Sentencia T-489 de junio 29 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Sentencia T-489 de 2006 

Ref.: Expediente T-1278619

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Peticionarios: Ruth María Peña de De Castro y Leslie Gallagher Barranco.

Accionado: Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil seis.

La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente

Sentencia

En el trámite de revisión de la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 7 de diciembre de 2005, en el proceso de tutela promovido, mediante apoderado, por Ruth María Peña de De Castro y Leslie Frederick Gallaguer Barranco contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla.

A. Antecedentes

1. Derechos fundamentales invocados.

Por intermedio de apoderado, los señores Ruth María Peña de De Castro y Leslie Frederick Gallaguer Barranco instauraron acción de tutela para que se les protejan sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Para ello, solicitaron la nulidad del auto del 29 de octubre de 2005, con el cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la providencia del Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa misma ciudad que declaró la nulidad del proceso ejecutivo adelantado por el Banco Ganadero contra los ahora accionantes y, en su lugar, denegó dicha solicitud.

2. Hechos.

— El 12 de marzo de 1998, los señores Ruth María Peña de De Castro y Leslie Frederick Gallaguer Barranco suscribieron un pagaré y constituyeron una hipoteca en favor del Banco Ganadero para garantizar el pago de $242.520.477.

— Dicha entidad bancaria instauró proceso ejecutivo mixto contra los deudores. Así, mediante auto del 3 de octubre de 2003, el Juez Sexto Civil del Circuito de Barranquilla libró mandamiento ejecutivo en contra de los señores Peña y Gallaguer, las Sociedades Setemco Ltda. e inversiones Castro P. e hijos S. en C., estas últimas, actuales propietarias del inmueble sobre el que recaía el gravamen.

— El 10 de marzo de 2004, el juzgado notificó el mandamiento de pago a la dirección que figuraba en el pagaré, sin tener en cuenta que en el momento en que se adelantó la diligencia, esa dirección ya no correspondía ni a la habitación, ni al lugar de trabajo de los demandados. En efecto, pese a que al señor Gallaguer se le notificó por aviso y a la sociedad mediante emplazamiento, siempre se recurrió a direcciones equivocadas, ya porque no existían o porque no residían en ella o porque “no quedaba en dicha dirección, apareciendo en la constancia que aparece en el cuaderno de primera instancia en su folio 82”.

— Como consecuencia del defecto en la notificación, la señora Peña de De Castro contestó la demanda ejecutiva en forma extemporánea, el señor Gallaguer Barranco y la sociedad Setemco Ltda. nunca tuvieron la oportunidad de designar su propio abogado ni gozar de una defensa técnica, en tanto que no se enteraron de la existencia del proceso. De hecho, el curador ad litem designado en el proceso no los representó en forma eficiente, pues no formuló excepciones de mérito tan evidentes como la prescripción de la obligación jurídica.

— Mediante sentencia del 13 de julio de 2003, el Juzgado 6º Civil del Circuito de Barranquilla dictó sentencia y ordenó seguir adelante con la ejecución. Posteriormente, el inmueble se adjudicó al Banco Ganadero, pero esa entidad solicitó la nulidad porque la adjudicación no se hizo en debida forma. Al mismo tiempo, el señor Gallagher Barranco también solicitó la nulidad de lo actuado, pero por violación al derecho de defensa por indebida notificación del mandamiento de pago.

— En auto del 4 de mayo de 2005, el Juzgado 6º Civil del Circuito de Barranquilla le dio la razón al apoderado del señor Gallagher Barranco y decretó la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del mandamiento de pago. Dicha providencia fue objeto de apelación, solicitud de aclaración, adición y complementación.

— Por auto del 1º de junio de 2005, la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, revocó la decisión objeto de recurso y, en consecuencia, negó la solicitud de nulidad presentada por el señor Gallagher Barranco.

3. Contestación de la solicitud de tutela.

Por intermedio de apoderada, el Banco Ganadero se opuso a las pretensiones de la demanda, en consideración con los siguientes argumentos:

— No es cierto que se hubiese incurrido en vías de hecho en el proceso ejecutivo mixto que se inició contra los accionantes por mora en el cumplimiento de sus obligaciones, ni que se hubieren violaron los derechos fundamentales de los demandantes, pues la decisión que se reprocha fue el resultado del juicioso análisis probatorio y jurisprudencial del juez competente. Por consiguiente, no se encuentra que el Tribunal hubiere actuado de manera caprichosa o arbitraria, sino, por el contrario, su decisión resulta conforme a derecho y a los supuestos fácticos probados en el proceso.

— Con la presente acción, se busca retrotraer las actuaciones del proceso ejecutivo para controvertir hechos que no fueron reprochados en el transcurso del mismo, esto es, se pretende proponer las excepciones que no se formularon en la oportunidad procesal adecuada. Luego, los accionantes utilizan este procedimiento constitucional como otra instancia legal, desconociendo, de esta forma, la independencia funcional del juez ordinario.

