Sentencia T-508 de septiembre 16 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Ref.: Expedientes T-5.495.062, T-5.502.702, T-5.511.758, T-5.532.720, T-5.538.707 (AC).

Magistrado Ponente:

Dr. Alberto Rojas Ríos

Acciones de tutela presentadas por (1) Diego Alexander Pérez Pinzón; (2) Rosa Nilla Lemos Aguilar en representación de su hijo Abraham Lemus Palacios; (3) Karen Daniela Díaz Camargo; (4) Luis Andrés Andrade Cancimance; (5) Karen Carolina Mesa Correa, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, y los Magistrados Luis Ernesto Vargas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 241, numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:

Sentencia

En el proceso de revisión de los fallos proferidos en primera o en segunda instancia, por los despachos judiciales que a continuación se mencionan:

1. Expediente T-5.495.062: Tramitada en primera instancia por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), que negó por improcedente la acción de tutela formulada por Diego Alexander Pérez Pinzón, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.

2. Expediente T-5.502.702: Tramitada en Primera instancia por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el cual concedió el amparo invocado, y en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el siete (7) de abril del mismo año, que revocó la decisión, dentro de la acción de tutela interpuesta por Rosa Nilla Lemos Aguilar en representación de su hijo Abraham Lemus Palacio, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—. y el Ministerio de Educación.

3. Expediente T-5.511.758: Tramitada en primera instancia por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, el veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) que negó por improcedente el amparo invocado, y en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que confirmó la decisión, dentro de la acción de tutela presentada por Karen Daniela Díaz Camargo, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.

4. Expediente T-5.532.720: Tramitada en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, el tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que negó el amparo deprecado, y en segunda instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el diecisiete (17) de marzo del mismo año, el cual confirmó el fallo de instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por Luis Andrés Andrade Cancimance, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.

5. Expediente T-5.538.707: Tramitada en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, el diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015), que negó el amparo invocado, y segunda instancia por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, el nueve (9) de octubre del mismo año, que confirmó la sentencia, dentro de la acción de tutela instaurada por Karen Carolina Mesa Correa, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.

I. Antecedentes

1. Expediente T-5.495.062: Diego Alexander Pérez Pinzón contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.

1.1. Hechos

Diego Alexander Pérez Pinzón interpuso acción de tutela al considerar que la entidad accionada, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la educación.

Manifestó que obtuvo un puntaje en el examen de “Icfes” de “396 y 3 sobre 1000”, que le permitiría acceder al programa Ser Pilo Paga, ofrecido por el Gobierno Nacional, al que “sin embargo y como exigían requisitos, no fue posible aplicar para beca alguna, pues el requisito de puntaje del Sisbén, no lo cumplían, ya que nunca había solicitado ni siquiera la encuesta”(1).

Afirmó que el quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) su núcleo familiar había sido calificado con un puntaje de 34.67 en el Sisbén, cumpliendo a cabalidad con el requisito exigido para obtener el subsidio de sostenimiento.

Señaló que el veintiocho (28) de diciembre de dos mil catorce (2014) solicitó un crédito educativo ante el Icetex, el cual fue aprobado el treinta (30) de enero de dos mil quince (2015) con el número 1900501603834-5 en la modalidad “Acces”(2). De este modo consideró el accionante, que por sus condiciones socioeconómicas y al contar con el puntaje del Sisbén desde el mes de octubre, sería beneficiario del subsidio. Sin embargo este no le fue otorgado, por cuanto no marcó la opción Sisbén al momento de solicitar el crédito. Bajo estos supuesto adujo el accionante, que en el “[f]ormulario de inscripción nunca me pidieron el puntaje del Sisbén y como el monopolio de la información está en manos del estado, y que el tener el puntaje Sisbén en octubre de 2014 y Yo solicitar el crédito (que si me aprobaron) en diciembre de 2014, ya tenía un derecho adquirido, ya que la cuota de sostenimiento que yo pido es necesaria para poder sostenerme a lo largo de la carrera (pues vivimos en arriendo yo y mi madre) y a ella le queda muy pesado poder apoyarme económicamente.”

Dijo finalmente el accionante, que el once (11) de septiembre de dos mil quince (2015) solicitó al Icetex el subsidio de sostenimiento y condonación del crédito del 25%. En respuesta del veintinueve (29) de septiembre del mismo año, la entidad accionada le informó que “el subsidio solamente se otorga si al momento de la adjudicación del crédito, el Icetex identifica el cumplimiento de los requisitos del estudiante en la bases de datos oficiales entregados por cada una de las entidades responsables. Ahora bien, frente a la solicitud presentada por usted, se evidencia que no cumple con los requisitos exigidos por el Icetex para ser beneficiario del subsidio de sostenimiento”.

Frente a la condonación de crédito este se lleva acabo, una vez el beneficiario culmine con sus estudios y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 071 de 2013, el cual modifica el artículo 3º del Acuerdo 013 de 2011.

1.2. Trámite procesal

Mediante auto del catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Dieciocho Penal de Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá admitió la acción de tutela y corrió traslado a Icetex para que ejerciera su derecho a la defensa. 

1.3. Traslado y contestación de la demanda de amparo

1.3.1. Contestación del Icetex

Mediante oficio recibido por el juez de instancia, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (e) del Icetex, manifestó que no se han vulnerado los derechos alegados por el accionante, teniendo en cuenta que el subsidio de sostenimiento se asigna previa validación del cumplimiento de los requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo y no en etapas posteriores. Por lo tanto el accionante para la fecha de aprobación del crédito, no se encontraba registrado en la base de datos oficial entregada por el Departamento Nacional de Planeación —DNP—, razón por la cual no era procedente el otorgamiento del mencionado subsidio.

1.4. Decisiones judiciales objeto de revisión

1.4.1. Decisión de primera instancia

El Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, mediante fallo del veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016) negó por improcedente la acción de tutela, al considerar que: i) no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto la entidad accionada garantizó la permanencia en la educación superior al aprobar el crédito educativo en la modalidad Acces; ii) al verificar los requisitos para acceder al subsidio el accionante no se encontraba registrado en la base de datos del DNP; y iii) la acción de tutela no es el mecanismo para acceder a pretensiones de carácter económicas.

1.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente

• Copia cédula de ciudadanía de Diego Alexander Pérez Pinzón.(3)

• Copia informe individual de resultado Saber 11º.(4)

• Copia certificado de puntaje del Sisbén.(5)

• Copia formulario de inscripción 2015 - 1 del Icetex, “Reporte del registro de la solicitud de crédito”. (6)

• Copia respuesta derecho de petición por parte del Icetex de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015).(7)

• Copia derecho de petición presentado por Diego Alexander Pérez Pinzón ante el Icetex de fecha diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015).(8)

• Copia respuesta derecho de petición por parte del Icetex de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince.(9)

2. Expediente T-5.502.702: Rosa Nilla Lemos Aguilar en representación de su hijo Abraham Lemus Palacios contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex— y el Ministerio de Educación.

2.1. Hechos

El once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Rosa Nilla Lemos Aguilar en representación de su hijo presentó acción de tutela, al considerar que el Icetex y el Ministerio de Educación vulneraron los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de su hijo, al no conceder el crédito condonable del programa “Ser Pilo Paga 2”.

Sostuvo que al cumplir con los requisitos(10) (puntaje de 387 en las pruebas Saber 11 y un puntaje en el Sisbén de 29,14 con fecha de modificación tres (3) de agosto de dos mil quince (2015)) para acceder al programa “Ser Pilo Paga 2”, su hijo Abraham Lemus, mediante escrito del veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015), envío la documentación al Icetex para su respectivo estudio. Esta entidad, mediante comunicación del catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), le informó que “una vez realizado el cruce y validación correspondiente entre las bases de enviadas por el Icfes (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) y el Sisbén (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), se pudo establecer que no es susceptible de ser beneficiario del programa Ser Pilo Paga 2, por cuanto no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos para la presente convocatoria”.

Adujo que ante la negativa, su hijo presentó el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015) recurso de reposición y apelación ante la entidad accionada, la cual el siete (7) de enero de dos mil dieciséis (2016) le informó que “dichos recursos no son procedentes”, teniendo en cuenta que están reglados por el derecho privado, de conformidad con el artículo 8º de la Ley 1002 de 2005. No obstante, al realizar el correspondiente cruce de información con el Departamento Nacional de Planeación no registraba en la base de datos.

2.2. Trámite procesal

Mediante auto del doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la Sala de Decisión Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Medellín admitió la acción de tutela, corrió traslado al Icetex y al Ministerio de Educación Nacional, vinculó al Departamento Nacional de Planeación —DNP— y al Municipio de Bello (Antioquia), para que ejercieran su derecho a la defensa.

2.3. Traslado y contestación de la demanda de amparo

2.3.1. Contestación del Icetex

Guardó silencio.

2.3.2. Contestación del Ministerio de Educación

La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, mediante escrito del dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis (2016), solicitó declarar la improcedencia de la tutela. Afirmó que el programa “Ser Pilo Paga 2” en su segunda versión destinó todos los recursos disponibles, razón por la cual no existe disponibilidad de cupos para incluir a otras personas por medio de orden judicial.

Señaló igualmente que en caso de incluir al accionante como beneficiario, el juez debe indicar a “cual pilo beneficiario se debe excluir del programa, para darle cupo al amparado mediante la acción de tutela”. Finalmente, instó a que se desvinculara al Ministerio por falta de legitimación en la causa.

2.3.3. Contestación Departamento Nacional de Planeación —DNP—

El diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Departamento Nacional de Planeación —DNP— se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, indicando que: “el joven Abraham Lemus Palacios, si se encontraba en la base datos Sisbén metodología III del 19 de julio de 2015. Lo cual le permite cumplir con el requisito del Sisbén metodología III para acceder al programa Ser Pilo Paga II cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio de educación Nacional y el Icetex.

Agregó que en el sistema se registraban dos errores en la base de datos: (i) el número de la Tarjeta de Identidad Nº 98120754789, la cual fue corregida(11), registrando el número correcto, que es 9812075485 y (ii) el apellido Lemos que fue corregido por Lemus.

Por lo anterior, solicitó que se excluya al DNP de cualquier responsabilidad en el caso, toda vez que la entidad realizó las tareas y actividades propias de su competencia y no existen errores en el sistema relacionados con el número de identificación.

2.3.4. Contestación Secretaría de Planeación - Municipio de Bello (Antioquia)

Mediante escrito radicado el dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Director Administrativo de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación manifestó que el menor Abraham Lemus Palacios figura en la base de datos con la Ficha 60922, con un puntaje de 29,14 y que el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015) se realizó una modificación en el número de documento del menor, la cual fue reportada al Departamento de Planeación Nacional el dieciocho (18) de agosto del mismo año.

Adicionalmente, sostuvo que “la modificación realizada al documento del menor Abraham Lemus Palacios no debería ser impedimento para su acceso al programa Ser Pilo Paga, pues tal como la señora accionante lo demuestra, el menor ha estado en la base datos desde el 03-03 del año 2011, y tal como lo reporto el enlace “Pilo Paga 2” enunciado: si usted ha solicitado actualizaciones en el Sisbén, posteriores s (sic) la fecha de corte el 19 de junio de 2015, Únicamente en datos básicos (nombres, apellidos, tipo de documento y numero de documento de identidad) (sic) esto no afecta su puntaje y su inclusión en la base.” Resaltado del texto original.

2.4. Decisiones judiciales objeto de revisión

2.4.1. Decisión de primera instancia

Mediante sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, concedió el amparo constitucional al considerar que el menor Lemus Palacios se encuentra registrado en el Sisbén con un puntaje de 29,14; situación que fue corroborada por el Departamento Nacional de Planeación. Si bien en la base de datos el número de identificación y el apellido eran incorrectos, estos en su momento fueron modificados. Para el Tribunal no es válido trasladarle al joven “un equívoco o error de la administración en el manejo de los datos, y más cuando en el documento mediante el cual se solicitó el beneficio educativo ofrecido por el estado, se puso de presente la modificación efectuada en el mes de agosto de 2015 en su número de documento de identidad.

Finalmente, el Tribunal sostuvo que al interesado se le está limitando la “oportunidad de acceder a beneficios dados a la personas con desventajas económicas pero de méritos académicos, todo derivado del desconocer que efectivamente desde el año 2011, se encuentra registrado en la base de datos del Sisbén, por lo que superado tal punto, tal como aquí se ha evidenciado, se traduce en la trasgresión a los derechos fundamentales invocados”.

2.4.2. Impugnación del Fallo de tutela

El veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Ministerio de Educación impugnó la decisión de primera instancia, argumentando que el acceso a los programas gubernamentales no es un derecho fundamental, pues de acuerdo con el principio de progresividad, los recursos dispuestos para el programa “Ser Pilo Paga 2” fueron asignados a 12.505 pilos, sin que exista disponibilidad de cupos para incluir a personas por orden judicial.

2.4.3. Decisión de segunda instancia.

El siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016) la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión inicial, expresando que: “brindar la protección suplicada supondría privilegiar sin ninguna excusa los derechos del reclamante sobre los de aquellos postulados que también concursaron y se les aprobó la beca, y más aún, por encima de los que, en similares circunstancias, no pudieron recibir esa ayuda. Es claro que, como mínimo, unos y otros merecen ser tratados con idéntico rasero y esto sólo se garantiza con el acatamiento de los parámetros objetivos de selección.”

