Sentencia T-496 de octubre 29 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

PROCEDENCIA DE LA TUTELA

EXTRACTOS: «En el caso concreto, los derechos adquiridos por la peticionaria no admiten cuestionamiento alguno, puesto que estos fueron reconocidos en sentencias emanadas de la jurisdicción laboral, mediante las cuales se ordenó el reintegro de la trabajadora a la Electrificadora del Atlántico y se dispuso la devolución de lo que le había sido entregado como cesantía definitiva al momento de su retiro.

El juez de tutela no puede cuestionar el contenido de estas sentencias judiciales. Pero si posteriormente una autoridad administrativa desconoce el contenido de una decisión judicial, ¿cuál es el camino a seguir para obtener el reconocimiento del derecho?

El cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer tiene un tratamiento diverso dependiendo de quien esté obligado a ello: el Estado o un particular.

Si es el Estado y se trata de una obligación de dar, ésta debe ser cumplida dentro de los 18 meses siguientes a la expedición del acto administrativo que reconoce el derecho y ordena el pago. Si se trata de una obligación de hacer o no hacer, la jurisprudencia se ha referido a que no se puede obligar al Estado a hacer o no hacer algo, de suerte que no existe otro medio judicial de defensa, por tratarse de actos de trámite, cuyo cumplimiento podría en principio ser ordenado a través de la tutela, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Por otra parte la Constitución Política consagra en el artículo 277, numeral 1º, la función del Procurador General de la Nación de vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales y los actos administrativos.

La doctrina como la jurisprudencia han considerado improcedente la ejecución por obligación de hacer contra la administración. Así Waline en su obra “Droit Administratif” recalca que la administración no puede ser condenada a hacer sino sólo a pagar; y en igual sentido se pronuncia De Laubadere cuando anota que “el juez no puede condenar a la administración a obligaciones de hacer. La sanción de la irregularidad de los actos materiales se resuelve entonces en condenación pecuniaria a perjuicios”(1). La razón de ser de ello es la autonomía discrecional del gobernante.

Por ejemplo, en Sentencia T-135/93(2) de la Corte Constitucional, se refirió la Corporación a que el acto de ejecución consistente en la inclusión de los peticionarios en la nómina de pensionados, no es susceptible de recurso contencioso. Así las cosas, es inadmisible que los jueces rechacen la acción de tutela de los peticionarios y los remitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que resuelvan allí su petición, porque después de toda la encrucijada y sufrimientos que han vivido para obtener la resolución, resulta que el acto de inclusión en la nómina es un acto de ejecución que no puede ser demandado por la vía sugerida.

Pero si el destinatario del cumplimiento de la obligación es un particular, el medio para hacer efectivo el derecho ya reconocido a través de un pronunciamiento judicial, es el proceso ejecutivo laboral consagrado en el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo, que consagra lo siguiente:

“ART. 100.—Procedimiento de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprenden obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial según el caso” (negrillas no originales).

El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 500 —modificado por el D. E. 2282 de 1989, art. 1º—, establece el trámite para exigir el cumplimiento de una obligación de hacer cuando el deudor se ha constituido en mora y el acreedor puede pedir a su elección: 1) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. 2) Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor y 3) Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato (art. 1610 del C.C.).

En conclusión, es en principio procedente la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales cuando una decisión de hacer o no hacer (no de dar) por parte del Estado, consignada en una providencia judicial o acto administrativo es desconocida por una autoridad pública, por ser éste un acto de trámite o ejecución que no tiene recursos judiciales alternativos en la jurisdicción contenciosa para su defensa.

Por esta vía se arriba a la siguiente conclusión: el juez de tutela puede ordenar lo que la jurisdicción contenciosa no puede por la vía ordinaria: que la administración haga o no haga algo.

Si se trata de un particular, por el contrario, no es procedente la tutela porque existe otro medio judicial de defensa tan efectivo como la acción de tutela, que permite incluso la práctica de medidas preventivas como el embargo y secuestro para garantizar el cumplimiento de la obligación».

(Sentencia T-496 de octubre 29 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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