proporcional, para así mantener una orden interna que proteja la misión de formación de sus estudiantes, con la salvaguarda de otros derechos fundamentales como, eventualmente, el del debido proceso”.

Condición indispensable para el goce efectivo del derecho a la educación lo constituye entonces el cumplimiento de los deberes a cargo de los estudiantes, dentro de los que se cuentan los requerimientos de tipo administrativo para su ingreso y permanencia en el respectivo plantel educativo.

Al respecto, la Sala debe recordar que en un caso similar al que se revisa, esta corporación hizo énfasis precisamente en la obligación que asiste a los estudiantes de respetar sus deberes en materia de renovación de la matrícula y en la imposibilidad de derivar una supuesta violación de sus derechos de la aplicación de las consecuencias establecidas en los reglamentos ante el incumplimiento de dichos deberes. En esta ocasión señaló la Corte lo siguiente:

“Según se desprende de la información que reposa en el expediente, el accionante incumplió la obligación de renovar la matrícula dentro del término establecido por el claustro universitario; la accionada en 2 oportunidades amplió dicho plazo para todos aquellos estudiantes, incluido el actor, que se encontraban en la mencionada situación. La universidad publicó en las carteleras y los pasillos de una instalación el plazo inicial y las correspondientes prórrogas para que los estudiantes legalizaran su matrícula, por lo tanto no es de recibo la excusa del señor Peinado Díaz cuando manifiesta que en ningún momento se le hizo saber en forma personal sobre tales prórrogas; más bien se observa que la actitud del señor Peinado fue negligente y despreocupada, pues sólo hasta que fue enterado por un profesor que no podía presentar un examen, fue cuando trató de subsanar su descuido, resultando ya tarde para ello. No hay que olvidar que la educación tiene la doble naturaleza de derecho deber que genera para las partes del proceso educativo obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse porque realizan su núcleo esencial (23) .

(23) Cfr. sentencias T-092 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-527 de 1995, T-573 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz; T-124 de 1998, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, entre otras.

En el presente caso el actor, por ser alumno antiguo, conocía los trámites necesarios para renovar y perfeccionar su matrícula y al no realizarlos no cumplió con lo establecido en el reglamento, pues, como lo manifiesta el ad quem, bien sabido es que el acto de registro de la matrícula es el que permite establecer si el estudiante puede cursar todas las materias, qué carga académica tiene y en consecuencia aparecer en las listas del semestre a cursar. En este orden de ideas, a juicio de esta Sala, fue el actor quien por negligencia y descuido, al no legalizar en tiempo y en debido forma su matrícula, generó la situación que hoy por hoy alega como violatoria de sus derechos. Así las cosas no se encuentra vulneración de los derechos alegados por el accionante, por parte de la accionada, pues afirmar lo contrario sería aceptar la culpa como generadora de derechos” (24) .

(24) Sentencia T-420 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Así las cosas y como lo ha señalado la Corte en otras circunstancias (25) , quien incumple sus deberes no puede alegar en consecuencia la supuesta vulneración de sus derechos, cuando simplemente se da aplicación a las normas que señalan consecuencias para dicho incumplimiento.

(25) Ver en este sentido, entre otras, las sentencias T-596 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-642 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

4. El caso concreto.

4.1. La aplicación del reglamento estudiantil y la ausencia de vulneración de los derechos invocados.

Para la Corte en el presente caso es claro que el actor, como él mismo lo admite (26) , incumplió sus deberes en materia de renovación de la matrícula para el tercer año de derecho.

(26) Folio 36 del expediente en el que se lee: “si bien yo no cumplí con el último requisito que era sentar la matrícula a tiempo”.

En efecto, el demandante, si bien cumplió con la obligación pecuniaria correspondiente (27) como lo acepta la entidad demandada (28) , no firmó ni el registro académico ni la matrícula en los términos perentorios fijados por la universidad.

(27) Al respecto se encuentra probado en el expediente que el actor canceló parcialmente el valor de la matrícula y asumió un compromiso de pago por el excedente en el marco del sistema de matrícula financiada recaudada mediante convenio por el Icetex. En cumplimiento de dicho compromiso el actor pagó al Icetex las sumas acordadas, las cuales fueron transferidas a la entidad demandada, según consta en certificación expedida por el Icetex el 7 de junio de 2002.

