Sentencia T-488 de julio 9 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

VÍA DE HECHO EN PROCESO DE FILIACIÓN

POR OMITIR LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA ANTROPOHEREDOBIOLÓGICA

EXTRACTOS: «Se configura una vía de hecho en el ámbito de las actuaciones judiciales —entre otros eventos— cuando la decisión de la autoridad competente presenta un defecto fáctico protuberante, en cuanto carece del sustento probatorio suficiente para proferirla. De la calificación de esta situación puede ocuparse el juez constitucional por la vía de la acción de tutela, en la medida en que sea evidente una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de las personas involucradas, siempre que no existan o ya se encuentren agotados los medios judiciales de defensa ordinarios, de manera que, hagan procedentes las órdenes definitivas de protección superior o las transitorias, por la vía de la tutela, a fin de contrarrestar un perjuicio irremediable contra tales derechos, de acuerdo con los parámetros manifestados en la anteriormente citada sentencia T-204 de 1998:

“(...) el examen que realiza el juez de tutela frente a la valoración judicial de las pruebas dentro de un proceso de otra jurisdicción, debe partir de la plena vigencia del principio constitucional de la autonomía e independencia de los jueces (C.P. art. 228), precisamente, por la falta de inmediatez respecto de su práctica, lo que en consecuencia vuelve excepcional la configuración de una vía de hecho(12); sin embargo, no se puede perder de vista que a pesar de ese gran poder discrecional judicial, la decisión no puede basarse en un juicio arbitrario, sino que debe reunir unos criterios que garanticen una decisión imparcial, objetiva y ajustada a la legalidad, como lo ha establecido la Corte en la forma que se destaca en seguida, y que son los que verifica el juez constitucional durante su examen.

(12) Ver la sentencia T-055/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

“(...) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (CPC art. 187 y CPL art. 61), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente (...)”. (Sent. T-442/94. M.P. Antonio Barrera Carbonell)”.

De las anteriores consideraciones se deduce en cuanto interesa al asunto bajo examen, que la configuración de una vía de hecho puede provenir de la omisión de la autoridad respectiva a tener en cuenta el material probatorio necesario para desatar la litis, ya sea en beneficio de ambas o de una sola de las partes, por llegarse a una decisión definitiva que las excluya y, en consecuencia, generar la vulneración del principio de igualdad de las partes ante la ley procesal y para acceder a la administración de justicia, así como al debido proceso y a tener un trato imparcial de parte de quien dirige el proceso (C.P. arts. 13, 29, 228 y 229), ya que “ello comporta una ruptura grave de la imparcialidad del juez y distorsiona el fallo, el cual —contra su misma esencia— no plasma un dictado de justicia sino que, por el contrario, la quebranta”(13).

(13) Sentencia T-329/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

No obstante, no se puede perder de vista, que los principios que propenden por la autonomía e independencia de los jueces, el respeto a la vigencia de las jurisdicciones ordinaria y especiales, y la seguridad jurídica, constituyen límites rígidos frente a la procedibilidad de la acción de tutela cuando del manejo del tema probatorio se trata.

Esa autonomía implica de suyo, que la validez, aptitud, pertinencia y conducencia del mismo para las resultas de un proceso a fin de formar el convencimiento del juez, en cuanto le permita adoptar la decisión acorde con el ordenamiento jurídico y según la sana crítica, son del resorte del funcionario competente y dependen de un juicio objetivo y razonable, el cual exige un verdadero respeto al debido proceso y al derecho de defensa en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, derechos fundamentales en juego al definirse sobre la práctica y valoración del material probatorio.

¿Qué sucedería por lo tanto, en la eventualidad que un juez en ejercicio de esas amplias atribuciones decida no practicar una prueba o, en el peor de los casos, omita practicarla una vez decretada? Similares interrogantes ya fueron objeto de definición por parte de esta corporación en las sentencias T-393 de 1994(14) y SU-087 de 1999(15).

(14) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(15) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En la primera de ellas, acerca de la negativa a la práctica de pruebas, la Corte afirmó:

“(...) sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas (las pruebas) no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (CPC art. 178 y CPP art. 250); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido proceso.

El derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra dentro de un proceso disciplinario, constituye un derecho constitucional fundamental, y dado que la declaratoria de inconducencia de una prueba puede conllevar la violación del derecho de defensa y del debido proceso, con innegable perjuicio para el inculpado, el investigador debe proceder con extrema cautela y en caso de duda, optar por la admisión de la prueba”.

En la sentencia SU-087 de 1999 respecto de la no práctica de un prueba ya decretada por la autoridad judicial se determinó:

“Según el artículo 29 de la Constitución, la persona que sea sindicada tiene derecho a la defensa y, por lo tanto, de esa norma —que responde a un principio universal de justicia— surge con nitidez el derecho, también garantizado constitucionalmente, a controvertir las pruebas que se alleguen en contra del procesado y a presentar y solicitar aquellas que se opongan a las pretensiones de quienes buscan desvirtuar la presunción de su inocencia.

El juez tiene una oportunidad procesal para definir si esas pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y procedentes, y si en realidad, considerados, evaluados y ponderados los elementos de juicio de los que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad penal del procesado. Y, por supuesto, le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente que los requisitos legales no se cumplen o que en el proceso respectivo no tienen lugar.

Pero —se insiste— tal decisión judicial tiene que producirse en la oportunidad procesal, que corresponde al momento en el cual el juez resuelve si profiere o no el decreto de pruebas; si accede o no —en todo o en parte— a lo pedido por el defensor, motivando su providencia.

Lo que no es permitido al juez, a la luz de los postulados constitucionales, es decretar las pruebas y después, por su capricho o para interrumpir términos legales que transcurren a favor del procesado y de su libertad, abstenerse de continuar o culminar su práctica, para proceder a tramitar etapas posteriores del juicio. En el evento en que así ocurra, resulta palmaria la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y ostensible la arbitrariedad judicial.

Ahora bien, lo dicho parte del supuesto de que lo acontecido no sea por culpa, descuido o negligencia del procesado o de su apoderado”. (Subraya la Sala).

Si bien, algunos de los anteriores criterios fueron emitidos en relación con el proceso penal, el fundamento que presentan, como es el de la vigencia del debido proceso en la práctica de las pruebas ya decretadas, son perfectamente aplicables a cualquier otro proceso establecido por la legislación nacional, por compartir los principios y garantías propios del derecho penal(16).

(16) Ver la sentencia T-438/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Con base en las consideraciones generales hasta aquí presentadas, procede la Sala a estudiar el caso sometido a su conocimiento.

5. Análisis del caso concreto.

De los hechos probados en el expediente de la referencia, se tiene que dentro del proceso de investigación de la filiación natural del menor Jorge Eduardo González Guillén, instaurado por el defensor de familia del ICBF-Regional Cesar, en contra del presunto padre, señor Rigoberto Pavajeau Torres, los jueces de las dos instancias surtidas omitieron la práctica de la prueba antropoheredobiológica solicitada por la parte demandante y decretada por ambos falladores a fin de desatar la litis trabada, razón por la cual se han cuestionado sus decisiones por constituir en concepto de la demandante una vía de hecho.

Para dilucidar si se configuró esa actuación inconstitucional por la vulneración de lo derechos fundamentales invocados, lo primero que se debe precisar, son las razones por las cuales dicha prueba no se llevó a la práctica.

(...).

El presente análisis tiene como punto de partida la circunstancia de que ambos jueces dejaron de practicar, no obstante haber sido decretada, lo que impidió la valoración y apreciación de una prueba conducente y determinante para la decisión final del proceso de filiación natural instaurado a nombre del menor Jorge Eduardo González Guillén, como era el experticio científico mencionado, por motivos ajenos a la parte demandante y atribuibles a la falta de coordinación para su realización entre el ente estatal encargado de practicarla y la respectiva autoridad judicial que conocía del asunto.

Así las cosas, se considera necesario reiterar, que la práctica de pruebas constituye una de las principales actuaciones dentro de la conducción del proceso, en la medida en que su importancia radica en la participación de la misma en la conformación del convencimiento del fallador sobre los hechos materia de decisión. Sobre este particular la Corte expresó en la sentencia T-100 de 1998(17).