— Se observa claramente en el proceso ejecutivo que los demandados fueron notificados como lo establece la ley, que nunca informaron cambios de domicilio y que las actuaciones fueron adelantadas sin ninguna clase de irregularidad. En consecuencia, no existió violación de los derechos fundamentales invocados en la demanda.

4. Decisión judicial.

En sentencia del 7 de diciembre de 2005, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos invocados por los demandantes, con fundamento en lo siguiente:

El carácter residual de la acción de tutela impide que ésta proceda cuando se busca “impedir el normal desarrollo de un proceso por hechos ocurridos de tiempo atrás y de los cuales se tuvo pleno conocimiento en su momento, circunstancia que previeron los propios accionantes cuando pretenden desvirtuar incluso la notificación personal que se surtió bajo claros derroteros procesales y que impiden por tanto el despacho positivo de sus pretensiones”.

En el expediente aparece que el mandamiento de pago fue notificado a los demandantes desde el mes de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, los reproches de la demanda se encuentran alejados de la realidad procesal y, por lo tanto, no existe afectación de los derechos fundamentales de los accionantes.

B. Consideraciones de la Corte Constitucional

Competencia

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución y 33 a 36 del Decreto-Ley 2591 de 1991, esta Sala de Revisión es competente para revisar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2005 por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual resolvió en primera y única instancia la tutela de la referencia.

Problema jurídico

2. En el curso de un proceso ejecutivo mixto contra los ahora accionantes, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla ordenó la adjudicación y entrega del inmueble objeto de gravamen al Banco Ganadero. Después de proferida la sentencia, los demandados pidieron la nulidad de lo actuado por indebida notificación del mandamiento de pago. Por ese hecho, el mismo juzgado accedió a la petición y, en consecuencia, dejó sin efectos su propia sentencia. El Banco Ganadero interpuso recurso de apelación contra esa decisión y, en segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla revocó el auto que decretó la nulidad, con lo cual quedaron en firmes las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo contra los ahora demandantes.

La presente acción se tutela se dirige contra el auto proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, en tanto que, a juicio de los peticionarios, este constituye una vía de hecho que desconoce sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al no tener en cuenta que el mandamiento de pago proferido en el proceso ejecutivo adelantado contra ellos no se notificó de conformidad con lo previsto en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil.

3. En la presente acción, entonces, el problema se circunscribe a determinar si los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los accionantes fueron vulnerados por la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla en el auto que revocó la decisión de anular, a partir de la notificación del mandamiento de pago, todo lo actuado en el proceso ejecutivo mixto adelantado por el Banco Ganadero.

Para ello, es indispensable averiguar: i) si la acción de tutela procede contra autos interlocutorios, como el que ahora se reprocha, ii) en caso de ser afirmativa la respuesta, si la ausencia de notificación del mandamiento de pago violaría los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, iii) si en el caso concreto está probada la afectación de esos derechos.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.

4. A pesar de que si bien es cierto tratándose de la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, el tema que ofrece mayor discusión y ocupa frecuentemente la atención de esta corporación es el de la tutela contra sentencias judiciales, no lo es menos que la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que el amparo constitucional contra decisiones judiciales sólo procede cuando se trata de proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados por vías de hecho judicial (1) . Luego, en aquellos casos en los que, con autos interlocutorios, se incurre en una vía de hecho, podría resultar procedente la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional (2) también ha señalado que, aunque, por regla general, las decisiones judiciales adoptadas mediante autos interlocutorios pueden ser corregidas o discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto en los distintos procedimientos judiciales, la acción de tutela procedería cuando se pretende superar una vía de hecho que vulnera o amenaza derechos fundamentales, en tanto que no existen otros medios de defensa judicial para reprochar la decisión, o cuando a pesar de que existen éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados, o cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable (C.N., arts. 86 y D. 2591/91, art. 6º).

De hecho, como se evidencia en los diferentes procesos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico colombiano, existen autos interlocutorios cuyo contenido y alcance resultan tan importantes y significativos que dirigen la actuación procesal, pueden señalar el destino final del proceso o, incluso, impiden su continuación en forma definitiva. En tal virtud, es posible que con esas decisiones judiciales se afecten derechos fundamentales de las partes que no pueden ser corregidas con los recursos que establecen los códigos de procedimiento respectivos y que, al mismo tiempo, producen efectos definitivos o inmodificables que harían procedente la acción de tutela.