(28) En la respuesta a la acción de tutela suscrita por el secretario académico Orlando Acuña Gallego, punto 6 (fl. 16, exp.) se lee: En lo que se refiere al tercer año el actor “no cumplió con la totalidad de los requisitos de renovación de la matrícula a saber: 1. Pago los derechos pecunarios correspondientes de conformidad al recibo de sindicatura 3264-2000 de fecha de agosto de 2001. Pero no firmó la renovación de la matrícula ni el registro académico dentro de los términos perentorios que fijo la universidad”.

El reglamento estudiantil es claro sin embargo al respecto cuando señala en el artículo 17 lo siguiente:

ART. 17.—Requisitos de matrícula. Para la matrícula el aspirante debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Haber sido admitido.

2. Firmar el registro académico, y

3. Firmar la matrícula dentro de los términos perentorios fijados por la universidad (resalta la Sala).

Por su parte el artículo 21 señala que al darle continuidad a sus estudios, en cada período académico el estudiante debe firmar la renovación de su matrícula y el registro académico, pagar los derechos correspondientes y presentar constancia de afiliación a la entidad del régimen de seguridad social.

De acuerdo con el mismo artículo el estudiante que no renueve la matrícula en el plazo fijado puede hacerlo extemporáneamente en la fecha que determine el calendario académico, previa comprobación del pago de los derechos de matrícula que establezca la universidad para estos casos.

De manera perentoria el parágrafo segundo de dicho artículo señala finalmente que el incumplimiento de algunos de los requisitos de renovación de la matrícula implica su inexistencia (resalta la Sala).

En la medida en que la guía indispensable para determinar si se ha producido o no la vulneración de los derechos invocados en la demanda por la negativa de la Universidad Libre a autorizar la formalización extemporánea de la matrícula es precisamente el reglamento estudiantil, la Corte concluye que la entidad demandada simplemente dio aplicación a dicho reglamento, sin que con ello haya vulnerado el derecho a la educación invocado en la demanda ni los demás derechos a que se refiere el actor, cuya conducta y no la de la universidad demandada es la que se encuentra al origen de la situación que lo afecta.

La imposibilidad de sentar de manera extemporánea la matrícula y por consiguiente de obtener de la entidad demandada las prestaciones correspondientes en materia académica a que alude su demanda se origina en el hecho de no haberse cumplido en tiempo oportuno con todos los requisitos necesarios para el efecto.

4.2. El pago efectuado y la asistencia a clases invocada por el demandante.

Frente al énfasis que hace el actor en relación con el pago efectuado, la Corte considera necesario precisar que éste no era suficiente para formalizar la relación entre el estudiante y la universidad, la cual solamente se establece con la firma de la matrícula, como claramente se desprende del mismo reglamento.

Así cabe recordar que de acuerdo con el artículo 2º del reglamento estudiantil, para adquirir la calidad de estudiante es necesario haber sido admitido previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo reglamento, haber pagado los derechos pecuniarios y firmado el acta de matrícula (resalta la Sala). En este mismo sentido se debe precisar que de acuerdo con el artículo 18, ibídem la matrícula es el acto por el cual el aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante y que al firmar la matrícula el estudiante declara que conoce y se compromete a cumplir los estatutos, reglamentos, normas y demás disposiciones establecidas por la universidad.

Así las cosas es claro que en el presente caso no se formalizó la relación entre la entidad demandada y el actor de la tutela y que por tanto frente a la inexistencia de matrícula tiene razón la entidad demandada al afirmar que el actor no cursó el tercer año de derecho en esa institución.

La Corte considera necesario precisar al respecto que el hecho de que el actor haya asistido a clases y presentado exámenes en diferentes materias sin haber formalizado su matrícula en nada contradice esta afirmación. Para la Corte es claro no solamente que el demandante nunca figuró en las listas oficiales (29) , sino que las actuaciones de los profesores que eventualmente lo admitieron en el aula por fuera del reglamento no pueden entenderse como un reconocimiento por parte de la universidad de la calidad de estudiante del actor.

