Sentencia T-498 de noviembre 4 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA TERCERA DE REVISIÓN

TRANSFERENCIA DE FUTBOLISTAS

VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

EXTRACTOS: «La Corte estima necesario hacer algunas consideraciones sobre la transferencia de futbolistas —aficionados o profesionales— de un club deportivo a otro, ya que el abuso de este mecanismo puede vulnerar o amenazar los derechos fundamentales de la persona.

Relación entre el club deportivo y el jugador de fútbol.

5. La relación o vínculo entre los jugadores y los clubes deportivos es de naturaleza contractual y estatutaria. La inscripción como jugador de fútbol, aficionado o profesional, en un club afiliado a la Federación Colombiana de Fútbol —Colfútbol—, es una decisión autónoma del jugador y del respectivo club, que supone el acuerdo libre de voluntades entre las partes. Ello explica porqué para que sea válida la inscripción de un jugador menor de dieciséis (16) años a un club, se requiere del consentimiento escrito de su representante legal (régimen del jugador de fútbol, art. 11).

El acto de inscripción en un club es el medio a través del cual el practicante de este deporte entra a formar parte del fútbol asociado de Colombia, que dirige la Federación Colombiana de Fútbol, de conformidad con sus estatutos y reglamentos. Al acto de inscripción subyace, por otra parte, una relación contractual entre el jugador y el respectivo club. En el caso de los jugadores profesionales, su vinculación se realiza mediante un contrato de trabajo. En todo caso, tanto el jugador aficionado como el profesional, al momento de su inscripción se obligan a aceptar, entre otras condiciones, las estipuladas en los estatutos o reglamentos del orga-nismo deportivo del que entran a hacer parte.

La relación contractual y estatutaria entre jugador y club deportivo involucra intereses patrimoniales y extrapatrimoniales contrapuestos. Por un lado, los derechos deportivos sobre los jugadores inscritos en un club deportivo constituyen activos del patrimonio de la entidad. El jugador, por su parte, en virtud del contrato suscrito con el club y de los reglamentos, entra a hacer parte del mismo y recibe su respaldo, apoyo y promoción, con miras no sólo a beneficiarse económicamente sino a realizarse vocacional o profesionalmente. La relación sina-lagmática entre jugador y club supone el reconocimiento de potestades o prerrogativas para el club y la autorrestricción de los derechos y libertades de aquél, como contraprestación de su vínculo con el organismo deportivo, gracias al cual ingresa al fútbol asociado y puede practicar esta actividad en forma institucional.

6. Los conflictos que se presentan entre el jugador y el club, particularmente en torno a la transferencia o traspaso de los derechos deportivos, deben resolverse, en principio, según las normas contractuales, estatutarias y legales. No obstante, en ciertas circunstancias, el abuso de las facultades estatutarias por parte de los clubes deportivos no sólo puede lesionar los derechos económicos de los jugadores, sino igualmente afectar sus derechos constitucionales.

Los derechos patrimoniales de un club pueden entrar en conflicto con el ejercicio de los derechos del deportista, profesional o aficionado. La racionalidad económica que orienta las decisiones de los dueños de los “pases” o derechos deportivos de los jugadores, en no pocas oportunidades, se opone a su autorrealización personal y a la práctica libre del deporte. De cualquier forma, en la resolución de las controversias que se susciten en materia del traspaso de futbolistas, los reglamentos privados y las normas legales respectivas deben interpretarse de conformidad con la Constitución.

El ejercicio de las facultades contractuales y reglamentarias por parte del club dueño de los derechos deportivos del jugador debe hacerse dentro del marco constitucional y legal, sin olvidar que el jugador de fútbol como persona humana no es objeto sino sujeto del contrato. En materia de traspaso de los derechos deportivos del jugador de un club a otro, si bien la ley exige el consentimiento del jugador para efectuar el traspaso, en la práctica, la negativa de autorizar el traslado hacia otro club por de-sacuerdo económico, podría dar lugar a la permanencia forzosa del jugador en el club de origen. La disyuntiva de renunciar o desafiliarse del club en nada resuelve la situación del jugador, ya que si desea seguir formando parte del fútbol asociado y practicar institucionalmente el deporte, debe sujetarse al régimen de transferencias establecido en sus reglamentos.

A la Corte no le corresponde entrar a analizar la constitucionalidad de las disposiciones reglamentarias que rigen la práctica del fútbol en el país. No obstante, considera que las controversias surgidas en desarrollo de la relación entre el jugador y los clubes deportivos podrían ser constitucionalmente relevantes y dar lugar, atendidas las circunstancias concretas del caso, a la interposición de acciones de tutela ante el abuso de sus derechos por parte de los dueños de los derechos deportivos del jugador.

Transferencia de jugadores de fútbol y derechos constitucionales.