Así las cosas, resulta evidente que la procedencia del amparo constitucional frente a autos interlocutorios estaría limitada a i) la existencia de una vía de hecho, ii) que afecta actualmente derechos fundamentales, iii) la inexistencia, ineficacia o improcedencia de recursos ordinarios con los que podría exigirse el acatamiento de la Constitución y, iv) la indefensión jurídica de la parte afectada, en tanto que esta acción constitucional no resultaría procedente cuando se vencen los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hace uso de ellos, o cuando se utilizan pero en forma indebida.

5. Visto lo anterior, se reitera que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y, por lo tanto, requiere de la prueba de actuaciones u omisiones judiciales que constituyen una vía de hecho. Ahora, en cuanto a los defectos que permiten deducir la existencia de una vía de hecho, ha dicho esta corporación (3) que pueden ser:

i) Defectos sustantivos (4) , que se encuentran en decisiones judiciales que se fundamentan en normas evidentemente inaplicables. En otras palabras, esta falta se presenta cuando la providencia desconoce el principio de legalidad y, por tanto, su conducta se aleja del fundamento legal que soporta el Estado social de derecho, por lo que la decisión judicial lejos de otorgar seguridad jurídica se aparta de ella;

ii) Defectos fácticos (5) , cuando la providencia judicial se apoya en supuestos de hecho no probados o no considera otros que se encuentran probados en el proceso y resultan determinantes para la decisión. Dicho de otro modo, esta irregularidad no se presenta por diferencias en la apreciación de la prueba ni por distanciamientos con la valoración de la misma, sino cuando hay desconexión entre los hechos probados en el proceso y los que sirvieron de soporte a la decisión judicial, pues, de lo contrario, la acción de tutela de convertiría en otra instancia judicial.

iii) Defectos orgánicos (6) , cuando un juez profiere una decisión judicial sin competencia o jurisdicción. Obviamente, este defecto produce una desviación de poder o extralimitación de funciones que no sólo resulta contraria a los derechos fundamentales de las partes, sino también resulta gravemente lesiva del interés general que subyace al valor de justicia que ampara a la comunidad jurídica;

iv) Defectos procedimentales (7) : se presentan en casos en los que se deja sin efectos o se desconoce el proceso debido, esto es, se profieren decisiones sin respetar el procedimiento señalado por el legislador para cada una de las actuaciones judiciales. Ahora, a pesar de que, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución, en las actuaciones judiciales debe prevalecer el derecho sustancial respecto del derecho procesal, eso no significa que este último hubiere quedado sin sentido, puesto que, sin duda, el procedimiento constituye un instrumento idóneo y necesario para garantizar la eficacia del derecho en su contenido. De esta forma, también puede constituir una vía de hecho la decisión judicial que se aparta del procedimiento que el ordenamiento procesal hubiere dispuesto para proteger derechos sustanciales.

6. En los últimos años, la jurisprudencia constitucional ha dicho que, además de los cuatro defectos descritos, pueden presentarse otros que excluyen la “flagrante y grosera” violación judicial de los derechos fundamentales de los sujetos procesales, propia de la vía de hecho, y se ubican en situaciones de irrazonabilidad o arbitrariedad del juez (8) . Así, la Corte ha admitido la procedencia de la acción de tutela cuando una providencia judicial se adopta sin motivación o cuando se aparta del precedente sin que el juez argumente, justifique o explique su distanciamiento (9) (v). De hecho, aquello no es otra cosa que el resultado de aplicar el control de constitucionalidad en el caso concreto cuando hay afectación de los principios de seguridad jurídica e igualdad de trato jurídico.

De igual manera, la Corte Constitucional ha considerado que otro defecto que hace procedente la acción de tutela es la configuración de la denominada vía de hecho por consecuencia (10) , esto es, aquella decisión judicial que afecta derechos fundamentales porque el juez fue inducido en error (vi).

7. Finalmente, el avance jurisprudencial en materia de procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales, ha llevado a reemplazar el concepto de vía de hecho por el de causales genéricas de procedibilidad (11) , las cuales se reiteraron en sentencia de Sala Plena de esta corporación, de la siguiente manera:

“Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (12) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado (13) .

i. Violación directa de la Constitución.

Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales” (14) .

8. Conforme a lo anterior, es claro que la acción de tutela procede contra autos interlocutorios, como el que ahora se reprocha, siempre y cuando éste viole derechos fundamentales y con ello se demuestre una de las causales especiales de procedibilidad de la acción constitucional. Por consiguiente, ahora pasa la Sala a estudiar si la ausencia de notificación del mandamiento de pago violaría los derechos fundamentales que invocan los demandantes.

