Sentencia T-468 de septiembre 3 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-164-614

Magistrado Ponente:

Vladimiro Naranjo Mesa

Peticionaria: María del Carmen Ortiz de Urrea

Procedencia: Juzgado Sesenta y Siete Penal Municipal de Santafé de Bogotá.

Santafé de Bogotá, D.C., tres de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

III. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia.

2. Reiteración de jurisprudencia. La tutela y el derecho de petición frente a las organizaciones privadas.

Al respecto es menester reiterar lo señalado por esta misma Sala de Revisión en sentencia T-105 de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, en donde teniendo en cuenta el carácter de interés público que constitucionalmente ostentan las actividades financiera, bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento de los recursos de captación, artículo 355 Constitución Política, señaló:

“Adicionalmente el artículo 335 de la Constitución Política, se refiere a las actividades financiera, bursátil y aseguradora como de interés público. Esta norma armoniza con la previsión del artículo 189, numeral 24, a cuyo tenor “corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa”, “ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público”.

“Así entonces, la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste un interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (C.P., art. 1º)”.

De lo expuesto en el caso revisado, se observa que la actividad desarrollada por la entidad demandada, reviste un interés general que prevalece sobre el particular, pues se relaciona directamente con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. Lo que indica que al no existir pronunciamiento alguno respecto de la solicitud presentada, existe una flagrante vulneración del derecho de petición, pues aunque se trata de una organización privada, la misma sentencia señaló:

“De conformidad con los argumentos expuestos y por tratarse de un derecho constitucional fundamental, debe entenderse que la acción de tutela resulta procedente tratándose del derecho de petición frente a particulares encargados de la prestación de un servicio público, o cuando desarrollan actividades similares que comprometen el interés general. Además, porque entenderlo en otra forma llevaría a un desconocimiento del derecho a la igualdad frente a las entidades públicas que prestan determinado servicio en forma directa, y cuyas actuaciones se encuentran sujetas al control legal a través de la acción de tutela, en tanto que las entidades particulares que desarrollan la misma actividad, estarían exentas de esta carga, generándose una evidente e injusta discriminación.

“Así entonces, las organizaciones privadas que se encuentran incursas en las hipótesis descritas, esto es, —que prestan un servicio público o desarrollan una actividad similar—, están obligadas a dar respuesta oportuna a las peticiones que le sean planteadas. Respuestas que, además, tienen que ser sustanciales en cuanto que deben resolver o aclarar la inquietud formulada”. Negrillas fuera de texto”.

Más recientemente, en un caso en donde se ejerció tutela por derecho de petición frente a la Corporación de Ahorro y Vivienda “Granahorrar”, la Corte reiteró:

“En relación con lo anterior, resulta pertinente señalar que en los términos del artículo 23 constitucional, el núcleo esencial del derecho de petición es la pronta resolución, lo que implica la obligación que tiene la autoridad pública, y en ciertos eventos ciertas organizaciones privadas (cuando busquen la garantía de derechos fundamentales, y frente a los cuales entonces, los individuos por la composición de las distintas fuerzas sociales puedan encontrarse en estado de indefensión), de resolver la solicitud ante ella presentada en forma expresa o tácita, verbal o escrita, o con la simple ejecución o suspensión fáctica de lo solicitado, según lo disponga la ley. Ello no quiere decir que la petición deba resolverse, como en el presente asunto lo quiere el actor, accediendo a lo solicitado.

“Es presupuesto fundamental para que la tutela prospere en estos casos, la existencia de actos u omisiones de la autoridad u organización privada, en cuya virtud se impida o se obstruya el ejercicio del derecho o no se resuelva oportunamente sobre lo solicitado. Pero no se entiende conculcado el derecho cuando se responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa”. (Sent. 131/98. M.P. Hernando Herrera Vergara).

En el caso bajo estudio, se observa que la peticionaria presentó la tutela, con el fin de que le protegiera su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, derecho, que sin lugar a dudas, fue vulnerado por la Corporación de Ahorro y Vivienda “Las Villas”, al no haber emitido respuesta alguna respecto a la solicitud presentada, pues al momento de haber incoado la tutela habían pasado más de dos meses.

Para concluir, y con el fin de lograr la protección efectiva del derecho fundamental de petición, que desconoció la entidad accionada, esta Sala de Revisión, revocará la decisión proferida por el juzgado sesenta y siete penal municipal de Santafé de Bogotá, dentro de la tutela de la referencia, y en su lugar la concederá.

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