Sentencia T-471 de octubre 26 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

HONRA Y BUEN NOMBRE

CITACIÓN A DESCARGOS POR AVISO PÚBLICO

EXTRACTOS: «Se pretende a través de la demanda de tutela que se revisa, la protección de los derechos a la honra y al buen nombre, vulnerados a juicio del accionante “por la conducta arbitraria e ilegal de la Compañía Nacional de Vidrios”, de la cual es trabajador y presidente del sindicato, seccional Soacha, al haber publicado un aviso en las carteleras de la empresa, imputándole según el actor, una serie de conductas ilícitas y antisociales, lo mismo que negándole los permisos sindicales a que tiene derecho según la convención colectiva y el ingreso a la planta estando en uso de dicho permiso.

Con fundamento en lo anterior, debe la Sala proceder a efectuar la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cundina-marca en segunda instancia, a fin de determinar si la confirma o revoca. Para ello, es indispensable examinar dos aspectos: a) la existencia de una vulneración a los derechos a la honra y al buen nombre del accionante por parte de la accionada, y b) la procedencia en tal caso de la orden de rectificación.

Debe insistir de manera previa la Sala, que la amenaza o violación de un derecho fundamental, requiere de una acción u omisión imputable a aquel contra quien se endereza la acción de tutela. Su existencia y el daño que ocasiona deben ser establecidos con certeza por el juez, para que la decisión pertinente pueda dirigirse a lograr la protección de los derechos en juego mediante una orden de inmediato cumplimiento que recaiga sobre la conducta —positiva o negativa— que se constituye en causa eficiente de la violación o amenaza.

Igualmente, debe darse una relación de causalidad entre el acto u omisión que se imputa al demandado y el daño real o la verdadera amenaza del perjuicio que alega el peticionario. Sin ella no hay lugar a que sea procedente ni viable la tutela.

Del derecho al buen nombre y a la honra en el caso concreto.

En primer lugar, debe reiterarse que toda persona tiene derecho, según el artículo 15 de la Constitución, a su buen nombre; y a cargo del Estado ha sido establecida la obligación de respetarlo y hacerlo respetar.

El buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias.

Se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público —bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas— informaciones falsas o erróneas o especies que distorsio-nan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen.

Lo anterior implica que no está en posición de reclamar respeto y consideración a su buen nombre quien ha incurrido en actos u omisiones que de suyo generan el deterioro del concepto general en que se tiene al interesado. Así, el que incumple sus obligaciones y persiste en el incumplimiento se encarga él mismo de ocasionar la pérdida de la aceptación de la que gozaba en sociedad y no puede, por tanto, aspirar a que se lo reconozca públicamente como persona digna de crédito.

La violación del derecho al buen nombre está referida por esencia a alguien en concreto sobre quien recae el concepto público que resultaría lesionado si se hicieran imputaciones en cuya virtud se deteriorara el mismo, la imagen positiva o el criterio favorable generalizado que se tiene de la persona.

De otra parte, debe reiterar la Sala siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, que existe la posibilidad que quien emite un comunicado o información lesione o amenace lesionar los derechos constitucionales fundamentales a la honra y al buen nombre de una persona, al involucrarla en la comisión de hechos delictivos o ilícitos sin exhibir prueba y sin apoyarse en sentencia judicial condenatoria; que difunda versiones erróneas o falsas, o que desconozca el derecho a la intimidad personal o familiar. En tales hipótesis, quien emite dicha información, compromete su responsabilidad y por lo tanto, su actuación es susceptible de las acciones previstas en la ley. En lo que hace a los derechos fundamentales conculcados, podría interponerse la acción de tutela con el fin de obtener su protección judicial.

En casos como el presente, es requisito indispensable para que la acción de tutela pueda prosperar que se acredite de manera inequívoca un perjuicio tangible o una amenaza cierta al patrimonio moral o material de quien se dice afectado.

