Sentencia T-460 de junio 8 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Sentencia T-460 de 2006 

Ref.: Expediente T-1.294.319

Magistrado Ponente:

Marco Gerardo Monroy Cabra

Peticionario: Asociación Red Colombiana de Radio Comunitaria y otros.

Accionado: Ministerio de Comunicaciones.

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil seis.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

EXTRACTOS: «1. Antecedentes.

El 26 de septiembre de 2005, el señor Jorge Alberto Londoño Lugo, actuando como representante legal de la Asociación Red Colombiana de Radio Comunitaria (Recorra) y como apoderado judicial de la Asociación Distrital de Radio Comunitaria “Antena Ciudadana”, la Corporación para la Promoción de la Comunicación y el Desarrollo Comunitario “Voceros Comunitarios”, la Cooperativa Multiactiva de Trabajo Asociado “Punto Verde” (Coopunver), la Asociación de Dirigentes Comunitarios (Asodic) y la Corporación Promotora Cívico Cultural “Zuro Riente”; y Danilo Rojas Betancourt, actuando como apoderado judicial de la Asociación de Comunicadores Populares “Somos Red” (Acoposor), la Corporación Derechos para La Paz (CDPAZ), Sigifredo García Sánchez, Martha Isabel Molina Bermúdez y José Florentino Cifuentes Roa —estos últimos como potenciales usuarios del servicio de radiodifusión sonora comunitaria—, interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio de Comunicaciones, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a fundar medios masivos de comunicación, a la igualdad, a la participación democrática, al acceso a la cultura, a la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagnético y al pluralismo informativo, con fundamento en los siguientes hechos.

(...).

2. Consideraciones de la Corte Constitucional.

2.1. Competencia.

Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.

2.2. Presentación del caso.

A partir de la expedición de los decretos 1445, 1446 y 1447 de 1995, el Ministerio de Comunicaciones viene realizando convocatorias públicas para la concesión del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en distintos lugares del país. Debido a que dentro de estas nunca se ha incluido a Bogotá, los peticionarios desde entonces han presentado varios derechos de petición ante la entidad, con el fin de que se les informe las razones por las cuales la capital ha sido excluida y la fecha en la que se realizará la convocatoria para la misma.

Frente a estas solicitudes, el ministerio ha respondido (i) que Bogotá sería tenida en cuenta una vez finalizara el trámite de las convocatorias ya abiertas en otros lugares, y que su realización en todo caso estaba supeditada a la disponibilidad de las frecuencias previstas en el Plan Nacional de Radiodifusión Sonora (1996); (ii) que como ya estaba en curso otra convocatoria, no era posible atender la solicitud (1997); (iii) que la capital sería tenida en cuenta en una etapa posterior, toda vez que, de conformidad con el Decreto 1447 de 1995, en la apertura de las convocatorias debía darse prioridad a los municipios que carecen del servicio y a los municipios o distritos donde —a juicio de la administración— sea necesario ampliar la oferta del servicio (1999); (iv) que el ministerio se encontraba definiendo las características técnicas de los canales en los que operarían las emisoras comunitarias en Bogotá, de manera que hasta que este estudio no terminara y se efectuara la planificación, no era posible llevar a cabo la convocatoria (2000); (v) que el ministerio goza de discrecionalidad para llevar a cabo las convocatorias aludidas (2002); y (vi) que dado que en las ciudades capitales el modelo de radio comunitaria difiere del previsto para el resto del país —por la necesidad de optimizar el uso del espectro electromagnético y lograr acuerdos entre las organizaciones sociales—, en su momento la dirección de desarrollo del sector realizaría los estudios pertinentes para definir los parámetros técnicos para el funcionamiento de dichas emisoras en Bogotá (2004).

Adicionalmente, en el año 2003, por iniciativa de un concejal de la ciudad, se organizó una mesa de trabajo —en la que participó el ministerio— con el fin de preparar una propuesta para la entrada en funcionamiento de emisoras comunitarias en el Distrito Capital. Las conclusiones de la mesa fueron presentadas a la entidad demandada el 30 de septiembre de 2003, pero esta nunca se pronunció al respecto.