7. El sistema de transferencias de jugadores implica la negociación de derechos patrimoniales que los clubes poseen sobre la prestación exclusiva de la actividad deportiva de los futbolistas. El trabajo o desempeño del deportista se cotiza económicamente y tiene expresión en los derechos económicos de propiedad del club. Pese a que el mecanismo de las transferencias es conocido y sus efectos consentidos por el jugador que ingresa al fútbol asociado, su ejercicio no es constitucionalmente indiferente. En particular, los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de la esclavitud y la libertad de asociación, pueden verse afectados por el abuso de los derechos constitucionales y legales por el club.

Derecho al trabajo

7.1. La afectación de los derechos laborales sólo se predica de la relación entre el jugador de fútbol profesional, que recibe una remuneración a cambio de la práctica del deporte, y el club, y no incluye a los jugadores aficionados, cuya vinculación, en principio, no es de naturaleza laboral. La ley establece que los convenios entre organismos deportivos sobre transferencia de jugadores no hacen parte del contrato de trabajo y que la libertad de trabajo del jugador no podrá ser coartada por este concepto (D.L. 2845 de 1984, art. 21).

La prohibición de afectar la libertad de trabajo de fubtolista profesional mediante su transferencia hacia otro club, no debe interpretarse en sentido débil. No basta que los reglamentos del fútbol asociado exijan el consentimiento del jugador para llevar a cabo la transferencia. La libertad de trabajo también puede verse afectada por la negativa de una institución deportiva de permitir el traspado del jugador hacia otra institución que le ofrece mayores oportunidades. Las diferencias económicas entre los propietarios de los “pases” no pueden colocar al jugador ante la alternativa de permanecer inactivo en un organismo deportivo en el que ya no desea laborar, o de retirarse definitivamente del fútbol profesional.

Ahora bien, se podría aducir que la negativa de transferir al jugador hacia otro club no vulnera el derecho al trabajo, ya que no le está impidiendo “trabajar”. Esta argumentación presupone que el derecho fundamental consagrado en el artículo 25 de la Constitución sólo protege el derecho a un trabajo in genere y no a un trabajo específico, en esta ocasión, la práctica profesional del fútbol. No obstante, una interpretación sistemática de las normas constitucionales que reconocen y garantizan el trabajo (C.P., arts. 1º, 25, 26 y 53), permite concluir que la Carta Política también ampara la estabilidad en un empleo o en una actividad profesional determinada, en particular si de su ejercicio in concreto depende la autodeterminación, la realización individual y la dignidad de la persona. Es importante recalcar que el artículo 25 de la Constitución reconoce el derecho que toda persona tiene a un trabajo “en condiciones dignas y justas”. No es justo ni digno con el futbolista que el organismo deportivo empleador condicione, por razones exclusivamente económicas, su desarrollo profesional o su permanencia en la organización del fútbol asociado. El ejercicio del trabajo de quien ha escogido el oficio de futbolista no puede válidamente hacerse depender del reconocimiento y pago de deudas dinerarias, para cuyo cobro existen mecanismos legales alternativos.

Libertad de escoger profesión u oficio.

7.2. El fútbol como actividad económica es libre. La ley permite que los clubes propietarios de los derechos deportivos de los jugadores celebren convenios sobre el traspaso de futbolistas, entreguen en préstamo sus servicios a otro equipo o retengan contractualmente a un jugador en sus filas. Estas facultades se derivan de la libertad de empresa y de contratación garantizadas constitucionalmente. Su ejercicio, no obstante, debe hacerse dentro de los límites del bien común (C.P., art. 333) y de conformidad con el deber que la Constitución impone de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (C.P., art. 95-1).

La libertad de escoger profesión u oficio (C.P., art. 26) es un derecho fundamental reconocido a toda persona. Este involucra tanto la capacidad de optar por una ocupación como de practicarla sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la ley. La peculiaridad de las normas de carácter privado que regulan la forma de contratación, de ingreso y desvinculación de los futbolistas, consiste en colocar a la entidad titular de los derechos deportivos del jugador en una posición de dominio sobre su futuro profesional.

Este condicionamiento o dependencia económica del futbolista respecto del club dueño de sus derechos deportivos es proclive a la vulneración del derecho a escoger y practicar libremente una profesión u oficio. Las decisiones de los organismos deportivos —clubes, ligas, federaciones— que colocan al jugador ante la opción de aceptar determinados convenios, o de renunciar a un ofrecimiento de otra entidad deportiva, desconocen el derecho a la libre escogencia de oficio del deportista, debido a la imposibilidad que enfrentan los restantes clubes afiliados a la organización del fútbol asociado de contratar a jugadores respecto de los cuales no exista un acuerdo económico previo. Este caso no se asimila a la restricción en el desempeño de una profesión u oficio por falta de los requisitos que la ley impone para ejercerla. El fútbol es un oficio que por no exigir formación académica, ni implicar riesgo social, es de libre ejercicio (C.P., art. 26).

Ante desacuerdos irreconciliables sobre el valor de los derechos deportivos, representa un abuso de los derechos patrimoniales del club, el hecho de anular o impedir definitivamente el ejercicio de la libertad de oficio del jugador, hasta tanto no se obtenga la suma de dinero demandada. El ejercicio libre de un oficio no puede ser coartado de manera injustificada mediante mecanismos destinados a asegurar el cobro de acreencias.

