•Sentencia T-468 de julio 6 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

CIERRE POLICIVO DE EMPRESAS

LOS TRABAJADORES DEBEN INTERVENIR EN EL PROCESO

EXTRACTOS: «Considera la Corte que se violó el derecho al debido proceso de los trabajadores de la fábrica, quienes, no obstante los gravísimos perjuicios que sufrirían con su cierre, que los privaba de su única fuente de ingresos, no fueron tenidos en cuenta en el trámite adelantado. Ellos, como directamente concernidos, debieron ser consultados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la Carta, que atribuye al Estado, como uno de sus fines esenciales, el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan...”.

La Corte considera que cuando las normas legales vigentes contemplan como sanción aplicable a empresas o establecimientos industriales o comerciales, por causas como la contaminación u otras similares, el cierre de las mismas, su ejecución está supeditada no solamente al trámite del proceso administrativo correspondiente, con la plenitud de las garantías procesales, sino a la oportunidad de participación efectiva de los trabajadores que puedan verse perjudicados por la medida. Ellos, que normalmente no son responsables por los descuidos del empresario, por su negligencia o por las deficiencias técnicas o industriales susceptibles de crear el daño o el peligro del que se trate, no deben correr con las contingencias de la actuación iniciada sin posibilidad de intervención o sin su audiencia.

Para la Corte, proseguir la actuación sobre la indicada base acarrea la nulidad de lo actuado, aplicando las reglas contempladas en el artículo 29 de la Carta Política.

A ese respecto, en caso similar al presente, la corporación manifestó:

“Al haber ignorado la existencia de un crecido número de trabajadores en la fábrica, y por supuesto, al no haberles otorgado posibilidad de participación en el proceso policivo, se desconoció no sólo su derecho al trabajo (CP., art. 25) —que merece la especial protección del Estado—, sino también el del debido proceso, ya que se los condenó al desempleo, con las graves consecuencias personales y familiares que comporta, sin haberlos oído (CP., art. 29).

El artículo 2º de la Constitución señala, como uno de los fines esenciales del Estado, el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

Este precepto constitucional —según el artículo 4º C.P.— ha debido prevalecer sobre normas de rango inferior, o sobre su alcance concreto, si es que la administración interpretaba restrictivamente la normatividad legal al respecto, cuando tramitó el proceso de policía”. (Cfr. C. Const. S. Quinta de Revisión. Sent. T-515 sep. 21/98).

Así las cosas, la Sala procederá a conceder la protección solicitada por los peticionarios, trabajadores de la Fábrica de Tubos Gressa Ltda., directamente afectados con el cierre definitivo del citado establecimiento, otorgando la tutela como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción contencioso administrativa decide acerca de la legalidad o ilegalidad del acto proferido por el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, pues ya está en trámite el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la ladrillera.

Este fallo no implica declaración alguna de la Corte Constitucional acerca de la controversia de fondo, es decir, la relativa al cumplimiento o violación de las disposiciones ambientales por parte de la Fábrica de Tubos Gressa. Su actividad a ese respecto queda sometida a las normas que rigen la materia y no podrá invocarse la presente providencia para desconocer los imperativos que se le imponen sobre medio ambiente ni para eludir las eventuales responsabilidades que por tal concepto puedan llegar a establecerse».

(Sentencia T-468 de julio 6 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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