Derecho de defensa y deber de notificar en debida forma el auto que inicia un proceso judicial. Reiteración de jurisprudencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y, entre otras garantías, nadie puede ser juzgado sino con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Así, con base en la interpretación de esa norma, la jurisprudencia constitucional ha sido unánime en reconocer que aquella consagra un derecho fundamental de obligatoria observancia para todas las autoridades públicas y los particulares que tienen a su cargo el ejercicio de autoridad sancionatoria, pues las facultades investigativas y sancionatorias suponen el ejercicio de reglas públicas, previas a la conducta que se reprocha y claramente establecidas por las autoridades públicas o privadas competentes. Así, esta Corporación ha concluido que el debido proceso constituye un freno al abuso de poder, en tanto que es un mecanismo de control al ejercicio de la arbitrariedad judicial o administrativa, que puede exigir la rápida y eficaz protección del Estado.

10. También ha sido unánime la jurisprudencia de la Corte Constitucional (15) al sostener que el principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa que incluye garantías esenciales para el ser humano, tales como la posibilidad de controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, la de aportar pruebas en su defensa, la de impugnar la sentencia condenatoria y la de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es así como la notificación de las providencias judiciales constituye una premisa fundamental del debido proceso judicial, pues “es el acto material de comunicación por medio del cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros interesados los actos de particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública. La notificación tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, de manera que se garanticen los principios de publicidad, de contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten que materialmente sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del término que la ley disponga para su ejecutoria” (16) . Por consiguiente, la ausencia de notificación de las providencias judiciales podría generar violación del derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

11. Sin embargo, también ha dicho esta Corporación (17) que la forma cómo se adelanta la notificación de las providencias judiciales es un asunto que hace parte de la libertad de configuración política del legislador, puesto que, a él corresponde, diseñar los mecanismos idóneos y acordes con los procesos tecnológicos que permitan informar oportunamente a sus destinatarios la existencia de procesos y decisiones judiciales y administrativas. Por esa misma razón, la ley es el punto de partida del análisis del proceso debido en las notificaciones de las providencias judiciales, pues este derecho fundamental concreta su contenido en el procedimiento previamente señalado. Entonces, sólo podría concluirse la violación del derecho fundamental al debido proceso cuando la autoridad judicial o administrativa no adelanta las notificaciones en la forma señalada en la ley.

12. No obstante, lo anterior no significa que cualquier deficiencia en la notificación de las providencias judiciales necesariamente origina la violación del derecho fundamental, y con esa afectación, el amparo constitucional por vía de la acción de tutela. En efecto, como se vio en precedencia, la tutela contra decisiones judiciales sólo procede cuando se presentan vías de hecho, se afectan derechos fundamentales y no existen otros recursos de defensa judicial o estos no son idóneos para corregir los defectos contenidos en la providencia que se reprocha.

Ahora, precisamente, en relación con la errónea o indebida notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el Código de Procedimiento Civil prevé dos medios procesales para corregir esa deficiencia y dispone la consecuencia correspondiente. En efecto, en relación con los recursos procedentes para proteger el derecho de defensa del demandado, en primer lugar, el artículo 140, numeral 8º, del estatuto procesal civil dispone que el proceso es nulo “cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o de su corrección o adición”. Así, el demandado podrá alegar la nulidad por falta de notificación como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia o en el proceso ejecutivo mientras no haya terminado por causa legal o por el pago total a los acreedores (CPC, art. 142). Y, en segundo lugar, el artículo 380, numeral 7º, del Código de Procedimiento Civil señala como causal de procedencia del recurso de revisión, “estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no se haya saneado la nulidad”.

Respecto de la consecuencia de la declaración judicial de la indebida notificación al demandado, la ley prevé la sanción procesal más gravosa que implica la anulación de las actuaciones procesales surtidas con posterioridad al vicio, en tanto que lo considera un defecto sustancial grave y desproporcionado que merece especial protección del derecho a la defensa del demandado (CPC, art. 14s y 384)

13. En este orden de ideas, sólo procedería la acción de tutela contra decisiones judiciales que desconocen el derecho fundamental a la defensa del demandado por no haber sido notificado del mandamiento de pago, cuando la providencia contiene una vía de hecho que no fue corregida con los medios ordinarios señalados por el legislador para ese efecto.

De conformidad con lo expuesto, esta Sala de Revisión entra a estudiar si, en el asunto sometido a su examen, está probada la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Del caso en concreto

14. Los solicitantes de tutela consideran que el auto del 28 de octubre de 2005 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, desconoció sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en tanto que desconoció que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por la Ley 794 de 2005, la notificación del mandamiento de pago al señor Leslie Gallagher Barranco debía hacerse en su domicilio, residencia o en su lugar de trabajo y, pese a ello, se realizó en la dirección registrada muchos años antes, por lo que al momento de adelantar el proceso ejecutivo no correspondía a su casa de habitación ni a su lugar de trabajo, de ahí que nunca se hubiere enterado de la existencia del proceso ejecutivo en su contra.

