Sentencia T-476 de octubre 19 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

DERECHO A LA EDUCACIÓN

RESPETO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

EXTRACTOS: «Los actores dentro de la acción de tutela, que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, invocaron la vulneración del derecho constitucional fundamental a la educación que consideran lesionado, porque el rector del establecimiento en el que cursan los estudios correspondientes a la formación media vocacional les impuso la sanción de suspensión por un día, como consecuencia de haberse presentado a clases luciendo un corte de cabello que las directivas del plantel juzgaron inadecuado y reñido con el deber de observar una “buena presentación personal”.

Los despachos judiciales de primera y de segunda instancia coincidieron en afirmar que la vulneración alegada no se configura ya que, de una parte, los alumnos asisten a clases normalmente, de modo que al momento de ejercerse la tutela, los hechos ocurridos durante el mes de abril del presente año, estaban consumados y, de otra, porque la actuación del rector es acorde con la filosofía del Colegio Nacional Simón Bolívar de Arauca y con los propósitos que orientan la labor educativa que les ha sido encomendada.

Ahora bien, para resolver en este caso es preciso tener en cuenta que en reciente pronunciamiento, la Corte se refirió a la protección del derecho a la educación en los términos que se transcriben a continuación:

“Uno de los principales objetivos del proceso educativo es lograr que el educando, a tiempo que se desarrolla como individuo único y diferenciable, autónomo y libre, aprenda a socializar y armonizar sus comportamientos en relación con los demás, teniendo como presupuesto básico el reconocimiento y el respeto del “otro” en cuanto sujeto que detenta los mismos derechos. La ley general de educación, Ley 115 de 1994, señala en su artículo quinto como uno de los fines de la misma, “el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico...”.

La educación en un Estado social de derecho ha de propender porque cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente los alumnos, se apropie e interiorice principios fundamentales para la convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la igualdad en la diferencia. No basta, por parte del ente educador, con el cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido, que simplemente pretenda homogeneizar comportamiento y actitudes ante la vida (...), concepción ésta que va en contravía de los fundamentos mismos de las diversas escuelas de pensamiento que desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier modelo que propenda por la colectivización u homogenización del pensamiento de los individuos. Al contrario, se trata desde la escuela básica de viabilizar el desarrollo del individuo como fin en sí mismo, permitiéndole el acceso al conocimiento, a la artes y en general a las distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que pueda desarrollarse, integral y equilibradamente, en un contexto social caracterizado por la coexistencia de paradigmas de vida, no sólo diferentes, sino incluso antagónicos. Sólo así el individuo adquirirá la capacidad necesaria para ejercer su autonomía de manera racional, aceptando y respetando el derecho que asiste a los demás de hacer lo mismo; esto es, sin que ello implique vulnerar los valores, principios y derechos que para todos consagra la Constitución”. (Sentencia Nº T-377 de 1995. MP. Dr. Fabio Morón Díaz).

Las finalidades que guían la misión educativa no deben, entonces, resultar sacrificadas en aras de la represión de ciertos comportamientos, que bien pueden ser accidentales al propósito esencial que se pretende mediante la educación, y, además ser perfectamente aceptables como objeto de las garantías constitucionales y del amparo judicial de un determinado derecho constitucional fundamental.

En efecto, privar a un estudiante de la posibilidad de continuar recibiendo las clases que constituyen el pénsum por negarse a llevar el cabello “arreglado y peluqueado normalmente sin ningún tipo de moda”, bajo el entendido de que prevalece “lo colectivo sobre lo individual”, es una sanción que no guarda la debida proporcionalidad frente a las metas primordiales inspiradoras del proceso educativo, y que se basa en una concepción que desconoce las prerrogativas que asisten al educando, para desarrollar libremente su personalidad en un aspecto que, por ser, como se anotó, accidental, carece de las repercusiones que las autoridades académicas y los jueces de instancia le atribuye en este caso.