Sostuvo además la Sala, que la decisión adoptada por el Icetex de no permitirle al joven ser beneficiario del programa, es un acto administrativo que puede ser cuestionado mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011.

2.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente

• Copia de escrito presentado por Abraham Lemus Palacios ante el Icetex el veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015).(12)

• Copia de la respuesta dada por el Icetex el 14 de diciembre de 2015.(13)

• Copia de listado de ficha y hogar en histórico del Sisbén (fecha de encuestas del tres (3) de marzo de dos mil once (2011).(14)

• Copia certificado de puntaje del Sisbén.(15)

• Constancia de la oficina del Sisbén de Bello (Antioquia), donde certifica que Abraham Lemus Palacios se encuentra en la base de datos del Sisbén III.(16)

• Copia del informe individual de resultado Saber 11º(17)

• Copia de escrito presentado por Abrahan Lemus Palacios ante el Ministerio de Educación Nacional y Icetex el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015).(18)

• Copia de la respuesta dada por el Icetex el siete (7) de enero de dos mil dieciséis (2016).(19)

3. Expediente T-5.511.758: Karen Daniela Díaz Camargo contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.

3.1. Hechos

Karen Daniela Díaz Camargo interpuso acción de tutela el diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), al considerar que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación.

Manifestó que desde el veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004) es beneficiaria del régimen subsidiado de salud, estando sisbenizada en el Municipio de Bucaramanga con un puntaje de 44,38.

Afirmó que el diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014) “realizó la actualización en el registro del Sisbén de mi documento de identidad, de Tarjeta de identidad Nº 931090810276 pasó a registrarse la Cédula de ciudadanía Nº 1.098.743.578. En relación a tal acontecimiento, según información del asesor que realizó el trámite, el reajuste en el sistema interno del Sisbén puede tardarse hasta 60 días, por tanto este sería el único motivo para no figurar en el registro del Sisbén en tal época”.

Indicó que en el mes de noviembre de dos mil catorce (2014), realizó vía web una solicitud de crédito y el subsidio de sostenimiento ante el Icetex con el fin de iniciar sus estudios de pregrado en el programa de Ingeniera Mecatrónica en la Universidad Santo Tomas de Aquino en la ciudad de Bucaramanga. Señaló que radicó en el punto de atención de la entidad los documentos exigidos para continuar con el estudio del crédito educativo, entre ellos la certificación de su vinculación al Sisbén. Dicho crédito fue aprobado, pero el subsidio fue negado, bajo el argumento de que no estaba inscrita en el Sisbén

Señaló que mediante petición del dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) requirió la entrega del subsidio de sostenimiento. En respuesta del trece (13) de agosto del mismo año, la entidad accionada le informó, que “al verificar los aplicativos de consulta del Icetex, se pudo establecer que el crédito no fue marcado con la opción de “Sisbén” a la hora de la solicitar el crédito (…). Por lo tanto, no es posible proceder favorablemente; ya que el crédito no fue identificado con Sisbén en el formulario de solicitud, por ende, no puede ser beneficiario del subsidio de sostenimiento”.

Ante la negativa, la accionante elevó un derecho de petición el veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015), requiriendo nuevamente el reconocimiento y pago del subsidio de sostenimiento. El Icetex reiteró su negativa de otorgarle el beneficio. Manifestó finalmente la accionante, que la entidad desconoció sus derechos fundamentales a la igualdad y la educación, al imponerle barreras injustificadas, pues desde hace once años está afiliada al Sisbén y la entidad está omitiendo su deber de garantizar la permanencia en la educación superior.

3.2. Trámite procesal

Mediante auto del doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga admitió la acción de tutela, corrió traslado a Icetex para que ejerciera su derecho a la defensa.

3.3. Traslado y contestación de la demanda de amparo

3.3.1. Contestación del Icetex

El veinte (20) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la Oficina Asesora Jurídica del Icetex solicitó denegar el amparo, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.

Señaló que la actora es beneficiaria de un crédito de la Línea Acces - Alianza, advirtiendo que el subsidio de sostenimiento reclamado se otorga previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo y no en etapas posteriores, y que estos no pueden ser modificados por el beneficiario. De igual manera afirmó que para la fecha en la que se adjudicó el crédito, la accionante no se encontraba registrada en la base de datos del Sisbén provista por el Departamento Nacional de Planeación —DNP—, razón por la cual no se autorizó el desembolso del subsidio de sostenimiento.

3.4. Decisiones judiciales objeto de revisión

3.4.1. Decisión de primera instancia

Mediante sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, negó por improcedente la acción de tutela, bajo el argumento que se trataba de una reclamación económica y que para resolver este tipo de conflictos, el ordenamiento jurídico consagra diferentes mecanismos de protección judicial, afirmando que no se le están vulnerando los derechos fundamentales a la accionante.

Señaló el Juzgado que se “reclama es el desembolso de un dinero que la accionante necesariamente tuvo que asumir, sin en cuenta se tiene que lo que se pretende es el subsidio de sostenimiento de los dos semestre de 2015, beneficio que, quienes lo obtienen, utilizan para auxiliar sus necesidades en desarrollo de los estudios de pregrado, es decir, de haber existido en perjuicio, el mismo ya pudiera encontrase causado”.

3.4.2. Impugnación del Fallo de tutela

El nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015) la accionante impugnó la decisión de primera instancia, manifestó que el a quo incurrió en error:

1). Al imponerme cargas procedimentales absurdas, como desconocer mis condiciones socio económicas reales, 2) Al atribuirme la responsabilidad de las consecuencias de un trámite interno de la autoridad estatal que se encarga del registro del Sisbén, 3). Al interpretar erradamente el amparo de derechos fundamentales desde una óptica civil y no constitucional, y 4). Al limitar mis pretensiones a meras peticiones de interés económico. Todo lo expuesto genera en consecuencia un exceso ritual manifiesto que desconoce el principio constitucional de primacía del derecho sustancial sobre las meras formas, transgrediendo así el artículo 228 de la constitución nacional”. Resaltado y subrayas del texto original.

De conformidad con lo anterior, solicitó que se revocara el fallo de instancia y que en su lugar se procediera al amparo de sus derechos fundamentales como mecanismo transitorio, a efectos de evitar la consumación de la violación de sus derechos.

3.4.3. Decisión de segunda instancia

El primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016) la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el fallo, al considerar que la solicitud impetrada por la accionante se refiere a una prestación económica relacionada con la concesión de un subsidio de sostenimiento, razón por la cual el juez constitucional excedería sus facultades en el evento de reconocer esa clase prestaciones.

3.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente

• Copia certificado de puntaje del Sisbén.(20)

• Copia de registro de solicitudes, en el cual se actualiza el documento de Karen Daniela Camargo de fecha nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014).(21)

• Copia carnet del certificado del Sisbén de Andelfo Díaz Amorocho con fecha del veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004) donde obra como beneficiaria Karen Daniela Díaz Camargo.(22)

• Copia de escrito presentado por Karen Daniela Díaz Camargo ante el Icetex el dieciocho (18) de junio y veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015).(23)

• Copia de la respuesta dada por el Icetex el trece (13) y treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015).(24)

4. Expediente T-5.532.720: Luis Andrés Andrade Cancimance contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.

4.1. Hechos

Luis Andrés Andrade Cancimance, interpuso acción de tutela el quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016), por considerar que el Icetex vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, la educación y el libre desarrollo de la personalidad, al no otorgarle el subsidio de sostenimiento, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos y cuenta con un crédito educativo.

Manifestó que es estudiante de arquitectura en la Institución Universitaria Centro Superior María Goretti de la ciudad de Pasto, mediante un crédito obtenido desde el año 2014 por parte del Icetex. El accionante afirmó que la entidad le manifestó que debía acercarse a las oficinas del Banco Popular a recibir la tarjeta recargable para el giro del subsistido de sostenimiento. No obstante, en el banco le “manifestaron que dentro de 48 horas después de entregada la tarjeta el Icetex giraría el dinero correspondiente al monto total del subsidio, pero transcurrido los días y el Icetex no giro ningún dinero ha (sic) esta cuenta, entonces me dirigí a las oficinas del Icetex en la ciudad de pasto y allí me manifestaron que no tenía derecho a este subsidio”.

Señaló que “los requisitos para acceder al subsidio de sostenimiento son tener un crédito con el Icetex y tener un puntaje del Sisbén bajo para la ciudad de Pasto el tope máximo del puntaje es de 54 puntos y mi puntaje es de 42.37, estoy muy por debajo del tope máximo por lo cual aplico a este subsidio, pero no se por que (sic) motivo el Icetex se niega a entregar este auxilio al que tengo derecho, es inexplicable que me llamen entregarme la tarjeta recargable donde supuestamente se me hiba (sic) a girar el dinero del subsidio y de repente sin razón alguna me dicen que no tengo derecho a este auxilio (...).

Adujo que no tiene los recursos necesarios para continuar estudiando, debido a los gastos que genera su carrera. Por lo anterior, solicitó la entrega del subsidio de sostenimiento causado desde el inicio de su carrera y que se continúe con el mismo hasta finalizar sus estudios.

4.2. Trámite procesal

Mediante auto del veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto admitió la acción de tutela, corrió traslado a Icetex para que ejerciera su derecho a la defensa.

4.3. Traslado y contestación de la solicitud de amparo

4.3.1. Contestación del Icetex

El dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la Oficina Asesora Jurídica del Icetex solicitó al Juzgado negar la acción de tutela formulada por Luis Andrés Andrade Cancimance, por considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados. Manifestó que el accionante accedió a un crédito educativo otorgado por la entidad, del que actualmente disfruta, sin que tenga derecho al auxilio de sostenimiento, pues al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento, se estableció que a la fecha de la adjudicación del Crédito Nº 2335236, efectuada el catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014), el actor no se encontraba registrado en la base de datos social entregada por el Departamento Nacional de Planeación, razón por la cual no resultaba procedente otorgar el subsidio de sostenimiento.

4.4. Decisiones judiciales objeto de revisión

4.4.1. Decisión de primera instancia

Mediante sentencia del tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto negó la acción de tutela, al considerar que no se afectó el derecho fundamental alegado por el accionante, pues el Icetex aprobó el crédito solicitado y permitió que iniciara sus estudios superiores, como efectivamente sucedió.

Señaló que “en cuanto a la oportunidad para solicitar tal auxilio, su viabilidad debe ser evaluado previa validación del cumplimiento de los requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo y no con posterioridad a ello, así lo disponen los Acuerdo 029 de 20017 (sic)y 013 de 2015. Según la información recopilada en esta actuación a la fecha de concesión del Crédito Educativo Nº 2335236 del 14 de febrero de 2014 el Estudiante Luis Andres Andrade Cancimance no se encontraba registrado en la Base de Datos oficial entregada por el Departamento Nacional de Planeación y en tales términos el reclamo actual del estudiante deviene extemporáneo”. Negrilla del texto original.

4.4.2. Impugnación del Fallo de tutela

El dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis (2016) el actor impugnó la decisión de primera instancia, argumentando: (i) que cumplió con los requisitos para acceder al subsidio de sostenimiento, ya que se encontraba registrado junto con su núcleo familiar en el Sisbén, (ii) que la entidad accionada le otorgó la tarjeta del Banco Popular previa validación del cumplimiento de los requisitos, (iii) y que el Icetex en la contestación de la tutela no justificó la razón por la cual meses después de entregarle la tarjeta, le informó que no estaba acreditado para recibir la ayuda.

4.4.3. Decisión de segunda instancia

El diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto confirmó el fallo, al considerar que el subsidio de sostenimiento se otorga previa validación del cumplimientos de los requisitos al momento de la adjudicación del crédito educativo, y que en el caso concreto el accionante no se encontraba registrado en la base datos oficiales del Sisbén.

Igualmente sostuvo el Tribunal, que la actuación realizada por el Icetex al expedirle la tarjeta, generó en el actor la expectativa de hacerse merecedor del beneficio pretendido. Sin embargo esta acción se fundó en bases ilegales, razón por la cual la entidad accionada se vio obligado a corregir su postura, con sujeción al debido proceso.

4.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente

• Copia certificado de puntaje del Sisbén.(25)

• Copia de la tarjeta débito del Banco Popular.(26)

• Copia de la cédula de ciudadanía de Luis Andrés Andrade Cancimance.(27)

5. Expediente T-5.538.707: Karen Carolina Mesa Correa contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—.

5.1. Hechos

Karen Carolina Mesa Correa interpuso acción de tutela el ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015), al considerar que esa entidad vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación.

Manifestó la accionante que en el segundo semestre del año 2012, adquirió un crédito educativo, en la modalidad “Acces”, con el Icetex, disponiendo la financiación de la matrícula y el otorgamiento de un subsidio de sostenimiento.

Señaló que la entidad realizó el desembolso respecto al valor de la matrícula, pero que no ha recibido el subsidio otorgado. En este sentido elevó un derecho de petición solicitando el pago del beneficio, el que le fue respondido el treinta (30) de julio de dos mil quince (2015), informándole que el mismo “se otorga previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo más no en etapas posteriores. Estas condiciones con que se evalúa el crédito a nivel Sisbén no podrán ser modificadas por el beneficiario del crédito educativo” y que al validar la información, evidenció que no cumplía con los requisitos exigidos para ser beneficiaria.

