Sentencia T-510 de noviembre 15 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

ADMISIÓN DE ALUMNOS

DISCRIMINACIONES POR EL ORIGEN FAMILIAR

EXTRACTOS: «Aquí se debate si un colegio particular puede negarse a admitir un alumno, alegando no haber nacido éste de un matrimonio celebrado por el rito católico.

En consecuencia, habrá que examinar este asunto a la luz de dos derechos constitucionales fundamentales: el que se tiene a la igualdad (arts. 13 y 42 C.P.), y el que se tiene a la educación (arts. 27, 44, 67 y 68).

3. Algunas reflexiones sobre la igualdad.

Comienza el artículo 13 de la Constitución declarando expresamente que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley...”. Y sigue diciendo, con el propósito de que esta declaración no sea un enunciado teórico carente de efectos en la práctica, que “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”. Termina el inciso primero con la prohibición absoluta de las discriminaciones por razones de “sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

En lo tocante al origen familiar, el artículo 42 es aún más explícito al tratar de la igualdad. En el inciso primero, se equiparan la familia originada en el matrimonio y la que surge solamente de la “voluntad responsable” de un hombre y una mujer. Después, el inciso sexto establece: “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o pocreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”.

En lo que se refiere a los hijos, la Constitución ha consagrado lo que ya establecía el artículo 1º de la Ley 29 de 1982: “los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, y tendrán iguales derechos y obligaciones”.

Por fortuna, lejanos están los tiempos en que la condición de hijo legítimo, natural o adoptivo era fuente de privilegios o de tratos crueles.

Precisamente con el fin de impedir estas discriminaciones injustificadas, el artículo 115 del Decreto 1260 de 1970, dispuso: “Las copias y los certificados de las actas, partidas y folios del registro de nacimientos, se reducirán a la expresión del nombre, el sexo, el lugar y la fecha del nacimiento”. Y el inciso segundo del mismo artículo estableció que solamente podrían expedirse copias y certificados que expresaran los nombres de los progenitores, cuando fuera necesario demostrar el parentesco “y con esa sola finalidad”. En consecuencia, el inciso tercero consagró como contravención la violación de estas prohibiciones, así:

“La expedición y la detentación injustificada de copias o certificados de folios de registro de nacimiento con expresión de los datos específicos mencionados en el artículo 52, y la divulgación de su contenido sin motivo legítimo, se considerarán atentados contra el derecho a la intimidad y serán sancionadas como contravenciones, en los términos de los artículos 53 a 56 del Decreto-Ley 1118 de 1970”.

Es, en conclusión, inaceptable todo lo que implique discriminación basada en el origen familiar. Y peor aún si la discriminación se encamina a nada menos que negarle validez al matrimonio civil, es decir, desconocer la ley colombiana.

4. El derecho a la educación.

Diversas son las normas en que la Constitución consagra el derecho a la educación. A ésta se refieren el artículo 27, al consagrar la libertad de “aprendizaje”; el 44, que reconoce el derecho fundamental de los niños a “la educación y la cultura”; el 67, según el cual “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”.

Pero, además de las normas citadas, la Corte llama la atención sobre el inciso quinto del artículo 67, que establece:

“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”.

Es evidente que si al Estado corresponde velar por la formación moral de los educandos, no contribuye a ésta el que los colegios particulares mantengan en sus reglamentos normas discriminatorias insensatas y anacrónicas. La moral general vigente entre nosotros, prohíbe tales conductas. Y por este aspecto, es evidente que éstas son un mal ejemplo, no sólo para los estudiantes a quienes se rechaza por este motivo, sino para los que se admiten.

Pero, además, la regulación y la vigilancia del Estado tienen entre otras, estas finalidades: “...asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”. En consecuencia, los funcionarios del Estado a quienes por competencia corresponden estos asuntos, no puedan mirar con indiferencia la conducta de quienes pretenden revivir prácticas prohibidas expresamente por la Constitución y por la ley.

Pero, se dirá que los principios consagrados por la Constitución y las leyes en relación con la igualdad y la educación, no rigen en los establecimientos educativos fundados y sostenidos por particulares. Con toda firmeza debe dese-charse tan insólita pretensión, con fundamento en una sola consideración: el Estado no puede tolerar que se eduque para la violación de los derechos constitucionales y para la negación de la dignidad del ser humano, razón de ser de la igualdad. Porque hay que decirlo con toda claridad: lo que está en juego en casos como éste, es la dignidad de la persona humana.

A todo lo anterior cabría agregar que siendo la educación un “servicio público que tiene una función social”, es inaceptable que quienes lo prestan establezcan discriminaciones contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución y de las leyes.

5. Conclusiones.

A la luz de la Constitución y de las leyes vigentes en Colombia, jamás debió haberse negado el trámite del ingreso al colegio de la menor A..., por el motivo indicado.

La solicitud de su padre con ese fin, merecía el que se la considerara en igualdad de condiciones con la de cualquiera otra aspirante.

En consecuencia, la Corte revocará la decisión del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, y en su lugar ordenará a la directora del colegio, considerar la solicitud de ingreso de A..., siguiendo exactamente las mismas reglas aplicables a todos los estudiantes de ese plantel. Esto, para el año lectivo de 1995.

Expresamente se advierte que no podrá invocarse por las directivas del colegio la circunstancia de haber vencido los términos fijados para la admisión, pues aceptar tal excusa para cumplir lo que aquí se ordena, equivaldría a permitir que invocaran su propia torpeza o su propia culpa.

Y para que no haya el riesgo de que la discriminación contra la menor se disfrace con otros argumentos, se solicitará a la Secretaría de Educación del Distrito la designación de un funcionario cuya misión será velar por el cumplimiento de esta sentencia. Sobre su cometido informará a esta Corte en el término que se indicará, lo mismo que al juzgado que conoció de esta acción de tutela».

(Sentencia T-510 de noviembre 15 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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