Sentencia T-505 de noviembre 9 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

PROCESOS DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL

LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO

EXTRACTOS: «Al declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la Procura-duría, la Sala de Familia afirmó:

“En el sub-lite, la señora Procuradora 13 Judicial —Familia—, como agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra la sentencia datada 11 de febrero de 1.993, en defensa de los intereses de la menor X..., sin embargo, no hay norma jurídica que autorice su intervención en la calidad que invoca, que tan solo puede ser en los procesos de filiación que promueva. Se tiene que fue la defensora de familia quien incoó la acción de filiación natural en defensa de los intereses de la menor X..., luego desplazó al Ministerio Público en cuanto a la legitimación para actuar como parte, no asistiéndole (sic) ella para interponer el recurso en defensa de la menor interviniente como demandante, ya que ésta tuvo una representación legal”.

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 2272 de 1989, el defensor de familia debe intervenir en interés de la institución familiar y del menor, en los procesos judiciales y en los que actuaba el defensor de menores, “sin perjuicio de las facultades que se le otorgan al Ministerio Público”.

El Código del Menor, en su artículo 277 establece las funciones del defensor de familia; dentro de ellas, señala la intervención a que hace alusión el artículo 11 citado, la de “solicitar a los jueces y funcionarios administrativos, la práctica de pruebas que sean necesarias en el cumplimiento de sus funciones” —numeral 16—, la de “solicitar la práctica de los exámenes antropoheredobiológicos para preconstituir la prueba en los procesos de filiación” —numeral 10—, entre otras.

Además, el artículo 13 de la Ley 75 de 1968 señala:

“En los juicios de filiación ante el juez de menores tienen derecho a promover la respectiva acción y podrán intervenir: la persona que ejerza sobre el menor patria potestad o guarda, la persona natural o jurídica que haya tenido o tenga el cuidado de su crianza o educación, el defensor de menores y el Ministerio Público. En todo caso, el defensor de menores, será citado al juicio”.

Así, en las normas legales aplicables, no aparece establecido que, si el defensor de familia promueve la respectiva acción, el Ministerio Público queda desplazado y pierde su facultad para intervenir. Además, tampoco dicen las normas pertinentes que sólo lo pueda hacer cuando actúe como representante judicial de una de las partes.

En cambio, la Constitución Nacional establece las funciones que debe cumplir el Procurador General de la Nación, por sí mismo o por medio de sus delegados o agentes; entre ellas está la de “intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales” (artículo 277-7 de la C.P.).

Igualmente, el artículo 2º, ibídem, señala que: “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Son muy claras las disposiciones citadas, en el sentido de otorgar la competencia al Ministerio Público para “intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales”, sin condicionar su actuación al hecho de que haya iniciado la acción correspondiente; quiere ello decir, que ante la necesidad de proteger los derechos fundamentales, el Procurador, sus delegados o agentes, están facultados constitucionalmente, no sólo para iniciar los procesos, sino para interponer los recursos ordinarios y extraordinarios, en aras de procurar dicha protección. Esta facultad encuentra respaldo en el artículo 2º de la Carta Política, cuando dice que las autoridades tienen que velar no sólo porque los particulares, sino también el Estado, cumplan con su deber de garantizar el respeto a la vida, honra y bienes de los asociados.

Como se desprende de las normas aludidas, no sólo el Procurador tiene la facultad de in-tervenir en los procesos, en cualquiera de sus etapas, en defensa de los derechos de los niños, que han sido calificados como fundamentales por la norma constitucional, sino que, frente a un caso como el que originó la tutela, donde la defensora de familia abandonó procesal-mente los intereses de un niño, el Ministerio Público está facultado constitucionalmente pa-ra intervenir en el proceso y para ejercer las funciones de vigilancia y control disciplinario, facultad que le otorga el artículo 277, numerales 1º y 6º.

Es plausible que la Sala de Familia haya procedido con el respaldo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al actuar como lo hizo. Pero esta Sala no puede aceptar que ese respaldo legitime la vía de hecho en que aquella incurrió. Si el artículo 230 de la Constitución actual —la jurisprudencia aducida en su defensa por la Sala de Familia se desarrolló durante la vigencia de la Carta anterior— ordena a las autoridades judiciales someterse al imperio de la ley, y sólo reconoce a la jurisprudencia el carácter de criterio auxiliar, la Sala de Familia debió de atender no a los precedentes judiciales sino a lo prescrito por el artículo 277, numeral 7º, del estatuto superior.

Si, “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (art. 4º de la C.N.), con mayor razón han de preferirse tales normas superiores cuando la incompatibilidad se presente entre ellas y la jurisprudencia».

(Sentencia T-505 de noviembre 9 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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