La accionante indicó que pertenece a la etnia Zenú y por lo mismo es titular del fuero especial indígena, tiene una calificación en el Sisbén de 26,67, y no cuenta los recursos económicos necesarios para continuar con sus estudios universitarios, pues debe trasladarse de lunes a viernes desde su lugar de residencia a la Ciudad de Sincelejo, sede de la universidad y costear el arriendo de la vivienda cuyo valor mensual es de $210.000.

Afirmó que había solicitado la tarjeta débito vía internet y esta le fue entregada, considerando que los requisitos habían sido validados por la entidad y por lo tanto era la titular del beneficio. Sin embargo a la fecha no le ha sido realizado ningún pago.

5.2. Trámite procesal

Mediante auto del nueve (9) de septiembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo admitió la acción de tutela, corriendo traslado a Icetex para que ejerciera su derecho a la defensa.

5.3. Traslado y contestación de la demanda de amparo

5.3.1. Contestación del Icetex

El catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), el Icetex a través de la Oficina Asesora Jurídica, le solicitó al juez de instancia negar el amparo invocado, teniendo en cuenta que la señora Karen Carolina Mesa Correa, al momento de la adjudicación de crédito Línea Acces (diez (10) de enero de dos mil catorce (2014)) no se encontraba en la base de datos del Sisbén.

5.4. Decisiones judiciales objeto de revisión

5.4.1. Decisión de primea instancia

Mediante sentencia del diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo negó el amparo invocado, al considerar que la accionante no era beneficiaria del subsidio de sostenimiento, por cuanto al momento de la solicitud del crédito, no cumplía con los requisitos exigidos.

5.4.2. Impugnación del Fallo de tutela

El veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015) la accionante impugnó la decisión, argumentando que el Juez no tuvo en cuenta que la entidad accionada le otorgó una tarjeta débito, y que con su actuar de mala fe le está ocasionado un perjuicio, pues no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos que genera la carrera universitaria.

5.4.3. Decisión de segunda instancia

El nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo confirmó el fallo, reiterando que la accionante no acreditó la totalidad de los requisitos exigidos para acceder al subsidio de sostenimiento.

Sostuvo que no se vislumbra la vulneración al derecho a la igualdad, pues dentro del plenario no obra material probatorio que demuestre un trato discriminatorio en contra de la actora. Concluye que “conceder por esta vía, como lo pretende la impulsora, la validación de la ayuda por concepto de un auxilio económico para educación superior, sin cumplir todos los requisitos pre establecidos, equivaldría a violar los derechos adquiridos por los demás aspirantes que en Sucre sí calificaron, así como la garantías a la igualdad de los demás aspirantes, inclusive respecto de aquellos que tampoco resultaron seleccionados (…)”.

5.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente

• Copia certificado de puntaje del Sisbén.(28)

• Copia de la tarjeta débito del Banco Popular.(29)

• Copia de la cédula de ciudadanía de Karen Carolina Mesa Correa.(30)

• Copia de carta en la que certifica a Karen Carolina Mesa Correa como indígena y se encuentra inscrita en el censo del Cabildo Loma del Tigre de la etnia Zenú de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil catorce (2014).(31)

II. Consideraciones

1. Competencia

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro de las acciones de tutela de referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3º, y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento a lo dispuesto en los Auto del trece (13) y veintisiete (27) de mayo del dos mil dieciséis (2016), expedido por la Sala de Selección Número cinco.

2. Planteamiento de los casos

La totalidad de los casos aquí acumulados están relacionados con el supuesto incumplimiento por parte del Icetex. Cuatro de los accionantes interpusieron acción de tutela en contra de esa entidad, solicitando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, la educación y el debido proceso, presuntamente vulnerados por la entidad, en tanto que como beneficiarios de créditos educativos otorgados por ella, solicitaron el pago del subsidio de sostenimiento, con el fin de sobrellevar los gastos que generan sus carreras universitarias, debido a sus condiciones económicas. Sin embargo, las solicitudes fueron negadas, señalando la entidad accionada, que los reclamantes no se encontraban registrados en la base de datos del Sisbén, al momento de solicitar el crédito educativo.

El quinto caso corresponde a la señora Rosa Nilla Lemos Aguilar, quien en representación de su hijo, demandó la salvaguarda de los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, alegando que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de su hijo, al negarle el otorgamiento del crédito condonable establecido en el programa “Ser Pilo Paga 2”, fundando su decisión, en que a la fecha de la solicitud, no se encontraba inscrito en la base de datos del Sisbén con los puntajes de corte establecidos en la convocatoria.

El Icetex se opuso a las solicitudes de amparo, bajo el argumento según el cual, al momento de la adjudicación de los créditos y de la validación de los requisitos para aplicar a la convocatoria del programa “Ser Pilo Paga 2”, ninguno de los accionantes se encontraban registrados en la bases de datos del Departamento de Nacional de Planeación —DNP—, razón por la cual, no accedió en la entrega de los subsidios de sostenimiento de los que habían solicitado el crédito educativo, ni para el beneficiario del programa beca.

En uno de los casos el juez de primera instancia concedió el amparo a favor de Abraham Lemus. Sin embargo, la decisión fue revocada por la Corte Suprema de Justicia al considerar que el accionante contaba con otros mecanismos ordinarios de defensa. Respecto de los otros expedientes, los amparos fueron negados al considerarse que trataba de prestaciones económicas, y que el juez de tutela no era el competente para hacer dichos reconocimientos.

3. Problemas jurídicos

Como en todos los casos de control concreto originados en el ejercicio de la acción de tutela, le corresponde a la Sala Octava de revisión determinar:

i) ¿Vulneró el Icetex los derechos fundamentales a la igualdad y educación de Diego Alexander Pérez Pinzón, al negarle el pago del subsidio de sostenimiento, bajo el argumento de no haber estado registrado en la base de datos del Sisbén al momento de hacer la solicitud del crédito educativo?

ii) ¿Vulneró el Icetex los derechos fundamentales a la igualdad y educación de Karen Daniela Díaz Camargo, al negarle el pago del subsidio de sostenimiento, al considerar que la accionante no marcó en la casilla la opción Sisbén al momento de la solicitud del crédito?

iii) ¿Vulneró el Icetex los derechos fundamentales a la igualdad y educación de los jóvenes Luís Andrade Calcimance y Karen Carolina Mesa Correa, al negarles el pago del subsidio de sostenimiento, bajo el argumentos de no haber estado registrados en la base de datos del Sisbén al momento de hacer la solicitud del crédito, aun cuando posteriormente les fuera a una tarjeta débito?

iv) ¿Vulneró el Icetex los derechos fundamentales a la igualdad y educación del joven Abrahan Lemus Palacio, al impedirle el acceso al programa “Ser Pilo Paga 2”, al argumentar que no cumplía con los requisitos exigidos en la convocatoria, aun cuando el accionante se encontraba registrado en el Sisbén desde el año 2011, pero debido a un error su información no reposaban en el sistema?

Con el fin de dar solución a los problemas jurídicos planteados, la Sala realizará un análisis de los siguientes temas: (i) el programa institucional “Ser Pilo Paga”, Fases I y II, y el subsidio de sostenimiento otorgado a los beneficiarios de créditos educativos en la línea de pregrado; (ii) aspectos generales del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—, objetivos, funciones y organización; (iii) el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales - Sisbén y su incidencia dentro del programa “Ser Pilo Paga” y el subsidio de sostenimiento; (iv) la igualdad en la asignación de subsidios; v) el derecho a la educación y los programas asistenciales en educación, como desarrollo del derecho a la igualdad; vi) confianza legítima y buena fe, para finalmente (vii) proceder a la solución de los casos concretos.

4. El programa institucional “Ser Pilo Paga” fases I y II y el subsidio de sostenimiento otorgado a los beneficiarios de créditos educativos en la línea de pregrado 

4.1. Programa del Gobierno Nacional “Ser Pilo Paga I y II”

El Crédito Condonable “Ser Pilo Paga” es una iniciativa del Gobierno Nacional desarrolla a través de Ministerio de Educación Nacional(32), cuyo programa fue implementado en el año 2014, que busca fomentar la excelencia y la calidad de la educación superior en estudiantes con bajos recursos económicos, financiando el valor total de la matrícula y brindando un apoyo de sostenimiento durante todo el periodo de estudio. El desarrollo de esta política pública para fomentar la educación superior, le fue asignado al Icetex, entidad encargada de administrar los recursos aportados por el Gobierno.

Los requisitos para acceder a esta beca van cambiando cada año. La Sala en esta oportunidad se referirá al programa “Ser Pilo Paga Segunda Versión”, la cual está dirigida a: (i) jóvenes que cursaron y aprobaron el grado 11 en el año 2015, (ii) que presentaron las pruebas Saber 11 el día 2 de agosto de 2015 y obtuvieron un puntaje igual o superior 318, (iii) que tienen un puntaje específico de Sisbén según ubicación geográfica con el corte respectivo a 19 de junio de 2015, o registro en Base Censal del Ministerio del Interior con corte a 30 de junio de 2015 en el caso de la población indígena, (iv) que hayan sido admitidos en una Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad.

El puntaje requerido para la convocatoria es el siguiente:

No.ÁreaPuntaje máximo
1

14 Ciudades Principales sin sus áreas metropolitanas a saber: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.57,21
2Resto Urbano: Zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, los centros poblados y la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades56,32
3Área Rural40,75

De acuerdo con lo anterior el programa “Ser Pilo Paga” consiste en un crédito condonable, que beneficia a las personas de escasos recursos y que cuentan con una excelencia académica. Su acceso depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada convocatoria.

4.2. El subsidio de sostenimiento

El subsidio de sostenimiento es una ayuda económica que el Gobierno Nacional aprobó con el fin de solventar los gastos personales que le generan a un estudiante la asistencia a clases. Su monto equivale a $755.300 por semestre, que irá aumentando cada año de acuerdo al índice de precios al consumidor. Este subsidio se le entregará a cada beneficiario mediante una tarjeta débito que se recargará semestralmente, para que el estudiante disponga de sus recursos de manera oportuna. El uso de la tarjeta no genera cuota de manejo y el estudiante beneficiario puede hacer hasta cinco transacciones al mes, sin costo alguno.

El mencionado subsidio se encuentra regulado en el Acuerdo 013 de 2015, el cual establece lo siguiente:

(…)

“ART. 1º—Subsidio de sostenimiento. Los beneficiarios de crédito educativo en la línea de pregrado cualquiera sea la modalidad, que se encuentren en la versión III del Sisbén dentro de los puntos de corte establecidos por el Icetex podrán acceder al beneficio.

Los beneficiarios de crédito educativo identificado mediante un instrumento diferente al Sisbén debidamente certificados como los integrantes de poblaciones (indígenas, desplazados, reinsertados y red unidos), podrán acceder solo si los créditos pertenecen a la línea Acces modalidades Acces o Ceres, quienes se encuentren en las demás modalidades de crédito educativo no podrán acceder a este beneficio.

“ART. 2º—Beneficiarios del subsidio de sostenimiento. Son susceptibles de acceder al subsidio los beneficiarios de crédito educativo que a partir del segundo semestre de 2015, cumplan los puntos de corte de Sisbén Versión III como criterio de focalización para la adjudicación de subsidios a beneficiarios de crédito de pregrado así:

—Beneficiarios de crédito educativo en la línea de pregrado, cualquiera sea la modalidad a partir del primer semestre de 2011 registrados en la base de datos del Sisbén III y que cumplan con los puntos de corte establecidos así:

NoÁreaPuntaje MínimoPuntaje Máximo
114 ciudades, son las 14 principales ciudades sin sus áreas metropolitanas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.054.00
2Resto Urbano: es la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, los centros poblados y la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades052.72
3Rural0 

—Beneficiarios de crédito educativo en la línea de pregrado, modalidad Acces y Ceres, identificados mediante un instrumento diferente al Sisbén para las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia, indígenas, Red Unidos y Reintegradas.

“ART. 3º. Otorgamiento del Subsidio Sostenimiento. El subsidio de sostenimiento se otorgará previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo. Las condiciones con que se evalúa el crédito a nivel de Sisbén o población vulnerable NO podrán ser modificadas por el beneficiario del crédito educativo.

El subsidio se otorgará solo si en la adjudicación el Icetex identifica el cumplimiento de los requisitos del estudiante en las bases de datos oficiales entregadas por cada una de las entidades responsables de cada grupo de población.

Cabe señalar que el inciso séptimo de la parte considerativa del mencionado acuerdo, establece que “el objeto del subsidio de sostenimiento, quienes tienen derecho al mismo, la condición que prevalece si la persona se encuentra en el Sisbén y es población vulnerable, los giros en lo cual se determinó “si el usuario reclama el subsidio de sostenimiento con posterioridad, se le reconocerá el derecho a partir del periodo académico que corresponda, una vez sea validada la reclamación por Icetex”. Resaltado fuera de texto.