Ahora, el auto objeto de reproche, esto es, el del 28 de octubre de 2005 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio del cual revocó la decisión de primera instancia y, en consecuencia, dispuso la continuación del proceso ejecutivo adelantado contra los demandantes, dijo, en resumen, lo siguiente:

Después de referirse a las clases de notificación y a la personal del auto que ordena librar mandamiento de pago señaladas en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por la Ley 794 de 2005, concluyó que, en el presente asunto, la notificación se adelantó en forma correcta y, por consiguiente, no debía declararse la nulidad de todo lo actuado, pues en el expediente está demostrado que i) el acreedor informó la dirección que conocía del señor Leslie Gallagher Barranco y que, incluso, éste reportó cuando firmó el pagaré como dirección para notificaciones judiciales, ii) que la comunicación para notificación personal se realizó en esa misma dirección y iii) que ni en el proceso ejecutivo ni en el incidente de nulidad se desvirtuó que la entrega del documento que efectuó la empresa de correo no estuvo ajustada a la ley porque la dirección suministrada por el demandante no correspondía al domicilio del incidentalista (folios 79 a 83 del cuaderno principal).

15. Visto lo anterior, es fácil concluir que la solicitud de tutela objeto de estudio plantea i) la violación de un derecho fundamental, ii) contenida en una providencia judicial que, a juicio de los accionantes, origina una vía de hecho porque se incurrió en un defecto sustancial consistente en el desconocimiento del derecho de defensa contenido en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la comunicación de quien debe ser notificado personalmente el auto que libra mandamiento de pago debe adelantarse en el lugar de habitación o de trabajo. Cabe anotar que no se trata de un defecto procedimental porque el juez colegiado cuya providencia se considera inconstitucional no adelantó el procedimiento ejecutivo que origina el reparo, simplemente se limitó a estudiar el recurso de apelación que se interpuso contra la decisión de anular todo lo actuado por indebida notificación del mandamiento de pago y, iii) que la vía de hecho no puede ser corregida por otro medio de defensa judicial porque se hizo uso de todos los recursos e incidentes dispuestos en el estatuto procesal civil.

Por consiguiente, ahora corresponde a esta Sala averiguar si, efectivamente, la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla desconoció el trámite señalado en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil y, de esta forma, vulneró el debido proceso de los demandantes por la ausencia de notificación personal del auto que libró mandamiento de pago.

16. El artículo 314 del Código de Procedimiento Civil dispone que el auto que libra mandamiento ejecutivo debe notificarse en forma personal. Y, el artículo 315 de esa misma normativa, en la forma en que fue modificado por el artículo 29 de la Ley 794 de 2003, en lo pertinente, dispone:

“Práctica de la notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se procederá así:

1. La parte interesada solicitará al secretario que se efectué la notificación y éste sin necesidad de auto que lo ordene, remitirá en un plazo máximo de cinco (5) días una comunicación a quien debe ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, en la que informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al Juzgado, a recibir notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días; si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días.

En el evento de que el secretario no envíe la comunicación en el término señalado, la comunicación podrá ser remitida directamente, por la parte interesada en que se efectúe la notificación. Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada.

Dicha comunicación deberá ser enviada a la dirección que le hubiere sido informada al Juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente. Si se trata de persona jurídica de derecho privado con domicilio en Colombia, la comunicación se remitirá a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o en la oficina que haga sus veces.

Una copia de la comunicación, cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deberá ser entregada al funcionario judicial o a la parte que la remitió, acompañada de constancia expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la dirección correspondiente, para efectos de ser incorporada al expediente.

2. Si la persona por notificar comparece al juzgado (...).

3. Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue al proceso la copia de la comunicación y la constancia de su entrega en el lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, procederá en forma inmediata a practicar la notificación por aviso en la forma establecida en el artículo 320.

4. Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, se procederá, a petición del interesado, como lo dispone el artículo 318.

PAR.—Para efectos de las notificaciones personales, los comerciantes inscritos en el registro mercantil y las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica si se registran varias direcciones, el trámite de la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas” (resaltados no originales).

Como se observa, para efectos de la notificación personal del auto que libró mandamiento de pago, el estatuto procesal civil exige que se comunique a quien debe ser notificado sobre la necesidad de que se presente al proceso para adelantar esa diligencia en forma personal. De esta manera, tal y como lo advirtió la Corte al estudiar la constitucionalidad del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, es posible “distinguir entre el acto de notificación y la comunicación que se remita para solicitar al interesado que comparezca al despacho judicial a notificarse” (18) , puesto que, bajo ninguna circunstancia, puede suplirse la notificación personal del auto que libró mandamiento ejecutivo por la comunicación dirigida a requerir la presencia del demandado para que la mencionada providencia sea notificada personalmente. Por consiguiente, es perfectamente válido que se entregue la comunicación a cualquier persona que la reciba en el domicilio reportado por el demandante y que corresponda al lugar de habitación o del trabajo de quien debe ser notificado, mientras que sería ilegal notificar la providencia judicial a otra persona distinta al demandado.