Prohibición de la esclavitud.

7.3 El artículo 17 de la Constitución garantiza la libertad física de la persona humana mediante la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. La dignidad de la persona humana no permite que ésta sea reducida a la condición de cosa u objeto, carente de autonomía, lo que sucede cuando por actos particulares se dispone de la libertad o del cuerpo de un ser humano.

Se ha firmado en el pasado que admitir normas como las que condicionan el cambio de un club deportivo a otro a la autorización del club de origen, “equivaldría a establecer una verdadera carta de esclavitud, contraria a la dignidad y a la libertad humanas”(2). En efecto, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, carece de respaldo constitucional la norma que exige a un trabajador —deportista profesional— el consentimiento del anterior empleador para vincularse laboralmente luego de terminado el contrato de trabajo.

En principio, los reglamentos deportivos no otorgan al club, que vincula a un jugador, derecho alguno sobre su cuerpo o libertad. El jugador, en su condición de persona humana, no puede ser el objeto material de los convenios entre clubes sobre transferencia de los derechos deportivos. En ellos se estiman las capacidades físicas y calidades deportivas del jugador, a fin de precisar el valor económico asociado a la exclusividad que se pueda tener sobre su actividad deportiva.

La prohibición que recae sobre el deportista de contratar con otro club sin antes haberse perfeccionado un convenio económico entre los entes involucrados, adopta la forma aparente de una autolimitación de la libertad contractual en virtud de las normas particulares que regulan la práctica institucional del fútbol. Bajo esta óptica, se trataría simplemente de la exclusividad a la que se obliga el jugador por el hecho de ingresar al fútbol asociado y hacer parte de un organismo deportivo que se rige por un determinado estatuto o reglamento.

Esta tesis tiene fundamento en las disposiciones que rigen la práctica del fútbol asociado. El Estado reconoce a los organismos deportivos, en consonancia con las normas internacionales del deporte —carta olímpica, reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA—, la capacidad de dictar normas que regulen la organización y la práctica institucional del deporte (D.L. 2245 de 1984, arts. 7º, 11 y 14). La promoción del deporte como objetivo que trasciende las diferencias por motivos políticos, raciales o religiosos, ha llevado a la aceptación de organismos privados internacionales, de los cuales hacen parte las asociaciones de los diferentes países.

Las regulaciones dictadas por las federaciones privadas, nacionales o internacionales, así se les reconozca en el medio deportivo un cierto poder regulativo, no pueden desconocer normas constitucionales. Las normas reglamentarias que expidan los organismos deportivos pueden tener validez en la esfera privada. No obstante, en su aplicación no deben desconocerse las normas de rango constitucional o legal.

Esto puede suceder precisamente a raíz de la negativa del club propietario de los derechos deportivos de un jugador de autorizar su traspaso a otro club. El abuso en el ejercicio de los derechos patrimoniales que involucran aspectos de la personalidad del jugador —sus capacidades y calidades—, limita inconstitucionalmente la libertad personal y vulnera la prohibición del artículo 17 de la Constitución. La permanencia forzada en un club por aspectos exclusivamente económicos sacrifica el valor de la libertad en general —así como sus manifestaciones concretas a través de las libertades de contratación, de asociación, de escogencia de profesión u oficio—, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quien tiene por vocación la práctica de un deporte de la que depende su realización como persona.

Procedencia de la acción de tutela: relación de indefensión con organizaciones privadas.

8. La acción de tutela procede contra acciones u omisiones de organizaciones privadas respecto de las cuales el solicitante se encuentra en una relación de subordinación o de indefensión (D. 2591/91, art. 42-4).

Los clubes de fútbol son organizaciones particulares respecto de las cuales el jugador se halla en relación de indefensión, entendida ésta como la ausencia de medios jurídicos o materiales de defensa ante sus acciones u omisiones. Esta afirmación tiene sustento en las propias normas del fútbol asociado que prohíben al jugador actuar en competiciones mientras sus derechos deportivos se encuentren en litigio (régimen del jugador de fútbol, art. 22). El ejercicio de las acciones legales, en contra de las decisiones del club, no es un medio de defensa judicial idóneo para proteger inmediatamente los derechos constitucionales fundamentales afectados por la acción u omisión del ente deportivo.

En síntesis, el régimen de transferencias adoptado por la organización del fútbol colombiano, en principio, tiene validez contractual en la esfera de las relaciones particulares, salvo que con su aplicación se vulneren normas constitucionales. Las decisiones de los clubes de fútbol, que supeditan a razones exclusivamente económicas, el libre desarrollo de la corta vida deportiva del jugador, su libre escogencia de profesión u oficio, su libertad de trabajo, de contratación y de asociación y, en general, su libertad personal, pueden ser impugnadas mediante el ejercicio de la acción de tutela, si denotan abuso o explotación injustificada de una posición privada de supremacía».

(Sentencia T-498 de noviembre 4 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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