Sentencia T-005 de enero 21 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

DESAFILIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SINDICATO

NO INTERVIENE EL EMPLEADOR

EXTRACTOS: «2.1. En esencia, SintravidricoI promovió la acción de tutela contra Conalvidrios S.A., al acusarla de que la empresa está propiciando desde algún tiempo atrás, una serie de actos antisindicales que “se hacen consistir en que varios trabajadores, por presión de la empresa, están renunciando de su afiliación al sindicato ante la dirección de recursos humanos de Conalvidrios y no ante la instancia que legalmente debe recibir tal decisión que es la junta directiva sindical, de conformidad con los artículos 6º y 58 de sus estatutos”.

Para el sindicato la empresa no tiene por qué intervenir en la desafiliación de los trabajadores, pues en la decisión es totalmente ajena la participación de aquélla, ya que, según el artículo 58 de sus estatutos, “el afiliado que quiera retirarse del sindicato deberá dar aviso por escrito a la junta directiva y ésta ordenará la devolución de las cuotas ordinarias que haya de pagar dentro de los noventa días siguientes al recibo del aviso...”.

Particularmente el sindicato señala al jefe de la dirección de recursos humanos de Conalvidrios S.A. como la persona más comprometida con las actividades antisindicales de que se acusa a la empresa, actividades que se han traducido, no sólo en la “invitación” a los trabajadores para que se desafilien, al punto que se les prepara y tramita la nota de renuncia, que se remite tardíamente por la dirección de recursos humanos a las directivas del sindicato, sino, en el tratamiento especial que la empresa otorga a quienes se desafilian cuando tramitan el reconocimiento de algunos derechos legales y prestacionales.

2.2. Podría pensarse que, en razón de los objetivos inmediatos que se persiguen con esta tutela, el sindicato está obrando al margen de sus propias facultades, limitadas, en los términos del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, a “representar en juicio o ante cualesquiera autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y representar esos mismos intereses ante los patronos y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse con arreglo directo, procurando la conciliación”.

Desde luego que una valoración de las atribuciones del sindicato en esos términos desconoce los alcances reales de las prerrogativas del sindicato, porque tiene en cuenta exclusivamente sus responsabilidades externas, frente a sus afiliados, pero desconoce sus derechos que se originan en su personalidad, es decir, en su condición de sujeto de derecho. Se advierte en este caso, que la esencia de los hechos que fundamentan la reclamación se encuentra en los actos antisindicales de la empresa demandada, que según el actor, se ha empañado en una campaña para desprestigiarlo y conseguir la desafiliación de los trabajadores. Ello no deslegitima el interés del sindicato en la acción de tutela, porque tan válido es defender los intereses de sus agremiados como proteger su propia existencia. No parece exagerado señalar que el primer deber y, por supuesto, el primer derecho de la persona, natural o jurídica, es el de protegerse a sí misma y esa atribución, es tan obvia y necesaria, que ni siquiera requiere de una regulación expresa, porque está subentendida en la propia esencia de la noción de personalidad.

2.3. Además, la Corte ha considerado que tanto los trabajadores como los sindicatos, se hallan en condiciones de subordinación frente a la empresa; incluso en algunos casos estos últimos pueden encontrarse en condiciones de indefensión, lo cual, legítima a dichas organizaciones para instaurar acciones de tutela. Así lo señaló en la sentencia SU-342/95(1), en la que se dijo:

(1) Sentencia SU-342 de agosto 2/95, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

“Es indudable que los peticionarios se encuentran, dada su condición de ha trabajadores de la empresa, en un estado de subordinación. Con respecto al sindicato, puede decirse que la subordinación es indirecta, porque sus miembros son igualmente trabajadores de la empresa. Pero además, en el caso concreto, el sindicato se encuentra en un estado de indefensión, dado que no dispone de medios físicos ni jurídicos idóneos y eficaces, distintos de la acción de tutela para contrarrestar la alegada violación de los derechos fundamentales a la igualdad, a la asociación sindical y a la negociación colectiva”.

2.3. El Consejo Seccional de la Judicatura, en su fallo del 1º de marzo de 1996, desatendió las pretensiones del sindicato por considerar que no se había allegado al plenario la prueba de los hechos denunciados como constitutivos de la conducta antisindical de que se acusó a la empresa en la demanda.

