Sentencia T-487 de agosto 11 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN

RETENCIÓN DE PACIENTES DEUDORES DE HOSPITALES

EXTRACTOS: «La acción se originó en los siguientes hechos:

El señor Edgar Bustos Carrión ingresó en mal estado de salud al establecimiento hospitalario acusado, el día 2 de febrero de 1992, ya que presentaba una herida abdominal y fracturas en la reja costal y en el miembro superior derecho además de presentar anemia aguda. El mencionado señor fue internado en la sección de pensionados —a su solicitud—, en donde el paciente debe sufragar todos los costos de su atención hospitalaria.

El tratamiento al que fue sometido el paciente resultó exitoso, dándosele de alta el 22 de febrero de 1992, pero condicionando su salida del hospital al pago de la suma que adeudaba por concepto de las atenciones médicas, hospitalarias y quirúrgicas.

El Señor Bustos ante tal requerimiento manifestó que no poseía los recursos suficientes para asumir la deuda contraída con el hospital.

Las directivas del hospital impidieron la salida del señor Bustos hasta que éste cancelara totalmente el monto de la obligación. Finalmente, a través de la acción de tutela logró salir del centro hospitalario.

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5. Del derecho a la libertad

El artículo 28 de la Constitución establece: “Toda persona es libre”.

La existencia de la libertad es un hecho de experiencia inmediata y universal en la vida humana, que constituye el fundamento de la esencia interna y de la coexistencia social del hombre. Es precisamente por ello que la historia es una lucha incesante por la libertad, ya que es imposible concebir al hombre sin este derecho que a la vez representa el reflejo de lo que cada persona es. Por ello el mismo Estado y la organización social deben reconocer y respetar a cada uno de sus miembros.

En términos generales podemos definir la libertad como el estado existencial del hombre por lo cual él es dueño de sus actos, así puede autodeterminarse conscientemente, sin sujeción a fuerza o coacción alguna, pero siempre respetando la libertad de los demás.

Esa libertad individual que permite ver al hombre como una entidad que puede marcar y cumplir sus propios fines se complementa con la concientización del Estado, como ente encargado de armonizar los derechos de todos y cada uno de sus afiliados. Así el Estado desde su concepción más antigua de personalización del poder absoluto hasta el concepto moderno de institución, siempre ha buscado como fin último la seguridad, tranquilidad y salubridad de los asociados, dentro del marco del respeto de la libertad de los demás.

Hoy la Constitución de 1991 en su preámbulo, artículo 1º (dignidad), artículo 2º (dignidad) y 14 (libre desarrollo de la personalidad), establece como uno de los fines del Estado garantizar la libertad (inciso 2º). Es por esto que el Estado protege una esfera de la libertad, que es el derecho a no ser molestado ni en su persona ni en su familia. Además constitucionalmente se establece el deber de todo ciudadano de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (artículo 95 Nº 1º). Esa es la esencia misma de la libertad; el límite de mi libertad es la libertad de los demás.

En este orden de ideas, para el caso que nos ocupa es preciso entonces concluir que el artículo 28 de la Constitución consagra el derecho a la libertad, el cual tiene como marco general o como telón de fondo el principio fundamental a la dignidad humana, de que tratan el preámbulo y los artículos 1º, 2º, inciso segundo y 14 de la Carta, pues sin libertad no hay dignidad.

6. De la libertad de locomoción

El artículo 24 de la Constitución establece:

“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.

No existía en la Constitución de 1886 una norma que reconociera en forma expresa la libertad de locomoción y residencia. Con el artículo 29 se propuso consagrar dos derechos cuyos titulares fueran los colombianos: la facultad de circulación que abarca la facultad de desplazamiento por todo el territorio nacional de entrar y salir del país; y la libertad de residencia, que es el derecho a determinar el lugar donde se desea fijar tanto la sede principal de los negocios, como el domicilio.

La consagración constitucional de estas libertades es fundamental para impedir la intervención indebida de las autoridades estatales o de los particulares, quienes no podrían restringir o entrabar la libre circulación dentro y fuera del país ni imponer o prohibir un lugar determinado para residir.

La Constitución establece este derecho fundamental, limitándolo únicamente a los colombianos; los extranjeros deben sujetarse a los tratados internacionales, a las normas de inmigración y a las leyes de extranjería, que regulan su ingreso, su permanencia y su salida del territorio nacional.

Este derecho fundamental a la libertad de locomoción y residencia es de aplicación inmediata propio de la naturaleza inherente al ser humano y su conquista de éste frente al poder del Estado Sobre el derecho fundamental existe lo que podríamos denominar el respeto absoluto del Estado por la determinación del ser humano de satisfacer sus necesidades en el lugar por él escogido, con las limitaciones que solamente la ley puede establecer, tal como lo determina la Constitución.

7. prohibición de detención, prisión o arresto por deudas

El inciso tercero del artículo 28 de la Constitución se ocupa de la prohibición expresa a que “... en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas...”.

Como instrumentos internacionales que se han ocupado de la prohibición contenida en el artículo 28, encontramos:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, que en su artículo 11 establece:

“Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”.

En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, en el artículo 7º numeral 7º, dice:

“Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita a los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios” .

