•Sentencia T-466 de junio 16 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

EMPLEADORES QUE PAGAN PENSIONES

NO PUEDEN REVOCARLAS NI SUSPENDERLAS SIN AUTORIZACIÓN DEL JUEZ

EXTRACTOS: «¿Puede una entidad que no es prestataria del servicio público de seguridad social, específicamente en materia de pensiones, suspender los efectos de un acto mediante el cual ha reconocido una prestación de esta naturaleza?

5.1. La doctrina de la Corte, expuesta en la sentencia tantas veces mencionada(*), es la siguiente: “Las decisiones de las entidades de derecho privado encargadas de la prestación del servicio público de seguridad social y adoptadas con ocasión del mismo, cuando crean una situación jurídica particular y concreta para un usuario, no pueden ser revocadas por la entidad que las adoptó, sino que ella debe someter el conflicto surgido por la decisión tomada, a consideración de la autoridad administrativa o judicial competente para dirimirlo, sin afectar los derechos de los individuos beneficiarios, en tanto que ellos no forman parte del ámbito de disposición de las entidades prestatarias del servicio público mencionado...” (negrillas fuera de texto).

(*) La Corte se refiere a la sentencia T-35 de 1998, publicada en J. y D., Nº 321, pág. 1372 (N. del D.).

5.2. Como puede observarse, se parte de una premisa según la cual las entidades prestatarias del servicio público de seguridad social cualquiera que sea su naturaleza, pública o privada, por el hecho de prestar este servicio, no pueden revocar los actos que, con ocasión de ese servicio, creen derechos o situaciones jurídicas concretas en favor de sus usuarios.

Si ello es así, surge un interrogante ¿podrán los sujetos que no tienen por objeto social asumir la prestación del servicio público de seguridad social, suspender el reconocimiento de prestaciones que son propias o complementarias del sistema de seguridad social, como lo sería, por ejemplo, el reconocimiento de una pensión de jubilación o una pensión voluntaria?

5.3. Para resolver el anterior interrogante, es necesario recordar que con anterioridad a la Ley 100 de 1993, en Colombia rigió un sistema pensional de carácter mixto, por llamarlo de alguna forma, en donde eran los empleadores, inicialmente, los llamados a reconocer a sus trabajadores una pensión de jubilación (art. 260 del Código Sustantivo Laboral, derogado por la L. 100/93), cuando éstos cumplían determinados requisitos. En 1946, por medio de la Ley 90, se creó el seguro social obligatorio y el Instituto de Seguros Sociales, entidad que, a partir del año de 1967, asumió el reconocimiento del riesgo de vejez, la asunción de este riesgo por parte de esta entidad, vino a sustituir la pensión de jubilación a cargo de los empleadores. Así mismo, la creación del seguro social obligatorio, generó para los empleadores la obligación de afiliar a sus empleados al sistema del seguro social, para que una vez cumplidos los requisitos señalados por las normas de creación de éste, fuese esta entidad y no el empleador, la encargada de asumir y reconocer la prestación por el riesgo de vejez.

De esta manera surgió el concepto de pensiones compartidas entre empleadores y el instituto, según el cual el empleador respondía por la pensión de jubilación, mientras el ex empleado cumplía los requisitos para que el instituto reconociera y asumiera la pensión de vejez. Los empleadores, entonces, se exoneraban de su obligación de cancelar aquélla. Sólo en los casos en donde la pensión que pagaba el empleador fuese mayor en su cuantía a la del instituto, aquél continuaba obligado, pero únicamente en cuanto a la diferencia existente entre una y otra.

Igualmente, la legislación anterior a la Ley 100 de 1993, consagraba otra clase de pensiones como la pensión sanción y la pensión de jubilación por aportes.

5.4. Así mismo, se admitió la existencia de la pensión de carácter voluntario, definida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral (sentencias de la Sección Primera de abril 2 de 1986, septiembre 30 de 1987 y diciembre 5 de 1991, entre otras) como aquella que puede reconocer el patrono al trabajador, cuando éste no tiene los requisitos para la pensión legal, condicionada o no a la ocurrencia de un evento. Evento que generalmente consiste en el reconocimiento por parte de la entidad de seguridad social de la pensión de vejez. Pensión voluntaria que, en términos de la mencionada jurisprudencia, merece las mismas garantías que una pensión de jubilación o vejez.

5.5. Dentro de este contexto, es claro que pese a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no siempre son entidades de seguridad social las encargadas de reconocer y pagar una pensión. Pues, en los términos antes señalados, esa obligación puede estar a cargo de un empleador, persona de derecho público o privado, y no de una entidad prestadora del servicio público de seguridad social. Este hecho, sin embargo, no puede dar lugar a que se pueda asimilar al empleador que ha asumido esta obligación, a una de las entidades encargadas de la prestación del servicio público de seguridad social, por cuanto resultaría desproporcionado por la naturaleza misma de éstas.

5.6. Lo anterior no significa, sin embargo, que un particular por el hecho de no poder equipararse a esas entidades pueda, sin efecto alguno, desconocer derechos de naturaleza laboral o prestacional radicados en cabeza de terceros, aun si estos derechos son consecuencia de actos propios de aquél. Es decir, derechos que necesitaban de la declaración de voluntad del particular para su reconocimiento, pues, en estos casos, una vez ha nacido el derecho o la situación de carácter particular y concreto, quien lo reconoció pierde la facultad de disponer de él, esto es lo que se ha denominado respeto por el acto propio (sent. T-295/99). Las razones que sustentan esta afirmación son las siguientes.