Ante la omisión prolongada de la entidad de llevar a cabo una convocatoria pública para la concesión del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en Bogotá, y en vista de la demanda del servicio de la comunidad, el 26 de septiembre de 2005, los accionantes —varias organizaciones culturales comunitarias y de emisoras comunitarias interesadas en prestar el servicio en el perímetro urbano y algunos potenciales usuarios— promovieron una acción de tutela contra el Ministerio de Comunicaciones, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a fundar medios masivos de comunicación, a la igualdad, a la participación democrática, al acceso a la cultura, al acceso equitativo al espectro electromagnético y al pluralismo informativo. En su demanda, solicitaron al juez de tutela que ordenara al ministerio adelantar la referida convocatoria dentro de un término perentorio, al cabo del cual, si no se había llevado a cabo la adjudicación de licencias, pidieron que se les permita comenzar a operar las emisoras sin la exigencia de licencia.

Los demandantes alegaban, entre otros argumentos, (i) que no existe ningún obstáculo técnico para la realización de la convocatoria en mención, por cuanto Bogotá cuenta con dos frecuencias clase “D” en el espectro electromagnético que pueden ser utilizadas para el funcionamiento simultáneo, de varias emisoras comunitarias —ya que pueden emplearse al mismo tiempo siempre y cuando exista entra ellas una distancia mayor a 5 kilómetros—; (ii) que tampoco existen impedimentos de orden económico para llevar a cabo la convocatoria, toda vez que ya existe la infraestructura, de modo que los únicos costos que se generarían serían los relacionados con el proceso licitatorio; (iii) que las emisoras comerciales y de interés público que existen en Bogotá no suplen las demandas de radio comunitaria de las distintas localidades; (iv) que el demandado hasta el momento no ha ofrecido ninguna razón lo suficientemente importante para justificar la no apertura de la convocatoria, que al ser ponderada con los derechos fundamentales involucrados, resulte de mayor trascendencia que el goce pleno y efectivo de los mismos; y (v) que no hay razón tampoco para que a los ciudadanos de Bogotá se les dé un trato diferente al de los habitantes de los municipios donde ya se ha efectuado la convocatoria aludida y donde ya están operando las emisoras comunitarias.

El ministerio accionado, por su parte, aseguró que su actuar se basaba en el artículo 7º del Decreto 1447 de 1995, que ordena dar prioridad en las convocatorias en cuestión a los municipios que carecen por completo del servicio de radiodifusión sonora. En este orden de ideas, afirmó que la tutela era improcedente porque lo que los accionados pretendían era cuestionar la legalidad de un acto administrativo de carácter general y complejo, este es, el Decreto 1447 de 1995.

Los argumentos del demandado fueron acogidos por los jueces que conocieron en primera y segunda instancia de la tutela, razón por la cual la solicitud de amparo fue declarada improcedente.

En este contexto, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

En primer lugar, determinar si el derecho de petición de los accionantes ha sido vulnerado por el Ministerio de Comunicaciones, puesto que, a su juicio, las respuestas que este ha emitido frente a sus numerosas solicitudes no contienen una respuesta de fondo que justifique la omisión de llevar a cabo la convocatoria que reclaman.

En segundo lugar, determinar si los derechos fundamentales de los peticionarios —como operadores y usuarios potenciales del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en la ciudad de Bogotá— a fundar medios masivos de comunicación, a la igualdad, a ser informados y al pluralismo informativo, han sido lesionados por el Ministerio de Comunicaciones al negarse a llevar a cabo una convocatoria pública en la capital para conceder la prestación del servicio referido.

Antes de resolver este problema, dada la novedad de la materia, la Sala analizará, en primer término, la definición del servicio de radiodifusión sonora comunitaria y la normativa que le es aplicable, y, en segundo término, la protección constitucional del derecho a la libre expresión, particularmente, su manifestación de libertad de fundar medios masivos de comunicación, así como su relación con la radio comunitaria. Adicionalmente, la Sala abordará el contenido del derecho de petición y el tipo de respuestas que satisfacen el mismo.