8. De la justicia ejercida por particulares

Una de las características de un Estado de Derecho es que ofrece su jurisdicción a los particulares, como última instancia, para la solución de los conflictos que surgen de las relaciones sociales.

Es así como la Constitución de 1991 estableció en el artículo 229 el derecho de toda persona para acceder libremente a la administración de justicia.

La administración de justicia es una función pública, cuyas decisiones son independientes y cuyas actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que fije la ley, según el artículo 228 de la Constitución Política.

Con el fin de evitar que los procedimientos sean utilizados para obstaculizar la administración de justicia, se dispone que en las actuaciones prevalecerá el derecho sustancial.

Así mismo, se establecen los parámetros necesarios para que la justicia sea eficaz, al determinar que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionable.

En consecuencia, la solución coactiva, pero imparcial y pacífica, de las controversias o conflictos, constituye el objeto propio de la función jurisdiccional.

El hombre ha realizado con el correr de los tiempos un proceso de racionalización en la forma y en los medios para solucionar sus conflictos, cristalizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades. Es así como pasó de la barbarie inicial a un civilizado monopolio de la fuerza y de la administración de justicia en manos del Estado.

Todo lo anterior con el objeto de cumplir con lo determinado en el artículo 2º de la Carta, que establece como fin esencial del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y de facilitar la realización del principio consignado en el artículo 95 numeral 4º, que consagra los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Porque la Constitución es la base del nuevo vivir junto.

Es así como la inobservancia del principio de llevar a la jurisdicción competente los conflictos surgidos de las relaciones sociales, que no pudieron ser solucionados por medio de la autonomía de la voluntad, equivale a regresar al estado de naturaleza, a la Ley del Talión, a la venganza incontrolada. Esto fue precisamente lo que quiso prohibir el legislador al consagrar desde el Código Penal de 1837 el tipo penal denominado “ejercicio arbitrario de las propias razones”, que hoy dejó de ser delito y se convirtió en contravención especial. El delito estaba consagrado en estos términos:

“El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa de un mil a cincuenta mil pesos”.

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Al ser imposible la cancelación inmediata de la obligación contraída con el Hospital Regional de Villavicencio, por parte del señor Edgar Bustos, las directivas del centro hospitalario, en especial su director el Dr. Pablo Velásquez, impidieron su salida pues de conformidad con las pruebas —comunicación escrita firmada por el coordinador técnico del hospital—, se desprende que el paciente se encontraba en buen estado de salud para retirarse del hospital pero que “el paciente no ha podido salir por no cancelar los servicios del hospital”.

Por otra parte observa la Corte Constitucional que el derecho subjetivo al pago que tiene el acreedor por la obligación jurídica, contiene un límite que son los procedimientos legales para lograr la efectividad, esto es, los mecanismos que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer eficaz el cumplimiento de la obligación por parte del deudor.

En desarrollo del artículo 229 de la Constitución ya mencionado (vid supra), existen claramente otros medios determinados en los Códigos de Comercio y de Procedimiento Civil, que establecen los trámites a seguir para lograr el pago de una obligación vencida y el resarcimiento por los perjuicios causados con el incumplimiento. Por esta razón, así como por las expuestas en la parte de las consideraciones jurídicas, ninguna autoridad judicial podrá avalar la actitud de ejercer justicia por la vía privada.

En el caso particular el director del hospital podría estar incurso en un delito de secuestro, establecido en el artículo 268 del Código Penal, cuyo bien jurídico es la protección de la libertad individual, por lo tanto se le dará traslado a la autoridad competente para su investigación.

Uno de sus verbos rectores es precisamente el de retener y en el caso del Sr. Bustos Carrión. es clara la “retención” por parte de las directivas del hospital, ante la precaria situación económica del paciente, con la idea de intimidarlo para lograr de esa forma el pago de la obligación.

Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, los hospitales y clínicas particulares y todas las entidades que presten servicio de asistencia a la salud, sean éstas públicas o privadas deben tener en cuenta el derecho a la salud, especialmente los derechos de los pacientes y las obligaciones para con éste.

No sobra señalar que la lamentable situación económica por la que atraviesan los hospitales del país —en especial los de provincia—, no puede convertirse en un pretexto para vulnerar derechos constitucionales fundamentales—así se obre con el mejor propósito—, y lo que se necesita es que el Estado cumpla con sus obligaciones también constitucionales, consagradas en los artículos 48 y 49, como son la de seguridad social y atención a la salud, respectivamente.

Con los fundamentos anteriormente expuestos, esta Sala de Revisión confirmará la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio por encontrar que con la actuación de las directivas del Hospital Regional del Meta se violaron los derechos fundamentales de la libertad (artículo 28) y de la libertad de locomoción (artículo 29).

Por lo tanto para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, se dará traslado de la Sentencia a !a fiscalía general (seccional Meta), para que inicie la investigación por el delito o delitos en que pueda haber incurrido el director del Hospital Regional de Villavicencio y a la Procuraduría General de la Nación en lo que respecta a su competencia.

Igualmente se enviará copia al Tribunal de Etica Médica, ya que en virtud de la Ley 23 de 1981, es competente dicha Corporación para conocer de comportamientos que atenten contra la ética médica».

(Sentencia T-487 de agosto 11 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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