Sentencia T-476 de julio 29 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

DISTINCIÓN ENTRE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

EXTRACTOS: «El derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica a que se refiere el artículo 14 de la Carta Fundamental es un derecho exclusivo de la persona natural; y el Estado, a través del ordenamiento jurídico, tan sólo se limita a su reconocimiento sin determinar exigencias para su ejercicio, y ésta es una de las constituciones políticas donde la inmensa mayoría de los derechos se otorgan sin referencia a la nacionalidad.

Esta afirmación se comprueba al estudiar los instrumentos internacionales sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica interpretados a la luz del artículo 93 de la Constitución que determinan quién es el titular del derecho constitucional fundamental establecido en el artículo 14 de la Constitución.

El artículo 93 constitucional le confiere a los tratados internacionales sobre derechos humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificados por Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968, en su artículo 16 establece:

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídicá''.

La razón jurídica del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica la encontramos en el Preámbulo del Pacto Internacional que reconoce: “que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humaná''.

A la misma conclusión se llega por vía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 1º numeral 2º dice que para los efectos de esta Convención ``persona es todo ser humanó'', y el artículo 3º consagra, ``que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídicá''.

Como fundamento ideológico orientador de las disposiciones sobre derechos humanos en el mundo, es imperativo hacer mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 6o establece:

``todo ser humano tiene derecho, en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídicá''.

Así pues, para la interpretación del artículo 14 de la Constitución se hace necesario recurrir al análisis de los Instrumentos Internacionales y de ellos se deduce claramente que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es un derecho inherente a la persona humana y que la labor del Estado es de constatación y no de creación.

El tema de discusión se ha centrado en si la personalidad jurídica la reconoce el Estado o éste en un acto de poder, la crea.

El positivismo extremo, teniendo como principales exponentes a Hans Kelsen y Giovanny Gentile, consideraron que el Estado como personificación del orden jurídico total (Kelsen) y como todo moral y absoluto (Gentile), es el creador, a través de las leyes, desde la fundamental hasta la codificada, de toda realidad jurídica, de tal manera, que si algo no es instituido dentro de la categoría personal, en el mundo jurídico no existe.

Rene Casin inspirado en Radbruch (Alemania), del Vecchio (Italia), Holmes, Frank, Cardozo (Realismo norteamericano), Hart (Inglaterra) y otros en los proyectos de redacción y unificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, llegó a la siguiente conclusión doctrinaria: El Estado no crea la personalidad jurídica, porque sería absurdo que una entidad cultural como el Estado sea la creadora de una entidad natural como la personalidad jurídica; de tal manera, que el Estado debe reconocer la realidad preexistente al mismo Estado: la personalidad jurídica del ser humano.

El reconocimiento jurisprudencial del raciocinio anterior impide la arbitrariedad que se presentó en los regímenes totalitarios, en cuyas legislaciones la personalidad jurídica estaba restringida a determinados seres humanos.

(...).

Para el otorgamiento de la personalidad jurídica de la persona moral se requiere de un acto constitutivo, que varía en cada caso, de conformidad con la calidad de la persona jurídica.

Es así como a diferencia del reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona natural, la persona moral para obtener su personalidad jurídica y ejercer los derechos que le están consagrados en la Constitución (que como ente colectivo representa los derechos fundamentales de las personas naturales que lo integran).

En consecuencia, la adquisición de la personalidad jurídica de la persona moral depende del cumplimiento de requisitos, de tal manera que la obtención de actuar jurídicamente --establecimiento de relaciones jurídicas-- proviene del reconocimiento externo y formal de la existencia de la parte que se relaciona.

Como excepciones al principio de que la personalidad jurídica es constitutiva, encontramos el artículo 39 de la Carta, que establece que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

Así las cosas, para esta Sala de Revisión y con base en los planteamientos anteriormente expuestos, se concluye que el derecho a la personalidad jurídica de la persona moral no constituye un derecho constitucional fundamental sino un derecho otorgado por la ley si se cumplen los requisitos exigidos por ésta.

(...).

Tanto el artículo 86 de la Constitución como el artículo 10 del Decreto 2591, exigen la vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental como uno de los requisitos para la protección a través de la acción de tutela.

Así las cosas, las irregularidades que aparentemente ha cometido la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta y el no ejercicio de las funciones que el Código de Comercio le otorga al representante legal, para cumplir cabalmente su función, no constituyen la vulneración de un derecho constitucional fundamental como requisito indispensable para la protección a través del mecanismo de la acción de tutela, porque el artículo 14 de la Constitución, no opera para las personas jurídicas, sino como derecho inherente a la persona natural reconocido por el Estado.

No existiendo el derecho constitucional fundamental amenazado o vulnerado y siendo éste un elemento esencial para la protección, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional los hechos descritos por los peticionarios no constituyen vulneración del derecho constitucional fundamental consagrado en el artículo 14 de la Carta y que se refiere al reconocimiento de la personalidad jurídica por cuanto éste sólo es exclusivo de la persona natural y no de la moral>>.

(Sentencia T-476 de julio 29 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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