2.3. El servicio de radiodifusión sonora comunitaria.

De acuerdo con el artículo 3º del Decreto 1446 de 1995 —modificado por el Decreto 348 de 1997—, el servicio público de radiodifusión sonora (1) se clasifica —en función de la orientación de la programación— en comercial, de interés público y comunitario. El primero —según la misma disposición—, se presta, con ánimo de lucro y está destinado a satisfacer los hábitos y gustos del oyente. El segundo, se orienta principalmente a elevar el nivel educativo y cultural de los habitantes del territorio nacional y a difundir los valores cívicos de la comunidad. Finalmente, el tercero es aquel cuya programación está destinada en forma específica a satisfacer necesidades de una comunidad organizada.

En cuanto al servicio comunitario de radiodifusión sonora, el artículo 2º del Decreto 1981 de 2003 —siguiendo las definiciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)— agrega que es de interés social, que se presta sin ánimo de lucro, y que está a cargo del Estado, quien lo puede prestar de manera indirecta a través de comunidades organizadas debidamente constituidas en Colombia.

Además, el artículo 3º ibídem dispone que debe ser participativo y pluralista, y que debe estar orientado a “(...) satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes, a través de programas radiales realizados por distintos sectores del municipio, de manera que promueva el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Por tanto, todos los concesionarios tendrán la obligación de ajustar sus programas a los fines indicados”.

Según el artículo 13 ibídem, el servicio en mención se debe prestar “(...) en los canales definidos para estaciones clase D en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, en frecuencia modulada (F.M.), teniendo en cuenta la topografía, la extensión del municipio y la distribución de la población urbana y rural, dentro del mismo”.

Ahora bien, la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitario, como modalidad de gestión indirecta de la radiodifusión sonora (2) , conforme al artículo 7º del Decreto 1447 de 1995 y al artículo 17 del Decreto 1981 de 2003, es concedida de manera directa por el Ministerio de Comunicaciones, previa la realización de un procedimiento de selección objetiva, de acuerdo con la Ley 80 de 1993.

Sobre los criterios que el ministerio debe tener en cuenta para la apertura de dicho proceso, los parágrafos primero y segundo del mismo artículo señalan:

“PAR. 1º—La apertura de las licitaciones para dar en concesión el servicio de radiodifusión sonora en gestión indirecta, se hará dando prioridad a los municipios que carecen del servicio y a los municipios o distritos donde a juicio de la administración, sea necesario ampliar la oferta del servicio para alcanzar los fines establecidos en el artículo 6º del Decreto 1900 de 1990 (3) .

PAR. 2º—El servicio comunitario de radiodifusión sonora, se otorgará directamente de acuerdo con las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en el capítulo V de este decreto” (4) .

Por su parte, el artículo 20 del Decreto 1981 de 2003 indica al respecto:

“ART. 20.—Proceso de selección. El Ministerio de Comunicaciones realizará una convocatoria pública como procedimiento objetivo de adjudicación de las concesiones para la prestación del servicio comunitario de radiodifusión sonora en los diferentes municipios del país, en atención al interés público, a las necesidades nacionales y comunitarias, a la disponibilidad del espectro radioeléctrico y a lo previsto en el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora.

En este sentido, el Ministerio de Comunicaciones propenderá porque los municipios carentes del servicio, las comunidades residentes en áreas urbanas y rurales marginales o de frontera, las etnias culturales y en general los sectores más débiles o minoritarios de la sociedad accedan al servicio comunitario de radiodifusión sonora, a fin de propiciar su desarrollo, la expresión de su cultura y su integración a la vida nacional, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 1900 de 1990.

El Ministerio de Comunicaciones elaborará y pondrá a disposición de las comunidades organizadas interesadas en la prestación del servicio comunitario de radiodifusión sonora, los correspondientes términos de referencia, en los cuales se establecerán las condiciones y requisitos exigidos para participar en la convocatoria pública, de que trata el presente artículo”.

El artículo 18 del Decreto 1447 de 1995 agrega que la realización de las licitaciones para conceder la prestación del servicio en gestión indirecta, deben hacerse de conformidad con los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora en amplitud modulada (A.M.) y en frecuencia modulada (F.M.).

Por último, el artículo 33 de la Ley 80 de 1993 indica que los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestadas mediante concesión otorgada por contratación directa o a través de licencias por las entidades competentes. Por su parte, el parágrafo 1º del artículo 35 ibídem establece que el servicio comunitario de radiodifusión sonora es considerado como actividad de telecomunicaciones y, por tanto, debe ser otorgado mediante licencia, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas que disponga el Gobierno Nacional.

