Sentencia T-460 de septiembre 24 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-131633

Peticionario: Olympia El Akdy Al Halak

Magistrado Ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Santafé de Bogotá D.C., septiembre veinticuatro de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS

2.1. El inciso 5º del artículo 42 de la Constitución expresa:

“Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructivo de su armonía y unidad, y será sancionado conforme a la ley”.

Se infiere de la norma transcrita que el constituyente habilitó expresamente al legislador para establecer medidas punitivas, destinadas a evitar la violencia intrafamiliar, con miras a conservar la armonía de las relaciones entre sus integrantes y la unidad del núcleo familiar, aunque naturalmente no excluyó la posibilidad de que se pudieran establecer diferentes mecanismos, no necesariamente punitivos, para lograr la anotada finalidad.

En tales circunstancias, la Ley 294 de 1996 es un desarrollo fiel del mandato constitucional, pues en ella se consagran una serie de instrumentos normativos que el legislador estimó adecuados para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Así lo consideró esta Corte al expresar, que:

“con la expedición de la Ley 294 se crea una acción específica y directa encaminada a la protección exclusiva de quienes son víctimas del maltrato dentro de su propio hogar, cuyo trámite es mucho más sumario que el de la tutela y, por ende, la protección que brinda a los derechos del ofendido es más inmediata y eficaz”.

2.2. A juicio de la Sala, la protección que otorga la Ley 294 a los miembros de la familia, es mucho más comprensiva, inmediata y, por lo mismo, más eficaz que la acción de tutela. En efecto, con fundamento en sus disposiciones es posible adoptar medidas preventivas dentro de un término de cuatro horas, de manera que de inmediato se pone coto a los maltratos o actos de violencia familiar o se impide la ejecución de cualquier tipo de amenaza (art. 11). Y, además, existe un repertorio de medidas de protección verdaderamente amplio y severo, que van desde ordenar al agresor el desalojo del lugar de habitación, pagar los daños ocasionados con su conducta, destacar agentes de la policía para proteger a la víctima de nuevas agresiones, hasta obligar al agresor, a su costa, a someterse a un tratamiento reeducativo y terapéutico (arts. 5º y 6º), todo ello, sin perjuicio de las acciones penales que puedan desprenderse o sobrevenir con motivo de la conducta del infractor.

Resulta evidente, por lo tanto, que este medio de garantía judicial que incorpora al ordenamiento jurídico la Ley 294, protege en forma directa, específica, idónea y eficaz los derechos fundamentales de los integrantes del núcleo familiar que pueden verse vulnerados con ocasión de la violencia intrafamiliar. En estas circunstancias, es obvio que dicho instrumento desplaza la acción de tutela que es un mecanismo meramente residual o subsidiario, al cual sólo es posible acudir ante la inexistencia de un medio alternativo de defensa judicial. Corrobora lo dicho lo que expresó la Corte en la sentencia T-373/96, en estos términos:

“Bajo estas circunstancias, la acción judicial creada para la protección de la armonía familiar, desplaza la tutela y la hace improcedente, como se declara en la parte resolutiva de esta providencia. En nada contraría esta decisión la doctrina de la corporación, pues cuando en anteriores oportunidades la Corte amparó a los peticionarios que se encontraban bajo idénticas circunstancias a las acreditadas por la señora (...), aún no se había expedido la ley que ampara, específicamente, a las víctimas de maltrato familiar”.

(...)

La tutela, como se ha dicho, resulta extraña para la protección de los derechos de las víctimas de la violencia intrafamiliar, porque dicha protección está dotada jurídicamente de una acción específica y especial que desplaza, en principio, cualquier otro mecanismo que pudiera invocarse.

Y si bien, eventualmente, pudiera acudirse a la tutela en el supuesto probado de que un fallo, en el cual se configure una vía de hecho, se niegue arbitrariamente la protección demandada, en el presente caso no encuentra la Sala que el tribunal hubiera incurrido en violación del debido proceso por la anotada causa. Antes por el contrario, lo que se observa de la actuación procesal es que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al emitir su proveído, en el sentido de estimar caducada la acción, se ajustó estricta y fielmente a la normatividad contenida en la Ley 294 de 1996.

No habiendo ocurrido la alegada vía de hecho en la decisión cuestionada, la Sala procederá a confirmar las decisiones de instancia.

No obstante lo anterior, la Sala no desconoce la situación de desamparo y de peligro en que se encuentra la demandante y su familia, ante la posibilidad de que su excompañero permanente Ghassam Ousma El Okde, vuelva a ejecutar nuevos actos de violencia contra ella y los demás integrantes del núcleo familiar. En tal virtud, ordenará oficiar al señor comandante de la policía del departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina, para que por el tiempo que considere prudencial se vigile al citado, a efecto de que no vuelva a incurrir en los hechos que dieron a que la demandante impetrara la aludida medida de protección, con fundamento en la Ley 294 de 1996.

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