(17) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

“La prueba, examinada por el juez en todos sus aspectos, escudriñada en cuanto a su validez e idoneidad, comparada y medida en su valor frente a las demás que obran en el plenario, sopesada en cuanto a su relación con los hechos materia de litigio y con las normas generales y abstractas que corresponde aplicar en el caso, complementada con aquellas adicionales que el juez estime necesarias para llegar a una auténtica convicción sobre la verdad y, en fin, evaluada, analizada y criticada a la luz del derecho y con miras a la realización de la justicia, es elemento esencial de la sentencia, supuesto necesario de las conclusiones en ella consignadas y base imprescindible para reconocer en el fallo la objetividad y la imparcialidad de quien lo profiere”.

Debe la Sala reiterar a propósito de lo antes expresado en las consideraciones generales, que la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para el trámite del mismo. Por ello, en la misma sentencia (T-100/98) se señaló que:

“La práctica de todas las pruebas que sean menester para ilustrar el criterio del juez y su pleno conocimiento, ponderación y estudio, así como las posibilidades ciertas de objetarlas, contradecirlas y completarlas en el curso del trámite procesal, son elementos inherentes al derecho de defensa y constituyen garantía de la idoneidad del proceso para cumplir las finalidades que le han sido señaladas en el Estado social de derecho.

De allí resulta, sin duda, que los defectos del análisis probatorio, o la ausencia total del mismo, no menos que la falta de relación entre lo probado y lo decidido, vulneran de manera ostensible el debido proceso y constituyen irregularidades de tal magnitud que representan vías de hecho. Tal expresión encaja en los indicados supuestos como ninguna otra, ya que el fallador que se aparta del material probatorio, que no lo evalúa en su integridad, o que lo ignora, plasma en su sentencia su propia voluntad y no la de la justicia ni la de la ley. Decide de facto y quebranta, en consecuencia, los fundamentos esenciales del orden jurídico”.

En el caso que se revisa, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 75 de 1968(18), el decreto y práctica de la prueba antropoheredobiológica en el proceso de investigación de la filiación natural no está sujeta a una decisión discrecional del juez de la causa, por el contrario, la misma debe practicarse en forma obligatoria, veamos:

(18) Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“ART. 7º—En todos los juicios de investigación de la paternidad o la maternidad, el juez a solicitud de parte o cuando fuere el caso por su propia iniciativa, decretará los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que aparezcan indispensables para reconocer parcialmente las características heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, y ordenará peritación antropo-heredo-biológica, con análisis de los grupos y factores sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales transmisibles que valorará según su fundamentación y pertinencia.

La renuencia de los interesados a la práctica de tales exámenes será apreciada por el juez como indicio, según las circunstancias.

PAR.—El juez podrá también en todos estos juicios pedir que la respectiva administración o recaudación de hacienda nacional certifique si en la declaración de renta del presunto padre hay constancia de que el hijo o la madre o ambos han figurado como personas a cargo del contribuyente”. (Negrilla fuera del texto).

Si bien, la mencionada prueba por sí sola no representa un fundamento probatorio pleno, es imperioso recurrir a ella en razón al aporte científico confiable y riguroso que suministra para dilucidar sobre la paternidad de quien reclama su reconocimiento. De ahí que, las consecuencias por su exclusión en la valoración probatoria, acarrean consecuencias negativas para la efectividad de los derechos subjetivos y fundamentales del menor interesado en ese resultado (C.P., arts. 14 y 44). Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(19) ha indicado:

(19) Sala de Casación Civil, sentencia dictada el 22 de mayo de 1998, Expediente 5053, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

“1.3. (...) cuando el artículo 7º de la Ley 75 de 1968 dispone que en los procesos de investigación de paternidad o maternidad, “el juez a solicitud de parte o cuando fuere el caso por su propia iniciativa “decretará” los exámenes y remisión de los resultados de la llamada prueba antropoheredo-biológica, no solo se establece para el juez el deber de decretarla, aun de oficio, por el interés público que representa la necesidad de establecer y garantizar el derecho de toda persona a saber quién es su padre o madre, sino que también se le otorga la atribución de que su decisión se cumpla con la mayor celeridad en pro de la verificación de “los hechos alegados por las partes”, pero eso sí evitando las “nulidades” (CPC, art. 37, nums. 1 y 4). (Subraya la Sala).