En resumen, el servicio de radiodifusión sonora comunitaria, es una modalidad de gestión indirecta del servicio de radiodifusión sonora, cuya prestación, por tanto, requiere de licencias que deben ser otorgadas por el Ministerio de Comunicaciones, previa realización de una convocatoria pública y un proceso licitatorio. Ahora bien, el ministerio cuenta con discrecionalidad para llevar a cabo tales convocatorias en un determinado lugar del país, pero dentro de los parámetros señalados en los artículos 7º del Decreto 1447 de 1995 y 20 del Decreto 1981 de 2003.

2.4. La libertad de fundar medios masivos de comunicación como manifestación de la libertad de expresión y la importancia de las emisoras comunitarias en la promoción de la democracia.

La libertad de expresión, como ha sido señalado por esta corporación en numerosas oportunidades (5) , comprende una faceta individual y una social. La primera se refiere al derecho que tiene cualquier persona a expresar sus pensamientos y a utilizar cualquier medio para dar a conocerlo a otra. En este sentido, comprende la libertad de manifestarse, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de informar, la libertad de prensa y la libertad de fundar medios masivos de comunicación. La segunda, por su parte, comprende el derecho a recibir informaciones y a conocer el pensamiento ajeno —derecho a ser informado—.

En cualquiera de sus dos dimensiones, este derecho es de vital importancia para la promoción de la democracia y el desarrollo, como también ya ha sido afirmado por esta corporación.

En efecto, contribuye a la promoción de la democracia porque (i) hace posible la proyección de cada persona como sujeto individual y la realización de sus planes de vida —autonomía personal—; (ii) permite el flujo y confrontación constante de distintas ideas y opiniones —pluralismo informativo—, lo cual permite la formación de posturas críticas y avanzar en el conocimiento de uno mismo y del mundo; (iii) asegura que la sociedad cuente con información suficiente para la toma de decisiones —decisiones informadas—; (iv) es condición para que los partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas y culturales y cualquier otra agrupación que pretenda influir sobre la colectividad pueda alcanzar su cometido; (v) facilita a los ciudadanos el ejercicio de control político sobre los poderes públicos y privados; (vi) hace posible el principio de autogobierno, es decir, que los ciudadanos se gobiernen a sí mismos bien sea eligiendo a sus representantes o participando directamente en la toma de decisiones; y (vii) promueve la resolución racional y pacífica de los conflictos (6) .

En cuanto a su contribución al desarrollo, en la Sentencia T-679 de 2005 (7) —siguiendo a Amartya Sen— se indicaron las siguientes razones, particularmente en lo que se refiere a la libertad de prensa como manifestación de la libertad de expresión:

“(1) Por el nexo inevitable que existe entre la libertad de prensa y la libertad de palabra y de comunicación pública. (2) Porque dado su papel informativo, una prensa libre en la difusión del conocimiento permite el escrutinio crítico. (3) Por cuanto la libertad de prensa se traduce, así mismo, en una función protectora de la libertad que se cumple al dar voz a los abandonados y a los desfavorecidos, de manera tal que se promueve una mayor seguridad pública. 4) Porque la libre discusión contribuye, en suma, de manera constructiva en la formación de valores y en el surgimiento de unas normas públicas compartidas esenciales para la justicia social”.

Los anteriores efectos de la libertad de expresión sobre la democracia y el desarrollo son aún más evidentes cuando se habla de su manifestación de fundar medios masivos de comunicación, es decir, el derecho de cualquier persona que llene los requisitos legales razonables y proporcionados que imponga la normativa vigente —que no pueden llegar a constituir una forma de censura— para crear uno de estos medios —como la radio—. Lo anterior en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que los medios masivos de comunicación poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, y al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos (8) .

Particularmente, la radiodifusión sonora comunitaria, como medio masivo de comunicación, cumple un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la participación en las pequeñas comunidades rurales o urbanas destinatarias, ya que (i) contribuye a formar redes de solidaridad entre vecinos, (ii) permite la toma de decisiones informadas acerca de los asuntos locales, (iii) promueve el desarrollo social, la convivencia pacífica, la construcción de ciudadanía y de identidades culturales y sociales, y (iv) contribuye a mejorar la provisión de otros servicios y a mejorar la calidad de vida de la población (9) .