Conforme a lo expuesto, la norma exige dos requisitos para la obtención del subsidio, los cuales son: i) estar inscrito en la base de datos del Sisbén y ii) cumplir con el puntaje establecido.

5. Aspectos generales del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—, objetivos funciones y organización

El artículo 69 de la Constitución establece que el Estado debe facilitar “mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Esta labor fue encargada al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex),entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, creada por el Decreto Ley 2586 de 1950, reorganizado por el Decreto Ley 3155 de 1968 y el Decreto 276 de 2004, y transformado en su naturaleza jurídica por la Ley 1002 del 30 de 2005.

El Icetex como entidad descentralizada del orden nacional está sujeta al control político y a la dirección del órgano de la administración al cual está vinculado, estando sometida a las reglas señaladas en la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, las leyes que la crearon, reorganizaron y determinaron su estructura orgánica, así como a Ley 1002 de 2005 y sus estatutos internos.

Mediante la Ley 1002 de 2005 “el legislador decidió transformar el Instituto en una entidad financiera de naturaleza especial, con autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto social es “el fomento social de la educación superior”, dentro de los siguientes lineamientos: (i) la finalidad de las actuaciones del Icetex es contribuir al fomento de la educación superior; (ii) en sus decisiones debe dar prioridad a la inversión orientada al mérito y a la población de escasos recursos, (iii) posibilitar el acceso y la permanencia en la educación superior, mediante la canalización y administración de recursos, becas, apoyos nacionales e internacionales y recursos propios o de terceros, todo aquello, (iv) siguiendo criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, así como de equidad territorial”(33).

El artículo 2º de la mencionada ley señala como objeto del Icetex “el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.”

Entre los objetivos de la entidad se encuentran:

“1. Contribuir a cobertura en la oferta y demanda y calidad de la educación del país.

2. Liderar y contribuir en la articulación de la política pública.

3. Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente.

4. Armonizar los procesos de la entidad, acordes con la nueva estructura, enfocados en la excelencia”.

Sus funciones(34) están orientadas a garantizar la accesibilidad en la educación superior a través de mecanismos financieros como los créditos educativos, y entre otras, se pueden destacar:

(…)

2. Conceder crédito en todas las líneas y modalidades aprobadas por la Junta Directiva, para la realización de estudios de educación superior dentro del país o en el exterior, para facilitar el acceso y la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, de conformidad con los reglamentos y disposiciones de crédito educativo aprobadas por la Junta Directiva.

(…)

9. Administrar y adjudicar los recursos que por cualquier concepto reciban las entidades del Estado, para ser utilizados como becas, subsidios o créditos educativos acorde con las políticas, planes y programas trazadas por el Gobierno Nacional;

Mediante el Decreto 380 de 2007 se estableció la estructura del Icetex, conformada por un órgano de dirección —la Junta Directiva— y una de administración – el Presidente de la entidad, quien es el representante legal—.

La mencionada entidad tiene el manejo de los recursos públicos prioritarios para el gasto social y su Junta Directiva posee atribuciones en materia de desarrollo de políticas públicas para el acceso a créditos educativos, y a su vez garantizar los subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2, 3.

6. Sistema de selección de Beneficiarios para Programas Sociales - Sisbén y su incidencia dentro del programa “Ser Pilo Paga” y el subsidio de sostenimiento.

La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que “El Sisbén es el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales y principal instrumento con el que cuentan las autoridades de las entidades territoriales para focalizar el gasto social descentralizado. Sirve para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana que son financiados, principalmente, con los recursos provenientes de las transferencias intergubernamentales, así como está contenido en los artículos 356 y 357 de la Carta Política y en el artículo 30 de la Ley 60 de 1993”(35)

Este instrumento tiene gran relevancia constitucional, “pues contribuye a la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos, y se erige como una herramienta esencial a disposición de las autoridades públicas para hacer efectivo el mandato de especial protección a los grupos discriminados o marginados y materializar así las políticas de redistribución del ingreso”.(36)

Frente al Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales, la Sentencia T-307 de 1999, señaló que:

“…El Sisbén es un programa de focalización del gasto social descentralizado, diseñado por el Departamento Nacional de Planeación e implementado y operado por los distritos y los municipios. Consiste, básicamente, en la recolección, a través del mecanismo de la encuesta, de la información que se requiere para completar la denominada ficha de clasificación socioeconómica. Dicha ficha, tras ser procesada y sistematizada por medio de una aplicación especial creada para estos efectos, arroja un puntaje que permite ubicar a la familia o individuo encuestado en alguno de los seis niveles de pobreza preestablecidos.

(…)

3. De lo anterior, se desprende la importancia constitucional del Sisbén como instrumento que contribuye, de manera fundamental, a la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución Política. El señalado mecanismo de focalización del gasto social constituye el primer paso del proceso de asignación de unos recursos públicos que tienden a subvenir las necesidades materiales más acuciantes de los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana y, por tanto, se erige en una herramienta esencial a disposición de las autoridades públicas obligadas a hacer efectivo el mandato de especial protección a los grupos discriminados o marginados (C.P., art. 13). Esta constatación, ha permitido que la Corte establezca el derecho de los ciudadanos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad de acceder al Sisbén de manera igualitaria y, a la vez, el deber correlativo de las autoridades estatales encargadas de la administración e implementación de este programa de adoptar todas aquellas medidas dirigidas a que éste cumpla con su objetivo constitucional a cabalidad.

En la mencionada sentencia, se dijo que “el principio de igualdad en los procesos estatales de distribución de recursos escasos no garantiza a las personas en condiciones de recibir tales recursos un derecho subjetivo a la prestación económica como tal, sino un acceso y participación igualitarios en los procedimientos por medio de los cuales las instituciones públicas efectúan el reparto”. Por tanto este mecanismo de focalización del gasto social no constituye un derecho prestacional per se. No obstante, el acceso a determinados subsidios están supeditados a que los beneficiarios hayan sido encuestados por el Sisbén y clasificados en alguno de sus niveles, motivo por el cual este mecanismo de focalización forma parte inescindible de los procedimiento por medio de los cuales el Estado distribuye bienes escasos. “En esta medida, aquellas falencias que impidan o menoscaben el acceso de la ciudadanía al Sisbén constituyen una vulneración del principio de igualdad (C.P., art. 13) en el proceso de asignación de bienes escasos”.

De lo anterior se desprende que existe un verdadero derecho subjetivo, de naturaleza fundamental en cuanto esencial para la realización de la igualdad real, a que la administración, una vez se han expedido las respectivas normas generales, adelante los procesos de focalización del gasto social, en este caso a través del Sisbén, que a su vez se aseguren que la distribución de bienes escasos permita a la población más pobre y vulnerable atender sus necesidades básicas. Este se trata de un derecho complejo, en el cual se relacionan el debido proceso y el derecho a la igualdad material. “El debido proceso, en este caso, adquiere una dimensión más amplia, pues no se entiende en el sentido formalista de respetar los pasos fijados en la Constitución y en la ley para adoptar decisiones, sino que adquiere un contenido sustancial, consistente en que el Estado tiene la obligación de adelantar ciertos procedimientos, que benefician a grupos indeterminados, pero determinables, de personas. Así, el debido proceso se vincula directamente con lo sustancial, adquiriendo primacía, según los términos del artículo 228 de la Constitución(37)”.

En Sentencia T-1083 de 2000, esta Corporación estableció dos tipos de asuntos en las que es admisible la intervención del juez de tutela:

En primer lugar, cuando la implementación de los procesos de selección de beneficiarios y adjudicación de subsidios incurre en graves irregularidades que impiden el acceso en condiciones de igualdad, comprometen el debido proceso sustantivo o vulneran el habeas data aditivo de los eventuales beneficiarios. En estas circunstancias, mientras no existan mecanismos ordinarios de defensa, el sujeto afectado podrá solicitar la protección de sus derechos a través de la acción de tutela (…).

En segundo término, el juez constitucional está autorizado a intervenir en los procesos de distribución del gasto social cuando los eventuales beneficiarios cuestionen el diseño o las reglas generales de adjudicación de los subsidios, siempre que resulte posible constatar a simple vista que los criterios de adjudicación vulneran de manera flagrante las disposiciones constitucionales. En estas circunstancias, el margen de acción del juez constitucional es fuertemente restringido, pues se limita a constatar la existencia de una disposición cuya aplicación vulnera abiertamente los derechos fundamentales de los posibles beneficiarios y, en consecuencia, a inaplicar la regla correspondiente. En estos casos, no puede olvidarse que la responsabilidad de diseñar las políticas públicas de distribución del gasto social esta constitucionalmente adjudicada al legislador democrático y, residualmente, a las autoridades de administrativas de gobierno (C.P., arts. 356 y 357).”

Posteriormente, en Sentencia T-441 de 2006 la Corte estableció que las falencias del sistema de selección se predican respecto de dos asuntos claramente definidos: i) el primero de ellos, se traduce en la imposibilidad de la encuesta Sisbén, en determinados casos, de identificar el nivel de pobreza de una familia o individuo; situación que trae como consecuencia la exclusión de los programas sociales de personas, que de forma objetiva, deben ser beneficiarios de los mismos; ii) el segundo tiene que ver con la vulneración del derecho al debido proceso administrativo, cuando las administraciones municipales deciden la exclusión de la encuesta sin contar con un procedimiento previo que permita al beneficiario conocer y ejercer el derecho de defensa ante tal actuación.

A su vez en la misma sentencia, concluyó que:

“En primer lugar, el sistema de selección impide en algunas ocasiones el acceso a programas sociales, entre ellos el régimen subsidiado de salud, a personas que si bien no obtienen un nivel de priorización alto de acuerdo con los parámetros para la focalización del gasto público, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, son titulares de la protección especial por parte del Estado. En segundo término, habida cuenta las especiales características de la población objeto de la encuesta Sisbén, es imperativo contar con servidores públicos comprometidos con la protección de sus derechos fundamentales, en especial la igualdad material y el acceso democrático a los bienes y servicios públicos. Este compromiso es, en estas condiciones, incompatible con la utilización del sistema de selección de forma tal que promueva prácticas clientelistas. Finalmente, las actuaciones relacionadas con la modificación del nivel para la selección de beneficiarios a programas sociales y la exclusión de individuos o grupos familiares del régimen subsidiado de salud, deben ceñirse a los postulados que hacen parte del contenido esencial del derecho al debido proceso. En ese sentido, tales actuaciones de las autoridades públicas están sujetas a los principios de motivación y publicidad propios de los actos administrativos”.

Mediante Sentencia T-054 de 2008, la Corte señaló “que las entidades territoriales están obligadas a orientar y suministrar a la población encuestada y a los participantes vinculados los datos que éstos necesiten para acceder a los programas sociales y a los subsidios que ofrece el Estado, así como a modificar y corregir, a solicitud del interesado, cualquier tipo de información que hayan recaudado, todo ello dentro del marco de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, como quiera que sólo bajo este entendido se garantiza la efectiva realización de los derechos fundamentales involucrados en el Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales”.

Dicho sistema tiene como objetivo focalizar el gasto social y de esta forma beneficiar a la población más necesitada. En el caso de estar desactualizada la información, acontece la afectación del derecho fundamental al habeas data. Dentro de esta perspectiva “la Corte ha insistido en la existencia de un derecho fundamental a solicitar la reclasificación y el consecuente deber —por parte del Estado— de determinar oportunamente si la persona corresponde o no a un nivel diferente en el Sisbén”.(38)

La Sentencia T-627 de 2014 señaló que las personas tienen derecho a que la información de las bases de datos con que cuenta el Sisbén sea actualizada, de acuerdo con el derecho fundamental al habeas data. “Es por eso que cuando las personas han solicitado, ante las autoridades competentes, que su calificación dentro del Sisbén sea actualizada, probando su especial situación, y éstas no analizan los casos en concreto, la Corporación ha ordenado, dependiendo el caso, dos cosas: (i) cuando se trate de un conflicto que verse sobre reclasificación en el sistema, donde el solicitante se encuentre en situación de discapacidad y/o incapacidad económica, y se encuentre en un nivel superior al real, la autoridad judicial puede ordenar la reclasificación; y (ii) cuando no se reúnen los requisitos, pero de las pruebas aportadas a la solicitud se puede evidenciar que el solicitante puede estar clasificado en un nivel superior al que le corresponde y que adelantó las gestiones ante la entidad responsable de la focalización de gasto social, mas ésta no resolvió de fondo su solicitud, en aras de proteger el derecho fundamental al habeas data, la Corte ha ordenado a la entidad territorial competente la realización de una nueva encuesta individual que tenga en cuenta las circunstancias bajo las cuales se encuentra la persona.”

En consideración de lo expuesto puede decirse, que la jurisprudencia constitucional ha establecido, que el Sisbén es el instrumento más importante para focalizar el gasto social destinado a la satisfacción de las necesidades básicas de la población más pobre y vulnerable. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de mantener actualizada la información del estado socioeconómico en que se encuentran las personas, con de fin de permitir que al momento de adjudicar el subsidio, se acceda en condiciones de igualdad y no se vulneren los derechos al debido proceso y el habeas data.