17. Ahora bien, lo anterior no significa que la única manera de informar la existencia del auto que da inicio al proceso ejecutivo sea la notificación personal, toda vez que si bien es cierto la ley la concibe como el principal mecanismo de publicidad de la decisión judicial, no lo es menos que no lo diseñó como la única, pues, de manera supletiva, acudió a la notificación por aviso o mediante emplazamiento. Al respecto, esta Corporación dijo:

“Ello significa que el legislador otorga un tratamiento de favor a la notificación personal, por ser la que otorga la mayor garantía de que el demandado conozca en forma cierta la existencia del proceso y ejerza su derecho de defensa, pero no la acoge como única, con exclusión de modalidades de carácter subsidiario, ya que, si lo hiciera, entrabaría la administración de justicia y desfavorecería el logro de la convivencia pacífica consagrada en el preámbulo de la Constitución” (19) .

18. De otra parte, también es importante resaltar que, de acuerdo con el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, tanto la comunicación como la notificación en forma personal del auto que libra mandamiento de pago no constituyen obligaciones de resultado, pues la ley procesal se limita a diseñar mecanismos que se consideran idóneos y adecuados para obtener el resultado esperado: la notificación personal de la providencia judicial, pero no impone la entrega personal de la mencionada comunicación ni la obligatoria notificación personal del auto. De hecho, la conclusión contraria, esto es, la exigencia de la notificación personal de la providencia o la comunicación personal de la citación para notificación como únicos sistemas de información y publicidad de las providencias judiciales, implicaría un sacrificio desproporcionado al derecho del demandante de acceso a la administración de justicia, pues se le impondría la carga irrazonable de suspender el proceso judicial hasta tanto se encuentre al demandado.

Como puede advertirse, entonces, para informar la existencia de un proceso iniciado en su contra, la ley no exige la entrega personal de la comunicación sino al envío de la misma a “la dirección que hubiere sido informada al juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente”. De esta forma, para la Sala es claro que el legislador entiende, de un lado, que al demandante, y no al juez, corresponde la carga procesal de investigar e informar el domicilio del demandado y, de otro, que la persona que se encuentra en el lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado y recibe la comunicación, no sólo lo conoce sino que está en capacidad de informar la ocurrencia de la diligencia judicial.

Por estos motivos, en caso de que se hubiere efectuado la entrega de la comunicación a que hace referencia el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil en el domicilio reportado por el demandante como el lugar de habitación o de trabajo del demandado, a este último corresponde la carga de la prueba que desvirtúe lo contrario, esto es, que: i) no se entregó la comunicación en el lugar informado por el demandante o, ii) el domicilio reportado no correspondía al lugar de habitación o de trabajo del demandado, situaciones en las que, obviamente, el demandante debe asumir las cargas derivadas de la suspensión del proceso o de la nulidad de las diligencias adelantadas en contradicción con los derechos al debido proceso y de defensa del demandado.

19. En consideración con lo expuesto, la Sala procede a analizar cómo se adelantaron las diligencias dirigidas a notificar el mandamiento de pago a los señores Ruth María Peña de De Castro y Leslie Gallagher Barranco. Se advierte que a pesar de que el proceso ejecutivo también se adelantó contra las sociedades Setemco Ltda.. e Inversiones Castro e hijos S. en C., estas últimas no acudieron a esta acción constitucional, pues no actuaron mediante sus representantes legales, ni otorgaron poder a los peticionarios, ni estos manifestaron que actuaban como agentes oficiosos de dichas sociedades. Por lo tanto, el presente estudio se circunscribirá a la comunicación y notificación del mandamiento de pago a los señores Ruth María Peña de De Castro y Leslie Gallagher Barranco.

Así, para demostrar el supuesto fáctico en que se fundamenta la solicitud de amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los demandantes, respecto de la señora Ruth Peña de De Castro, en el expediente se encuentra lo siguiente:

a) En el Pagaré número 1364, título ejecutivo fundamento de la ejecución, aparece que los señores Ruth Peña de De Castro y Leslie Gallaguer Barranco, informaron como su dirección la calle 68B Nº 50-119 de la ciudad de Barranquilla (fl. 7 del cdno. anexo).

b) Mediante oficio del 2 de febrero de 2004, el Secretario del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla citó a la señora María Peña de De Castro para que se presente en el despacho con el fin de notificarse en forma personal del mandamiento de pago que se libró en su contra, el 3 de octubre de 2003, en el proceso ejecutivo adelantado por el Banco Ganadero (fl. 153, cdno. ppal.).