Luego, el hecho de que esta prueba sea decretada de oficio, como todas aquellas que tienen este carácter, no le otorga atribución alguna al juez para obrar con discrecionalidad en su práctica, es decir, hacerla o no, sino que, por el contrario, habiendo sido estimada como necesaria, le incumbe un mayor deber en su ejecución, tanto más cuanto ello contribuye a la satisfacción del interés sustancial que encierra la pretensión de investigación de paternidad. De allí que corresponda al juez que decreta esta prueba, y con mayor razón a quien por encontrarla necesaria la dispone de oficio, adoptar las medidas procesales que estime indispensable, para que, de un lado, todos los intervinientes puedan conocer de su existencia y tener la oportunidad para su práctica, y, para que, del otro, exista oportunidad y modo de cumplimiento acelerado de ella.

Por tal razón, se hace imperativo que en el decreto de la mencionada prueba, sea como informe o dictamen pericial, se indique al Instituto de Bienestar Familiar, entidad o personas que han de practicarla, que no solamente tienen el deber de determinar el día, la hora, el lugar y las demás circunstancias que estimen necesarias para la práctica de la prueba, sino que también se hace indispensable que esta actuación preparatoria, sea dada a conocer a las partes y a los interesados por conducto del juez competente, mediante la comunicación o notificación del caso. Pues con ella, el juez por lo general, asegura anticipadamente, en primer lugar, el otorgamiento de la oportunidad para la práctica de los exámenes correspondientes; en segundo término, la posibilidad de establecimiento del cumplimiento o no del deber de colaboración que le asiste a las partes y a terceros en esta prueba; y, en tercer y último término, también le facilita al juez la verificación para los efectos legales de la comisión o incurrencia o no de la renuencia que con relación a ella pueda presentarse (CPC, arts. 243 y 242 y L. 75/68, art. 7º)”.

Como se puede deducir de lo anterior, la actividad del juez en el transcurso del trámite de un proceso de esta naturaleza, demanda una mayor diligencia respecto de la práctica de la prueba en comento. Tanto es así, que siguiendo los criterios sentados por ese alto tribunal de la jurisdicción ordinaria bien puede asegurarse que “el funcionario judicial que sea omisivo sobre el particular, bien porque siendo posible, deja de decretarlas, ora porque no controla que su práctica se realice con la idoneidad y cautela bastantes a garantizar el valor científico que de ellas se espera, compromete su responsabilidad; como también la comprometen en su caso los entes estatales encargados de su práctica cuando no la realizan, o la realizan deficientemente”. (Destaca la Sala)(20).

(20) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de abril de 1998, Expediente 5014, M.P. Rafael Romero Sierra.

Esa actividad impropia del juez o del ente estatal comisionado para su realización, una vez decretada la peritación antropoheredobiológica de oficio o a petición de parte, da lugar a una nulidad procesal por violación del derecho que tienen las partes a proteger sus intereses en el trámite judicial respectivo, la cual debe ser alegada oportunamente. En palabras de la misma Corte Suprema de Justicia(21).

(21) Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de mayo de 1998, Expediente 5053, M.P. Pedro Lafont Pianetta, ya citada.

“De allí que, si aun con las previsiones mencionadas, se omite el período necesario para la práctica de esa prueba decretada de oficio, como acontece en aquel evento en que no puede cumplirse su realización, porque nunca se fijó fecha, hora, lugar y demás circunstancias para su práctica, o porque, habiéndolo hecho el juez o el encargado de practicarla, tampoco se la dio a conocer a las partes e intervinientes en ella; se incurre entonces en el vicio de nulidad del proceso contemplado en el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que puede alegarse inmediatamente después de ocurrida en la actuación siguiente (CPC art. 143, inc. 5º); pero en el evento en que tampoco haya existido esta oportunidad, por haberse proferido ya sentencia de segunda instancia, dicha irregularidad puede alegarse en casación”.

Los mandatos contenidos en la legislación de familia y los criterios jurisprudenciales en esta materia permiten concluir, que los jueces que tomaron parte en el proceso de filiación natural del menor Jorge Eduardo González Guillén, debieron adoptar las medidas procesales pertinentes a fin de garantizar la práctica de dicho experticio, máxime teniendo en cuenta que la misma estaba decretada.