7. El derecho a la igualdad en asignación de subsidios. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 13 de la Constitución establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

De acuerdo con la anterior disposición, en reiterada jurisprudencia(39) constitucional, se ha indicado que el derecho a la igualdad integra diferentes aspectos, entre ellos:

“(…) la noción de igualdad ante la ley (que garantiza un trato igual entre iguales); la igualdad material (que permite que sean constitucionalmente admisibles las diferenciaciones razonables y justificadas entre diversos sujetos) y por último, el reconocimiento eventual a un trato desigual más favorable para minorías(40).

En el Estado social de derecho, el derecho a la igualdad trasciende los imperativos clásicos de la igualdad ante la ley y obliga al Estado a detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las personas. De esta forma, la llamada igualdad material, supone un compromiso del Estado en el diseño y ejecución de políticas(41) destinadas a la superación de las barreras existentes para algunas personas que por vulnerabilidad, no logran realmente integrarse en la vida social, política, económica o cultural, en condiciones de igualdad(42).

Respecto al derecho de igualdad en la asignación de subsidio, la Corte(43) estableció que “la garantía del principio de igualdad en los procesos de asignación de subsidios, se logra a través del acceso, en condiciones de igualdad, de todos los posibles beneficiarios, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones responsables distribuyen esos recursos. La escasez de los recursos para programas sociales, determina que no exista un derecho público subjetivo a los subsidios del Estado, y que la protección constitucional recaiga sobre el respeto al procedimiento específico de distribución que cada derecho económico, social y cultural implica”.

En este mismo sentido, la Sala Plena ha sostenido que: 

“22. La realización del principio de igualdad en la asignación de recursos escasos consiste en garantizar, a los posibles beneficiarios, el acceso, en condiciones de igualdad, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones distribuyen esos recursos. Si bien la elección de los principios y procedimientos particulares de distribución que cada entidad establece - con base en la ley - forman parte de su autonomía operativa, éstos no pueden contrariar los parámetros que se derivan de los principios y valores constitucionales: todos los posibles beneficiarios deben tener iguales oportunidades de acceso; el procedimiento no puede favorecer a ningún grupo de beneficiarios en particular; los mecanismos de selección no pueden conducir a establecer discriminaciones contrarias a la Carta, etc.

(…)

(…) para que el proceso de asignación de subsidios sea respetuoso de la Constitución, debe estar consagrado en una ley que establezca claramente las condiciones objetivas que van a permitir la selección de los beneficiarios en condiciones de igualdad. Adicionalmente, debe contener garantías suficientes —claridad, publicidad, y recursos— para que tanto su diseño como su implementación, pueda ser efectivamente controvertida por las personas que se consideren afectadas. Esas son, nada menos, las garantías de vivir en un Estado de derecho. De otra forma, como lo ha señalado la Corte, la política pública podría ser fácilmente confundida con la “dilapidadora y venal concesión de privilegios” contraria a cualquier Estado democrático.”(44)

En conclusión, el principio de igualdad en los procesos de asignación de subsidios, se logra a través del acceso, en condiciones de igualdad, de todos los posibles beneficiarios, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones distribuyen los recursos.

8. El alcance del derecho a la educación y la incidencia en los programas asistenciales otorgados por el Icetex

La Norma Superior en su artículo 67 contempla que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…)”.

Del artículo citado, esta Corporación ha señalado que la educación tiene doble connotación. En primera medida la educación “se constituye en la garantía que propende por la formación de los individuos en todas sus potencialidades, pues a través de ésta el ser humano puede desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas, físicas, morales, culturales entre otras”, y en segundo lugar como un servicio público, “la educación se convierte en una obligación del Estado inherente a su finalidad social”.(45)

La Corte Constitucional, de manera reiterada ha establecido que el derecho a la educación es “(i) es un bien objeto de especial protección del Estado, y un derecho fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela(46); (ii) un presupuesto básico del ejercicio y goce de otros derechos fundamentales; (iii) un servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial (iv) comprende el acceso a un sistema educativo que permita una formación adecuada, y la permanencia en el mismo; y (v) un deber que genera obligaciones entre los distintos actores del proceso educativo”.(47)

En lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la educación superior, la Corte ha dicho que se trata de un derecho de carácter prestacional y que el Estado tiene la obligación de fomentar el acceso, mediante la implementación de mecanismos que resulten adecuados y que estén regidos bajo el principio de progresividad. Dentro de esta perspectiva la jurisprudencia constitucional(48) ha señalado que:

(…) el mandato de progresividad(49) impone al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas (deliberadas y en un plazo razonable) para lograr una mayor realización del derecho en cuestión, de manera que la simple actitud pasiva del Estado se opone al principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables; y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido. Esta prohibición de regresividad o de retroceso se erige en una presunción de inconstitucionalidad de la medida legislativa o administrativa a evaluar.

El mandato de progresividad, “incorpora los principios de razonabilidad, de acuerdo con el cual no se pueden adoptar medidas que restrinjan en alguna medida los derechos constitucionales, si no obedecen a una razón y finalidad constitucionalmente legítimas; y el principio de proporcionalidad, con los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, destinados a evaluar que los derechos fundamentales alcancen la mayor efectividad posible, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes”(50).

En cuanto a la fundamentalidad del derecho a la educación, la Sentencia T-321 de 2007, la Sala conoció el caso de una persona que al obtener el título de mejor bachiller, accedió a un crédito educativo con el Icetex, entidad que no desembolsó el dinero correspondiente por “falta de fondos”, vulnerando así lo derechos fundamentales a la educación y al libre desarrollo de la personalidad del accionante. En esta oportunidad la Corte analizó sí el hecho de ser fundamental el derecho a la educación lo convertía en una garantía de obligatorio cumplimiento de parte del Estado cuando se trata de educación superior. Al respecto el Alto Tribunal expresó:

“No obstante que el Estado no tiene obligación directa en la garantía del ejercicio del derecho de educación en niveles de estudios superiores ni frente a personas mayores de quince años, la Constitución lo hace responsable de la educación, conjuntamente con la familia y la sociedad, por lo que tiene el deber de procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad, mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

El cumplimiento de este deber radicado constitucionalmente en cabeza del Estado, ha sido encomendado al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), cuya importancia ha sido reconocida por esta Corporación, como quiera que su objetivo de fomentar y promover el desarrollo educativo de la nación, se dirige de manera directa a la realización del individuo, de tal suerte que éste pueda integrarse de manera efectiva a la sociedad. 

De acuerdo con el artículo segundo de la Ley 1002 de 2005, el Icetex “tendrá por objeto el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

En este sentido, la Sentencia T-845 de 2010, estudió el caso de un joven que solicitó un crédito educativo al Icetex, el cual fue negado porque esta institución no tenía convenio con la Institución de Educación Superior (IES) en la que se encontraba matriculado. En dicha oportunidad la Corte consideró que se le vulneraron los derechos a la libertad de escoger profesión u oficio y el derecho al acceso a la educación al accionante, por lo que incorporó en su decisión los principios de razonabilidad y proporcionalidad con los de idoneidad y necesidad, destinados a evaluar que los derechos fundamentales, entre ellos el de educación, alcancen la mayor efectividad posible. La sentencia señaló lo siguiente:

“Esta Corte, además, ha precisado las esferas positivas del derecho, con base en la dogmática del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU. En tal sentido, expresó la Corporación en Sentencia T-1030 de 2006:

 “Como derecho y como servicio público, la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional e internacional han entendido que la educación comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional, a saber: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse.

En ese marco, la Corte ha expresado que el derecho a la educación es “(i) es un bien objeto de especial protección del Estado, y un derecho fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela; (ii) un presupuesto básico del ejercicio y goce de otros derechos fundamentales; (iii) un servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial (iv) comprende el acceso a un sistema educativo que permita una formación adecuada, y la permanencia en el mismo; y (v) un deber que genera obligaciones entre los distintos actores del proceso educativo” (Subrayado en el texto(sic)).

En razón a la similitud en uno de los casos objeto de estudio, resulta importante traer a colación un asunto que resolvió recientemente el Consejo de Estado(51). En esa ocasión, la accionante en representación de su hijo solicitó ante el juez constitucional la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la educación, al debido proceso y al de petición, al considerar que el Icetex bajo el argumento no estar inscrito en la base de datos oficial del Sisbén, le niega a su hijo el acceso al programa de crédito educativo condonable “Ser Pilo Paga 2”.

En el fallo, el Consejo de Estado estableció que: “el hecho de que el joven Sebastián Enrique Franco Torres no haya cumplido con el requisito de estar inscrito en la base certificada del Sisbén con corte de 19 de junio de 2015, no fue precisamente por una actitud displicente o negligente del interesado, sino que la tardanza en el trámite se deriva de circunstancias ajenas a su voluntad que no les permitieron enterarse oportunamente de las fechas en que debía iniciar el trámite, por lo que no resulta razonable que bajo este contexto se le impida el acceso a la educación al joven Franco Torres”.

Por lo anterior, confirmó el fallo de primera instancia que concedía la protección del derecho fundamental a la educación. A su vez, la misma sentencia estableció que:

“(…) es importante reiterar que el derecho a la educación contenido en el artículo 67 de la Constitución Política la educación tiene una doble connotación. En primer lugar, como derecho, la educación se constituye en la garantía que se inclina por la formación de los individuos en todas sus potencialidades, ya que a través de esta el ser humano puede desarrollar y fortalecer sus habilidades físicas, morales, culturales, analíticas entre otras, y en segundo lugar, como servicio público, la educación se convierte en una obligación del Estado que es inherente a su finalidad social.

Teniendo en cuenta que la educación es un servicio público, como tal es una obligación del Estado garantizar su accesibilidad en condiciones de igualdad a todas las personas. Ello significa que las autoridades administrativas además de garantizar el ingreso de los ciudadanos a las instituciones educativas bajo el principio de progresividad(52), también deben procurar los mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las personas a la educación superior y en esta medida les corresponde fomentar y divulgar en todo el territorio nacional la información que le permita a los ciudadanos tener acceso oportuno a los distintos programas sociales diseñados para la financiación de estudios de educación superior.

Lo anterior teniendo en cuenta que la educación es el instrumento que “permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”(53), garantizándoles una mejor calidad de vida.

Se concluye entonces, que la educación en una obligación progresiva que debe ser garantizado y promovido por el Estado, la sociedad y la familia, sin que resulte admisible aceptar ningún tipo de restricción o desconocimiento que impida su ejercicio.

9. Confianza legítima y buena fe.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que “a partir del principio de la buena fe contemplado en el artículo 83 de la Constitución Política, ha desarrollado la teoría de la confianza legítima, para resolver los casos que generan un impacto general en los ciudadanos. El principio de la buena fe tiene por objetivo erradicar las actuaciones arbitrarias de parte de las autoridades públicas y de los particulares, ya que el fin perseguido es que los hechos de éstos se aparten de subjetividades e impulsos que generen arbitrariedad, y en consecuencia, se ciñan a niveles aceptables de certeza y previsibilidad.” 

En ese sentido, el principio de buena fe puede entenderse como un mandato de “honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña la palabra comprometida (…) permite a las partes presumir la seriedad en los actos de los demás, dota de (…) estabilidad al tránsito jurídico y obliga a las autoridades a mantener cierto grado de coherencia en su proceder a través del tiempo.”(54)

Frente a la confianza legítima establece que le está limitado a la administración modificar las “situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al estado constitucional de derecho”.(55)

La Corporación ha indicado que “el principio de la confianza legítima constituye una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares y permite conciliar, en ocasiones, el interés general y los derechos de las personas. Esa confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en la seguridad jurídica estipulada en los artículos 1º y 4º del Ordenamiento Superior y en el respeto al acto propio y adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado”.(56)

Por tanto, le queda vedada a la Administración cambiar “situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que —se presume— informa las actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al estado constitucional de derecho”(57) 

Respecto a la educación, “el principio de la confianza legítima se ha aplicado cuando al administrado se le ha generado una expectativa seria y fundada de que las actuaciones posteriores de la administración, y en casos excepcionales de los particulares, serán consecuentes con sus actos precedentes, lo cual generan una convicción de estabilidad en sus acciones”(58)

La Corte ha revisado casos en los que se ha vulnerado el principio de buena fe y confianza legítima en materia de educación superior. En éstos, prima la particularidad de que una vez se genere la confianza legítima en los particulares, ésta no puede ser defraudada, so pena de vulnerar el principio de la buena fe que debe guiar las actuaciones de todas las personas.

 En Sentencia T-689 de 2005, la Corte resolvió el caso de un estudiante al que el Icetex le aprobó un crédito educativo para estudiar en Universidad, pero después de tres semestres de haber desembolsado el dinero, revocó el préstamo bajo el argumento que dicha institución no se encontraba acreditada según los requisitos exigidos por la ley, la Sala precisó que:

 “no existe un derecho adquirido por el actor frente al Icetex en lo que se refiere al otorgamiento del crédito educativo. Esto se explica porque la concesión de un crédito de cualquier clase exige el cumplimiento de unos requisitos. En materia educativa, se debe cumplir con requerimientos académicos y administrativos, de conformidad con el reglamento de crédito educativo. Adicionalmente, el crédito está sometido a un plazo que corresponde a un período académico determinado (normalmente un semestre académico).