A su vez el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional— confirmó la decisión del a quo, e hizo suyas las consideraciones de éste en el sentido de que carecían de demostración los hechos constitutivos de las presuntas violaciones constitucionales, pero agregó, como consideración adicional, que a su juicio la preparación y trámite por la empresa de las solicitudes de desafiliación, no tenían el alcance de una conducta reprochable para quebrantar las normas constitucionales sobre libre asociación y el derecho a constituir sindicatos y asociaciones (arts. 38 y 39) y, por el contrario, el hecho de que la empresa “reciba la información del trabajador y la remita al sindicato, no es ni siquiera ilegal en la medida en que la ley autoriza al empleador para recibirla y a la vez facilita que el sindicato pueda reclamar ante una información falsa del trabajador”. Apoya este último argumento en el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2351 de 1965, que consagra la obligación de los patronos de retener en favor de los sindicatos una cuota del salario de los trabajadores. Sin embargo, de acuerdo al numeral 2º de dicha disposición, “cesará la retención de cuotas sindicales a un trabajador a partir del momento en que aquel o el sindicato, comunique por escrito al patrono el hecho de la renuncia o expulsión, quedando a salvo el derecho del sindicato en caso de información falsa del trabajador”.

Es evidente para la Corte que la interpretación de la norma referida por el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Disciplinaria— no es la adecuada porque se confunde la actividad de “comunicar”, con la de “intervenir”. Comunicar, en sentido lato, es tanto como informar, dar aviso, y es dentro de este alcance que la ley le impone al trabajador o al sindicato la obligación de informar al patrono el hecho del retiro a fin de evitar que éste continúe reteniendo las cuotas sindicales, porque ello equivaldría una deducción no autorizada legalmente.

En sentido similar trata la situación del patrono el artículo 58 de los estatutos del sindicato, cuando dispone que “el afiliado que quiera retirarse del sindicato, deberá dar aviso por escrito a la junta directiva y ésta ordenará la devolución de las cuotas ordinarias que haya de pagar...”.

Como puede notarse de los textos transcritos, ninguna injerencia, pero ni siquiera la más remota, tiene la empresa o el patrono en el proceso de desafiliación de un trabajador de su sindicato, de manera que cualquier intervención de aquél en el desarrollo de tal determinación, así sea a título de simple colaboración como se ha dicho por la parte demandada, interfiere indebidamente en los asuntos propios del sindicato y en la decisión del trabajador y atenta contra la libertad y la autonomía sindical y, por consiguiente, afecta el derecho fundamental de asociación sindical, en el sentido de que autorizar al patrono para intervenir en dicho proceso significaría de algún modo que éste pudiera excitar o estimular la desafiliación al sindicato, poniendo en peligro la subsistencia de éste.

La Corte no comparte, por lo demás, el criterio de los juzgadores de instancia en el sentido de que en el proceso no se acopiaron las evidencias para establecer las presiones de la empresa sobre los trabajadores a fin de lograr su desafiliación del sindicato.

Es obvio que no se evaluaron en su exacto sentido las afirmaciones del propio director de recursos humanos en su declaración ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, cuando admite que en su oficina se preparaban y remitían las cartas de retiro del sindicato a solicitud de algunos trabajadores.

Esa conducta, considerada por el declarante como la expresión intranscendente de un acto de colaboración, no está autorizada formalmente por la ley ni los reglamentos del sindicato y, como se ha visto, entraña, por el contrario, un acto de intromisión en la actividad sindical intencionalmente dirigido a intervenir en las decisiones de los trabajadores frente a su sindicato en algo tan personal como es la de permanecer vinculado o desafiliarse de éste.

En resumen, la conducta de Conalvidrios S.A. en el caso de autos no es un proceder, como se ha querido hacer ver, inofensivo, de alcance neutro, porque sus resultados al contrario consagran una forma de amenaza contra los derechos a la libre asociación y la existencia del sindicato en la medida en que aquélla interfiere en las relaciones autónomas entre éste y sus afiliados e incita calculadamente a que estos últimos abandonen la agremiación, lo cual evidencia el quebrantamiento constitucional y justifica la demanda de protección reclamada a la justicia por Sintravidricol, mediante la acción de tutela que ha dado origen al presente proceso.