5.6.1. Prevalencia del principio a la buena fe. El artículo 83 de la Constitución establece que las actuaciones de los particulares deben ceñirse a la buena fe. Principio que, en términos de la jurisprudencia de esta corporación (sent. C-68/99), es el fundamento de la confianza legítima en que se basan las relaciones no sólo de los particulares y las autoridades, sino las de éstos entre sí. Su aplicación a las relaciones privadas, en especial a las de naturaleza laboral, impide a un particular disponer del derecho reconocido a otro, mientras no medie el consentimiento de éste, si la naturaleza del derecho mismo permite su renunciabilidad o disposición, o la intervención de un tercero, llámese juez o árbitro, que garantice que la determinación del particular sobre la revocación de un derecho o de una situación jurídica de carácter concreto creada a partir de un acto suyo, se ajusta a derecho.

5.6.2. Prevalencia del principio a la seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica que el Estado está obligado a fortalecer y hacer respetar, como fundamento del Estado de derecho, encuentra plena aplicación, cuando puede exigirse tanto a particulares como a la administración que, mientras no se agote un mecanismo que asegure la legalidad de la decisión que afecte derechos reconocidos por un acto suyo a terceros, éstos han de mantenerse inalterables, asegurándose, por demás, la estabilidad de las relaciones, pues se despoja a quien ejerce cierta posición dominante en éstas, el hacer uso de esa preponderancia, para tomar determinaciones que alteren la estabilidad y seguridad que, precisamente, se busca conferir a estas relaciones, al prohibir que unilateralmente se pueda disponer y decidir sobre el derecho reconocido a otro y del que éste ya se reputa titular.

5.6.3. Imposibilidad de los particulares de administrar justicia: violación del derecho al debido proceso. El permitir que un particular revoque sus propios actos, creadores de derecho en cabeza de terceros, es aceptar que éste se arrogue la facultad de decir y resolver en su beneficio, un conflicto que por involucrar el derecho de otros, debe ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes, para que sean éstas, como entes imparciales, quienes decidan sobre la procedencia o no de la revocatoria de esta clase de actos. Es claro que, en aplicación del artículo 116 de la Constitución, los particulares sólo en casos excepcionales, pueden administrar justicia. No siendo este el caso.

En otros términos, el particular que sin la anuencia del titular del derecho o la intervención de la autoridad competente, decida dejar sin efectos un acto suyo, incurre en una clara vía de hecho, y en desconocimiento de los derechos al debido proceso y a la defensa (C.P., art. 29), pues antes de optar por suspender los efectos de su propio acto debe acudir a la jurisdicción competente para que el beneficiario del derecho pueda tener la facultad de conocer y controvertir las razones que se esgrimen para sustentar la pretensión de revocación del acto que creó en su favor un derecho o una situación de carácter particular y concreto.

5.6.4. Respeto por los derechos adquiridos. Mientras no medie decisión judicial o la aquiescencia del titular del derecho para su revocación, modificación o suspensión, la decisión unilateral que pueda adoptar el particular al respecto, ha de ser considerada como transgresora de un derecho adquirido (C.P., art. 58), pues se presume que, para su reconocimiento, fueron cumplidos los requisitos exigidos para el efecto. Entonces, una vez decretado un derecho o reconocida una situación jurídica de carácter concreto, ha de entenderse que éste hace parte de los derechos adquiridos del titular de éstos. Hecho que hace que si el particular que dio origen a éste, considera que no se daban los presupuestos para su reconocimiento, así debe demostrarlo, desvirtuando la mencionada presunción, obviamente, ante el funcionario competente, para que sea éste quien decida sobre la validez de las razones que se argumentan para el efecto, y puede ordenar, en consecuencia, la revocación, suspensión o modificación correspondiente.

5.6.5. En tratándose de actos de particulares que reconocen derechos de carácter laboral o prestacional, es claro que debe prevalecer la protección que la Constitución expresamente exige del Estado a los derechos al trabajo (art. 25) y a la seguridad social (art. 53). Protección que, en estos casos, se concreta en la prohibición al particular de modificar un acto que reconozca derechos de esta naturaleza, mientras no exista el pronunciamiento del juez correspondiente o la anuencia del titular de éstos, si el derecho o la situación, por su naturaleza, puede ser renunciado.

En conclusión, los titulares o beneficiarios de derechos derivados de actos de particulares, o de situaciones jurídicas concretas creados por éstos, tienen la potestad para exigir que con anterioridad a que se les prive de un derecho que está produciendo plenos efectos jurídicos, y para cuyo reconocimiento se presumen cumplidos y agotados todos los requisitos legales, estatutarios, etc., se agote un procedimiento que revista de legalidad la decisión de suspender o revocar esos derechos, y que a su vez, le permite conocer y discutir las razones que se esgrimen para su revocación o suspensión, antes de ser despojado de él. Procedimiento que, mientras el legislador no disponga cosa distinta, se cumple cuando se acude ante el juez competente para que sea éste quien determine si procede la revocatoria, suspensión o modificación del acto correspondiente.

No basta, entonces, la simple afirmación del particular sobre el convencimiento y validez de sus razones para revocar o suspender un derecho en cabeza de un individuo determinado, trasladando a éste la carga de discutir ante la jurisdicción correspondiente la legitimidad de la decisión. Situación que resulta inequitativa para el titular del derecho, pues no existe razón que justifique que sea un particular sin potestad alguna, quien pueda frente a un derecho adquirido, definir su extinción. Admitirlo, sería autorizar a éstos que administren justicia, pese a no estar investido del poder para ello, pues sólo los jueces y los particulares, en los casos expresamente señalados en la Constitución, artículo 116, pueden declarar la existencia, modificación o extinción de derechos, cuando las partes involucradas, no lo han podido definir de mutuo acuerdo».

(Sentencia T-466 de junio 16 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

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