Estima esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional que no es posible, en el caso examinado, dar por agotada la cuestión aduciendo que los hechos quedaron inexorablemente en el pasado; es todo lo contrario, obra en el expediente constancia de que los estudiantes debieron firmar un compromiso en virtud del cual fueron obligados a dejarse el cabello “normalmente, sin moda” (fl. 26), situación que corrobora la persistente violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y demuestra una amenaza de violación al derecho fundamental a la educación, pues basta el simple incumplimiento del compromiso para que los actores se vean enfrentados a una situación semejante a la que motivó el ejercicio de la acción de tutela.

En estas circunstancias, es claro que el derecho a educarse pende de una condición que, conforme a lo dicho, no es susceptible de ser comparada con las metas que persigue la educación, merced a las cuales, es más apropiado recurrir a los métodos de la pedagogía para encauzar una conducta en un sentido determinado, que tener a la represión por instrumento único; así se lograría, conciliar el respeto que merecen los derechos de los educandos con los criterios que, según los educadores, deben buscarse mediante su tarea; este es el sentido que ha dado la Corte Constitucional al conflicto planteado y así lo manifestó en sentencia T-065 de 1993 en los siguientes términos:

“Dentro de la perspectiva de estimular razonables conductas que favorezcan la asimilación de valores educativos tales como el orden, la obediencia, las exigencias propias de la vida comunitaria, las posibilidades y límites de la libertad y el acendrado sentido de responsabilidad, la presentación personal de los alumnos de establecimientos educativos —particularmente en aquellos casos en que por su edad y condiciones personales requieren aún de orientación clara conducente a su formación—, puede ser uno de los instrumentos a través de los cuales se difunde el mensaje educativo.

Aceptado lo anterior, es claro también que la presentación personal no puede convertirse en un fin per se que haya de perseguirse con todos los instrumentos del autoritarismo hasta el punto que aquellos renuentes a aceptarlo, como ocurre en el presente caso con la pauta concerniente a la longitud de los cabellos, autorice su marginamiento de los beneficios de la educación y, de consiguiente del mismo derecho constitucional fundamental del alumno.

La longitud de los cabellos es pauta que puede tener alguna explicación en instituciones educativas cuyo principio fundamental sea la práctica de la obediencia estricta, tal como ocurre en las de carácter militar. Pero el sentido y función de dicha pauta en instituciones educativas ordinarias tiene, desde luego, una incidencia menor de tal naturaleza que no puede autorizar la exclusión de los beneficios del derecho fundamental a la educación o que se la convierta en condición sine qua non para su ejercicio. Más aún cuando —como en este caso concreto— la conducta de uno de los peticionarios no sólo no atenta contra los derechos de los demás ni contra el orden jurídico, sino que es expresamente permitida por los miembros de su propia familia, responsable también, como quedó dicho, del éxito del proceso educativo.

En consecuencia, si la institución considera que sus alumnos deben llevar sus cabellos a una longitud determinada, los instrumentos más adecuados para lograr este propósito son naturalmente los propios de la educación, así sus resultados sean más lentos y en ocasiones casi nulos. El verdadero educador no puede renunciar al uso de ellos sin desvirtuar el nobilísimo sentido de su misión” (M.P. Dr. Ciro Angarita Barón).

Además, en la sentencia que se acaba de citar, la Corte produjo algunas consideraciones referentes a los reglamentos educativos, así.

“Un reglamento que consulte las nuevas realidades del educando no debe ser simplemente un instrumento de autoritarismo irracional llamado a reprimir expresiones de conducta que bien pueden ser opciones abiertas por la propia Carta como formas alternativas de realizar la libertad de vivir, que no otra cosa es el libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta vigente (...).

En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debido a la privilegiada condición de seres humanos, tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad”.

De otra parte, la Corporación advirtió que las sanciones disciplinarias han de tener “el debido miramiento por los derechos constitucionales fundamentales de los educandos” y en su aplicación no puede estar ausente el debido proceso:

imponerlas con base en un manual de convivencia que no había entrado en vigencia, como aconteció en este evento, conculca el derecho contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política; empero, como lo observaron los jueces, en ambas instancias, se trata de un hecho consumado y, por ello, la Corte prevendrá al rector del establecimiento educativo para que en la institución a su cargo, no se vuelva a incurrir en acciones de esta índole; por lo demás, y de conformidad con las razones anotadas, es procedente conceder el amparo constitucional pedido».

(Sentencia T-476 de octubre 19 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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