Ahora bien, la importancia de la libertad de fundar medios masivos de comunicación exige, como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (10) , (i) que los medios de comunicación social deban estar virtualmente abiertos a todos sin discriminación, más exactamente, que no debe haber individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios; y (ii) que los medios de comunicación deben ser, en la práctica, verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla —ello se refleja en la prohibición de todo monopolio respecto de estos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas—.

En adición, esta libertad demanda la intervención del Estado para facilitar la formación de tales medios. Ciertamente, aunque la libertad de expresión es un derecho de libertad, también comprende una dimensión positiva que corresponde al Estado garantizar, es decir, la realización de ciertas actividades que posibiliten su ejercicio, tales como la construcción de cierta infraestructura necesaria para el funcionamiento de medios masivos de comunicación (11) .

En el caso de los medios masivos de comunicación que requieren del espectro electromagnético, en vista de su carácter de bien público, inenajenable e imprescriptible, y en atención a su carácter limitado —lo cual se refleja en la existencia de un número limitado de frecuencias—, el constituyente quiso —artículo 75 superior— permitir su utilización por los particulares, pero sujeta a la gestión y control del Estado con miras a garantizar el acceso equitativo, su uso adecuado, el pluralismo informativo y el cumplimiento de las finalidades propias de los medios masivos de comunicación (12) . Es por ello que en materia de radiodifusión sonora, por ejemplo, el acceso al espectro está sometido a la obtención de licencias, previa la realización de un proceso licitatorio. De esta manera, el Estado busca garantizar, por una parte, que los mejores operadores presenten el servicio y, por otra, que exista igualdad de oportunidades de acceso.

Cabe señalar que el requisito de las licencias no constituye una forma de control previo de aquellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que su finalidad no es impedir el ejercicio del derecho. Sin embargo, el referido requisito no puede llegar a convertirse ni en una forma de censura ni en un obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho.

En suma, la libertad de fundar medios masivos de comunicación, especialmente cuando se concreta en la creación de emisoras comunitarias, es un derecho fundamental que potencia el desarrollo, la participación, el ejercicio del control político, el autogobierno, la creación de redes de solidaridad y la resolución pacífica de las controversias, entre otros aspectos, en las comunidades, particularmente en aquellas marginadas por sus condiciones geográficas, la pobreza, la falta de educación y la violencia. Es por ello que el Estado está en la obligación de promover la prestación de servicio de radiodifusión sonora comunitaria y de no imponer obstáculos injustificados a la formación de estas emisoras.

2.5. Contenido del derecho de petición.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, el contenido del derecho fundamental de petición se concreta en los siguientes aspectos: (i) en la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar peticiones ante las autoridades; (ii) en la obligación correlativa de las autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, completa y de fondo a cada una de las solicitudes que le sean presentadas; y (iii) en la obligación de las autoridades de poner en conocimiento de los peticionarios las respuestas proferidas (13) .

En este orden de ideas, se presenta una vulneración del derecho de petición cuando (i) se impide a las personas presentar peticiones ante las autoridades; (ii) una vez recibida la petición, la autoridad no responden dentro del plazo previsto por la normativa vigente —en estos eventos es posible que antes de que venza el término la autoridad informe al peticionario cuándo responderá la petición y por qué no es posible atenderla antes—; y (iii) la autoridad responde la solicitud, pero no la atiende debidamente, es decir, no suministra la información requerida de manera clara, no responde las preguntas que se le formulan de manera completa o no aporta argumentos que justifiquen por qué no puede acceder a la petición del ciudadano, entre otras hipótesis (14) . En este sentido, la Corte ha indicado que la falta de competencia de la autoridad ante quien se eleva la petición, no la exonera de la obligación de responder (15) .

Por último, cabe señalar que solo una respuesta pronta, clara, completa y de fondo permite a los ciudadanos discutir las decisiones de la administración por las vías administrativas y judiciales pertinentes. Esto evidencia la importancia que reviste el derecho de petición para el ejercicio de otros derechos, tales como el derecho de defensa, el derecho a la participación política y a la libertad de expresión.

