Sentencia T-50 de febrero 15 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

VERACIDAD DE AFIRMACIÓN INDEFINIDAS

EXTRACTOS: «Las actoras solicitaron al diario El Tiempo, rectificación respecto del artículo publicado el 14 de junio de 1992 bajo el título de “La increíble y triste historia de El Carmen”, pues a través de éste, a su juicio, se vulneran derechos fundamentales suyos y señalan que “Calificar como colaboración con la subversión la demanda de justicia y el ejercicio de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por parte de los organismos no gubernamentales ante las instituciones encargadas de su administración, como lo manifiesta expresamente el artículo en cuestión, es desconocer la vigencia de los instrumentos legales adoptados por el Estado colombiano”.

El derecho de rectificación de informaciones está garantizado a toda persona en el artículo 20 de la Constitución Nacional en los siguientes términos:

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Los medios de comunicación tienen pues libertad para expresar y comunicar en forma veraz la información sin que les sea permitido empañar ante la sociedad la imagen de las personas, sean ellas naturales o jurídicas.

El informe de ponencia en la Asamblea Nacional Constituyente presentado por el Dr. Diego Uribe Vargas expresa:

“Toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación. Tal precepto se complementa con la afirmación de que los medios son libres con responsabilidad social, en el caso que atenten contra la honra de las personas y la paz pública. El consagra el derecho de rectificación, en condiciones de igualdad y constituye desarrollo lógico del derecho a la honra y consecuencia de la responsabilidad de quien tiene la función social de informar de manera veraz”.

El diario El Tiempo niega la rectificación y asevera que las informaciones que se publicaron son ciertas y veraces y recopiladas por un grupo de sus investigadores quienes con base en la protección que les otorga la Constitución se permiten divulgar información bajo su responsabilidad social.

El artículo 73 de la Carta que complementa el antecitado artículo 20 reza:

“La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Así, los medios de comunicación gozan de racional y responsable libertad cuando hacen uso del derecho de la información debido al compromiso social que adquieren de tener enterada a la opinión pública de todos los hechos que se producen en el diario acontecer de la vida nacional e internacional, pero la información que divulguen debe corresponder a la verdad de los hechos, pues de lo contrario se desvirtúa el genuino sentido de la función que dichos medios cumplen y bien por el contrario se convertirían en amenaza de daño contra las personas, o más concretamente, de sus derechos constitucionales fundamentales.

Sobre el particular esta Corporación en sentencia Nº 603, con ponencia del Magistrado también ahora ponente expresó lo siguiente:

“Los medios periodísticos tienen una cobertura amplia de difusión y los hechos descritos en ellos, que se dan a conocer de la opinión pública, además de estar precedidos de la buena fe, propia de un medio de comunicación, deben estar sometidos a los principios de veracidad y al de equidad. Porque la misma Constitución señala que la prensa como fuente de información tiene la obligación de reseñar los actos informativos sin alterar la verdad de los acontecimientos e igualmente que la noticia no se considere como causa de beneficio para unos, en detrimento de los demás”.

La libertad de prensa en Colombia como se ha dicho, no es absoluta porque ella apareja responsabilidad social. La información y la noticia deben ser veraces e imparciales, es decir, guardar conformidad con los hechos o acontecimientos relatados y por ello la prensa debe ser garantía de que a través de la información que ofrece a la colectividad no se vayan a violentar los derechos fundamentales de la honra, del buen nombre y la intimidad de las personas. De ahí que cuando ello suceda habrá por parte del afectado la oportunidad para solicitar la rectificación de la información inexacta o falsa en condiciones tales que llegue a producir los mismos efectos de la noticia que produjo el daño. Pero en este caso el presunto damnificado con la información debe aportar las pruebas de que las publicaciones realizadas no son veraces, no son exactas y por lo tanto distorsionan la realidad de los hechos.

El principio de oro de derecho procesal de la carga de la prueba, contemplado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil conserva toda su vigencia, es decir, que corresponde a quien pretenda desvirtuar una afirmación y amparar su derecho en una norma que lo subsuma (derecho a la rectificación en el evento sub exámine), presentar las probanzas que enerven tal aseveración.

En el evento sublite la publicación periodística de 14 de junio de 1992, única aportada al proceso, comenta en relación con el relato que hace de la situación de orden público en la población del Carmen de Chucurí, que hay quienes sostienen que las entidades demandantes son simpatizantes de la guerrilla, que sólo tramitan denuncias contra organismos estatales y que es un hecho notorio que nunca reclaman contra actuaciones de violación de derechos humanos por parte de los grupos subversivos.

Observa esta Sala al respecto que tomando en su conjunto el contexto del artículo en cuestión, se encuentra que allí se hacen afirmaciones de carácter indefinido que colocan a las asociaciones actoras en imposibilidad de desvirtuarlas y por ello éstas quedan relevadas de la carga de la prueba (art. 177 citado, inc. 2º). De ahí que, teniendo en cuenta que el diario El Tiempo ha manifestado, al responder la solicitud de rectificación formulada por tales asociaciones, que no procede a ello porque las aseveraciones aludidas “no son erróneas ni inexactas” y que las mismas fueron el producto del trabajo realizado por su unidad investigativa, esta Corporación conminará a dicho periódico a que suministre las probanzas del caso y con ello se garantiza la veracidad de su proceder. Sólo en el supuesto de no efectuar la demostración correspondiente, habrá de proceder a la condigna rectificación.

Cuestión distinta a la anterior es hallarse ante asertos que se funden en hechos concretos, pues así es dable allegar por el afectado con la publicación las pruebas que demuestren la inexactitud o falsedad de los mismos. Frente a una desvirtuación en este sentido, si el medio de comunicación no se allanare a efectuar la rectificación correspondiente, el juez entonces sí habrá de ordenárselo compulsivamente (véase caso C. Const.: Felipe López C. vs. Cromos S.A.). En esta hipótesis, que es la general, no es el medio informativo, responsable de la información, a quien le corresponde probar que está diciendo la verdad pues de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Nacional se parte de la base de que ésta es imparcial y de buena fe, y por ello a términos del artículo 73 la actividad periodística goza de una protección especial para poderse ejercer libre e independientemente.

Por último ha de decirse que la acumulación solicitada por la comisión intercongregacional de justicia y paz y el sacerdote Javier Giraldo Moreno el 29 de octubre de 1992, mediante apoderada, del caso T-5472 al presente proceso, no es procedente porque aquél no fue seleccionado para revisión por esta Corporación por auto de 16 de octubre de 1992.

Son suficientes las razones anteriores para revocar las sentencias de tutela y disponer de conformidad con la parte motiva.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá de 9 de septiembre de 1992 y del Juzgado 18 Civil del Circuito de la misma ciudad.

2. Se ordena al diario El Tiempo que suministre al Juzgado 18 Civil del Circuito las probanzas que sustenten las afirmaciones a que se refiere la parte motiva de esta providencia respecto de las asociaciones demandantes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación al mismo de ella. Dicho despacho judicial apreciará la suficiencia del acervo probatorio aportado. De lo contrario habrá de efectuar las rectificaciones correspondientes en relación con dichas asociaciones y con el mismo despliegue de la publicación original.

3. Comuníquese la presente decisión al Juez 18 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. El primero se encargará de notificarla a las partes.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase”.

(Sentencia T-50 de febrero 15 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez).

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