c) En la guía número 1195 de la empresa de mensajería J. Comunicaciones Ávila A. y Cia Ltda., autorizada por el Ministerio de Comunicaciones mediante licencia 002331, según el formato anexado al proceso, el 19 de enero de 2004 se dirigió un sobre a la señora Ruth María Peña de Castro a la dirección calle 68B Nº 50-119 de la ciudad de Barranquilla. En ese documento aparece una firma ilegible de quien recibió y se identificó con la cédula 22.563.760 (fl. 52 del anexo).

d) Esa misma empresa expidió la constancia número 0026 de entrega de citaciones y avisos judiciales, en la que hizo constar que el 14 de febrero de 2004 fue entregado, en la dirección indicada, el sobre ordenado en la guía 1195 a una persona que se identificó como “Quiorgi”, quien manifestó que el destinatario reside o labora en la dirección indicada (fl. 53 del anexo).

e) Con fecha 3 de marzo de 2004 se elaboró la notificación por aviso para informar la existencia de un proceso ejecutivo en el que la señora Ruth María Peña de De Castro se encuentra demandada. Allí se expresó que la notificación se considerará cumplida “al finalizar el día siguiente al de la fecha de entrega de este aviso” (fls. 65 del anexo y 179 del cdno. ppal.).

f) En la Guía número 1406 del 8 de marzo de 2004, aparece que la empresa de mensajería J. Comunicaciones Ávila A. y Cia. Ltda. entregó a una persona que firmó de manera ilegible y plasmó un sello, un documento que contenía el aviso dirigido a la señora Ruth María Peña de De Castro. La dirección de entrega es la misma que fue registrada en anteriores oportunidades (fl. 172, cdno. ppal.).

g) Constancia número 00128 de entrega de citaciones y avisos judiciales, en la que hizo constar que el 10 de marzo de 2004 fue entregado, en la dirección indicada, el sobre ordenado en la guía 1406 a una persona que se identificó como “Quiorgi”. De igual manera, aparece marcada la casilla SI al indicar que “por manifestación de quien recibe, el destinatario reside o labora en la dirección indicada” (fl. 172, cdno. ppal.).

h) Con fecha 12 de mayo de 2004, la señora Ruth Peña de De Castro confirió poder a un abogado para que “en mi nombre y representación se notifique personalmente el auto de mandamiento de pago proferido dentro del proceso citado de la referencia, y, asuma la representación judicial de mis intereses dentro del mismo” (fl. 190, cdno. ppal.). El 23 de junio de 2004, su apoderado contestó la demanda y formuló excepciones (prescripción de la acción derivada del pagaré, caducidad de la acción derivada del pagaré, cobro indebido de intereses e inconsistencia entre las pretensiones de la demanda y el auto de mandamiento de pago” (fl. 192 a 196, cdno. ppal.). De igual manera, ese mismo apoderado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de ejecución (fls. 209 a 214, cdno. ppal.).

20. En cuanto a las diligencias adelantadas para notificar el mandamiento de pago librado en contra del señor Leslie Gallagher Barranco, en el expediente se encuentra lo siguiente:

a) Mediante oficio del 2 de febrero de 2004, el Secretario del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla citó al señor Leslie Gallagher Barranco para que comparezca al juzgado con el fin de notificarse en forma personal del mandamiento de pago que se libró en su contra, el 3 de octubre de 2003, en el proceso ejecutivo adelantado por el Banco Ganadero. La dirección indicada en el oficio es la calle 68B Nº 50-119 de la ciudad de Barranquilla (fls. 167 cdno. ppal. y 64 del anexo).

b) En la guía número 1196 de la empresa de mensajería J. Comunicaciones Ávila A. y Cia Ltda., el 19 de enero de 2004 se dirigió un sobre al señor Leslie Gallagher Barranco a la dirección calle 68B Nº 50-119 de la ciudad de Barranquilla. En ese documento aparece que el sobre fue recibido por una persona que firma en forma ilegible, pero se identifica como titular de la cédula 22.563.760 (fl. 165 cdno. ppal. y 62 del anexo).

c) Esa empresa de mensajería expidió la constancia número 0024 de entrega de citaciones y avisos judiciales, en la que hizo constar que el 14 de febrero de 2004 fue entregado, en la dirección indicada, el sobre ordenado en la guía 1196 a una persona que se identificó como “Quiorgi”. De igual manera, aparece marcada la casilla de SI hubo manifestación de quien recibe de que “el destinatario reside o labora en la dirección indicada” (fls. 166 del cdno. ppal. y 63 del anexo).

d) Con fecha 3 de marzo de 2004 se elaboró la notificación por aviso para informar la existencia de un proceso ejecutivo al señor Leslie Gallagher Barranco. Allí se expresó que la notificación se considerará cumplida “al finalizar el día siguiente al de la fecha de entrega de este aviso” (fl. 68 del anexo).