2.6. Caso concreto.

Para resolver el problema que propone el caso concreto, la Sala se ocupará, en primer lugar, de la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos invocados por los tutelantes, dado que el ministerio y los jueces de instancia consideran que existen otros mecanismos judiciales de defensa de los mismos. En segundo lugar, de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y a fundar medios masivos de comunicación y a la igualdad.

2.6.1. En cuanto a la procedencia de la acción para la protección de los derechos fundamentales de los demandantes presuntamente vulnerados en el caso en estudio, la Sala difiere de lo expresado por el demandado y los jueces de instancia, pues —a su juicio— no existen otros mecanismos judiciales de defensa de los mismos.

En efecto, como bien lo señalaron los demandantes, la acción de cumplimiento no es procedente en el presente caso, dado que la actuación que aquellos demandan está orientada a la protección de derechos fundamentales y, según el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la referida acción no procede en estos eventos. Además, en las normas aplicables al caso no existe un mandato claro, en cuanto a expreso y particular, dirigido al ministerio en el sentido de que deba realizar en Bogotá la convocatoria que los accionantes demandan, lo cual también hace improcedente esta acción a la luz del artículo 8º ibídem.

De igual manera, la acción popular es improcedente para la protección de los derechos fundamentales invocados por los tutelantes, puesto que no son de naturaleza colectiva.

Finalmente, las acciones de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento no proceden en el presente caso, porque los tutelantes no cuestionan la legalidad de ninguno de los decretos u otras normas que regulen la concesión de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria, sino que reclaman la realización de una convocatoria para estos efectos en la ciudad de Bogotá.

2. En cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales de los actores, en primer lugar, la Sala observa una falta de motivación en la respuesta del ministerio, lo que deriva en la vulneración del derecho de petición de los actores. Por esta razón se concederá la tutela respecto de tal derecho. En efecto, como fue explicado en apartes previos, el derecho de petición no se satisface solamente con la emisión de respuestas de manera oportuna y la comunicación de las mismas a los peticionarios, sino que también exige que las respuestas que las autoridades formulen sean claras, completas y de fondo.

En la presente oportunidad, la Sala observa que aunque el ministerio ha dado respuesta a cada una de las peticiones que los distintos demandantes le han formulado, ninguna de ellas ha ofrecido una contestación de fondo a las preguntas que le han sido formuladas. Ciertamente, a la fecha, la entidad demandada no ha informado a los demandantes por qué no ha efectuado una convocatoria para la concesión del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en Bogotá —a pesar de que el servicio fue reglamentado hace más de 10 años—, ni cuándo esta tendrá lugar.

Además, la Sala encuentra que en la comunicación remitida por el ministerio a la Empresa Asociativa de Comunicación “Voces Nuestras”, el 18 de junio de 2000, aquel expresó que en dicho momento estaba definiendo las características técnicas de los canales de las emisoras comunitarias que funcionarían en Bogotá. Sin embargo, la Sala no observa que se le haya informado a los peticionarios si ya se adelantaron estos estudios y cuáles fueron sus resultados.

Ahora bien, a pesar de que se encuentra vulnerado el derecho de petición, la Sala observa que en el caso concreto no existe evidencia de la vulneración del derecho a la igualdad ni a fundar medios masivos de comunicación de los tutelantes, precisamente porque el ministerio no ha explicado las razones por las cuales no ha realizado la convocatoria que los demandantes reclaman en Bogotá. Esa omisión del ministerio impide a la Sala determinar si la no realización de la convocatoria se fundamenta en causas que justifiquen el trato diferente a aquellos lugares donde sí se ha iniciado el proceso.

En consecuencia, la Sala concederá la tutela al derecho de petición de los actores y ordenará al Ministerio de Comunicaciones que, en el término que se precisará en la parte resolutiva, les brinde una respuesta de fondo a sus peticiones. En tal respuesta se deberá indicar las razones por la cuales, hasta el momento, no se ha realizado la convocatoria para la puesta en marcha de las emisoras comunitarias en Bogotá. Toda vez que las respuestas dadas hasta el momento no constituyen contestación de fondo, la Sala precisa que las razones que se expongan no pueden ser réplica de las dadas hasta el momento. En la respuesta, además, se deberá informar si ya se adelantaron los estudios que el ministerio afirmó en el año 200 (sic) que estaba realizando y cuáles fueron sus resultados.