Ahora bien, el hecho de que no se creen derechos adquiridos frente al otorgamiento de un crédito educativo, no conlleva necesariamente a afirmar que no pueda existir una violación de derechos de carácter fundamental cuando los particulares se han creado expectativas legítimas frente a la actuación de la administración. En este caso, la expectativa del actor era que la renovación de su crédito educativo se produjera para continuar realizando sus estudios (…)”. 

A su vez, la mencionada sentencia estableció que:

“Así las cosas, la Sala considera que en el momento en que el Municipio aprobó el crédito al accionante para cursar una carrera completa, generó la confianza legítima de que ello ocurriría, por lo que ésta no puede ser defraudada, toda vez que un comportamiento en tal sentido, no sólo vulneraría el principio de buena fe que debe irradiar las actuaciones de la administración, sino que cercenaría las oportunidades reales del accionante, quien no obstante ser una persona de escasos recursos y carecer de empleo, se trasladó de su municipio de origen a Bogotá, para realizar sus estudios superiores y realizarse personal y profesionalmente”.

En Sentencia T-845 de 2010, la Corte estudió el caso de una joven que elevó solicitud de crédito estudiantil ante el Icetex a través del portal de internet de la institución, pero este fue negado por no cumplir con un requisito que no aparecía publicado en la página web, en esta oportunidad la Sala Revisión concedió la protección constitucional al derecho a la educación y a la libertad de escoger profesión u oficio, al considerar que: 

“(…) toda la información y el acompañamiento dado por el Icetex a la petición de la accionante, si bien no le daban el derecho a acceder a un crédito educativo, sí le generaron la expectativa legítima de que su petición sería estudiada con base en parámetros objetivos previamente establecidos y conocidos por los asociados.(…) a juicio de la Sala el Icetex desconoció el principio de respeto por el acto propio, al publicar ciertas condiciones para el acceso al crédito educativo y luego, publicar un reporte de “estado de la solicitud” contradictorio, en tanto informa que el crédito se estudia dentro de determinados parámetros, pero lo niega por un motivo diferente, ajeno a la voluntad y al conocimiento de la accionante.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el Icetex vulneró el debido proceso e (sic) la peticionaria al rechazar su crédito, con base en un requisito desconocido por ella e impuesto unilateral y sorpresivamente por la parte accionada. Si bien la Sala no puede ordenar que se estudie la solicitud de crédito para períodos académicos vencidos, sí considera pertinente dictar una orden de prevención para que el Icetex no incurra en el futuro en este tipo de actuaciones, incompatibles con el contenido normativo del principio de buena fe y lesivas del derecho fundamental al debido proceso.

Adicionalmente, el principio de la confianza legítima tiene como condición que el administrado tenga unas expectativas creadas por la actuación de la administración, las cuales pueden ser modificadas cuando se hallen en tensión con principios como el del interés general, pero que exigen de la administración una actuación que haga menos traumática para el afectado la modificación de sus condiciones vigentes(59).

En conclusión, “el principio de la confianza legítima es una consecuencia del principio constitucional de la buena fe y está marcado por estas características: (i) el Estado no puede de manera intempestiva modificar disposiciones que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a los mismos un período de transición para adecuar su comportamiento a una situación jurídica distinta; (ii) con el principio de confianza legítima no se pretende proteger derechos adquiridos, sino tan sólo amparar unas expectativas legítimas que los particulares se habían creado con base en comportamientos de la administración pública (activos u omisivos), regulaciones legales o interpretaciones de las disposiciones jurídicas; (iii) como cualquier otro principio, la confianza legítima exige ser ponderada en el caso concreto, con otros principios como el de la protección del interés general”.(60)

10. Casos concretos

De acuerdo a lo expuesto en precedente, procederá la Sala a determinar si se reúnen en los casos bajo estudio los requisitos para la procedencia de la acción de tutela.

10.1. Estudio de procedencia excepcional de la acción de tutela aunque existan otros mecanismos de defensa judicial

El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela como un mecanismo de protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos establecidos en la Constitución y en la ley, pero si para la protección de la misma disponen de otros medios de defensa judicial, el amparo constitucional se torna improcedente. La norma le imprime un carácter subsidiario y residual, que pretende salvaguardar el principio del juez natural, de manera que para resolver los conflictos, primero se recurra a los mecanismos judiciales de defensa que el legislador previamente había regulado(61).

Esta Corporación ha señalado en reiteradas(62) ocasiones, que en los casos en que existan medios judiciales ordinarios de protección al alcance del accionante, el amparo será procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; y (ii) con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

Con base en lo anterior, la Sala debe evaluar la procedencia de las solicitudes de amparo, en tanto que las respuestas del Icetex que negaron los subsidios de sostenimiento y la beca “Ser Pilo Paga 2”, consisten en actos administrativos de contenido particular y concreto.

Así las cosas, en principio, se trata de solicitudes improcedentes, por cuanto los accionantes disponen de otros medios de defensa judicial para reclamar la garantía de sus derechos constitucionales, como lo son los medios de control establecidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que prevén la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de los actos. Sin embargo, en los casos sub examine, este medio no es eficaz, ni idóneo para evitar la ocurrencia en la lesión de sus derechos fundamentales, por razones relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad de los solicitantes y el tiempo de duración de los procesos ante la jurisdicción, lo que representa una carga que los accionantes no están en posición de soportar, que se agrava además con el transcurso del tiempo.

En los casos sub judice, nos encontramos frente a dos pretensiones: la primera está relacionada con el reconocimiento del subsidio de sostenimiento establecido en el Acuerdo 013 de 2015 (respecto a los expedientes T-5.495.062, T-5.511.758, T-5.532.720, T-5.538.707), y la segunda, con el acceso al programa “Ser Pilo Paga 2” (Expediente T-5.502.702).

Respecto de la primera pretensión encuentra la Sala, que resulta procedente el amparo, toda vez que no solo se pretende la ayuda económica, para el caso, el subsidio de sostenimiento, sino que detrás de la negativa de dicho beneficio, se ve afectado el mínimo vital de las familias de los accionantes, pues este auxilio es una prestación que brinda el Gobierno con el fin de proteger el derecho a la educación de las personas más vulnerables, que no cuentan con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos que genera la asistencia a clase y de esta manera garantizar su permanencia.

En lo que tiene que ver con la pretensión del accionante Abraham Lemus Palacio y el acceso a la segunda versión de Ser Pilo Paga, advierte la Sala que no se trata de un asunto económico, puesto que como fue advertido, este programa lo que busca es fomentar la excelencia y la calidad de la educación superior y favorecer a estudiantes con menos recursos económicos en el país, quienes no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior.

Es por lo anterior, que las acciones de tutela instauras por los accionantes, respecto del reconocimiento subsidio de sostenimiento y el acceso al programa “Ser Pilo Paga 2” son procedentes, en tanto que el medio ordinario de defensa resulta ineficaz, frente al compromiso de derechos como el mínimo vital y la educación en persona de bajos recursos económicos.

Desde los anteriores presupuestos procede la Sala al examen de fondo de cada uno de los casos.

 10.2. Análisis de la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.

Con fin de analizar los casos en concreto, se estudiara los expedientes T-5.495.062, T-5.511.758, T-5.532.720 y T-5.538.707 que solicitaron el subsidio de sostenimiento y por último la tutela T-5.502.702 que hace referencia al programa “Ser Pilo Paga 2”.

10.2.1. Expedientes de tutela que solicitan el subsidio de sostenimiento.

10.2.1.1. Expediente T-5.495.062

Diego Alexander Pérez Pinzón solicitó la protección de sus garantías constitucionales a la educación y la igualdad, derechos que han sido vulnerados por Icetex, al negarle el subsidio de sostenimiento, bajo el argumento de que no estaba registrado en el Sisbén al momento de la adjudicación del crédito.

El actor mediante derecho de petición(63) solicitó al Icetex el reconocimiento del subsidio de sostenimiento. La entidad accionada en respuesta manifestó que al momento de la adjudicación del crédito no se encontraba registrado en la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, razón por la cual no fue otorgado el beneficio. La Sala observa que en dicha respuesta la entidad solo se limitó a informar que el joven Diego Alexander no cumplía con los requisitos exigidos por la institución, sin sustentar lo afirmado.

La Sala considera necesario señalar los requisitos para acceder al subsidio de sostenimiento: i) estar registrado en la base de datos del Sisbén III y ii) cumplir con los puntos de corte establecidos (en este caso se trata de una zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, cuyo puntaje es mínimo es cero y máximo 52.72). De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente y el certificado expedido por el Sisbén, el actor se encuentra registrado desde el quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014)(64) y cuenta con una puntaje de 34,67, es decir, menos del requerido. Frente a la solicitud de crédito, esta se realizó el veintiocho (28) de diciembre de dos mil catorce (2014)(65). De este modo al verificar la información, se evidencia que el accionante al momento de solicitar el crédito, sí cumplía con los requisitos para acceder auxilio que otorga el gobierno.

En este orden de ideas, la Sala estima que fue establecida una barrera que le impide al actor disfrutar del beneficio al que tiene derecho, máxime si se considera que su finalidad es la de auxiliar a los jóvenes que se encuentra en proceso de formación universitaria, que no cuentan con los recursos económicos necesarios para su sostenimiento y permanencia en el sistema educativo. Por otra parte, el Estado tiene la obligación de mantener actualizada la información del estado socioeconómico en que se encuentran las personas, y no representarle una carga al momento de acceder a un subsidio.

Así las cosas, se encuentra demostrado la vulneración del derecho a la educación del actor, por lo cual, la Sala ordenará al Icetex el pago del subsidio de sostenimiento a Diego Alexander Pérez Pinzón desde el momento en que le fue aprobado el crédito educativo. Por lo mismo, la Sala procederá a revocar la sentencia del veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, para en su lugar, conceder la tutela de los derechos invocados por el accionante.

10.2.1.2. Expediente T-5.511.758

Karen Daniela Díaz Camargo instauró acción de tutela contra el Icetex, con el fin de obtener el subsidio de sostenimiento, teniendo en cuenta que desde el año 2004 es beneficiaria del Régimen Subsidiado de Salud. Para el efecto elevó derecho de petición solicitando la entrega del auxilio, la cual fue negada por no estar registrada en el Sisbén.

Entre las pruebas allegadas al proceso reposan las copias del registro de solicitud de actualización del documento tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía de Karen Daniela Díaz Camargo(66), y el carnet del Certificado del Sistema de Selección de Beneficiarios Sisbén de la Alcaldía de Bucaramanga(67), en el que consta que la accionante es beneficiaria desde el veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004) junto con su grupo familiar.

Para resolver el caso la Sala verificará el cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio de sostenimiento. Se tiene que el crédito fue aprobado el doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014)(68); la certificación del Sisbén de la accionante reporta fecha de modificación del diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014) con un puntaje de 44,83(69). De este modo y de conformidad con la información referida, la accionante cumple con los requisitos para ser beneficiaria del auxilio.

Al considerar la prueba obrante en el proceso, la Sala percibe una conducta injustificada por parte del Icetex y del Sisbén, en el sentido de asignar cargas que no debe soportar la accionante y de erigir barreras que le impiden el acceso a los beneficios a los que tiene derecho. En opinión de la Sala, las autoridades públicas concernidas debieron concurrir diligentemente a la actualización del registro del documento de identidad de la accionante, y el Icetex debió dar una respuesta de fondo a su solicitud, informándole por qué no aparecía en el sistema. Como fue señalado con anterioridad, es deber del Estado mantener actualizada la información relacionada con el nivel de pobreza de las familias y de las personas que la conforman.

Respecto del argumento señalado por la accionada, según el cual la accionante no completó la casilla del Sisbén al momento de solicitar el crédito, considera la Sala que dicha circunstancia no puede erigirse en una barrera que impida el acceso al subsidio, máxime si se considera, que se trata de una información que está a cargo de las autoridades públicas. En este sentido se procederá al amparo, ordenándole al Icetex que efectúe el pago del subsidio de sostenimiento a Karen Daniela Díaz Camargo desde el momento en que le fue adjudicado el crédito educativo.

De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que a su vez confirmó el fallo del veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, que negó el amparo constitucional solicitado, y en su lugar conceder la tutela de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

10.2.2. Expedientes de tutela que solicitan el subsidio de sostenimiento, a los que les fueron adjudicadas tarjetas débito 

10.2.2.1. ExpedienteT-5.538.707

Karen Carolina Meza Correa formuló acción de tutela en contra de Icetex por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, generada por la negativa en la entrega del subsidio de sostenimiento. La accionante accedió a un crédito educativo en la modalidad “Acces”, el cual financia el 75% del valor de la matrícula y que a su vez otorga un subsidio de sostenimiento. Sin embargo no recibió dicho auxilio.

Por lo anterior, radicó a través de un aplicativo de la página web de la accionada un derecho de petición, el que le fue resuelto de modo negativo, bajo el argumento según el cual, la peticionaria no cumplía con los requisitos exigidos por el Icetex para ser beneficiaria del subsidio del sostenimiento.

Dentro de las pruebas aportadas al proceso, obra certificación expedida por el Sisbén, que reporta como fecha de modificación el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014)(70), con un puntaje de 26,67. Asimismo reposa certificación del “cuatro (11) (sic) días del mes de marzo del año 2014”, en la que se acreditó que la joven Meza Contreras pertenece “a la etnia Zenú y por tanto goza del fuero especial indígena dentro del territorio nacional y ante las organizaciones del Estado”(71).