Lo anterior, toda vez que, por un lado, constituía una salvaguarda del derecho al debido proceso del menor por configurar una “forma propia” del juicio de filiación natural (C.P., art. 29) y, de otro lado, como bien lo avizoró el juez de tutela de primera instancia, contaban con los poderes suficientes para ampliar el período probatorio en un término adicional e idéntico al inicialmente ordenado para su práctica, ya que eran circunstancias ajenas a la parte que la solicitaba las que impedían su realización, según lo preceptúa el artículo 184 del Código de Procedimiento Civil, al igual que, en, forma especial, el artículo 14 de la Ley 75 de 1968, que a la letra rezan:

“ART. 184.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 90. Oportunidad adicional para la práctica de pruebas a instancia de parte y preclusión. Si se han dejado de practicar pruebas sin culpa de la parte que las pidió, el término señalado para tal efecto se ampliará, a petición de aquélla, hasta por otro igual que se contará a partir de la notificación del auto que así lo disponga. Vencido el término probatorio o el adicional en su caso, precluirá la oportunidad para practicar pruebas y el juez deberá, so pena de incurrir en la falta disciplinaria respectiva, disponer sin tardanza el trámite que corresponda.

ART. 14.—Formulada la demanda por el defensor de menores o por cualquiera otra persona que tenga derecho a hacerlo, se le notificará personalmente al demandado, quien dispone de ocho días para contestarla.

En caso de oposición o de abstención del demandado, el negocio se abrirá a prueba por el término de veinte días, durante el cual se ordenarán y practicarán las que sean solicitadas por las partes o que el juez decrete de oficio. Si el juez lo considera indispensable, podrá ampliar hasta por diez días más el término probatorio aquí señalado, para practicar las que estén pendientes.

En todo caso, el juez exigirá juramento al demandado conforme al artículo 1º, ordinal 4º, de esta ley, para lo cual, bastará una sola citación personal de aquél, y celebrará durante el término de prueba audiencias con intervención de las partes y de los testigos, a fin de esclarecer no sólo lo tocante a la filiación del menor, sino los demás asuntos por decidir en la providencia que ponga fin a la actuación, y podrá decretar de oficio las pruebas que estime conducentes a los mismos fines”.

Por otra parte, la actuación del representante de la parte demandante no escapa tampoco a la formulación de algunas observaciones de esta Sala, por cuanto es evidente que en el comportamiento asumido existió algún grado de descuido en la defensa de los intereses del menor.

En efecto, el defensor de familia tenía la posibilidad de alegar la respectiva nulidad del artículo 140-6 del Código de Procedimiento Civil, ya anotada, durante el recurso de apelación y, además, con el recurso de casación que presentó ante la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en el que pudo haber discutido sobre las irregularidades encontradas dentro del respectivo proceso, recurso que no obstante adoleció de defectos técnicos en su presentación, lo cual determinó que dicha corporación inadmitiera la demanda y declarara desierto el recurso extraordinario con base en lo siguiente:

“(...) el recurrente omitió citar norma alguna de disciplina probatoria que, como violación medio (sic), pudiera haber conducido al desconocimiento de la ley sustancial, omisión ésta que de suyo entraña la improcedencia de la acusación pues como tantas veces lo ha repetido la Corte con firme sustento en textos legales atrás citados (CPC art. 374-3), tratándose de errores de derecho como el que en este caso se denuncia, “es indispensable, para el estudio de fondo, que el censor señale los pertinentes textos legales de disciplina probatoria que hubiesen sido quebrantados por el Tribunal en la tarea valorativa de determinados medios, ya para otorgarles un mérito del que carecen, o ya para negarles el que tienen según las correspondientes normas...” (G.J.t. CXLIII, pág. 200)”. (fl. 233).

De manera que, es claro que el defensor de familia disponía de medios judiciales ordinarios y extraordinarios de defensa, como bien lo indicó el juez de segunda instancia en la tutela, para impugnar toda cuestión que considerara irregular o contradictoria con sus propósitos de defensa del menor.

En forma insistente, la Corte ha dicho que la acción de tutela no puede revivir términos ya agotados en los diferentes procesos judiciales ni reemplazar los recursos no utilizados oportunamente por las partes para impugnar las decisiones sobre sus derechos, ni tampoco estructurarse en tercera instancia que altere las decisiones producidas por las autoridades judiciales atentando contra el principio de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica que las caracteriza(22).