De los documentos aportados por el accionante y que se constituyen en instrumento de agresión a su buen nombre y honra, se deduce de manera evidente e inequívoca la violación de tales derechos, cuando en el citado aviso, publicado en los lugares públicos de la empresa, de fácil lectura y observación por los demás trabajadores de la compañía, se informa:

“La compañía se permite informar que debido a las irregularidades encontradas en la conducta del señor H..., como trabajador...”.

Así pues, con ese aviso se puso en tela de juicio la credibilidad y el buen nombre del actor, al igual que la imagen que los trabajadores y funcionarios de la empresa tienen de él. Perjuicio a todas luces inminente y de graves consecuencias para su credibilidad como vocero de los trabajadores en la compañía y defensor de sus intereses y derechos.

Dichas aseveraciones, estima la Corte, por el impacto que causan y por los efectos que producen, requieren siempre y en todo caso ser comprobadas, mediante los procedimientos legales correspondientes, sin que se desconozcan los principios constitucionales del debido proceso y de la presunción de inocencia.

Como puede observarse, lo acontecido en el asunto que dio lugar a la acción de tutela en referencia, produce la vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra del señor H...

En efecto, el buen nombre de H... no podía verse afectado, cuando si bien es cierto podían existir pruebas por parte de la compañía con respeto a la comisión de los hechos delictivos señalados en el aviso publicado por ésta, no se le había concedido la oportunidad de ejercer el legítimo derecho de defensa, para contradecirlas, lo cual se corrobora con la misma manifestación contenida en la información, según la cual el trabajador mencionado “ha sido llamado a rendir descargos en el día de hoy”.

Tampoco entiende la Sala la actitud de la empresa, de utilizar un aviso público, de amplias repercusiones por sus efectos para el trabajador, para llamarlo a rendir descargos, cuando ha podido y debido hacerlo de manera personal, a través de una notificación, citación o el simple llamado para que acudiera ante la autoridad competente dentro de la compañía a responder los cargos contra él formulados. Actitud esta atentatoria y vulneradora de los derechos al buen nombre y a la honra del accionante, como así lo encontró el juez de tutela de primera instancia, y que comparte plenamente la Sala de Revisión.

Con fundamento en el material probatorio aportado al proceso, encuentra cierto la Corte el hecho de que la Compañía Nacional de Vidrios al publicar el mencionado aviso informando a todos los trabajadores y operarios de la empresa acerca de las irregularidades cometidas por el actor, vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, y además, le pretermitió la oportunidad de ejercer su legítimo derecho de defensa. Es decir, se partió de la errónea interpretación del principio constitucional de la “presunción de inocencia”, por cuanto antes de demostrar la culpabilidad del trabajador en relación con las conductas a él atribuidas, se le calificó de responsable de las mismas, no permitiéndole demostrar su inocencia ni defenderse de los cargos contra él formulados.

Sustracción de materia en relación con el derecho de rectificación.

Debe advertirse, que no obstante no entrar a determinarse por la Sala, por no corresponder, si el actor es o no responsable de las conductas que se le endilgan, sí encuentra que la conducta asumida por la accionada, al publicar un aviso en el que se dice que el actor es autor de una serie de hechos, sin haberse acreditado la existencia de estos ni permitirle desvirtuarlos, vulnera sus derechos fundamentales.

En tal caso, sería procedente la rectificación a pesar de que no medie la solicitud pre-via elevada por el perjudicado ante la accionada —autora del aviso—, por no ser ésta un medio de comunicación, sino una empresa de carácter particular o privada.

No obstante, teniendo en cuenta que como la orden de rectificación ya fue impartida por el juez de tutela de primera instancia —Juzgado Promiscuo del Circuito de Soacha—, y cumplida a cabalidad por la accionada, esta Sala de Revisión simplemente revocará la decisión que se revisa y confirmará en su lugar aquella adoptada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Soacha, el 24 de junio de 1994».

(Sentencia T-471 de octubre 26 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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