Sentencia T-47 de febrero 15 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

NOMBRAMIENTOS Y REELECCIONES EN LA JUDICATURA

LA RESERVA MORAL DEBE MOTIVARSE

EXTRACTOS: «El acto mediante el cual un juez nombrado en propiedad e inscrito en la carrera judicial es retirado de las listas de candidatos reelegibles con fundamento exclusivo en una calificación de reserva moral, vulnera los derechos al buen nombre y a la honra, si la decisión carece de motivación.

El Estado social de derecho obliga a las autoridades a dispensar a los servidores públicos y a los particulares un trato acorde con su dignidad humana. No es suficiente para concluir sobre la constitucionalidad de la negativa a efectuar una determinada designación, la titularidad de la respectiva competencia en cabeza del superior jeráquico. La persona objeto de un “veto” moral en el ejercicio de su profesión o de su cargo ve menguadas las perspectivas futuras de trabajo y soporta las consecuencias adversas de la estigmatización pública. En este caso, la más elemental justicia y las normas de derecho positivo tornan imperativa la motivación de este tipo de decisiones.

El perjuicio irremediable que enfrenta el solicitante a quien se le impuso sin motivación una calificación de reserva moral, la cual lo ha marginado de su cargo de juez, se concreta en la pérdida total o parcial de estima, reconocimiento social y confianza, por el simple hecho de ser excluido del servicio público con base en razones ocultas respecto a su conducta pasada, pública o privada “no compatible con la dignidad del cargo”. El daño ocasionado con esta decisión a una persona que ejerce una profesión y desempeñaba un cargo público basados en el prestigio y la confianza, no es reparable mediante actos futuros que pretendan devolverle la credibilidad y el respeto perdidos. En consecuencia, la condición mínima e indispensable de la constitucionalidad de los actos de calificación de reserva moral en la selección, promoción o retiro de funcionarios de carrera debe ser la motivación de las decisiones correspondientes.

No es procedente acceder a la solicitud del peten-te en el sentido de ordenar la suspensión de los actos demandados, dado que el restablecimiento del derecho al trabajo puede alcanzarse mediante el reintegro decretado judicialmente. La acción de tutela no es el medio de defensa judicial idóneo para buscar su protección al no considerar el legislador como irremediable el perjuicio sufrido por la persona que temporalmente se ve privado de su cargo o empleo (D. 2591/91, art. 6º y D. 306/91, art. 1º).

Transparencia sobre la motivación de la reserva moral

8. No acontece lo mismo respecto de la vulneración de los derechos a la honra y al buen hombre del petente. Los perjuicios derivados de la decisión inmotivada se prolongan hasta el presente y tienen el carácter de irremediables, siendo procedente la intervención judicial para proteger inmediatamente sus derechos fundamentales, así sea en forma temporal. La vulneración de los mencionados derechos fundamentales en este caso se origina en la ausencia de motivación de la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que ha impedido al petente conocer y controvertir su verdad y validez. Dicho silencio oficial como presupuesto de la reserva moral, tiene para el sujeto un efecto deletéreo de su honra y buen nombre, y mientras se mantenga autoriza a la sociedad y a sus miembros la elaboración de todo tipo de juicios acerca de la presunta conducta que la motivó. De ahí la urgencia de generar transparencia y evitar que se prolongue una secuencia de discriminación (C.P., art. 13) alrededor de la persona que sufre semejante descalificación.

A juicio de esta sala se dan los presupuestos para ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia —tribunal de tutela en primera instancia— la realización de una audiencia pública en el curso de la cual el Tribunal Superior de Antioquia exponga los motivos que fueron tenidos en cuenta para formular la reserva moral respecto del peticionario, a quien se le dará igualmente oportunidad dentro de la misma audiencia para responder y aclarar su posición personal. Esta audiencia se deberá celebrar dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta providencia y copia de la actuación se remitirá al Tribunal Administrativo de Antioquia con el objeto de que obre dentro del proceso Nº 920.382, correspondiente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por el petente ante la justicia contencioso administrativa».

(Sentencia T-47 de febrero 15 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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