(22) Ver entre otras, las sentencias T-027/97, SU-111/97 y T-272/97.

Sin embargo, recordemos que la protección especial constitucional de la cual son objeto los niños (C.P. art. 44) da lugar a una prevalencia de sus derechos en el ordenamiento jurídico; de esta forma, el reconocimiento de la personalidad jurídica y los atributos que a ésta acompañan, como son, ente otros, el estado civil y el nombre, de los cuales son titulares, priman en un proceso como el de filiación natural, de manera que es desde esta perspectiva constitucional, que debe analizarse las consecuencias de los yerros técnicos y procedimentales en que se haya podido incurrir dentro del respectivo trámite.

El proceso de definición judicial de la paternidad, por no existir un reconocimiento voluntario del padre hacia el hijo y consecuentemente la determinación de las responsabilidades, obligaciones y derechos de naturaleza económica, moral y afectiva a que hubiere lugar, debe sujetarse a las formas legales establecidas, como garantía del derecho al debido proceso (C.P. art. 29), esto es, al procedimiento y mandamientos que trae la Ley 75 de 1968.

En este orden de ideas, esta corporación en la sentencia T-329 de 1996(23), de manera contundente recalcó la importancia de la vigencia del debido proceso en dicha investigación, así como la sujeción de la misma a las formas legales establecidas para adelantarla, pero sin pasar por alto la primacía del derecho sustancial que se pretende sobre las mismas, según su relación con la materia en cuestión:

(23) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

“(...) la investigación de la paternidad debe llevarse a cabo dentro de las reglas del debido proceso y en estricto acatamiento a las disposiciones legales correspondientes, pero entratándose de formalidades, no puede olvidarse, en esta ni en ninguna actuación ante los jueces, el postulado constitucional de prevalencia del derecho sustancial (C.P. art. 228), lo que hace evidente la necesidad de distinguir entre las formalidades procesales previstas, con el objeto de establecer cuáles de ellas guardan relación especifica con la materia misma del asunto que se busca dilucidar y cuáles no. La eventual falta de una de estas últimas no puede frustrar el cometido esencial del proceso, obstruir el acceso a la administración de justicia, ni tampoco impedir que se adopte decisión de fondo”.

Omitir algunos de los procedimientos admisibles dentro del proceso de filiación natural para controvertir las decisiones o actuaciones judiciales allí producidas, como sería el caso de las nulidades ya enunciadas o de la sustentación del recurso de casación en debida forma, prima facie sería inaceptable; pero ya frente a la validez del interés superior que reviste la garantía de los derechos fundamentales de los niños y la realización de los principios de igualdad y equidad en la administración de justicia en dicho trámite procesal, lleva necesariamente al juez constitucional a reconocer un predominio del derecho sustancial que ahí se discute, como es la decisión de fondo sobre el reconocimiento de la filiación natural del menor, en términos reales y ciertos.

El infante en el presente caso no podía asumir, en desmedro de la efectividad de sus derechos fundamentales, las cargas de los resultados de esa actuación de su representante, sin atenuación de las rígidas exigencias procesales frente a la primacía de lo que él solicitaba se debatiera y decidiera como propósito sustancial.

Similar argumentación se planteó por esta Corte en la sentencia T-329 de 1996, ya citada, y a la cual se recurre para reforzar la anterior afirmación:

“La acción de tutela no puede tornarse en instrumento para suplir las deficiencias, errores y descuidos de quien ha dejado vencer términos o permitido la expiración de sus propias oportunidades de defensa judicial o de recursos, en cuanto, de aceptarse tal posibilidad, se prohijaría el desconocimiento de elementales reglas contempladas por el sistema jurídico y conocidas de antemano por quienes son partes dentro de los procesos judiciales, se favorecería la pereza procesal y se haría valer la propia culpa como fuente de derechos.

No obstante lo dicho, si se atiende a la equidad, que busca realizar la justicia en el caso concreto, habrá de reconocerse que en determinadas situaciones la absoluta imposibilidad en que se halla el sujeto perjudicado por la omisión procesal para evitarla, o para ejercer los recursos que le permitan su defensa, lo libera plenamente de responsabilidad por la conducta omisiva y hace necesario que, con miras a la prevalencia del derecho sustancial, se atempere la rigidez de la exigencia expuesta y se otorgue la posibilidad del amparo judicial extraordinario.