(29) Como claramente se desprende de las pruebas que obran en el expediente el actor no figuró en ningún momento dentro de las listas oficiales. Ver declaración de la representante del curso recibida por el juzgado de primera instancia (fl. 22, exp.), así como (sic).

En el presente caso se encuentra probado en el expediente que el estudiante era consciente de la situación irregular en que se encontraba (30) y que la universidad le hizo reiterados requerimientos para que formalizara su matrícula sin que éste haya obrado en consecuencia en tiempo oportuno para cumplir el reglamento (31) .

(30) Ver el escrito de impugnación del actor (fl. 36, exp.).

(31) Ver las declaraciones recibidas por el juzgado de primera instancia (fls. 20 a 27, exp.).

Finalmente, la Corte estima necesario precisar que dado que la matrícula es reglamentariamente inexistente y por tanto el actor no recibió las prestaciones correspondientes a que da derecho dicha matrícula, será a los interesados a quienes corresponderá determinar, en el marco del reglamento estudiantil, el destino del pago efectuado (32) .

(32) Cabe recordar que el estudiante pagó a la universidad directamente la suma de quinientos noventa y cuatro mil pesos ($ 594.000) (según consta en el recibo de pago 01979-1) y canceló al Icetex el excedente (según consta en la certificación expedida por esa entidad), el cual fue transferido a la universidad en el marco del convenio suscrito entre ésta y el Icetex. No sobra recalcar al respecto que en el presente caso no se está en presencia de un crédito otorgado por el Icetex, sino de la aplicación de un sistema de matrícula financiada en el que la universidad es la que facilita al estudiante el pago de la misma y el Icetex se encarga simplemente del recaudo de las sumas respectivas que luego transfiere a la universidad.

Cabe aclarar que en el presente caso no resulta aplicable el artículo 22 del citado reglamento sobre interrupción de la matrícula (33) , pues su aplicación supone precisamente la existencia de una matrícula, situación que como se ha visto no se presenta en relación con el actor de la tutela.

(33) ART. 22.—Interrupción de matrícula. El estudiante dentro del mes siguiente a la iniciación de clases, puede solicitar la interrupción de sus estudios por un período académico por una sola vez, en este evento se le reconocerá el 100% de los dineros cancelados para ser abonados en el período inmediatamente siguiente. Una vez producido el pago, la universidad, bajo ninguna circunstancia reintegrará los dineros del estudiante.

PAR.—En caso de enfermedad grave, debidamente comprobada, se puede autorizar la interrupción de los estudios por una sola vez y hasta por dos períodos académicos.

Ahora bien, en caso de que pueda darse aplicación a las disposiciones reglamentarias en materia de reintegro (arts. 27 y 28) (34) la suma pagada por el actor, podrá abonarse al valor que fije la universidad para el año lectivo respectivo.

(34) ART. 27.—Solicitud. Para el reintegro el estudiante debe hacer solicitud ante el secretario académico del programa correspondiente, a fin de recuperar su calidad de estudiante regular de la universidad y lo decidirá el decano.

PAR. 1º—La petición de reintegro debe ser autorizada siempre y cuando haya sido presentada dentro los términos del calendario académico y haya disponibilidad en el nivel correspondiente.

PAR. 2º—El estudiante a quien se le haya aceptado el reintegro debe acogerse al plan de estudios vigentes al momento de la aceptación.

PAR. 3º—El estudiante que hubiere estado desvinculado por cinco (5) años continuos, debe repetir o validar, a su elección todos los períodos cursados y aprobados.

ART. 28—(Modificado Ac. 9, ago. 5/99, art. 3º) Aplicabilidad. Puede solicitar reintegro: quien no haya sido sancionado con la cancelación definitiva de matrícula o con expulsión, en los últimos cinco (5) años.

PAR.—El estudiante debe presentar los documentos actualizados para la reliquidación del valor de la matrícula.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá, mediante la cual se confirmó a su vez la sentencia proferida por el Juzgado 70 Penal Municipal de Bogotá que rechazó el amparo solicitado.

Por secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Tafur Galvis—Jaime Araújo Rentería—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha V. Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

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