Si bien resulta necesario revocar las decisiones de instancia a la luz de las reflexiones precedentes y conceder la tutela impetrada, no es posible empero disponer, como se pretende por el sindicato, que las desafiliaciones tramitadas con mediación de la empresa se dejen sin efecto, porque no se estableció claramente el hecho de que hubieran sido logradas contra la voluntad de los interesados y, además, se trata de hechos consumados en relación con los cuales no es viable la tutela. Se aclara por consiguiente, que la tutela se concede ante la violación del derecho fundamental de asociación, motivada por la injerencia de la empresa en el proceso de desafiliación de los miembros de la organización sindical y ante el riesgo de que pueda persistir dicha injerencia.

IV. Decisión

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en este proceso por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca con fecha 1º de marzo de 1996 y por el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria— el 11 de abril de 1996. En consecuencia, conceder la tutela del derecho de asociación sindical.

2. ORDENAR a la Compañía Nacional de Vidrios S.A., Conalvidrios S.A. que en lo sucesivo se abstenga de realizar actos dirigidos a la preparación o trámite de las renuncias o conducta alguna que tenga por objeto la desafiliación de los trabajadores al sindicato de la empresa.

3. ORDENAR que por la secretaría general se libren las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2521 de 1991 para los fines allí señalados.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia T-005 de enero 21 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Con el acostumbrado respeto y la consideración habitual por las providencias de esta corporación, dejó constancia de que me aparto de la decisión adoptada en el asunto de la referencia.

Los argumentos que me llevan a disentir de la opinión mayoritaria, están consignados en la parte motiva del proyecto de sentencia que elabore en mi calidad de ponente, la cual transcribo a continuación, como salvamento de voto.

(...).

“2. Interpretación del numeral 5º del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo. Determinación de la parte actora.

En el capítulo de la demanda sobre los derechos fundamentales violados, se afirma que la conducta de la empresa demandada “viola flagrantemente varios de los derechos constitucionales fundamentales que tienen los trabajadores afiliados a “Sintravidricol” y que también son inherentes a la propia organización gremial mencionada”. Esos derechos —dice la demanda— son el de asociación sindical, los principios mínimos laborales y la dignidad humana de los trabajadores.

Más adelante, al concretarse las pretensiones, éstas se formulan “para proteger los derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores afiliados al sindicato de trabajadores de la industria del vidrio y afines de Colombia “Sintravidricol”, seccional Soacha, así como los de la propia organización sindical”.

Como se ve, los directivos del sindicato que suscribieron la demanda, además de representar los intereses de la propia organización sindical, obraron también para proteger los derechos de los trabajadores afiliados.

La cuestión, entonces, es saber si los señores Álvaro Medina Daza, Jesús Alberto López Salcedo y Lucas Rojas Reyna, firmantes de la demanda y miembros de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia “Sintravidricol”, seccional Soacha, podían válidamente proceder como lo hicieron.

Pues bien, en relación con la representación de los sindicalizados, debe recordarse que el numeral 5º del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo asigna a los sindicatos, como función principal, la siguiente:

“Representar en juicio o ante cualesquiera autoridades u organismos los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y representar esos mismos intereses ante los patronos y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación”. (negrillas por fuera de texto).

Esta norma significa que los sindicatos están facultados para representar judicialmente a los agremiados, sólo cuando se trata de la defensa de intereses económicos comunes o generales, esto es, los referentes a obligaciones patronales pecuniarias o que recaen sobre bienes o servicios susceptibles de estimación en dinero. Por el contrario, cuando los intereses no son comunes o no tienen contenido económico, no pueden representarse judicialmente por la institución sindical.

En el presente caso, el meollo de la reclamación están en la supuesta violación del derecho de asociación sindical, en razón al trámite que la empresa da a las renuncias de los empleados al sindicato. Para la Corte es claro que esta reivindicación, no obstante envolver un interés común, no es de naturaleza económica, por no gravitar sobre dinero, bienes o servicios susceptibles de expresión crematística.

