Sentencia T-501 de noviembre 4 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

DERECHOS DE LOS RECLUSOS

RESTRICCIONES

EXTRACTOS: «Sería un contrasentido condicionar la protección de la dignidad humana, porque equivaldría a condicionar el fundamento mismo del Estado social de derecho (art. 1º, C.P.). Olvida el ad quem que hay consenso en torno a que los derechos fundamentales son incondicionales. Así lo establecen las declaraciones universales de derechos humanos. Nunca puede condicionarse el fin de la persona humana, porque ésta es inviolable en su personalidad. Aclara la Sala que el hecho de que se afirme la inviolabilidad de los derechos fundamentales, no significa que se desconozca un hecho evidente: su limitación. Pero la circunstancia de limitar no equivale a vulnerar, porque la primera tan sólo determina el límite de los efectos, al paso que la segunda implica lesionar el núcleo esencial del derecho fundamental. Luego la dignidad del ser humano es limitada e inviolable, así como limitado e inviolable es el hombre.

2.2. El derecho a la dignidad no se vulneró en el caso concreto.

Las restricciones e incomodidades que sufren los reclusos de la cárcel de Santa Rosa de Cabal, como las que padecen, en general, casi todos los reclusos del país, obedecen al estado la necesidad económica que padece la Nación, y no a la intención deliberada del director de ese establecimiento carcelario.

En efecto, las circunstancias en que vive la mayor parte de la población carcelaria de Colombia, las restricciones e incomodidades que sufren los reclusos, obedecen primordialmente a razones de índole material: a la falta de recursos suficientes del Estado para dotar a todos los establecimientos penitenciarios del país de una infraestructura adecuada que permita tanto a los internos como a quienes a cualquier otro título permanezcan allí, convivir en circunstancias acordes con la dignidad de la persona humana. La situación material de los centros carcelarios colombianos —como sucede por lo demás en la generalidad de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo— no es distinta a la que, por otra parte, tienen que afrontar otros establecimientos públicos como los centros educativos, los hospitales y demás centros asistenciales, las dependencias judiciales y, en general, las dependencias oficiales.

Empero, la acción de tutela no ha sido consagrada como un medio para lograr la realización de obras materiales que impliquen cuantiosas erogaciones del erario público tendientes, como se pretende en el caso que ocupa la atención de la Sala, a que los reclusos —o, en su caso, los estudiantes, o los pacientes, o los empleados judiciales, o los funcionarios de la administración, o comunidades de personas— dispongan de todas las comodidades materiales propias de un país económicamente desarrollado. Cosa distinta es que, en circunstancias excepcionales, la situación concreta en que se encuentre una persona frente a las condiciones materiales que la rodean, amerite que por vía de tutela se disponga acometer cierto tipo de obras tendientes a remediar tal situación, siempre y cuando ésta se traduzca en una vulneración evidente y grave de los derechos fundamentales de aquella.

Por lo anteriormente expuesto, resulta improcedente en este caso tutelar el derecho a la vida digna del actor, y hacer extensiva la tutela a sus compañeros de reclusión en dicho centro carcelario, como lo hizo el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, sobre la base de las deficiencias de orden material existentes en ese, como casi todos los demás centros penitenciarios del país. Tampoco atenta contra la dignidad del peticionario ni de ningún recluso el que se hagan cumplir las normas disciplinarias previstas en la ley y el reglamento, las cuales naturalmente implican las restricciones propias de dichos establecimientos, como son la de hacer cumplir los horarios establecidos, o no permitir que los reclusos permanezcan a su antojo, en paños menores, o fijar condiciones para el uso de elementos de comodidad, o de actividades recreativas, por ejemplo.

Naturalmente el cumplimiento estricto de las normas establecidas dentro de un centro carcelario debe realizarse, por parte de los guardianes y el personal directivo, mediante procedimientos razonables que no atenten contra la dignidad y los derechos de los internos, esto es, evitando prácticas tales como los maltratos físicos, los tratos humillantes o los castigos des-proporcionados.

2.4 El derecho a la intimidad y sus restricciones.

En cuanto a la presente violación al derecho a la intimidad personal, cabe hacer la siguiente reflexión: la intimidad puede en ciertas circunstancias ser limitada, pero nunca vulnerada en su núcleo esencial. Lo anterior, porque como derecho que es, no puede ser absoluta. En el caso sub examine se observa con nitidez cómo se debe adecuar la intimidad a las normas legales y reglamentarias, a las necesidades de los demás reclusos, y a la disciplina propia de un establecimiento de tal naturaleza. Todo ordenamiento jurídico debe ser adaptable a las circunstancias reales, porque lo contrario sería plasmar como deber ser lo que no puede realizarse. Cuando se limita la esfera de acción de un dere-cho —en el asunto bajo estudio, la intimidad—, no por ello se está desconociendo su núcleo esencial, sino coordinándolo con los derechos de los demás y con las necesidades en que se encuentra el titular. Ello resulta más evidente en los centros penitenciarios, sometidos a un régimen especial, acorde con su propia naturaleza. No puede pretenderse que en estos centros la intimidad de los individuos sea absoluta, por cuanto ella está sometida —aquí como en todas partes del mundo— a ciertas restricciones como son por ejemplo la revisión de la correspondencia, la supervisión de las visitas, la limitación en el tiempo de la visita conyugal, etc. Todo ello hace parte, naturalmente, de la situación en que se coloca a quien ha quebrantado la ley y por ello se ha detenido y puesto a órdenes de la justicia. Pretender que en los centros carcelarios se ampare de manera absoluta la intimidad de los internos equivale a desnaturalizar la esencia de tales establecimientos.

Vuelve a insistir la Sala en que se deben tener en cuenta las circunstancias especiales del caso bajo examen, ya que éstas determinan el alcance mayor o menor de los efectos de la intimidad. La realidad presenta ciertas exigencias que el ejercicio del derecho no puede desconocer, porque, de hacerlo, se tornaría en inoperante o en contraevidente, extremos a los que no puede llegar una decisión justa.

Las condiciones especiales de los centros carcelarios ameritan que se amolde el ejercicio del derecho de intimidad a las circunstancias, sin que ello implique desconocimiento del núcleo esencial del derecho. La situación especial en que se halla el peticionario —una cárcel— hace que sea imposible que su derecho a la intimidad tenga el mismo alcance que en situaciones de plena normalidad. Obsérvese que lo anterior no tiene como razón el castigo, sino la adecuación a la realidad. Es deseable ver a los presos en condiciones de pleno bienestar, pero ello no depende del juez de tutela».

(Sentencia T-501 de noviembre 4 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

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