La Sala observa que de acuerdo con los requisitos establecidos en el Acuerdo 013 de 2015(72), la calidad de indígena debe ser acreditada mediante un instrumento distinto al Sisbén, para el caso, la certificación expedida por una autoridad de la comunidad, pueblo o resguardo del que hace parte. En el caso sub examine la accionante aportó una certificación expedida por el Capitán Menor del Resguardo Indígena Colonial Zenú, en la cual acreditó su condición de indígena, pero está fue con posteridad a la solicitud del crédito(73). Es importante precisar que el artículo 3º del mencionado acuerdo, señala que el subsidio de sostenimiento “se otorgará previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo. Las condiciones con que se evalúa el crédito a nivel de Sisbén o población vulnerable NO podrán ser modificadas por el beneficiario del crédito educativo”.

De conformidad con lo expuesto, la accionante acreditó que pertenece a una comunidad indígena y que por lo mismo, se trata un sujeto de especial protección constitucional. Pese a lo anterior, el Icetex afirmó que la peticionaria no cumplía con los requisitos exigidos(74) para acceder al subsidio. La Sala encuentra que en la información brindada por el Departamento Nacional de Planeación no obra el día en que la peticionaria fue inscrita al sistema, sin que sea posible verificar la realización de alguna modificación o actualización que hayan generado cambios en el sistema.

La Sala advierte que el Departamento Nacional de Planeación no está brindando las herramientas que permitan identificar de forma clara, la fecha en la que los beneficiarios del Sisbén se encuentran registrados en el sistema, carga de actualización que no puede ser trasladada a la accionante, teniendo en cuenta que el Instituto accionado en su respuesta solo infiere “que no cumple con los requisitos exigidos por el Icetex para ser beneficiario del subsidio de sostenimiento”, sin precisar la fecha de realización de la consulta en el Sisbén.

De acuerdo con la prueba obrante en el proceso, el Icetex entregó a la accionante una tarjeta débito por medio de la cual serían efectuados los pagos del subsidio(75). Si bien la actuación desplegada puede ser atribuible a una falla en el proceso de otorgamiento del subsidio, dicha circunstancia creó una expectativa en la accionante quien en este caso, vio frustrados sus anhelo de acceder a una ayuda económica que le permitiría cubrir los gastos que genera la estadía en la ciudad de Sincelejo sede de la universidad, pues su residencia es en el Corregimiento de Granada en el Municipio de Sincé (Sucre), por lo que debe sufragar $210.000 mensuales por concepto de vivienda y gastos de transporte, lo que afecta el mínimo vital de su familia, enmarcada en situación de vulnerabilidad.

La Sala no desconoce la vigencia de las normas que reglamentan el otorgamiento del subsidio de sostenimiento (Acuerdo 013 de 2015), pero advierte “que son preceptivas férreas que deben ponderarse en cada caso concreto y que no contemplan hipótesis normativas para situaciones límites” (76) como las que viven las personas pobres del país, quienes tan solo pueden sufragar sus gastos con los auxilios que el Estado proporciona y que en eventualmente, acuden a la tutela como mecanismo de protección frente a la amenaza de sus derechos.

La Sala encuentra que se vulneró el principio de la confianza legítima, pues (i) la entrega de la tarjeta débito condujo a la accionante a creer que era beneficiaria del subsidio; (ii) había una razón objetiva para confiar, pues se trata de una persona de escasos recursos, que con su conducta no pretende aprovecharse de la ayuda económica, pues lo que hacía falta era una certificación que reflejará su situación socioeconómica; (iii) y procede la ponderación entre lo dispuesto en la norma reglamentaria frente a principios como el de la protección de las personas en condición de vulnerabilidad.

Por ello, en aras de conceder el amparo de los derechos invocados, se inaplicaran únicamente para este caso, las normas del reglamento que no permitieron el otorgamiento del auxilio, por lo tanto se ordenará el pago del subsidio de sostenimiento, desde el momento en que fue adjudicado el crédito.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala Octava de Revisión procederá a revocar la sentencia del nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015), proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, que a su vez confirmó el fallo del diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015) del Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, que negó el amparo constitucional solicitado, y en su lugar conceder la tutela de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Por esta razón, se ordenará al Icetex que inaplique sólo para este caso, el artículo 3º del Acuerdo013 de 2015, “Por el cual se modifica la política de otorgamiento de los subsidios de sostenimiento y se actualizan los puntos de corte del Sisbén III para efecto de adjudicación de subsidio de crédito educativo”. La Corte encuentra que hay lugar a aplicar la excepción de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 4º de la Constitución, toda vez que, en la actuación desplegada por el Icetex y de la aplicación del mencionado acuerdo, se desconoció el principio de la confianza legítima en las actuaciones de la administración y se vulneró el derecho a la educación de Karen Carolina Mesa Correa.

10.2.2.2. Expediente T-5.532.720

Luis Andrés Andrade Cancimance instauró acción de tutela contra el Icetex, con el propósito de obtener la entrega del subsidio de sostenimiento otorgado por el Icetex.

El accionante elevó una solicitud de subsidio de sostenimiento ante el Icetex(77), siéndole negado lo pedido, bajo el argumento de que al validar los datos se evidenció que a la fecha de adjudicación del crédito (el cuatro (4) de febrero dos mil catorce (2014)), no se encontraba en la base de datos oficial entregada por el Departamento Nacional de Planeación.

De acuerdo con las pruebas aportadas, la Sala observa que la certificación expedida por el Sisbén tiene fecha de modificación(78) tres (3) de julio de dos mil catorce (2014), documento que no evidencia la época en la cual el accionante ha hecho parte del sistema de focalización, y su puntaje es del 42,37. En principio el actor no cumple con los requisitos para acceder al subsidio. Sin embargo, la Sala considera que el Departamento de Planeación Nacional tiene la obligación de entregar y actualizar la información de las personas que se encuentra en situación de vulnerabilidad, de forma tal que cuando una entidad del Estado ofrece un subsidio, pueda contar con los instrumentos necesarios para verificar los antecedentes del usuario relacionados con el documento de identidad, su número, los nombres del peticionario y otros datos personales.

Por otra parte, la Sala no puede desconocer la declaración juramentada rendida por el accionante ante el juzgado en la que manifestó lo siguiente:

“… Yo solicité el subsidio, tenía que hacer una carta y presentar una fotocopia del Sisbén en las oficinas de Icetex de aquí de pasto, me dijeron que esperara la respuesta en mi correo y en el 2014 me llegó la información que el subsidio estaba aprobado y que me iban a llegar una tarjeta recargable que debía recoger en el Banco Popular. Fui al banco y me dijeron que no había llegado nada, después de varias veces de acercarme al Icetex y al Banco Popular casi durante 6 meses o más para que me llegue la tarjeta, cuando me llegó decía que en 48 horas me iba a llegar el giro que era aproximadamente un salario mínimo por cada semestres, pasado este tiempo fui al cajero y no llegaba nada eso fue más o menos en octubre de 2015, fui de nuevo al Icetex y me dijeron que yo no tenía derecho al subsidio cuando ya me lo habían aprobado; eso lo dijo un asesor después de revisar en el sistema y de manera verbal que porque cuando yo recién solicité el crédito no tenía el puntaje del Sisbén porque cuando uno pide el crédito debería mandar el puntaje, pero ese no era requisito para el crédito, porque yo lo envié con la solicitud del subsidio, yo nunca he tenido otro puntaje...”(79)

De lo anterior, la Sala encuentra que la entidad accionada desplegó una actuación irregular al entregarle al actor una tarjeta débito(80)recargable con la que se haría el desembolso del subsidio, situación que como afirmó el accionante, se dio porque cumplía con los requisitos que establece el Acuerdo 013 de 2015. No obstante, el Icetex le informó que no era beneficiario del auxilio, corrigiendo en cierta medida su actuar.

Así las cosas, de los supuestos fácticos planteados anteriormente, la Sala encuentra que la actuación del Icetex fundó en el actor la confianza legítima de que con la entrega de la tarjeta débito, se materializaba la aprobación del subsidio. En efecto, al joven Andrade Cancimance se le generó una expectativa legítima, en la convicción de haberle sido reconocido el derecho al subsidio, por cumplir los requisitos exigidos por las normas, de conformidad con las informaciones que estaban en poder de las entidades del Estado.

La Sala advierte que la decisión a adoptar tiene fundamento exclusivo en la actuación irregular del Icetex, consistente en la no entrega del subsidio de sostenimiento. La entidad demanda no valoró la situación socioeconómica de la accionante, la que se reflejaba en el puntaje del Sisbén, lo que condujo a la vulneración de su derecho a la educación. La Corte aclara que este caso no constituye precedente válido que, de manera general, justifique el cambio de las políticas públicas respecto al subsidio de sostenimiento que otorga el Gobierno nacional a través de este Instituto, las cuales tienen como propósito específico avanzar en el objetivo de lograr una mayor calidad en la educación superior.

Por las anteriores razones, la Sala procederá a revocar la sentencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) proferida por la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que a su vez confirmó el fallo del tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan de Pasto, que negó el amparo constitucional solicitado, y en su lugar conceder la tutela de los derechos fundamentales invocados por el accionante. De conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, se inaplique para el caso concreto, el artículo 3º del Acuerdo 013 de 2015, “Por el cual se modifica la política de otorgamiento de los subsidios de sostenimiento y se actualizan los puntos de corte del Sisbén III para efecto de adjudicación de subsidio de crédito educativo”, de acuerdo con las consideraciones realizadas en esta providencia.

En consecuencia, la Sala ordenará al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, realice las gestiones necesarias para que se pague el subsidio de sostenimiento.

10.2.3. Expediente de tutela que solicita el crédito condonable “Ser Pilo Paga 2”

10.2.3.1. Expediente T-5.502.702

Rosa Nilla Lemos Aguilar, actuando en representación de su hijo, Abraham Lemus Palacios formuló acción de tutela contra el Icetex y el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de acceder al programa “Ser Pilo Paga II”.

De las pruebas aportadas por el accionante, se evidencia el “Listado de ficha y hogar en histórico” del Sisbén(81) con fecha de encuesta tres (3) de marzo de dos mil once (2011), en el que la accionante y su hijo cuentan con un puntaje del 29.14. Asimismo, en la contestación(82) dada por el Departamento Nacional de Planeación —DNP— refiere que Abraham Lemus Palacios se encontraba en la base datos Sisbén Metodología III, con el documento de identidad 98120754789, cuyo documento fue corregido por el número 98120754785.

Para la Sala, es evidente que este error en el manejo de datos no puede ser trasladado al joven, más aun cuando en respuesta dada por Departamento Nacional de Planeación —DNP— al juez de primera instancia, manifestó que el joven Lemus Palacios, sí se encontraba en la base datos Sisbén metodología III del 19 de julio de 2015, cumpliendo así con los requisitos exigidos para acceder al programa.

La Sala encuentra que el caso sub examine se está coartando la oportunidad de acceder al beneficio dado por el Gobierno Nacional, pues el Estado es el encargado de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones, dando prioridad a la población económicamente vulnerable y a los estudiantes con mayores méritos académicos. La Constitución protege el derecho fundamental a la educación como un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad, hace parte de los derechos esenciales de las personas, en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. Por tanto, establecer barreras que le impiden al joven Abraham Lemus Palacios recibir la beca, pese a cumplir a cabalidad con los requisitos para acceder al programa “Ser Pilo Paga 2”, desconoce su derecho fundamental a la educación y a la igualdad.

De acuerdo con lo anterior, la Sala revocará la sentencia del siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016) proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que denegó la solicitud de amparo formulada por Rosa Nilla Lemos Aguilar actuando en representación de su hijo, y en su lugar confirmar el numeral primero del fallo proferido el veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que concedió al amparo de los derechos fundamentales a la educación e igualdad de Abraham Lemus Palacios.

La Sala advierte que es necesario modificar el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, con el fin de ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -Icetex, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, incluya a Abraham Lemus Palacios en la lista de beneficiarios para la siguiente convocatoria “Ser Pilo Paga” y, cumplido esto, adelante las gestiones pertinentes para la asignación de los recursos y ayudas que contempla el programa.

11. Síntesis de la decisión

11.1. En la presente oportunidad la Corte examinó cinco casos, relacionados con solicitudes de amparo elevadas por jóvenes beneficiarios del programa institucional “Ser Pilo Paga”. Cuatro de ellos solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, la educación y el debido proceso, presuntamente vulnerados por el Icetex, en atención a que a pesar de haber sido reconocidos como beneficiarios, les fue negado el pago del subsidio de sostenimiento por no encontrarse registrados en la base de datos del Sisbén. En el quinto caso se alegó la violación de los derechos fundamentales de un menor por parte del Icetex, al que le fue negado el otorgamiento del crédito condonable establecido en el programa “Ser Pilo Paga 2”, fundando su decisión, en que a la fecha de la solicitud, no se encontraba inscrito en la base de datos del Sisbén con los puntajes de corte establecidos en la convocatoria.