Copia de la respuesta que el ministerio emita en estas condiciones deberá ser enviada al juez que conoció en primera instancia del presente asunto, para que, de acuerdo con los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, verifique el cumplimiento de lo que en este fallo se ordene.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 13 de diciembre de 2005 —que a su vez confirmó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”—, el 13 de octubre de 2005. En su lugar, CONCEDER la tutela al derecho fundamental de petición de los peticionarios.

2. En consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Comunicaciones que, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia, responda de fondo los derechos de petición de los tutelantes y en particular les informe:

a) Las razones por la cuales, hasta el momento, no se ha realizado la convocatoria para la concesión del servicio de radiodifusión sonora en Bogotá. Toda vez que las respuestas dadas hasta el momento no constituyen contestación de fondo, las razones que se expongan no pueden ser réplica de las hasta ahora dadas,

b) Si ya se adelantaron los estudios que el ministerio afirmó en el año 2000 que estaba realizando sobre las características técnicas que tendrán los canales en que operarían las emisoras comunitarias que entrarían a funcionar en Bogotá y cuáles fueron sus resultados.

3. ORDENAR al Ministerio de Comunicaciones enviar copia de la respuesta que emita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Cuarta, Subsección “B”—, para que verifique el cumplimiento de lo ordenado.

4. Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, la corporación de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(1) Este servicio es definido de la siguiente manera por el artículo 1º del Decreto 1447 de 1995:

“ART. 1º—De la radiodifusión sonora. La radiodifusión sonora es un servicio público de telecomunicaciones, a cargo y bajo la titularidad del Estado, orientado a satisfacer necesidades de telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general”.

(2) La gestión indirecta, según el artículo 2º del Decreto 1446 de 1997, consiste en la prestación del servicio de radiodifusión sonora “(...) a través de nacionales colombianos, comunidades organizadas, o personas jurídicas debidamente constituidas en Colombia, cuya dirección esté a cargo de colombianos y su capital tenga un 75% de origen colombiano, previa concesión otorgada por el Ministerio de Comunicaciones mediante licencia”.

(3) El artículo 6º del Decreto 1900 de 1990 señala:

“ART. 6º—El Estado garantiza el pluralismo en la difusión de información y en la presentación de opiniones, como un derecho fundamental de la persona, del cual se deriva el libre acceso al uso de los servicios de telecomunicaciones”.

(4) El capítulo V del Decreto 1447 de 1995 fue derogado por el artículo 30 del Decreto 1981 de 2003.

(5) Ver al respecto las sentencias C-650 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda, T-1191 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-679 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.

(6) Ver sobre la importancia de la libertad de expresión para la democracia las sentencias C-650 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda y T-679 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.

(7) En esta sentencia la Corte analizó la tutela interpuesta por una empresa de seguridad contra Caracol Noticias, por la presunta vulneración de su derecho al buen nombre. Lo anterior, por cuanto, señalaba, en una investigación periodística realizada por el canal y trasmitida por televisión, se sugería que contrataban personal de vigilancia con documentos irregulares, lo cual la había sometido al escarnio público y afectaba sus relaciones comerciales. Por su parte, Caracol sostenía que en el informe periodístico nunca se había mencionado el nombre de la empresa ni se había mostrado el rostro de su gerente. Finalmente, la Corte resolvió no conceder el amparo porque, aunque ciertamente la demandada, en su afán de emitir la noticia, había omitido confrontar todos los datos y había sido ligera en sus apreciaciones, ello no era justificación para acceder a la solicitud de corrección, ya que en todo caso lo dicho era cierto.

(8) Sobre la influencia de los medios masivos de comunicación ver las sentencias C-350 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-1191 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(9) Artículo 3º del Decreto 1981 de 2003.

(10) Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Citada en la Sentencia C-650 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda.

(11) Sobre el contenido prestacional de los derechos de libertad ver las sentencias T-427 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-595 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

(12) Ver en este sentido las sentencias T-081 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-093 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(13) Ver al respecto las sentencias T-1006 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda, T-957 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda y T-1058 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(14) Ver en este sentido la Sentencia T-147 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(15) Ver la Sentencia T-1006 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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