Tal ocurre, por ejemplo, cuando los intereses en juego corresponden a menores, cuya indefensión se presume según el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en especial si esos intereses corresponden a derechos fundamentales que pueden quedar vulnerados o amenazados en la hipótesis de una tutela denegada por no haber hecho su abogado uso oportuno de los recursos que los favorecían en el proceso ordinario.

Un principio de elemental justicia indica que en dichas circunstancias no debe ser sancionado el niño con la eliminación de toda posibilidad de hacer valer sus derechos fundamentales y que, mereciendo él la protección especial del Estado impuesta por el artículo 44 de la Constitución, procede la tutela, siendo imperativo en cambio, que se promueva la investigación y sanción de la conducta omisiva del apoderado judicial.

Estas situaciones son, desde luego, extraordinarias y deben ser apreciadas en concreto por el juez, con el objeto de verificar si en realidad la circunstancia del afectado reviste las indicadas características, evento en el cual, no habiendo sido su culpa, descuido o negligencia la causa de que las decisiones en su contra hubieran quedado en firme por falta de los oportunos recursos, carece de justificación concreta la eliminación del único medio de defensa judicial a su alcance”. (Subraya la Sala).

En consecuencia, la Sala encuentra que el menor Jorge Eduardo González Guillén tenía derecho a que la prueba antropoheredobiológica solicitada en su favor dentro del proceso de filiación que se adelantó en contra del presunto padre, se practicara por la obligatoriedad de la misma, la existencia previa de un decreto de realizarla y dada la conducencia para la resolución de su pretensión. A lo anterior se agrega, que los obstáculos que se presentaron para su práctica, no justifican de manera suficiente la omisión total de su realización, como quiera que como ya se anotó, el mismo procedimiento prevé los recursos para que se allegue ese elemento probatorio, los cuales, como lo certificó en el proceso de tutela la Procuradora Judicial 29 para el Menor y la Familia, no fueron agotados por ninguna de las instancias.

En dicha certificación, la funcionaria señala que había solicitado oportunamente por escrito al magistrado ponente en la segunda instancia, que ampliara el término probatorio, conforme a lo preceptuado en los artículos 180, 183 y 184 del Código de Procedimiento Civil, “... memorial en mención, que dicho sea de paso, no fue agregado al proceso, sino hasta cuando regresó éste de la honorable Corte Suprema de Justicia, una vez declarado desierto el recurso de casación interpuesto, lo que igualmente sucedió con la solicitud que en idéntico sentido hiciera el apoderado de la parte demandante”, como lo indica la misma funcionaria.

En este orden de ideas, desde la órbita constitucional vigente, las decisiones de los jueces de instancia del proceso de investigación de la filiación natural del menor Jorge Eduardo González Guillén configuran una vía de hecho por desconocer las garantías del debido proceso y defensa del menor, sometiéndolo a la imposibilidad de proteger el derecho constitucional fundamental a su personalidad jurídica y a una filiación natural real de la cual pudiera derivar un estado civil y nombre ciertos, con la consecuente restricción a la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a una administración de justicia.

Por consiguiente, la Sala debe proceder a revocar el fallo de tutela pronunciado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 26 de enero de 1999 y, en su lugar, confirmar la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, el 19 de noviembre de 1998, en la que se concedió la tutela de los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y al de defensa y, consecuencialmente, al nombre y a una familia verdadera, invocardos por la señora Esnith María González Guillén en representación de su menor hijo Jorge Eduardo González Guillén.

De igual modo, se confirmará la decisión del Tribunal de decretar la nulidad de la actuación procesal adelantada durante el juicio de filiación natural tramitado en favor del menor Jorge Eduardo González Guillén, a partir, inclusive, del auto del doce (12) de enero de 1996 por el cual la Sala de Familia del Tribunal Superior de Valledupar abrió el juicio a pruebas por el término de treinta (30) días, con el objeto de que subsane la actuación procesal invalidada, se practique la prueba antropoheredobiológica a las partes y se decida con base en la misma y demás elementos probatorios que obran en ese proceso».

(Sentencia T-488 de julio 9 de 1999. Magistrada Ponente: Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez).

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