El Icetex se opuso a las solicitudes de amparo, bajo el argumento según el cual, al momento de la adjudicación de los créditos y de la validación de los requisitos para aplicar a la convocatoria del programa “Ser Pilo Paga 2”, ninguno de los accionantes se encontraban registrados en la bases de datos del Departamento de Nacional de Planeación —DNP—, razón por la cual, no accedió en la entrega de los subsidios de sostenimiento de los que habían solicitado el crédito educativo, ni para el beneficiario del programa beca.

11.2. A efectos de revisar los fallos de instancia, evaluar las solicitudes de amparo y resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala abordó el estudio de tres cuestiones institucionales: los elementos constitutivos del programa Ser Pilo Paga, Fases I y II, y de los beneficios allí contemplados, entre los que se encuentra el subsidio de sostenimiento otorgado a los beneficiarios de créditos educativos en la línea de pregrado; el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—, evaluado desde sus objetivos, funciones y organización; y el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales - Sisbén y su incidencia dentro del programa “Ser Pilo Paga” y el subsidio de sostenimiento. Presentada esa parte institucional, la Sala se ocupó del derecho fundamental a la educación y del derecho a la igualdad, en relación con los programas asistenciales y la entrega de subsidios derivados de ellos, así como del principio de confianza legítima, para desde allí, proceder a la solución de los casos concretos.

11.3. Dentro de sus consideraciones, la Sala Octava de Revisión analizó las reglas jurisprudenciales decantadas por la Corte Constitucional en torno al Sisbén, dispuesto como instrumento para focalizar el gasto social destinado a la satisfacción de las necesidades básicas de la población más pobre y vulnerable. La Corte puso de relieve la obligación que tienen las entidades públicas de mantener actualizada la información de la situación socioeconómica en la que se encuentran las personas, así como el derecho que tienen a la igualdad en la asignación de subsidios, con el fin de precisar en cada uno de los casos sometidos a revisión, el cumplimiento de los requisitos necesarios para ordenar la entrega del subsidio de sostenimiento y la beca solicitada por el quinto de los accionantes.

11.4. Establecido el marco normativo y jurisprudencial de los casos, se procedió a la caracterización de cada uno de los accionantes, evaluando los elementos de convicción allegados a los expedientes de tutela. En este sentido la Sala constató caso por caso, que la base de datos del Sisbén no había sido debidamente actualizada, y que esto había generado la negativa del Icetex a la entrega de los subsidios y a la concesión y efectivizarían de la beca.

Adicionalmente se probó en dos de los casos, que el Icetex había entregado una tarjeta débito a los beneficiarios, señalándoles que les sería efectuado el pago de los subsidios de sostenimiento y que ese iba a ser el instrumento de pago. Si bien la actuación de la entidad accionada puede ser atribuida a una falla administrativa en el proceso de otorgamiento del subsidio, dicha circunstancia generó una expectativa legítima en los beneficiarios, quienes obraron bajo la convicción de haberles sido reconocido el derecho al subsidio, por cumplir los requisitos exigidos por las normas, de conformidad con las informaciones que estaban en poder de las entidades del Estado.

11.5. Desde las anteriores consideraciones la Sala concluyó que sí había acontecido la violación de los derechos fundamentales a la educación y la igualdad alegados por los accionantes, en la medida en que se les había impedido el acceso a los subsidios de sostenimiento a los que tenían derecho, y a la adjudicación de una beca, por la falta de actualización de informaciones que las entidades del Estado tienen la obligación de manejar y actualizar, máxime si se trata de personas que por su condición económica se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Bajo esta comprensión la Sala revocó los fallos de instancia que habían negado los amparos, procediendo a tutelar los derechos fundamentales de los accionantes, con la emisión de órdenes de pago y de inclusión concretas.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

Resuelve:

1. Revocar la sentencia del veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), por la cual el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá negó la tutela promovida por Diego Alexander Pérez Pinzón contra el Icetex. En su lugar, conceder el amparo de los derechos a la igualdad y a la educación del accionante, dentro del Expediente T-5.495.062.

2. Ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex) que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, realice el pago del subsidio de sostenimiento a Diego Alexander Pérez Pinzón desde el momento en que fue aprobado el crédito educativo.

3. Revocar el fallo proferido el primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016) por la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que a su vez confirmó la sentencia dictada el veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, la cual negó la tutela promovida por Karen Daniela Díaz Camargo contra el Icetex. En su lugar, conceder el amparo de los derechos a la igualdad y a la educación de la accionante, dentro del Expediente T-5.511.758.

4. Ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex) que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, realice el pago del subsidio de sostenimiento a Karen Daniela Díaz Camargo desde el momento en que le fue adjudicado el crédito educativo.

5. Revocar el fallo proferido el diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) por la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que a su vez confirmó la sentencia dictada el tres (3) de febrero del mismo año por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan de Pasto, la cual negó la tutela promovida por Luis Andrés Andrade Cancimance contra el Icetex. En su lugar, conceder el amparo de los derechos a la igualdad y a la educación del accionante, dentro del Expediente T-5.532.720.

6. Segundo: De conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, inaplicar para el caso concreto, el artículo 3º del Acuerdo 013 de 2015, “El subsidio de sostenimiento se otorgará previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo. Las condiciones con que se evalúa el crédito a nivel de Sisbén o población vulnerable NO podrán ser modificadas por el beneficiario del crédito educativo”, de acuerdo con las consideraciones realizadas en esta providencia.

7. Ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex) que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, realice el pago del subsidio de sostenimiento a Luis Andrés Andrade Cancimance desde el momento en que fue aprobado el crédito educativo.

8. Revocar el fallo proferido el nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015), proferida por la Sala Civil, Familia, laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, que a su vez confirmó la sentencia dictada el diecisiete (17) de septiembre del mismo año por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, la cual negó la tutela promovida por Karen Carolina Mesa Correa contra el Icetex. En su lugar, Conceder el amparo de los derechos a la igualdad y a la educación de la accionante, dentro del Expediente T-5.538.707.

9. Segundo: De conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, inaplicar para el caso concreto, el artículo 3º del Acuerdo 013 de 2015, “El subsidio de sostenimiento se otorgará previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo. Las condiciones con que se evalúa el crédito a nivel de Sisbén o población vulnerable NO podrán ser modificadas por el beneficiario del crédito educativo”, de acuerdo con las consideraciones realizadas en esta providencia.

10. Ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex) que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, realice el pago del subsidio de sostenimiento a Karen Carolina Mesa Correa desde el momento en que fue aprobado el crédito educativo.

11. Revocar la sentencia del siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016), por la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud tutela promovida por Rosa Nilla Lemos Aguilar actuando en representación de su hijo. En su lugar, confirmar el numeral primero del fallo proferido el veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que concedió al amparo de los derechos fundamentales a la educación e igualdad de Abraham Lemus Palacios, dentro del Expediente T-5.502.702.

12. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, con el fin de ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex), que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, incluya a Abraham Lemus Palacios en la lista de beneficiarios para la siguiente convocatoria “Ser Pilo Paga” y, cumplido esto, adelante las gestiones pertinentes para la asignación de los recursos y ayudas que contempla el programa.

13. Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados; Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa. 

Martha Victoria Sáchica Méndez, secretaria general. 

1 Cuaderno principal, folio1.

2 “El crédito Acceso con Calidad a la Educación Superior (Acces), es una línea de crédito a largo plazo para financiar programas técnicos profesionales, tecnológicos o de ciclo complementario de escuelas normales superiores o universitarios en la que se le presta a un estudiante para que pague un nuevo profesional”.

3 Cuaderno principal. Expediente T-5.495.062, Folio 10.

4 Ibídem. Folio 11.

5 Ibídem. Folio 12

6 Ibídem. Folio 13

7 Ibídem. Folio 14.

8 Ibídem. Folios 15 y 16.

9 Ibídem. Folio 17.

10 Para acceder al programa debe cumplir tres requisitos a saber: “a. haber presentado las pruebas saber 11 y haber obtenido un resultado por encima de 318, b. tener un corte en el Sisbén en las cabeceras municipales de 56, 3, c. pasar a una de las 39 universidades acreditadas”. Cuaderno principal, folio 1.

11 El tres (3) de agosto de dos mil quince (2015) re realizó la corrección en la base.

12 Cuaderno principal. Expediente T-5.502.702, Folio 4.

13 Ibídem. Folio 5.

14 Ibídem. Folios 6 y 7.

15 Ibídem. Folio 8

16 Ibídem. Folio 9

17 Ibídem. Folio 10

18 Ibídem. Folios 14 y 15

19 Ibídem. Folios 16, 17 y 18.

20 Cuaderno principal. Expediente T-5.511.758, Folio 5.

21 Ibídem. Folio 6.

22 Ibídem. Folio 7.

23 Ibídem. Folios 8 y 11

24 Ibídem. Folios 9 y 10 - 12 y 13.

25 Cuaderno principal. Expediente T-5.532.720, Folio 5.

26 Ibídem. Folio 6.

27 Ibídem. Folio 7.

28 Cuaderno principal. Expediente T-5.538.707. Folio 6.

29 Ibídem. Folio 8.

30 Ibídem. Folio 10.

31 Ibídem. Folio 11.

32 Reglamento operativo ser pilo paga. Consultada en la página web.

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Reglamento%20Operativo%20Ser%20Pilo%20Paga%202.pdf

33 Sentencia T-845 de 2010.

34 Acuerdo 013 de 2007. “ART. 5º—Funciones. El Icetex, en cumplimiento de las funciones previstas en el Decreto Ley 3155 del 26 de diciembre de 1968, la Ley 18 del 28 5 Estatutos del Icetex de enero de 1988, la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contenido en el Decreto Ley 663 del 2 de abril de 1993, respecto de lo que le sea aplicable acorde con su naturaleza especial de entidad financiera y en el Decreto 276 del 29 de enero de 2004 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005.

35 Véase Sentencia T-270 de 2002.

36 Sentencia T-949 de 2006.

37 Sentencia T-840 de 1999.

38 Sentencia T-476 de 2010.

39 Sentencia T-416 de 2013.

40 Sentencia T-098 de 1994.

41 Sentencia T-823 de 1999.

42 Ibíd.

43 Sentencia T-499 de 1995.

44 Sentencia C-507 de 2008.

45 Sentencia T-068 de 2012.

46 En relación con la procedencia de la tutela para controvertir actuaciones de las universidades que vulneren los derechos fundamentales de los estudiantes, cfr. sentencias T-512 de 1995 y T-672 de 1998

47 T-974 de 1999 y T-925 de 2002, y, especialmente, T-933 de 2005 que se reitera en esta oportunidad.

48 Sentencia T-845 de 2010.

49 El contenido del principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver, entre otros, C-1165 de 2000, C-1489 de 2000, C-671 de 2002, C-981 de 2004, C-038 de 2004, T-1318 de 2005 y T-043 de 2007, entre otras. También constituye un criterio de interpretación relevante en la materia, la Observación General Nº 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el alcance de las obligaciones estatales en la aplicación del PIDESC.

50 Sentencia T-845 de 2010.

51 Radicación 25000-23-42-000-2015-02194-01(AC), sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016)

52 El principio de progresividad de los derechos sociales garantiza que el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando y no se reduzcan, es decir, que se prohíben la adopción de medidas regresivas para la eficacia del derecho en mención. (Corte Constitucional Sentencia T-715 de 16 de septiembre de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).

53 Observación General Nº 13 “El derecho a la Educación”; Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC).

54 Sentencia T-180 A de 2010.

55 Ibíd.

56 Sentencia T-850 de 2010

57 Sentencia T-180 A de 2010

58 Sentencia T-715 de 2014

59 Sentencia T-1044 de 2010.

60 Ibid.

61 Sentencia T-323 de 2013.

62 Ver sentencias T-177 de 2011 y T-204 de 2014.

63 Cuaderno principal, folio 15, petición de fecha diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015).

64 Ibíd., folio 12. Fecha de corte diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015).

65 Ibíd., folio 13.

66 Cuaderno de primera instancia, folio 6. La fecha de actualización es del nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014)

67 Ibid, folio 7.

68 Ibid, folio 25.

69 Ibid, folio 5.

70 Cuaderno principal, folio 6.

71 Ibid, folio 4.

72 Artículo 1º inciso 2º: “Los beneficiarios de crédito educativo identificado mediante un instrumento diferente al Sisbén debidamente certificados como los integrantes de poblaciones (indígenas, desplazados, reinsertados y red unidos), podrán acceder solo si los créditos pertenecen a la línea Acces modalidades Acces o Ceres, quienes se encuentren en las demás modalidades de crédito educativo no podrán acceder a este beneficio.”

73 La adjudicación del crédito fue aprobado el diez (10) de enero de dos mil catorce (2014).

74 Estos fueron enmarcados dentro de la versión III del Sisbén.

75 Cuaderno de primera instancia. Tarjeta débito Nº 4241 1400 0891 59998 del Banco Popular.

76 Ver Sentencia T-1044 de 2010.

77 En el expediente no reposa copia de la solicitud.

78 Cuaderno de primera instancia, folio 5.

79 Ibíd., folio 13.

80 Ibíd., folio 6. Tarjeta débito Nº 4241 1400 0891 5689 del Banco Popular.

81 Cuaderno principal, folios 6 y 7.

82 Respuesta dada dentro del trámite de primera instancia.