e) En la Guía número 1408 del 10 de marzo de 2004, aparece que la empresa de mensajería J. Comunicaciones Ávila A. y Cia. Ltda. entregó al señor Duber Picón un sobre que contenía el aviso dirigido al señor Leslie Gallagher Barranco, en la dirección Calle 68B Nº 50-119 (fl. 174, cdno. ppal.).

f) Constancia número 00129 de entrega de citaciones y avisos judiciales, en la que la empresa de mensajería hizo constar que el 10 de marzo de 2004 fue entregado, en la dirección indicada, el sobre ordenado en la guía 1408 a una persona que se identificó como Duber Picón. De igual manera, aparece marcada la casilla SI al indicar que “por manifestación de quien recibe, el destinatario reside o labora en la dirección indicada” (fls. 77 del anexo y 180 del cdno. ppal.

Como puede observarse, tanto la comunicación para efectos de la notificación personal como la dispuesta para informar la notificación por aviso, fueron enviadas a la dirección que reportó el demandante, la que a su vez, es la misma que fue informada por los señores Leslie Gallagher Barranco y Ruth María Peña de De Castro al suscribir el pagaré que respaldó la obligación adquirida con el Banco Ganadero. En consecuencia, en aplicación del principio de la buena fe, para el demandante y el juez de la causa era razonable suponer que el domicilio registrado por los demandados correspondía al lugar de habitación o de trabajo donde podían ser informados sobre la existencia de un proceso judicial en su contra. Lo anterior por cuanto no obra en el proceso prueba en el sentido de que los demandados tenían otro domicilio.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que el demandado hubiere reportado su dirección en forma equivocada o hubiere trasladado su domicilio con posterioridad al reporte, de tal manera que le era imposible enterarse de la existencia de un proceso judicial en su contra, de todas maneras, debía demostrar aquellos supuestos en la actuación procesal correspondiente, pues no basta afirmar que la dirección donde se entregaron las comunicaciones no correspondía a su lugar de habitación o de trabajo, sino que era indispensable probar que efectivamente no lo era. Pese a ello, en el proceso no sólo no se desvirtuó que el domicilio registrado por los demandados no correspondía a su lugar de habitación o del trabajo, sino que existen elementos de juicio que permiten inferir que las comunicaciones fueron debidamente entregadas, pues la dirección registrada sí existía y las personas que recibieron las comunicaciones no manifestaron desconocer a sus destinatarios.

Por todo lo expuesto, la Sala concluye que la notificación del mandamiento de pago efectuada en el proceso ejecutivo mixto adelantado por el Banco Ganadero contra los accionantes se adelantó en la forma señalada en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil y, por consiguiente, el auto de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla que negó la solicitud de nulidad formulada por indebida notificación del mandamiento ejecutivo, no violó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Ruth María Peña de De Castro y Leslie Gallagher Barranco. En consecuencia, la sentencia objeto de revisión será confirmada y, por lo tanto, la acción de tutela de la referencia debe negarse.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2005, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de la referencia y, en consecuencia, NEGAR la tutela al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los señores Ruth María Peña de De Castro y Leslie Frederick Gallaguer Barranco.

2. Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Dentro de las sentencias paradigmáticas en este tema, pueden verse las sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-1017 de 1999, T-751 de 2004, entre muchas otras.

(2) Pueden consultarse, las sentencias T-323 de 1995, T-449 de 1994, T-051 de 1994, T-208 de 1994.

(3) Entre muchas otras, véanse las sentencias SU-542 de 1999, SU-159 de 2002, T-751 de 2004 y T-449 de 2004.

(4) Sentencias T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-546 de 2002 y T-1143 de 2003, entre otras.

(5) Sentencias T-960 de 2003, T-639 de 2003 y SU-159 de 2002, entre muchas otras.

(6) Entre otras, las sentencias T-960 de 2003, T-932 de 2003, T-359 de 2003.

(7) Sentencias T-803 de 2004 y T-408 de 2002, entre otras.

(8) Al respecto, pueden verse las sentencias T-1031 de 2001 y T-774 de 2004.

(9) Sentencias T-607 de 2000 y T-698 de 2004.

(10) Sentencias T-441 de 2003, T-407 de 2001 y SU-014 de 2001.

(11) Sentencia T-453 de 2005.

(12) Sentencia T-522 de 2001.

(13) Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.

(14) Sentencia C-590 de 2005.

(15) Entre otras, pueden consultarse las sentencias C-1185 de 2004, C-641 de 2002, C-798 de 2003 y T-262 de 2003.

(16) Sentencia T-165 de 2001.

(17) Sentencias C-1114 de 2003 y C-798 de 2003, entre otras.

(18) Sentencia C-783 de 2004.

(19) Ibídem.

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