Así, pues, como la demanda que nos ocupa, a la luz del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, no es de contenido económico, en ella no cabe la representación sindical de los agremiados por ministerio de la ley laboral, motivo por el cual la Corte está impedida para tenerlos como sujetos procesales autónomos de esta tutela.

La representación de los trabajadores tampoco tiene sustento en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pues esta norma, como se verá a continuación, permite a los interesados impetrar acciones de tutela por sí mismos, a través de apoderado o mediante agencia oficiosa y, en este último caso, siempre y cuando el actor “no esté en condiciones de promover su propia defensa”. La disposición dice:

“Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.

“También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestar en la solicitud”.

En síntesis, al no tener el sindicato, para los efectos de un negocio como el presente, la representación legal de los afiliados, y careciendo de la calidad de agente oficioso de los mismos, conforme al Decreto 2591 de 1991, es imposible tener al conjunto de los sindicalizados como sujeto procesal de esta acción de tutela.

d) Improcedencia de la tutela.

“El numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece lo siguiente:

“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuando a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

La norma anterior, que consagra el llamado carácter subsidiario de la tutela, significa que mientras el demandante disponga de recursos u otros medios de defensa judicial, a éstos debe acudir pues, como mecanismos ordinarios que son, prevalecen sobre la acción de tutela, sin perjuicio de los casos en que el amparo deba concederse transitoriamente, a fin de prevenir perjuicios irremediables de derechos fundamentales, y de los eventos en que los procedimientos judiciales, atendidas las circunstancias en que se encuentra el actor, sean ineficaces para hacer efectivos sus correspondientes derechos.

Pues bien, al aplicar estos conceptos a la presente tutela, por fuerza se debe concluir en que el sindicato demandante, en acatamiento del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, que dice que la jurisdicción del trabajo también está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen indirectamente del contrato de trabajo, ha debido presentar sus reclamaciones ante dicha jurisdicción. ¿Por qué? Porque fuera de la innegable existencia de otro medio idóneo de defensa judicial, como es el que está a cargo de la jurisdicción del trabajo, la necesidad de precaver un perjuicio irremediable mediante tutela transitoria no se percibe, habida cuenta de que el derecho a la asociación sindical no se vulnera por su ejercicio, esto es, por el libre y espontáneo retiro de los sindicalizados.

Obsérvese que en el expediente no solamente no obra prueba alguna que indique que las desvinculaciones se produjeron gracias a presiones indebidas de la empresa, sino que, de conformidad con los testimonios de varios obreros de la misma, recibidos en la audiencia del 6 de diciembre del presente año, todos los declarantes manifestaron que sus renuncias al sindicato fueron libres, sin intervención alguna del patrono o de terceros. Y, adicionalmente, con arreglo a la certificación del 27 de octubre de 1996, expedida por la parte actora, la existencia de la seccional Soacha está lejos de comprometerse, pues, para el día de presentación de la demanda y en sus propias palabras, “se encontraban afiliados a nuestra organización sindical el número de cuatrocientos treinta y siete (437) trabajadores de la Compañía Nacional de Vidrios “Conalvidrios S.A.””.

Finalmente, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2351 de 1965, vale la pena observar que las renuncias de los trabajadores pueden ser tramitadas a través del patrono. En efecto, dicha norma establece:

“Retención de cuotas sindicales.

“(...) 2. Cesará la retención de cuotas sindicales a un trabajador a partir del momento en que aquél, o el sindicado, comunique por escrito al patrono el hecho de la renuncia o expulsión, quedando a salvo el derecho del sindicato en caso de información falsa del trabajador”.

Así, pues, siendo lícito el formular las renuncias al sindicato a través de comunicaciones escritas inicialmente dirigidas al empleador, la tutela propuesta tampoco puede prosperar, puesto que la recepción por parte de la demandada de tales escritos es conducta avalada por la ley y, en consecuencia, no es susceptible de ser anulada por vía de tutela, todo de conformidad con el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991, cuyo texto es el siguiente: “Conductas legítimas. No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular”.

En conclusión, por no ser procedente la acción de tutela, habrá de confirmarse la sentencia revisada por los motivos que sustentan el presente fallo, dejando a los interesados en libertad de acudir a la jurisdicción del trabajo”.

Jorge Arango Mejía. 

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